Crítica:
El texto original es una lista tediosa de datos que confunde 'salvar el planeta' con 'borrar carteles'. Le falta analizar si prohibir un anuncio realmente reduce la emisión de CO2 o si es solo maquillaje político.
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Holanda: Prohibido antojarte de carne y coches
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Apagones: El Gobierno delega la luz en telecos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de combatir un apagón es, básicamente, pedirle a otros que paguen la linterna. Tras el trauma del 28 de abril de 2025, cuando la Península Ibérica descubrió que vivir en el siglo XXI depende de un hilo eléctrico muy frágil, el Ejecutivo ha optado por la vía clásica: el Real Decreto. Menos ingenieros y más folios. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, soltó la noticia en el DigitalES Summit de Madrid con la naturalidad de quien te dice que la cuenta corriente está en números rojos. El plan es un 'Real Decreto de Seguridad y Resiliencia' que, para finales de 2026, obligará a las telecos a que no nos dejemos en el limbo digital. La meta es que el 75% de la población tenga cobertura durante cuatro horas si la luz decide irse de vacaciones. Pero claro, como pedirle a una empresa que instale baterías en medio campo es como pedirle al vecino que te preste el coche para mudarte, lo harán a cuentagotas: 50% el primer año, 65% el segundo y el 75% al tercero. Un goteo presupuestario para que las operadoras no sufran un infarto financiero. La jerarquía del pánico está clara. Las instalaciones de 'nivel intermedio' aguantarán 12 horas, mientras que los centros de control nacionales, los que realmente mueven los hilos, deberán resistir 24 horas sin corriente. El 112 también tendrá que presentar planes de seguridad, porque resulta que llamar a emergencias cuando no hay red es, irónicamente, una emergencia. Todo este despliegue afecta a cualquier operador con más de 500.000 usuarios o ingresos superiores a 50 millones de euros. Eso sí, la Seguridad Nacional y Defensa pasan olímpicamente de la norma; ellos ya tienen sus propios generadores y, probablemente, velas artesanales.
Hacienda: IA secreta y nosotros desnudos
El Gobierno ha decidido que la transparencia es una virtud maravillosa para el vecino, pero un lujo peligroso para el recaudador. Mientras nosotros tenemos que justificar hasta el céntimo de un café en la declaración, la Agencia Tributaria (AEAT) se ha construido un búnker digital. A través de una disposición de tapadillo en la 'Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial', publicada el 12 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha blindado sus algoritmos. Básicamente, han modificado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que sus sistemas de selección de obligados tributarios y sus IA sean 'reservados'. En lenguaje de calle: el fisco tiene un perro guardián electrónico que nos rastrea a todos, pero el dueño se niega a decirnos qué raza es el perro o dónde tiene la correa. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha saltado ya, denunciando que es inadmisible que se sorteen dictámenes de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado para instaurar este régimen de opacidad. Lo más inquietante no es solo el secreto, sino el arsenal. Ya tenemos el antecedente del expediente de contratación 23840010600 de 2023, donde Hacienda jugaba a los espías creando avatares falsos en redes sociales. Es el clásico cuento de nunca Jamás: para el sector privado, el Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689 de la UE exige ética y fiabilidad; para la Administración, basta con un 'no te lo cuento para que no lo eludas'. Mientras el ciudadano se siente en una vitrina, el Estado se pone las gafas de sol y cierra la persiana.
