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En un acto protocolario cargado de simbolismo, los Reyes de España recibieron al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Madrid. La ceremonia, presidida por Don Felipe y Doña Letizia, contó con la asistencia de 126 embajadores y casi 800 cónsules. El Nuncio Apostólico, Monseñor Piero Pioppo, fue el primero en cumplimentar a los monarcas debido a su antigüedad. El embajador de Irán se negó a dar la mano a la Reina Letizia, un gesto que levantó especulaciones sobre un posible desaire. Sin embargo, la razón detrás de este acto es una ley iraní que prohíbe a los hombres tocar a mujeres en público. El embajador iraní llevó su mano al pecho en señal de respeto, y la Reina respondió con una inclinación de cabeza. Doña Letizia lució un vestido azul marino de Felipe Varela, un diseño que ya había estrenado en 2018 y reutilizado en 2020. Don Felipe, por su parte, vistió chaqué con la venera de la Insigne Orden del Toisón de Oro. La indumentaria de los embajadores varió entre el traje nacional y el uniforme diplomático. El presidente Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Albares estuvieron presentes en la recepción, que se desarrolló con el rigor protocolar exigido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido duramente criticado por su manejo de la información tras el accidente de tren de Iryo en Adamuz. Sánchez atribuyó la responsabilidad del siniestro a las 'competencias repartidas', un argumento que ha generado controversia. Sin embargo, la realidad es que la línea de Alta Velocidad donde ocurrió el accidente forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), cuya titularidad, mantenimiento y seguridad dependen exclusivamente de Adif, organismo adscrito al Ministerio de Transportes. Esto significa que la Junta de Andalucía no tiene ninguna responsabilidad en el mantenimiento de los viaductos de Adamuz ni en los sistemas de frenado automático de la red. La estrategia de Sánchez de diluir la responsabilidad estatal ha sido vista como un intento de evitar asumir el fracaso de su gestión en el mantenimiento de la red ferroviaria. El accidente ha destapado el deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias en España, un problema que también afecta a otras redes críticas como la Red Eléctrica Española y la red vial de carreteras.
La polémica rodea al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz. Puente niega relación entre el incidente y el mantenimiento de las vías, mientras defiende su gestión al frente del Ministerio. Según él, la inversión en mantenimiento ha aumentado un 50% desde 2018. Sin embargo, expertos cuestionan estas afirmaciones al no considerar la inflación. Los datos reales muestran un incremento menor al anunciado. Además, se cuestiona la gestión de los fondos europeos recibidos por Adif y Adif Alta Velocidad, que suman miles de millones de euros. La transparencia sobre el destino de estos fondos es crucial para evaluar la efectividad de la gestión de Puente.
La Dirección General de Tráfico (DGT), bajo la dirección de Pere Navarro, ha publicado una resolución en el BOE que limita la circulación de los vehículos con etiqueta Cero, es decir, coches híbridos enchufables y eléctricos, en los carriles de Alta Ocupación (VAO). Esta medida, efectiva de forma progresiva según el tráfico y necesidades de cada carril, prioriza a los vehículos con dos o más ocupantes. La decisión ha generado controversia, ya que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables pierden uno de sus principales privilegios: circular por carriles VAO sin restricciones. Según Navarro, el problema radica en el 'espacio' dentro de las ciudades, y no en el tipo de combustible. La medida afecta directamente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde carriles como el de la A-6 o el nuevo en la A-2 serán restringidos a vehículos con alta ocupación. La DGT argumenta que la alta tasa de ocupación por parte de vehículos eléctricos con un solo ocupante ha mermado la eficacia de estos carriles, provocando quejas de autobuses y particulares. El Defensor del Pueblo ha trasladado estas quejas a la DGT. La medida contradice la política de fomento del coche eléctrico impulsada por el Gobierno, ya que restringe beneficios clave asociados a su compra.
En un operativo liderado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, una joven fue detenida el pasado martes 20 de enero en el barrio de Recimil, Ferrol, por su presunta implicación en una red de apoyo al terrorismo yihadista. El magistrado Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza este viernes. La investigación reveló que la joven habría financiado estructuras terroristas y difundido contenido radical. Un segundo arrestado en Cartagena quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Los registros domiciliarios en Ferrol y Murcia aportaron material para la causa.
