Crítica:
La pieza es un festín de filtraciones que deja al Gobierno desnudo, aunque se apoya excesivamente en la narrativa de un solo medio. El contraste entre la 'excelencia' pretendida y los correos internos es devastador.
La pieza es un festín de filtraciones que deja al Gobierno desnudo, aunque se apoya excesivamente en la narrativa de un solo medio. El contraste entre la 'excelencia' pretendida y los correos internos es devastador.
Hay quien guarda los tickets del supermercado durante tres años para pelear una factura de la luz, y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que guardaba en la caja fuerte de su despacho un tesoro tasado en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Un detalle elegante, sin duda, pero con un aroma a contrabando que ha despertado el apetito del juez Calama. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta por unos pocos euros, aquí hablamos de una cifra que permitiría comprarse varios pisos en el centro sin pedir permiso al banco. El juez Calama, que ya tiene el radar encendido con el caso Plus Ultra, ha decidido que la Agencia Tributaria no puede quedarse mirando desde la barrera. Ha invitado a Hacienda a presentarse como la «principal perjudicada», porque, claro, cuando hay brillantes de millón y medio paseando por despachos oficiales, suele haber un agujero contable del tamaño de la Plaza Mayor. El auto es tajante: esto huele a delito contra la Hacienda Pública y a contrabando. La defensa es la de siempre, esa que se usa en las cenas familiares para justificar el gasto: herencias de Sonsoles Espinosa y «regalos de viajes». Muy conmovedor. Sin embargo, la UDEF ya está custodiando los trastos brillantes para que no desaparezcan por arte de magia. Mientras tanto, el juez ha dejado fuera a Softgestor, que quería colarse en la fiesta pero no tiene invitación ni conexión material. Al final, la historia es la misma de siempre: el lujo extremo en la cima y el rigor fiscal para los que no tienen una caja fuerte donde esconder el sol.
En el manual de la administración pública, el proceso de adjudicación es un camino recto: lees la oferta, puntúas y firmas. Pero en Red.es, el camino era un círculo vicioso donde el resultado ya estaba cocinado antes de encender los fogones. Mientras el ciudadano medio se pelea con el algoritmo de la Seguridad Social para una ayuda, aquí se gestionaban más de ocho millones de euros en fondos europeos con la precisión de un reparto de cartas marcadas. El atestado de la UCO, que ha rescatado correos que algunos intentaron borrar como quien borra un historial de navegación comprometido, revela una dinámica delirante. Técnicas cualificadas se vieron obligadas a jugar al 'estira y encoge' con las notas. El 19 de enero de 2021, una empleada resumía la farsa con una naturalidad aterradora: bajar un 7 a un 5 y ya estaría, que el texto se apaña luego. No era una evaluación, era un ejercicio de maquillaje contable para que la UTE de Innova Next SLU (el brazo de Juan Carlos Barrabés) y The Valley Business School quedaran como los elegidos del destino. Lo más cínico es el 'dedazo' de los superjefazos, Luis Prieto y José Ignacio Sánchez, quienes dictaban la nota objetivo y dejaban que los funcionarios redactaran la justificación. Era como si en un examen de matemáticas el profesor te dijera que la respuesta es 42 y tú tuvieras que inventar la operación para llegar a ese número. Entre el 9 de febrero y el 16 de marzo de 2021, el malestar era total: se subían notas hoy para bajarlas mañana, mientras empresas como Awakelab o Datahack eran sacrificadas en el altar de la conveniencia. Al final, la 'excelencia' no estaba en el pliego, sino en la agenda de contactos de Barrabés.
