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Hay quien dice que la diplomacia es un arte, pero en el tablero España-Marruecos parece más bien un mercadillo de ocasión con presupuestos de Estado. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco, el Gobierno ha jugado a ser el 'tío generoso' del barrio. ¿La prueba? Seis torpedos MK 46 MOD 2 cedidos el 27 de junio de 2008 por la suma astronómica de un euro. Sí, un euro por el lote. Una ganga que, según el Consejo de Ministros, servía para 'ahorrar gastos de desmilitarización' y mimar las relaciones bilaterales. Un truco contable brillante: te doy el arma que ya no quiero para no pagar el coste de destruirla y, de paso, me gano un favor en Rabat. Pero no todo ha sido caridad cristiana. El negocio serio sigue bombeando millones. Solo entre enero y junio de 2025, España exportó material de defensa por 30,1 millones de euros, incluyendo municiones y equipos de dirección de tiro. En 2024, la cifra fue de 25,4 millones, centrada en el 'kit de supervivencia' del ejército marroquí: prensas y moldes para reparar zapatas de blindados. Es la lógica del concesionario: te vendo el coche, pero te ato a mis talleres durante décadas. Navantia es la joya de esta corona industrial. Desde la corbeta Lieutenant Colonel Errahmani (encargada en 1977 y recibida en 1983) hasta el nuevo patrullero de 87 metros botado el 27 de mayo de 2025 en San Fernando, la relación es un matrimonio por conveniencia. Este último contrato ha movido más de un millón de horas de trabajo y 1.100 empleos. Mientras tanto, Rabat mira hacia Texas con L3Harris para modernizar sus C-130 hasta 2029, intentando que su propio proyecto en Benslimane deje de ser un sueño. España vende, regala y repara, mientras el SIPRI nos recuerda que el verdadero músculo lo ponen EE. UU. (60%) e Israel (24%).
Hay quien dice que la justicia es ciega, pero en España parece que también tiene un calendario muy flexible. Carles Puigdemont, el hombre que convirtió el maletero de un coche en su refugio predilecto en octubre de 2017, ya tiene fecha de aterrizaje: el 5 de octubre. Lo fascinante no es el regreso, sino la coreografía jurídica. El juez Pablo Llarena, que hasta ahora mantenía la orden de busca y captura como quien guarda un tesoro, planea levantarla de forma 'automática'. La jugada es maestra. Llarena no quiere esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el amparo de los huidos; prefiere adelantarse y usar el fallo que el TC dará a favor de Jordi Turull para aplicar la ley de amnistía por extensión. Es como si en un restaurante te sirvieran la cena gratis solo porque el cliente de la mesa de al lado tiene un cupón, sin que tú hayas presentado el tuyo. Mientras tanto, en el Pleno del TC, el magistrado José María Macías se prepara para presentar una propuesta negativa el próximo día 22, pero sabemos cómo termina esta película: la mayoría del bloque izquierdista, respaldada por Cándido Conde-Pumpido, pasará por encima de su voto particular como un camión de mudanzas. Ahora solo queda el suspense del 'timing'. Si Puigdemont busca el final épico y pisa suelo español antes de que el BOE publique la resolución y Llarena firme la nulidad, acabará como Clara Ponsatí: esposas, comisaría y fotos para el recuerdo. Si prefiere la lírica y la prudencia, esperará a mediados de mes para entrar triunfante, sin que nadie le pida el billete ni el pasaporte judicial. Una ingeniería financiera del derecho donde el saldo final siempre parece favorecer al que mejor sabe jugar al escondite.