En un giro inesperado, el Tribunal del Jurado ha declarado culpable a S.M.G. por la muerte de un ladrón que entró en su finca para robar plantas de marihuana. Aunque el Jurado descartó la legítima defensa, reconoció la concurrencia de un miedo insuperable incompleto, lo que podría influir en la sentencia final. Según el relato de hechos probados, S.M.G. salió al exterior al escuchar a sus perros y, en lugar de refugiarse en su domicilio y avisar a la Policía, se enfrentó al intruso, lo que resultó en la muerte de este. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión para S.M.G., mientras que la acusación particular ha pedido siete años y seis meses. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado dictará sentencia en los próximos días. Los otros tres acusados, D.L.S., A.A.F. y J.J.C.R., han sido declarados culpables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
La Diputación de Barcelona, bajo la presidencia del PSC y con mayoría independentista, ha decidido prorrogar el contrato con la empresa de consultoría de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, hasta el 31 de julio de 2026. Esta decisión ha generado controversia debido a la vinculación familiar de Topor con el exlíder independentista fugado. El contrato, que se inició previamente, implica servicios de asesoramiento en estrategias de comunicación online y presencia digital para programas y campañas de la Diputación, financiados con fondos públicos. Aunque fuentes de la institución aseguran que el proceso se ajusta a los procedimientos administrativos habituales y que no se han modificado las condiciones económicas, la oposición ha denunciado el uso de dinero público para favorecer a personas cercanas a figuras clave del secesionismo catalán. La renovación del contrato se produce en un contexto de tensiones políticas en Cataluña, donde la transparencia y la meritocracia en la asignación de contratos públicos son objeto de escrutinio. Mientras tanto, Marcela Topor mantiene un perfil profesional discreto, centrado en sus actividades de consultoría en comunicación. La falta de declaraciones oficiales por parte de la Diputación no ha hecho más que avivar las críticas desde sectores conservadores sobre la gestión de fondos públicos en entidades controladas por el independentismo.
La Comunidad Valenciana registró 26.677 actuaciones policiales sobre ciudadanos extranjeros en 2024, con Marruecos, Argelia y Colombia liderando las detenciones. África es el continente con más detenciones (9.761), seguido de Europa (8.969) y América (7.170). Las cifras revelan un vínculo entre inmigración y delincuencia, especialmente en contextos de exclusión social y economía sumergida. Las detenciones no equivalen a condenas: en 2024, 26.785 personas condenadas eran españolas frente a 12.816 extranjeras. Los datos oficiales dibujan una realidad incómoda que alimenta la percepción de inseguridad en determinados barrios.
El Ministro Félix Bolaños intenta frenar el caos en los nombramientos de interinos en la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Para ello, prepara una norma que establece un código de identificación único para cada puesto de trabajo, poniendo fin al sistema de plantillas que dejaba indefinidos los puestos ocupados por interinos. La nueva orden ministerial, motivada por la Ley Orgánica 1/2025, busca dotar de seguridad jurídica al proceso de ceses y nombramientos, evitando la prolongación de situaciones de interinidad. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable, condicionado a que las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) incluyan códigos identificativos para cada puesto.
El reciente colapso de Rodalies en Cataluña ha puesto al descubierto el mal estado de las instalaciones ferroviarias, generando indignación entre los usuarios y las asociaciones de afectados. La percepción ciudadana es que la degradación estructural es un problema de larga data que no puede atribuirse únicamente a fenómenos meteorológicos adversos. Anna Gómez, portavoz de la asociación Dignitat a les vies, denunció en redes sociales las condiciones de las estaciones, destacando que la estación de Sants, la más importante de Barcelona, sufre de goteras. La caída de parte de una marquesina en la estación de Premià de Mar durante un temporal ha sido atribuida a la falta de inversión y a la mala calidad de los materiales. Los usuarios y las asociaciones reclaman inversiones y responsabilidades, recordando accidentes previos como el de Gélida en 2019, donde un maquinista en prácticas falleció y hubo 15 heridos. La Generalitat ha anunciado la apertura de un expediente a Renfe por la suspensión del servicio.
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Pilar Castro