Crítica:
El texto original es una mina de oro de pruebas, pero se pierde en la danza procesal entre la Fiscalía Europea y el Juzgado 41. Demasiado tiempo explicando el 'ping-pong' judicial y poco tiempo resaltando la caradura del correo electrónico.
El texto original es una mina de oro de pruebas, pero se pierde en la danza procesal entre la Fiscalía Europea y el Juzgado 41. Demasiado tiempo explicando el 'ping-pong' judicial y poco tiempo resaltando la caradura del correo electrónico.
En el tablero del poder, 'ponerse de perfil' no es una cuestión de postura corporal, sino una técnica de supervivencia administrativa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las esferas altas de la Guardia Civil parece que el manual de instrucciones es más flexible. Este viernes, ante el juez Santiago Pedraz, los altos mandos se han ratificado en un baile de confesiones que huele a oficina de despacho y miedo al jefe. Resulta fascinante que Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, recuerden con tanta nitidez que Manuel Llamas Fernández, el DAO, les pidió básicamente que miraran hacia otro lado. El timing es quirúrgico: julio de 2024. En ese momento, la mesa de investigaciones estaba servida con un menú degustación de escándalos: la trama Koldo, las actividades de Begoña Gómez y los asuntos de David Sánchez. Pedir que la juez tome la iniciativa es la versión institucional de 'yo no he sido', un juego de pasavueltas donde la policía judicial se convierte en un mueble más del pasillo. Pero el surrealismo no termina ahí. El general Antonio Cortés añade sal al guiso asegurando que le ordenaron abrir expedientes internos contra los agentes que, ingenuamente, se empeñaban en investigar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es la ley del espejo: si buscas la verdad, te encontramos la falta administrativa. Todo esto mientras Mercedes González, la directora general, mantenía citas con Leire Díez, la presunta arquitecta de una campaña contra el teniente coronel Antonio Balas. Al final, el dinero público paga la luz de la Audiencia Nacional para descubrir que, en el juego de las cloacas, el perfil más seguro es el que no molesta al que firma la nómina.
En el mundo real, si te olvidas de adjuntar un documento clave en una solicitud de alquiler o en una beca, te mandan a paseo sin pestañear. Pero en el universo paralelo de Red.es, que te falte el 'libro blanco' —esa especie de currículum glorificado que pesaba un 60% de la nota— es un detalle menor que se soluciona con un truco de magia administrativa. Mientras que a empresas como IDC Research España les dieron un rapapla de 2 puntos por ser 'insuficientes', la UTE formada por Innova Next SL (del grupo Barrabés) y KPMG se llevó un 8,5 points sin haber entregado el papel. Un auténtico milagro burocrático. Lo mejor es la naturalidad del engaño. Un evaluador, con la soltura de quien oculta una multa de tráfico, sugirió por correo el 30 de diciembre de 2020: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco». Es la versión institucional de 'no digas nada y nos lo llevamos'. Así, sin despeinarse, el expediente 044 se convirtió en un cheque de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. Luis Prieto, el director de Economía Digital, firmó este y otros dos contratos (el 014 y 016) que suman más de ocho millones de euros. La UCO de la Guardia Civil ha dejado claro que esto no fue un despiste, sino un patrón de 'predilección'. Mientras Red.es intenta ahora lavar su imagen diciendo que el contrato 044 no acabó usando fondos europeos y que Begoña Gómez no firmó cartas para este en concreto, la realidad es que el sistema estaba aceitado. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el atestado sobre la mesa para juzgar corrupción y tráfico de influencias. Al final, parece que en Red.es el mérito no estaba en el libro blanco, sino en el libro de contactos.