Hay una danza muy curiosa en la gestión de las emergencias estatales. Mientras que para algunos el Gobierno se pone el traje de gala y saca la tarjeta de crédito sin mirar el saldo, para otros el presupuesto es como el papel higiénico en un avión: escaso y racionado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió que era una 'emergencia' vital que Telefónica instalara cinco puntos de wifi abierta en Ceuta para los inmigrantes que saltaron la valla a finales de julio. Una urgencia tan apremiante que saltaron la licitación pública y el Portal de Transparencia, moviéndose en esa zona gris de la 'excepcionalidad' donde el dinero público fluye con la soltura de un tobogán engrasado. La ironía es que, mientras el Gobierno sudaba para darles internet gratis, los protagonistas ya estaban conectados. No necesitaban la generosidad del Estado español; les bastaba con quedarse pegados a la frontera para que sus móviles engancharan la señal de Maroc Telecom, Orange o Inwi. El 4G y el 5G marroquí cruzaban la raya sin pasaporte, dejando las redes españolas sospechosamente estables y el contrato de emergencia como un monumento a la inutilidad administrativa. Pero el contraste llega cuando miramos hacia Las Hurdes. Allí, Guillermo Santamaría, consejero de Economía de Extremadura, tuvo que mendigar ayuda tras los incendios de Pinofranqueado. Centros de salud y ancianos quedaron incomunicados, pero para ellos no hubo contratos directos ni despliegues relámpago de Telefónica. Solo enlaces vía satélite que funcionaban a pedales. Parece que la definición de 'emergencia' depende de quién esté al otro lado de la pantalla: si es un vecino de Extremadura con la casa quemada, hay que esperar el turno; si es un invasor en Ceuta, el wifi llega antes que la reflexión.
Imaginen que su teléfono es un libro abierto y que, en Bruselas, hay políticos que venden sus votos como quien liquida stock en las rebajas de enero. Así de surrealista es el 'Moroccogate'. Mientras Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles descubrieron en 2021 que el software Pegasus les había hecho un 'escaneo completo' a sus vidas, el CNI ya avisaba de que el problema no era solo el hackeo, sino el talonario. En el barrio europeo de Bruselas, la Fiscalía Federal belga se encontró con una escena digna de una película de serie B: maletas y bolsas de viaje repletas de más de 1,5 millones de euros en metálico. No eran ahorros para la jubilación, sino el lubricante financiero de la ONG Fight Impunity, el disfraz perfecto creado por Pier Antonio Panzeri para canalizar el dinero. Junto a él, Francesco Giorgi y la vicepresidenta Eva Kaili completaban un cuadro donde el dinero de Catar y Rabat fluía para moldear la agenda legislativa. El esquema era sencillo: Abderrahim Atmoun, el embajador en Polonia, hacía de mensajero entre la DGED (la inteligencia marroquí) y los eurodiputados. ¿El precio? Silencio sobre el Sáhara Occidental, mirada hacia otro lado ante la persecución de periodistas y asegurar que los acuerdos pesqueros y agrícolas siguieran fluyendo sin preguntas incómodas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando vemos que eurodiputados del grupo de Socialistas y Demócratas, como Andrea Cozzolino y Marc Tarabella, terminaron imputados. Al final, el Parlamento Europeo despertó después de 25 años de siesta y prohibió la entrada a los delegados marroquíes. Un parche muy elegante para un agujero contable y moral que huele a naftalina y traición.
Hay días en que el silencio grita más que un megáfono en plena Gran Vía. El viernes 11 de septiembre, mientras el Telediario 1 de TVE se ponía nostálgico rescatando las imágenes de Ana Blanco del 11-S de 2001, en los pasillos de Torrespaña se cocinaba una rebelión mucho más actual. El resultado fue un informativo 'fantasma': piezas de noticias, deportes y el tiempo que aparecieron sin una sola firma. Un vacío nominal que, en el lenguaje de la calle, es el equivalente a dejar el plato vacío en el restaurante para decirle al dueño que la comida sabe a cartón. El detonante no fue una crisis existencial, sino un despliegue de ingeniería organizativa que huele a conveniencia. El personal de informativos ha decidido que ya basta de que la producción externa se coma el pastel. El colmo del absurdo llegó con la entrevista a Pedro Sánchez, que terminó en manos de Jesús Cintora y Esther Palomera en 'Mañaneros 360', un programa producido por La Cometa TV. Básicamente, la televisión pública ha decidido que para entrevistar al jefe del Ejecutivo es mejor contratar a un tercero que usar a los profesionales que ya cobran una nómina en casa. Es como pagarle a un vecino que te limpie la casa teniendo un servicio de limpieza contratado a tiempo completo. La tensión escaló el jueves, cuando Maribel Sánchez-Maroto y José Pablo López intentaron hacer un truco de magia borrando del Telediario 1 las quejas del Consejo de Informativos. Un intento de censura doméstica que solo logró que la redacción ardiera. Tras unas reuniones apresuradas y el ruido de las protestas a las 13:00 en las puertas de Torrespaña, la dirección cedió parcialmente en el Canal 24 Horas y el Telediario 2, pero el daño ya estaba hecho. Las firmas desaparecieron el viernes porque, al parecer, cuando el prestigio se externaliza, el orgullo es lo único que queda en la plantilla.