En el ecosistema mediático actual, donde la objetividad es un unicornio y el sesgo es el menú del día, el programa Horizonte ha decidido lanzar un misil teledirigido contra la televisión pública. Carmen Porter, con la elegancia de quien sabe dónde duele, ha resumido su experiencia monitorizando RTVE como un 'descenso al pozo'. No es una crítica constructiva de esas que se dicen en los cócteles; es un dardo directo al corazón de la corporación que todos pagamos, pero que parece funcionar con un mando a distancia manejado desde el poder. El detonante fue la cobertura del caso Ábalos y la condena judicial. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta bancaria, Juan Soto Ivars comparó la televisión pública con el Canal+ de antaño: un servicio de pago donde el contenido está codificado para que solo veas lo que el operador quiere. Según Ivars, en el espacio Mañaneros 360, la noticia de la sentencia de Ábalos aterrizó como los ovnis de Independence Day: con un impacto brutal que dejó a la redacción congelada, pues el guion estaba escrito para victimizar al político y linchar al juez Peinado. La joya de la corona fue la pulla hacia Jesús Cintora. Porter, recordando que compartieron trincheras en la cadena SER, expuso la hipocresía de un presentador que parece sufrir una alergia crónica al pronunciar el nombre de la competencia. Cintora, en su programa Malas Lenguas, intentó evitar decir 'Nave del Misterio' como quien evita pisar un charco de aceite, delegando la mención en un vídeo de Alberto Ibáñez (diputado de Compromís/Sumar). Al final, lo que tenemos es un espectáculo de espejos donde la 'defensa de la democracia' es el escudo favorito para silenciar a quien no piensa como el manual de estilo de turno.
Hay quien cobra el alquiler de un piso mensual por levantarse del sofá y subir a un avión. José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario que ha convertido su agenda de contactos en un catálogo de lujo, ha fijado su 'tarifa de desplazamiento' en 10.000 euros. Sí, han leído bien: diez mil pavos solo por el hecho de moverse, una especie de plus de aromaticidad por el simple hecho de estar presente, mientras el Grupo Gloria se encargaba de los vuelos business, los hoteles y el transporte. Es como si alguien te cobrara el desplazamiento para ir a comprar el pan, pero el pan costara una fortuna y el coche fuera un Ferrari pagado por el vecino. Según los correos de su secretaria, Gertrudis, este 'fee' de 10.000 euros era la dinámica habitual, un aperitivo antes del plato fuerte. Porque el viaje a Bolivia el pasado 13 de septiembre no era una excursión cultural; era un negocio de 200.000 euros por ayudar al Grupo Gloria a lubricar sus relaciones con el Gobierno boliviano. Pero la ingeniería financiera no se detuvo ahí. El informe de la UDEF, encargado por el juez José Luis Calama, sugiere que Zapatero también habría cobrado otros 200.000 euros para influir en la Sala Constitucional de La Paz y lograr que el Estado boliviano perdonara una deuda de 107 millones de dólares. Todo este despliegue de 'gestiones' se suma al ruido del caso Plus Ultra, donde el rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea parece haber tenido un peaje privado gestionado a través de Julio Martínez Martínez. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que le llegue el sueldo al día 20, el exlíder del PSOE operaba con contratos simulados y sociedades instrumentales, transformando la diplomacia en una oficina de gestoría de altísimo standing.
En el ecosistema mediático actual, el periodismo de investigación ha sido sustituido por el 'periodismo de agenda', donde la noticia no se busca, se negocia como quien regatea el precio de un coche usado en un bazar. El caso de Chema Garrido, director de El Plural, es la joya de la corona de esta dinámica. Resulta que se han filtrado conversaciones del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero que dejan al descubierto que 'cerrar una entrevista' no consistía en lanzar preguntas incómodas, sino en asegurar que el entrevistado estuviera 'cómodo' y que todo saliera según el guion. Básicamente, un casting televisivo disfrazado de ejercicio informativo. Ante la evidencia de estos amaños, Garrido ha optado por la jugada maestra del manual de supervivencia política: gritar '¡cloacas!'. Según su versión en X el 24 de junio de 2026, que alguien filtre su móvil y sus pactos con la secretaria de Zapatero es una operación oscura, y no simplemente la consecuencia de que los secretos digitales tienen la vida útil de un helado al sol. Para el director, pactar fechas y dar tranquilidad al exmandatario es un 'truco común', como quien dice que ponerle azúcar al café es un hábito normal, aunque en este caso el azúcar sea la manipulación de la agenda pública. El ruido no termina ahí. Garrido ha lanzado un misil contra Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional de El Confidencial, acusándolo de publicar su teléfono. Mientras el entorno de Zapatero organizaba cenas caseras con Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, o coordinaba apariciones estratégicas en El Intermedio, la élite periodística se dedica ahora a pelearse por quién borró el tuit más rápido. Es la danza de la hipocresía: se venden como guardianes de la verdad mientras coordinan los temas para que el poder no se despeine.