La tragedia se sirve fría y con un contraste que quema. Mientras el norte de Venezuela se partía en dos el pasado 24 de junio con dos sacudidas de magnitud 7,2 y 7,5 —separadas por un suspiro de 39 segundos—, la realidad nos escupió una paradoja tecnológica digna de un chiste macabro. El país, que presume de una red nacional de menos de 40 estaciones sísmicas (una cifra que parece más una lista de compras que un sistema de seguridad), se quedó mudo. Sin alertas oficiales, sin tiempo de evacuar y con el aeropuerto internacional clausurado, el resultado fue un catálogo de horror: más de 200 muertos, 4.300 heridos y una cicatriz de devastación de 150 kilómetros que alcanzó Caracas. Pero aquí entra Google, haciendo el trabajo que el Estado dejó en el cajón. Mientras los sismógrafos oficiales dormitaban, los acelerómetros de los móviles Android se convirtieron en la única línea de defensa. Pericles Sánchez, un escritor de 39 años, se salvó literalmente gracias a un aviso en su pantalla; tuvo el tiempo justo para salir a la calle antes de que el suelo decidiera bailar. La magia es simple: el teléfono detecta las ondas P (las rápidas pero inofensivas) y le avisa al servidor de Google antes de que lleguen las ondas S, que son las que realmente derriban edificios. Es fascinante y aterrador a la vez. Google ha convertido a 2.000 millones de personas en sismógrafos involuntarios. Desde abril de 2021, han detectado 18.000 terremotos en 98 países. En California usan ShakeAlert con 1.600 sensores físicos, pero en Venezuela, donde la infraestructura es un recuerdo, dependemos de que el algoritmo de una empresa de Mountain View decida que es momento de correr. Un estudio en la revista Science de julio de 2025 lo confirma: el móvil es ahora el sismómetro del pobre.
La historia de Gilles de Rais es el manual perfecto sobre cómo el poder y la pasta blindan la depravación hasta que dejas de ser útil. Imagínate al tipo: nacido en 1404 en cuna de oro, Mariscal de Francia a los 25 años y mano derecha de Juana de Arco. El tío tenía más dinero que el propio rey Carlos VII, una fortuna que hoy haría palidecer a cualquier fondo de inversión, pero que se gastó en una fiesta privada de excesos, brujería y orgías que haría parecer un picnic la bacanal más salvaje. Cuando la cuenta bancaria empezó a dar señales de agotamiento y el 'sablazo' de su estilo de vida —que incluía un coro privado de 80 personas— se volvió insostenible, Gilles intentó jugar al químico amateur con la alquimia. Quería convertir metales en oro, básicamente intentar un 'hack' financiero medieval, pero como no funcionó, empezó a malvender sus propiedades. Ahí es donde entra la hipocresía de la aristocracia. Sus pares y el Duque de Bretaña miraban para otro lado mientras los niños del área desaparecían, porque para ellos las víctimas eran basura. Pero en cuanto Gilles se quedó sin fondos, sus crímenes se convirtieron en la excusa ideal para un 'ajuste de cuentas' patrimonial. En septiembre de 1440, el tribunal eclesiástico y civil le cayó encima. Las confesiones son para revolver el estómago: asesinatos de entre 80 y 200 menores, torturas y necrofilia. El tipo confesó todo en francés, no en latín, para que el pueblo supiera exactamente qué monstruo vivía en el castillo. Fue ahorcado y quemado el 26 de octubre de 1440. Lo curioso es que siglos después, en 1992, algunos abogados intentaron limpiar su imagen diciendo que fue un montaje político para robarle las tierras. Una jugada maestra de relaciones públicas para un tipo que disfrutaba viendo morir a niños.
Imaginen que su jefe más odiado muere, pero que el nuevo gerente, para limpiar la empresa, decide desenterrar el cuerpo, ponerle el traje de gala y sentarlo en una oficina para juzgarlo por malversación. Suena a película de terror cutre, pero en la Italia del siglo IX era el pan de cada día. Así nació el Sínodo del Terror, donde el Papa Esteban VI decidió que no bastaba con que el Papa Formoso estuviera bajo tierra; necesitaba que el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición y con gusanos haciendo turnos de guardia en sus cuencas, fuera declarado inválido. El asunto no era por santidad, sino por puro cálculo político y rencores familiares. Formoso había jugado a tres bandas entre el Sacro Imperio Romano y los Spoleto, coronando a Arnulfo de Carintia en la Basílica de San Pedro antes de que el germano pillara una parálisis hereditaria y tuviera que largarse. Formoso murió el 4 de abril de 896, pero su tranquilidad duró poco. Esteban VI, actuando como un marioneta de Lamberto de Spoleto y su madre, exhumó la momia nueve meses después. En un despliegue de hipocresía legal, Esteban acusó a Formoso de saltarse el Derecho Canónico al cambiar su sede de Porto por la de Roma. Lo irónico es que Esteban había hecho exactamente lo mismo desde Anagni, pero claro, el muerto no podía presentar una contra-demanda. El veredicto fue un sablazo histórico: papado ilegítimo y anulación de todas sus ordenaciones. Para rematar la jugada, le cortaron los tres dedos de las bendiciones y lo tiraron al río Tíber como quien tira una bolsa de basura. La historia, sin embargo, tiene un sentido del humor negro: en el año 897, la turba romana decidió que Esteban VI también debía experimentar la 'desnudez' y lo estrangularon en una celda. Al final, Teodoro II tuvo que limpiar el desastre y devolverle la dignidad al cadáver, demostrando que en el Vaticano de aquella época, el cargo de Papa tenía una esperanza de vida más corta que un contrato temporal.
