Crítica:
El texto original es un resumen de una tertulia, no una noticia con fuentes primarias. Se apoya excesivamente en opiniones de colaboradores televisivos para validar la crítica política.
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UGT: 27 millones en nóminas públicas
Hay una danza muy curiosa entre el Palacio de la Moncloa y la UGT que ya huele a complicidad de manual. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no quede en números rojos antes del día diez, el sindicato se ha pegado un susto de muerte: el Tribunal Supremo les ha pasado factura por un agujero contable de 27,11 millones de euros. No es que se les haya olvidado pagar el IBI; es que el Supremo ha detectado que usaron subvenciones destinadas a formación para engrosar las nóminas de su propia gente. Básicamente, han usado el dinero público para pagar sus caprichos salariales, saltándose los mínimos del convenio. El calendario es, sencillamente, poético. El 5 de octubre, justo cuando Pedro Sánchez lanzaba la convocatoria electoral, el Supremo dictaba que debían devolver 18,31 millones. Como si fuera un combo de ofertas de supermercado, el 13 de octubre llegó el segundo golpe: otros 8,79 millones (6,6 millones de principal y 2,1 millones en intereses de demora). En total, una factura que haría temblar a cualquier PYME, pero que para la UGT Andalucía es el motor de una dependencia absoluta hacia el Gobierno. Lo irónico es que, mientras negociaban huelgas, la caja del sindicato estaba más seca que un desierto. Ahora, la UGT no solo necesita que Sánchez multiplique por tres sus subvenciones anuales para sobrevivir, sino que reza para que el Tribunal Constitucional, bajo la batuta de Conde-Pumpido, les salve el cuello. Es el círculo perfecto: el Gobierno paga, el sindicato calla y la justicia, aunque dicte sentencia, parece un ruido de fondo en una relación donde el dinero público es el pegamento que lo mantiene todo unido.
Ceuta: Menos botas y más caos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que en Ceuta ya todo es 'normalidad', aunque esa normalidad consista en dejar a la ciudad con un despliegue militar que parece más una guardia de museo que una operación de seguridad. Hemos pasado de tener 200 militares patrullando día y noche —dos compañías completas que hacían de muro— a una anémica sección de 25 efectivos que solo salen a pasear durante el día. Por las noches, el silencio es absoluto, salvo por el QRF que espera el incendio. Es como si, tras un incendio forestal, decidieran retirar todas las mangueras dejando solo un vaso de agua y un extintor caducado. Mientras tanto, la realidad en la calle no entiende de optimismo gubernamental. Quedan unos 15.000 invasores camuflados en infraviviendas y montes, en una ciudad de 83.000 habitantes donde el 90% de los ilegales juegan al escondite para evitar el triaje policial. El resultado es un sablazo en la seguridad: la delincuencia ha subido un 60% desde agosto y la Cámara de Comercio ya ha puesto precio al desastre: 74 millones de euros. Un agujero contable que no se llena con discursos. La hipocresía alcanza su pico cuando vemos que, el 31 de octubre, varias enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta fueron agredidas justo donde antes había militares. Ahora, los efectivos de la ATME, hartos de combatir agresiones con porras y gas pimienta mientras piden auxilio al 112 para no ser linchados, han tenido que saltarse la cadena de mando y pedir audiencia al Rey. Porque cuando el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, te pide que mientas diciendo que todo va bien mientras te dan palos, lo único que queda es buscar el apoyo moral en la Corona.