En el ecosistema de Ferraz, las opiniones tienen un precio de mercado y, al parecer, el PSOE maneja un catálogo de 'consultorías' bastante flexible. Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, se presentó este jueves ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para jugar al juego de las confesiones a medias. El señor reconoce que el partido le pagó por emitir su 'opinión' sobre causas sensibles del Gobierno, aunque cuando la cosa se pone fea, se refugia en el secreto profesional como quien cierra la persiana de un comercio al primer signo de lluvia. El sumario habla de una cifra astronómica: 125.000 euros. Para que nos entendamos, es la cantidad que alguien normal invertiría en una hipoteca o en un retiro prematuro a una playa del Caribe, pero aquí servía para analizar la viabilidad de procesos judiciales. Eso sí, la ingeniería financiera de Ferraz tiene sus matices: el PSOE dice que no pagó dos facturas de 26.500 euros cada una (un total de 53.000 euros) emitidas el 10 de abril y el 23 de mayo del año pasado. ¿La razón? Una 'incompatibilidad' repentina al convertirse en el letrado de Cerdán. Es el clásico movimiento de 'te quiero, pero ya no te pago', una dinámica más propia de un divorcio tormentoso que de una gestión institucional. Teijelo, que soliviantó al juez Pedraz leyendo estatutos de abogacía para ganar tiempo, admite haber ido a reuniones con Diego Villafañe en la Fiscalía General del Estado en marzo y abril del año pasado, acompañado por Leire Díez. Esta última, que se presentaba como una 'compañera de despacho' para no levantar sospechas, parece haber sido la pieza clave en una trama para desestabilizar la justicia y desprestigiar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Mientras tanto, la lista de investigados sigue creciendo, arrastrando desde el exvicepresidente Gaspar Zarrías hasta Leticia de la Hoz, la abogada del caso Koldo, en un despliegue de 'derecho a la defensa' que huele a desesperación.
Parece que el despacho de Quirón Prevención se ha convertido en el nuevo set de grabación de una serie de espionaje de bajo presupuesto. El pasado martes 23 de junio, la Policía Nacional recibió una denuncia que hace honor al cliché: han aparecido micrófonos ocultos en la planta tercera de la empresa, justo donde Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y su equipo despliegan su magia profesional. Dos dispositivos 'no oficiales' se habían instalado cómodamente en una sala de reuniones y en el despacho de un directivo, probablemente esperando que alguien soltara alguna perla interesante sobre la gestión de la compañía en los alrededores de Nuevos Ministerios. Lo curioso es que, mientras el ciudadano medio se preocupa por si el banco le ha clavado una comisión indebida en la cuenta, en los nivelesesferos de Madrid la preocupación es que te escuchen sin permiso judicial. Porque sí, aquí no hay orden de un juez, solo una curiosidad electronically implantada. Pero esto no es un hecho aislado, es casi una rutina de belleza para el entorno de González Amador. Ya tenemos al juez Juan Carlos Peinado sudando la gota gorda con una investigación abierta por el hackeo de correos electrónicos. El 2 de abril, a las 11:39, ocurrió el 'truco de magia': los emails entre el empresario y sus abogados desaparecieron del sistema para volver seis horas después, como quien devuelve un libro prestado pero habiendo subrayado todas las páginas clave. El abogado ya ha gritado al cielo hablando de revelación de secretos y vulneración de la intimidad, mientras el juez Peinado espera que Microsoft, desde la comodidad de Estados Unidos, le explique qué pasó exactamente con ese buzón de correo. Entre micrófonos en la oficina y correos que juegan al escondite, la vida de González Amador tiene más intrigas que una telenovela de horario vespertino.
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