El Gobierno de Baleares ha descubierto una tecnología revolucionaria que el Estado parece haber olvidado: el teléfono móvil. Según el vicepresidente Antoni Costa, hay menores inmigrantes que hablan a diario con sus familias en sus países de origen. Fascinante. Básicamente, el Govern nos dice que, si el chaval tiene cobertura y WhatsApp para saludar a su madre, lo más lógico es mandarlo de vuelta a casa en lugar de jugar al 'Tetris humano' distribuyéndolos por las comunidades autónomas. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez aplica una logística de reparto similar a la de una empresa de mensajería, moviendo menores desde Canarias y Melilla hacia el archipiélago para aliviar la presión, Baleares ha decidido sacar el libro de leyes y plantar cara. El Consell de Govern no se ha andado con chiquitas y ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a recurrir dos traslados específicos: uno dictado en Canarias el 15 de julio y otro en Melilla el 20 de agosto. Dos niños que, para el Estado, son una cifra de redistribución, pero que para el Govern son el pretexto perfecto para denunciar un sistema de acogida que, según ellos, está más colapsado que una autopista en agosto. La ironía es exquisita. El argumento del 'interés superior del menor' se ha convertido en un arma arrojadiza. Para Madrid, el interés es que no haya colapsos en las fronteras; para Palma, el interés es que el menor regrese a su origen si hay una familia identificable. Al final, la batalla no es sobre derechos humanos, sino sobre quién paga la factura del alojamiento y quién gestiona el caos. Es la eterna pelea entre el que manda el paquete y el que no quiere recibirlo en su portal.
En el mundo real, si quieres que te amplíen la cocina, llamas a un albañil y pagas la factura. En el ecosistema del caso Azud, para que el Estado pagara la ampliación de una desaladora, el empresario José María Febrer tuvo que gestionar un 'peaje' que haría palidecer a cualquier peaje de la AP-7. No hablamos de una propina, sino de una inyección de 484.480 euros destinada a que el PSOE valenciano llegara a las elecciones de 2007 con los bolsillos llenos y el programa electoral recién impreso. La jueza Pepa Tarodo lo ha dejado escrito con una claridad pasmosa: mientras Aquamed, la empresa pública de la era Zapatero, asumía el coste de la obra para el beneficio mercantil del Grupo Axis, el dinero fluía en sentido contrario para financiar la fiesta electoral. Para que el mecanismo funcionara, no bastaba con un email; hacían falta comidas y reuniones entre Febrer, el abogado José Luis Vera y el influyente José Cataluña, un hombre que, convenientemente, no tenía cargo orgánico para moverse con la soltura de un fantasma en el partido. La ingeniería financiera fue digna de un premio al ingenio: usaron la mercantil Gigante Edificaciones y Obras, de Joaquín Pastor Rico, como lavadora de fondos. El ejemplo más descarado es el pago de 120.004 euros a Ingraval el 22 de mayo de 2007, apenas cinco días antes de las urnas. Lo más cínico es que el PSOE solo declaró 19.000,18 euros por la edición del programa autonómico. El resto del dinero, ese que no aparece en los libros oficiales, parece haberse evaporado en el aire valenciano, mientras que Ingraval terminó declarándose insolvente en 2017. Así es la gestión pública: unos ganan desaladoras, otros campañas y el ciudadano, como siempre, paga el peaje invisible.
