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La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación contra Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, por el desalojo del antiguo instituto B9 el pasado 17 de diciembre, que dejó en la calle a unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. La denuncia fue presentada por el eurodiputado Jaume Asens de Comuns el 24 de diciembre, alegando cuatro posibles delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. Según la denuncia, Albiol condicionó el desalojo a una alternativa habitacional que luego no proporcionó, y toleró expresiones xenófobas en reuniones con vecinos. La investigación se suma a otro procedimiento judicial iniciado en diciembre, cuando la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento a aclarar si había ofrecido atención adecuada y alternativa habitacional a los migrantes.
La tecnológica Indra ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que no existen actas de las reuniones mantenidas para el desarrollo del software de la plataforma digital 'transformats.org', proyecto en el que invirtió 128.000 euros y que ha sido relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el escrito de Indra al juzgado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, una búsqueda exhaustiva en sus sistemas no arrojó ningún resultado relativo a actas de reuniones. La empresa subraya que ni siquiera consta documentación procedente de otras empresas participantes o de la Universidad Complutense de Madrid. El juez había solicitado 'las agendas y las actas de todas las reuniones' relacionadas con el proyecto. La respuesta de Indra llega después de que su exdirigencia declarara que mantuvo un encuentro con Begoña Gómez 'por cortesía', pese a que el proyecto era de escasa entidad para la compañía. El expresidente de Indra, Marc Murtra, justificó el encuentro por razones institucionales y por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. El proyecto fue desarrollado para que la Universidad Complutense fuera su propietaria, aunque finalmente Begoña Gómez registró el dominio web a su nombre y ofreció la herramienta a las pymes.
Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos, está siendo investigado por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones ilegales que afecta al PSOE. Herrero impulsó que la constructora Azvi, parte de la UTE adjudicataria de las obras ferroviarias en la zona del accidente de Adamuz (Córdoba), recibiera contratos millonarios. La documentación revela que Herrero participó en la votación que permitió a Azvi ejecutar obras en un tramo que incluía infraestructuras críticas donde posteriormente ocurrió el descarrilamiento. El contrato inicial fue de 52,5 millones de euros el 28 de abril de 2022, y posteriormente se amplió a 58,7 millones de euros en marzo de 2025 sin justificación técnica detallada. La UCO investiga también la vinculación de Herrero con el «impuesto» interno del PSOE y una investigación patrimonial por la compra de terrenos en Cádiz mediante una sociedad instrumental. Las diligencias muestran que se le solicitó una aportación económica al partido cuando ocupaba el cargo, y que utilizó su posición para adquirir terrenos estratégicos.
Decenas de manifestantes de la diáspora iraní se reunieron frente al Congreso de los Diputados en Madrid para denunciar la represión en Irán y exigir la vuelta de la democracia. Con pancartas y lemas como «Mujer, vida, libertad», corearon consignas a favor de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, reprochando el silencio de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ante la situación de las mujeres en Irán. La protesta, que se suma a otras en capitales europeas, refleja la presión internacional contra el régimen de Teherán y la grave crisis política y social en Irán, marcada por detenciones masivas y miles de muertos. Los organizadores destacaron la represión de las movilizaciones ciudadanas y pidieron una mayor implicación de la comunidad internacional. La manifestación sirvió como punto de encuentro para distintas sensibilidades políticas dentro de la oposición iraní en el exilio.
El Gobierno ha emitido un informe sobre el desastre de Adamuz (Córdoba), donde dos trenes colisionaron el pasado mes, resultando en 45 fallecidos. Aunque el informe inicial y la rueda de prensa previa omitieron mencionar la realización de auscultaciones por ultrasonidos en las vías, fuentes del Ministerio de Transportes dirigidas por Óscar Puente aseguran ahora que sí se efectuó dicho estudio en septiembre de 2025. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) había exigido estas pruebas para detectar defectos internos no visibles a simple vista. El Gobierno subraya que los equipos han cumplido con las normativas establecidas. El mantenimiento de las vías se renovó en mayo de 2025, y se realizaron cuatro inspecciones entre noviembre de 2025 y enero de 2026, sin detectar anomalías. Sin embargo, la ausencia de mención a la auscultación ultrasónica en los informes oficiales ha generado controversia.