El Tribunal Constitucional acaba de soltar un 'regalito' que huele a jugar con fuego. El pasado miércoles 13 de noviembre se publicó la sentencia del 31-10-2019 y, aunque suena a victoria porque declara inconstitucional el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la letra pequeña es una trampa para pardos. Básicamente, el TC dice que el impuesto de plusvalía municipal es ilegal solo si la cuota a pagar es superior al beneficio real. O sea, que si el Fisco te quita el 99% de tu ganancia, el Tribunal se encoge de hombros y te dice que aguantes el chaparrón. Para entender el nivel de cinismo, miremos el caso del Juzgado de lo Contencioso nº 32 de Madrid. Un ciudadano compró un inmueble en 2003 por 66.111,33 euros y lo vendió en 2017 por 70.355 euros. Ganancia real: 4.243,67 euros. El sablazo del impuesto: 3.560,02 euros. Estamos hablando de que el Estado se quedó con el 83,89% del beneficio. ¿Es un atraco? Para cualquier persona con sentido común, sí. Pero el TC, en un ejercicio de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil, decidió 'comprar' la idea de que si restamos gastos de transmisión (769,77 euros), el beneficio baja a 3.473,90 euros. ¡Tachán! Ahora el impuesto es superior al beneficio y ya pueden declarar la inconstitucionalidad sin admitir que un gravamen del 83% es un robo legalizado. Peor aún, ignoraron al Tribunal Supremo y su sentencia del 12-3-2019, que ya advertía que este impuesto no es un cálculo de beneficios contables. El resultado es una oportunidad perdida: el TC ha dejado la puerta abierta para que la Administración Local siga exprimiendo al contribuyente hasta la última gota, siempre y cuando no se pasen por un solo euro del total de la ganancia. Es como si te roban la cartera y el juez te dice que es legal siempre y cuando no te quiten también los zapatos.
Heredar en España es, básicamente, jugar a la lotería con el código postal. Mientras algunos se despiertan con el consuelo de que el Estado es el heredero invisible, otros descubren que su fortuna familiar es un imán para Hacienda. El debate es el de siempre: ¿es justo pagar por un dinero que ya tributó cuando se ganó, o es un 'sablazo' doble que asfixia al ciudadano? Si miramos los números con frialdad, el impuesto de sucesiones y donaciones es un rounding error para el presupuesto general; en 2016 apenas representó el 0,8% de los ingresos tributarios. O sea, que si el Estado decidiera borrarlo hoy, no tendría que apretarse el cinturón ni un milímetro. Sin embargo, la joya de la corona es la hipocresía territorial. Gracias al artículo 156 de la Constitución, las Comunidades Autónomas han convertido el impuesto en una herramienta de marketing electoral. Dependiendo de dónde residas, el hachazo es un corte limpio o una amputación, transformando la igualdad del artículo 31 constitucional en una sugerencia opcional. Para colmo, el sistema tiene un 'pase VIP' para las empresas familiares, que esquivan el tributo con una agilidad envidiable, mientras que el resto de los mortales lidiamos con la progresividad basada en el parentesco. ¿Desde cuándo el cariño es un indicador de capacidad económica? Antonio Delgado González, Inspector de Hacienda y Doctor en Derecho, sugiere una salida elegante: convertirlo en un impuesto extrafiscal. Menos hambre de recaudar y más redistribución, con un mínimo exento generoso y tipos moderados que no parezcan un castigo por haber nacido en la familia correcta. Al final, el sistema actual no busca justicia, sino que gestiona la suerte de quien hereda según la bandera de su región.
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