En el tablero político de Ceuta, la lealtad tiene la fecha de caducidad de un yogur olvidado al sol. Gonzalo Sanz, quien llegó a la Jefatura de Gabinete en febrero de 2025 tras hacer el camino del asesor, ha decidido que ya basta de servir de escudo humano. Su dimisión no es un acto de humildad familiar, sino un 'bombazo' con remitente: el Gobierno central mintió sobre la avalancha masiva del 30 de julio. La trama es digna de una comedia de enredos administrativa. Por un lado, tenemos mensajes de WhatsApp del CNI el 29 de julio que alertaban de la entrada masiva. Por otro, al delegado Miguel Ángel Pérez Triano, quien en radio dice que eso no es una alerta porque las alertas 'se formalizan' y no llegan por mensajería instantánea. Es la clásica jugada de quien te dice que el incendio de tu casa no es un fuego porque no ha llegado la notificación certificada por el correo oficial mientras las cortinas ya son ceniza. Sanz sostiene que le pasó la información a Triano el mismo día. Triano dice que no sabía nada. Esta incompatibilidad es más evidente que el humo de los fuegos que, anoche, calcinaron ocho vehículos, cuatro contenedores y 42 chabolas en una ciudad que ya no aguanta más. Mientras el delegado se aferra a su silla, la calle ha pasado de los informes técnicos a los gritos de 'tus rilas' y 'delegado mentiroso' en la plaza de los Reyes. Al final, Sanz se va como la clásica 'cabeza de turco', dejando un agujero de credibilidad que no se tapa con comunicados oficiales ni con excusas sobre el protocolo de mensajería del espionaje estatal.
Hay quien confunde la diplomacia con un patio de colegio, y la prensa afín a Mohamed VI ha decidido que es el momento de sacar los juguetes. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, en Marruecos se divierten usando el Mundial 2030 como un tablero de dardos donde España es la diana. El digital Le360 ha pasado de la analiza deportiva al sarcasmo puro, mofándose de que el Camp Nou tenga goteras en el partido contra el Feyenoord o que el Santiago Bernabéu haya tenido alguna filtración hace años. Básicamente, sugieren que nuestros templos del fútbol son coladores comparados con el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, ese coloso de 115.000 espectadores que prometen tener listo para 2028. Pero claro, el fútbol es solo la excusa para soltar la pulla política. Porque, en un giro digno de un guionista con ganas de incendiar el barrio, mezclan la sede de la final con la situación de Ceuta. Se ríen de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, preguntando con ironía si piensan construir un estadio en la 'Ceuta ocupada'. Es una maniobra de manual: mezclar la infraestructura deportiva con la geopolítica para hacer quedar al vecino como un incompetente. Es como si te critican que se te haya roto una baldosa en el baño para decir que no tienes derecho a vivir en el barrio. Entre tanto ruido y aires de grandeza de Fouzi Lekjaa, que ya da la final por ganada en Casablanca, la FIFA ha hecho lo que mejor sabe hacer: lavarse las manos con elegancia. Se han limitado a repetir que la sede de la final no está decidida. Mucho cemento, mucha mofa y mucha bandera, pero al final, el dueño del balón sigue sin soltar la respuesta.
Hacer cuentas con el dinero público es, a veces, como mirar la factura de la luz en agosto: un susto constante. Pero lo de la Generalitat de Cataluña con la línea ACOL ya no es un susto, es una declaración de intenciones. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el carrito del súper no supere los cien euros, el Ejecutivo de Salvador Illa ha decidido que la formación para inmigrantes extracomunitarios en proceso de regularización tiene un precio muy selecto: una media de 18.500 euros anuales por persona. Sí, han leído bien. Es una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente sobrevivir a base de café y esperanza. Para 2026, el presupuesto se ha inflado hasta los 10.820.447 euros, un incremento del 10% respecto a los 9.772.323,40 euros del año anterior. La ingeniería financiera es fascinante: se destinan más de diez millones de euros para un grupo selecto de apenas 527 beneficiarios repartidos por las cuatro provincias. Es un lujo formativo que envidiaría cualquier becario de universidad pública. El mapa del dinero tiene nombres y apellidos políticos. El Ayuntamiento de Tortosa, bajo el mando de la coalición Movem-PSC y ERC, se ha coronado como el gran receptor del botín con 642.846 euros, en un municipio donde el 23,55% de la población es extranjera. Todo esto ocurre en un ecosistema de opacidad donde el Tribunal de Cuentas, tras la petición de Vox y su líder Ignacio Garriga, parece haberse tomado un descanso eterno antes de informar sobre el gasto total en inmigración ilegal. Al final, la línea ACOL, nacida en 2020, se ha convertido en un cajero automático que premia la vulnerabilidad con cifras que parecen sacadas de una consultora de lujo.
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Margarita Caballero