Cuentos de hadas con presupuesto público
En el colegio público García Galdeano, en el barrio de la Chantrea, han decidido que la mejor forma de enseñar la realidad es convirtiéndola en un libro de colorear con final feliz. Bajo el paraguas del Gobierno de María Chivite y la gestión de Carlos Gimeno en el Departamento de Educación, los niños de Primaria se han encontrado con 'La historia de Aya'. Un relato donde cruzar la frontera hacia Ceuta en secreto no es un drama humano ni un riesgo mortal, sino una especie de excursión escolar improvisada con un ratón en la cabeza como accesorio y policías que parecen sacados de un anuncio de turismo amable. Para los padres, que son quienes pagan la fiesta con sus impuestos, el cuento es un ejercicio de gimnasia mental. Mientras que en la vida real la gestión de menores no acompañados supone un agujero contable de cientos de millones de euros para el erario público, el libro nos vende que el abandono parental es, en realidad, una gestión logística eficiente para alcanzar la 'magia y felicidad'. Es como intentar explicar la inflación diciendo que el ticket del supermercado es más largo porque ahora tenemos más espacio para leer. La paradoja es deliciosa: se normaliza que unos padres organicen el viaje clandestino de su hija sola, transformando el desamparo en una aventura optimista. Todo esto ocurre en un contexto donde Ceuta ha tenido que lidiar con la presión de casi 100.000 marroquís este verano. Al final, el sistema educativo navarro parece creer que la realidad se soluciona poniendo un filtro de Instagram a la inmigración irregular, omitiendo que, detrás de la 'magia', hay una maquinaria de precariedad y un coste público que no se borra con goma de borrar.
Sánchez en The Wild Project: Penaltis y mentiras
Pedro Sánchez ha decidido bajar al barro digital y sentarse en el sofá de Jordi Wild, intentando vender que España vive uno de sus 'mejores momentos'. Una frase valiente, considerando que mientras el ciudadano medio mira la lista de la compra como quien mira una película de terror con un IPC del 4,9% en octubre, el entorno del presidente parece un tablero de Monopoly donde las propiedades se pagan con favores. El contraste es casi poético: Sánchez presume de no decir 'hijo de puta' a sus rivales mientras, en los juzgados, la UCO desmantela que Víctor de Aldama le regaló al ex chófer del presidente, Christian Corvillo, un alquiler en Córdoba de 220.498 euros. Eso es, básicamente, que alguien te pague el piso durante un año sin que tú pongas un euro; un sueño para cualquier joven actual, pero una pesadilla contable para la Audiencia Nacional. En el podcast, el presidente jugó al 'sorprendido' con la vida privada de José Luis Ábalos y la prostitución, aplicando la técnica del 'yo no sabía nada', la misma que parece usar el Gobierno con las pulseras antimaltrato de la Fiscalía Europea, cuya calidad era, en privado, una broma pesada. La joya de la corona fue el baile de los datos. Sánchez soltó que el 40% de los inmigrantes son europeos y latinos, pero los verificadores de Wild, Iván Muñoz y Javier Collado, le hicieron un 'fact-check' en tiempo real: Marruecos es la segunda nacionalidad. Un desliz peligroso justo cuando Feijóo le recuerda que un presidente debería saber inglés y que el PSOE ha adelantado las elecciones del 29 de noviembre para evitar que el juzgado les pase la factura. Al final, Sánchez dice que llegó 'de penalti', y viendo el panorama, parece que el VAR acaba de anular el gol.
El PSOE y el misterio del efectivo
Hay quien lleva la cartera en el bolsillo y quien prefiere que el dinero fluya como el agua, preferiblemente en billetes y lejos de los ojos curiosos. La UCO ha aterrizado este jueves en el Tribunal de Cuentas con una misión clara: resolver el rompecabezas de las donaciones al PSOE. Resulta que, al cotejar los papeles, los agentes han encontrado «discordancias». En lenguaje de calle, esto significa que las cuentas no cuadran ni aunque las sumes con calculadora científica. El juez Ismael Moreno ha abierto una caja de Pandora sobre el sistema de reembolsos en efectivo de Ferraz. Empezó como una anomalía en los pagos a José Luis Ábalos y Koldo García, y ha terminado en un agujero contable fascinante. Mientras el ciudadano medio suda para que el banco no le cobre una comisión por transferencia, en el PSOE se manejaban cantidades en cash que parecen sacadas de una película de atracos. La UCO sostiene que Ábalos y su asesor recibieron unos 32.000 euros en metálico, aunque el partido, en un ejercicio de modestia creativa, solo reconoció 19.630. Luego, Ferraz admitió otros 127.096 euros pagados así a colaboradores. Un descuido administrativo, dirán ellos; una ingeniería financiera, sospecha la calle. Pero el plato fuerte es el crowdfunding de las primarias de 2017. Pedro Sánchez recaudó 128.908 euros, de los cuales más de 100.000 llegaron vía Bancal de Rosas, una ONG que funcionó como un puente muy cómodo para donaciones anónimas. La sospecha es que se usaron nombres falsos para trocear el dinero en pagos de 50 euros, evitando así que saltaran las alarmas. Una táctica muy ingeniosa para camuflar el origen de los fondos mientras se luchaba contra Susana Díaz y Patxi López. Al final, el presidente admite que recibió efectivo «en alguna ocasión» y que es legal. Claro, porque pagar la cena con billetes es legal, pero financiar una estructura de poder con fondos opacos es otra historia.