Joyas de Zapatero: Hacienda quiere su parte
Hay quien guarda los tickets del supermercado durante tres años para pelear una factura de la luz, y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que guardaba en la caja fuerte de su despacho un tesoro tasado en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Un detalle elegante, sin duda, pero con un aroma a contrabando que ha despertado el apetito del juez Calama. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta por unos pocos euros, aquí hablamos de una cifra que permitiría comprarse varios pisos en el centro sin pedir permiso al banco. El juez Calama, que ya tiene el radar encendido con el caso Plus Ultra, ha decidido que la Agencia Tributaria no puede quedarse mirando desde la barrera. Ha invitado a Hacienda a presentarse como la «principal perjudicada», porque, claro, cuando hay brillantes de millón y medio paseando por despachos oficiales, suele haber un agujero contable del tamaño de la Plaza Mayor. El auto es tajante: esto huele a delito contra la Hacienda Pública y a contrabando. La defensa es la de siempre, esa que se usa en las cenas familiares para justificar el gasto: herencias de Sonsoles Espinosa y «regalos de viajes». Muy conmovedor. Sin embargo, la UDEF ya está custodiando los trastos brillantes para que no desaparezcan por arte de magia. Mientras tanto, el juez ha dejado fuera a Softgestor, que quería colarse en la fiesta pero no tiene invitación ni conexión material. Al final, la historia es la misma de siempre: el lujo extremo en la cima y el rigor fiscal para los que no tienen una caja fuerte donde esconder el sol.
El 'dedazo' de 8 millones en Red.es
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en Red.es el mérito es un accesorio que se ajusta con el botón de 'borrar' y un correo electrónico. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta o ve cómo el precio del aceite sube sin permiso, en los despachos de la Administración se practicaba una gimnasia contable fascinante. Estamos hablando de ocho millones de euros en fondos europeos que, mágicamente, aterrizaron en el grupo Barrabés, socio de Begoña Gómez, quien no hizo mala sangre y firmó cartas de recomendación para aceitar el camino. La UCO ha desguazado las cuentas de Office 365 de 13 empleados y lo que ha encontrado no es un proceso de licitación, sino un guion de teatro. En los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, la meritocracia fue sustituida por el 'dedazo'. Luis Prieto, director de Economía Digital, y su adjunto José Ignacio Sánchez, operaban como directores de casting: si el candidato no encajaba en la nota deseada, se le 'cascaba un 7' para dejar paso al favorito. La empresa Everis, que se había esforzado en hacer los deberes, vio cómo sus notas se desplomaban tras una reunión el 15 de marzo de 2021. Fue el equivalente administrativo a que te bajen la nota de un examen porque el profesor quiere que gane su primo. La desfachatez alcanzó su cénit con el expediente 044/20-ED, un contrato de 4.053.500 euros para 'Acelera Pyme' con una UTE de Innova Next y KPMG. Aquí el truco fue el camuflaje: el evaluador sugirió el 30 de diciembre de 2020 ocultar que la empresa no presentó el 'libro blanco' exigido. A otros los penalizaron con notas de 2 a 4 puntos; a los amigos, se les perdonó el olvido y se les dio la máxima calificación. Todo esto ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la lupa de Juan Carlos Peinado, donde 182 folios de atestado confirman que, en el mundo de los elegidos, los pliegos son meras sugerencias.
Red.es: Notas maquilladas y dedazos millonarios
En el manual de la administración pública, el proceso de adjudicación es un camino recto: lees la oferta, puntúas y firmas. Pero en Red.es, el camino era un círculo vicioso donde el resultado ya estaba cocinado antes de encender los fogones. Mientras el ciudadano medio se pelea con el algoritmo de la Seguridad Social para una ayuda, aquí se gestionaban más de ocho millones de euros en fondos europeos con la precisión de un reparto de cartas marcadas. El atestado de la UCO, que ha rescatado correos que algunos intentaron borrar como quien borra un historial de navegación comprometido, revela una dinámica delirante. Técnicas cualificadas se vieron obligadas a jugar al 'estira y encoge' con las notas. El 19 de enero de 2021, una empleada resumía la farsa con una naturalidad aterradora: bajar un 7 a un 5 y ya estaría, que el texto se apaña luego. No era una evaluación, era un ejercicio de maquillaje contable para que la UTE de Innova Next SLU (el brazo de Juan Carlos Barrabés) y The Valley Business School quedaran como los elegidos del destino. Lo más cínico es el 'dedazo' de los superjefazos, Luis Prieto y José Ignacio Sánchez, quienes dictaban la nota objetivo y dejaban que los funcionarios redactaran la justificación. Era como si en un examen de matemáticas el profesor te dijera que la respuesta es 42 y tú tuvieras que inventar la operación para llegar a ese número. Entre el 9 de febrero y el 16 de marzo de 2021, el malestar era total: se subían notas hoy para bajarlas mañana, mientras empresas como Awakelab o Datahack eran sacrificadas en el altar de la conveniencia. Al final, la 'excelencia' no estaba en el pliego, sino en la agenda de contactos de Barrabés.