El Ministerio de Transportes ha difundido un documento oficial en el que busca aportar 'datos, no relatos' sobre el accidente de Adamuz y 'el estado de las infraestructuras ferroviarias en España'. En él, se mencionan accidentes similares previos, tanto nacionales como internacionales, destacando el sucedido en Grecia en 2013, tras el que dimitió el titular de Transportes, Kostas Karamanlis, en memoria de los 57 fallecidos. El documento presume de la inversión en infraestructuras y mantenimiento del Gobierno de Sánchez en materia de transporte ferroviario. El accidente de Adamuz ha dejado 43 muertos y más de un centenar de heridos debido al descarrilamiento de un tren Iryo de alta velocidad que provocó a su vez el de un Alvia. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha descrito el desastre como 'un contratiempo muy grande' y 'un disgusto enorme', y ha asegurado que entre todos deben intentar 'contribuir a mantener lo que tenemos, que es muy bueno'.
La propuesta estrella del presidente Sánchez para abordar la crisis de la vivienda ha fracasado, según un análisis de Gonzalo Bans en su podcast. Publicado el 17 de enero de 2026, Bans desmonta en apenas dos minutos los argumentos detrás de esta iniciativa gubernamental. Con un precio de la vivienda que sigue aumentando, la medida prometida por Sánchez buscaba frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos. Sin embargo, las críticas apuntan a que la propuesta no ha logrado sus objetivos, dejando un escenario de incertidumbre para el mercado inmobiliario. Gonzalo Bans, conductor del podcast, ofrece una visión crítica de los motivos detrás de este fracaso, analizando los datos y las implicaciones de la medida en el contexto económico actual.
Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, está imputada por presuntos delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias. Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, Pardo de Vera analizó el impacto económico de las noticias negativas sobre un accidente de tren en Zamora el 2 de junio de 2020. El informe cuantificó el impacto en 203.000 euros por 21 noticias negativas. El accidente de tren en Adamuz, con 45 víctimas mortales, ha reabierto el debate sobre la negligencia de Renfe y ADIF en el mantenimiento de las vías férreas. El Gobierno ha sido acusado de intentar imponer 'la ley del silencio' sobre el accidente. El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por no dar explicaciones claras sobre el accidente. La investigación judicial ha abierto una causa sobre el posible amaño de contratos en adjudicaciones públicas relacionados con la conservación de las vías férreas, que involucra al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
En la Tertulia de Herrero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esquivó las preguntas sobre si la Guardia Civil estaba al tanto de que dos trenes estaban siniestrados. La tensión en el programa fue palpable cuando el presentador, Javier Herrero, presionó a Marlaska para que aclarara la situación. Sin embargo, el ministro se mantuvo evasivo, lo que generó suspicacias entre los oyentes. La falta de transparencia sobre este asunto ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Algunos críticos han acusado a Marlaska de ocultar información relevante. El incidente ha puesto en tela de juicio la capacidad de la Guardia Civil para manejar situaciones de emergencia. Con un total de 500.000 oyentes en esRadio y Libertad Digital, la Tertulia de Herrero es uno de los programas más seguidos en España. La controversia ha generado un gran interés en la opinión pública.
La Comisión Europea ha revelado que España es uno de los países que menos invierte en el mantenimiento de las redes ferroviarias, a pesar de haber recibido miles de millones de euros en fondos comunitarios. Concretamente, la empresa pública Adif ha recibido 5.800 millones de euros, pero el Ministerio de Transportes ha sido incapaz de ejecutar casi la mitad de los fondos presupuestados. Esto ha llevado a un deterioro significativo en el servicio de Alta Velocidad, que fue una vez la joya de la corona del ferrocarril español. Los usuarios han sufrido las consecuencias, con caídas en los índices de puntualidad y maquinistas que se niegan a cumplir ciertos trayectos sin medidas excepcionales de prevención. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido a las críticas tildando de 'bulos' las informaciones que revelan las grietas de su gestión, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permanecido prácticamente invisible en este asunto, lo que ha generado aún más descontento entre la ciudadanía.
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Pilar Castro