Huelga general y cheques públicos: el pacto
Hay una ironía deliciosa en el calendario. El miércoles 11 de noviembre, mientras UGT y CCOO convocaban una huelga general para decir que las cosas van mal, el Gobierno, con una generosidad que roza el romanticismo, firmaba un decreto para soltarles 60.000 euros. Treinta mil para cada uno, sacados del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, como quien paga una cena de empresa para calmar los ánimos. El Consejo de Ministros lo masticó el martes 10 y el BOE lo escupió el jueves 12. Un timing perfecto. ¿En qué se gastarán este 'bonus' de gratitud? UGT se irá a África a hablar de 'trabajo decente' y CCOO se pondrá a reflexionar sobre la Agenda 2030 y la paz. Muy noble todo, especialmente cuando el dinero sale de la misma caja que paga el café de quien no puede llegar a fin de mes. Pero esto es solo el cambio suelto. Según el Instituto Juan de Mariana, entre 2022 y 2025, el grifo ha soltado 511,6 millones de euros: 297,1 millones para el entorno de UGT y 214,5 millones para CCOO. Solo en 2025, el sablazo fue de 106,1 millones. Pero el verdadero lujo no está en el cheque, sino en el ladrillo. Mientras el ciudadano medio pelea con una hipoteca que asfixia, los sindicatos disfrutan de una 'estancia gratuita' en el Estado. Hablamos de 305 locales para CCOO y 200 para UGT. El informe estima que esos 68 edificios completos valen unos 400 millones de euros; espacio que podría haberse convertido en 1.850 viviendas asequibles. Y para que el patrimonio esté reluciente, el Gobierno puso 98,23 millones del Plan de Recuperación para hacerlos más eficientes energéticamente. Es la gestión perfecta: te pago el alquiler, te reformo la casa y encima te doy una propina el día que sales a la calle a decir que el sistema no funciona.
Pasaportes UE: el bazar que terminó mal
Hay quien cree que el pasaporte de la Unión Europea es como una tarjeta de fidelidad de supermercado: si acumulas suficientes puntos o sueltas el fajo de billetes adecuado, te dan el premio gordo. Malta intentó jugar a este juego con su programa 'Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment'. Básicamente, montaron un bazar de nacionalidades donde el amor a la patria se tasaba según la inversión directa. Un negocio redondo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la UE decidió, el 29 de abril de 2025, que vender la ciudadanía es como vender los muebles de la casa mientras todavía vives en ella: una absoluta falta de respeto al vecindario. La sentencia es un jarro de agua fría para los que confunden la soberanía con un catálogo de Amazon. El Tribunal fue claro: Malta dinamitó el artículo 20 del TFUE y el artículo 4, apartado 3, del TUE. En cristiano: se saltaron la norma de la ciudadanía común y el principio de cooperación leal. La Comisión Europea ya les había soltado el aviso el 1 de abril de 2020, advirtiendo que convertir el estatus de ciudadano en una mercancía era una explotación descarada de un logro colectivo. No es solo un papel; es el derecho a circular, votar y no ser discriminado, cosas que no deberían tener un precio de etiqueta. Ahora, este precedente ha servido de combustible para Juan Gallego, quien ha llevado la pelea a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Gallego no va solo; se apoya en la doctrina Malta y en la sentencia Micheletti de 1992 para poner bajo la lupa la ley de nietos en tramitación. El mensaje es sencillo: la nacionalidad puede ser competencia de cada Estado, pero no puede ser un producto de liquidación para quien tenga la cartera más gorda.
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