Porter a RTVE: 'He bajado al pozo'
En el ecosistema mediático actual, donde la objetividad es un unicornio y el sesgo es el menú del día, el programa Horizonte ha decidido lanzar un misil teledirigido contra la televisión pública. Carmen Porter, con la elegancia de quien sabe dónde duele, ha resumido su experiencia monitorizando RTVE como un 'descenso al pozo'. No es una crítica constructiva de esas que se dicen en los cócteles; es un dardo directo al corazón de la corporación que todos pagamos, pero que parece funcionar con un mando a distancia manejado desde el poder. El detonante fue la cobertura del caso Ábalos y la condena judicial. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta bancaria, Juan Soto Ivars comparó la televisión pública con el Canal+ de antaño: un servicio de pago donde el contenido está codificado para que solo veas lo que el operador quiere. Según Ivars, en el espacio Mañaneros 360, la noticia de la sentencia de Ábalos aterrizó como los ovnis de Independence Day: con un impacto brutal que dejó a la redacción congelada, pues el guion estaba escrito para victimizar al político y linchar al juez Peinado. La joya de la corona fue la pulla hacia Jesús Cintora. Porter, recordando que compartieron trincheras en la cadena SER, expuso la hipocresía de un presentador que parece sufrir una alergia crónica al pronunciar el nombre de la competencia. Cintora, en su programa Malas Lenguas, intentó evitar decir 'Nave del Misterio' como quien evita pisar un charco de aceite, delegando la mención en un vídeo de Alberto Ibáñez (diputado de Compromís/Sumar). Al final, lo que tenemos es un espectáculo de espejos donde la 'defensa de la democracia' es el escudo favorito para silenciar a quien no piensa como el manual de estilo de turno.
Zapatero: 10.000 euros por 'estirar las piernas'
Hay quien cobra el alquiler de un piso mensual por levantarse del sofá y subir a un avión. José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario que ha convertido su agenda de contactos en un catálogo de lujo, ha fijado su 'tarifa de desplazamiento' en 10.000 euros. Sí, han leído bien: diez mil pavos solo por el hecho de moverse, una especie de plus de aromaticidad por el simple hecho de estar presente, mientras el Grupo Gloria se encargaba de los vuelos business, los hoteles y el transporte. Es como si alguien te cobrara el desplazamiento para ir a comprar el pan, pero el pan costara una fortuna y el coche fuera un Ferrari pagado por el vecino. Según los correos de su secretaria, Gertrudis, este 'fee' de 10.000 euros era la dinámica habitual, un aperitivo antes del plato fuerte. Porque el viaje a Bolivia el pasado 13 de septiembre no era una excursión cultural; era un negocio de 200.000 euros por ayudar al Grupo Gloria a lubricar sus relaciones con el Gobierno boliviano. Pero la ingeniería financiera no se detuvo ahí. El informe de la UDEF, encargado por el juez José Luis Calama, sugiere que Zapatero también habría cobrado otros 200.000 euros para influir en la Sala Constitucional de La Paz y lograr que el Estado boliviano perdonara una deuda de 107 millones de dólares. Todo este despliegue de 'gestiones' se suma al ruido del caso Plus Ultra, donde el rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea parece haber tenido un peaje privado gestionado a través de Julio Martínez Martínez. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que le llegue el sueldo al día 20, el exlíder del PSOE operaba con contratos simulados y sociedades instrumentales, transformando la diplomacia en una oficina de gestoría de altísimo standing.
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