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Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras España arde y el humo se cuela hasta en las tazas de café, la clase política ha decidido que el momento ideal para recordarnos sus rencores es ahora. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha decidido que la mejor forma de combatir las llamas es lanzando una granada de fragmentación en X. El argumento es digno de un guion de surrealismo: el PP no lucha contra los incendios porque no quiso validar la quita de deuda del FLA ni los objetivos de estabilidad. Traduzcamos esto al idioma de la calle: el Gobierno le dice al PP que, por no aceptar un 'truco de magia' contable donde la deuda simplemente cambia de bolsillo (del regional al estatal), ahora los bosques se queman más. Mínguez presume de una infografía donde promete 83.000 millones para las autonomías, de los cuales 8.600 millones irían a Madrid. Es como si tu vecino te dijera que tu casa se quema porque no quisiste firmar un préstamo que le beneficia a él y a sus amigos, aunque el dinero acabe en el mismo cajón. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando Pedro Sánchez retuitea mensajes sobre 'actuar con responsabilidad' y 'unidad frente a la emergencia', mientras su portavoz usa la tragedia de Los Gallardos y Bédar —donde murieron 13 personas— como combustible para un ataque partidista. El Gobierno intentó colar la quita de deuda, el capricho de ERC y Junts desde noviembre de 2023, y aunque salvaron las enmiendas por 178 votos contra 170, la senda de estabilidad acabó en el cubo de la basura tras el desplante de Podemos, Compromís y el PP. Al final, mientras los bomberos sudan sangre, en el Congreso se pelean por quién tiene la cartera más grande para repartir promesas.
Hay una belleza casi poética en la gestión administrativa de este país: la capacidad de admitir que el barco tiene agujeros justo cuando el océano decide rugir. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido, en un alarde de honestidad burocrática, dejar por escrito que el material de los Parques Nacionales está, cito textualmente, "deteriorado por su uso". Lo fascinante no es que las herramientas se gasten —el hierro y el plástico no son eternos—, sino el calendario. El documento tiene fecha del 25 de junio. Para quienes no manejan el calendario de la Administración, junio es el momento en que el bosque deja de ser un paisaje para convertirse en una hoguera. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de tres euros, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha montado un expediente de 32.215,04 euros (IVA incluido) para intentar salvar los muebles. La repartición del botín es casi quirúrgica: 19.500 euros para equipos de extinción, 7.422 euros para herramientas manuales y 5.324 euros para estaciones meteorológicas. Hablamos de mangueras, lanzas y hachas Pulaski que, según la memoria, ya no dan más de sí desde la última renovación en 2023. El plan maestro es un "procedimiento abierto simplificado" con un plazo de entrega de 35 días. Es decir, que mientras el fuego corre, la burocracia camina. En lugares como Cabañeros, Las Tablas de Daimiel o los Montes de Valsaín, las brigadas tienen que seguir peleando con el equipo desgastado mientras esperan que el papeleo llegue a su destino. Es la clásica gestión de "tirar la casa por la ventana" cuando la casa ya está ardiendo, confiando en que el fuego tenga la cortesía de esperar a que el proveedor entregue los batefuegos y los rastrillos azada.
Imaginen que van al supermercado y, al llegar a la caja, descubren que el ticket incluye la compra de un yate que no pidieron y la suscripción premium a un club de lectura de la que no saben nada. Así se siente el contribuyente al mirar la nómina de altos cargos de Pedro Sánchez. Uno de cada cuatro puestos en la Administración estatal es, básicamente, un 'invento' creativo. Estamos hablando de una ingeniería financiera donde el coste de estos cargos superfluos supera los 20 millones de euros anuales. Dinero que vuela mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el sueldo llegue al día 30. La lista es un catálogo de surrealismo administrativo. Tenemos a José Ramón Becerra, ingeniero técnico industrial, cobrando unos 100.000 euros como director general de Derecho de los Animales. O Manuel Villora, con unos 90.000 euros, presidiendo la Autoridad Independiente para la Protección al Informante; un organismo que Félix Bolaños lanzó en 2025 para proteger 'chivatos', aunque el PSOE parece tener una relación de amor-odio con los delatores cuando aparecen nombres como Víctor Aldama en el caso Ábalos. Pero lo mejor es la 'colección de comisionados'. Hay quien cobra 125.000 euros por celebrar que España lleva 50 años en libertad (un cargo que ya debería estar jubilado en 2026), o el Comisionado para la Reconstrucción de La Palma que percibe 127.000 euros mientras las ayudas prometidas siguen en el limbo. Sumemos a la Comisionada para la Dana (128.000 euros) y a la del Perte de la Salud de Vanguardia (131.000 euros). El salario medio de este ejército de invisibles supera los 120.000 euros. Es el arte de crear puestos para recolocar amigos, donde la formación es un detalle opcional y la función real es un misterio digno de novela policíaca.
Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris con el mapa mundial, intentando encajar a sus piezas favoritas en los sillones más caros de la diplomacia internacional. Mientras en casa los Presupuestos de 2027 parecen un sueño febril y la imagen del Gobierno tiene más manchas que una camisa de cocinero, Moncloa se lanza a una partida de póker de alto riesgo. El objetivo: limpiar el escaparate exterior situando a sus cargos en la élite global antes de que llegue el inevitable adelanto electoral de principios de 2027. La jugada maestra empieza con Yolanda Díaz, lanzada este jueves hacia la dirección de la OIT en Ginebra para las elecciones de noviembre. Es el primer examen: intentar vender 'justicia social' mientras el ruido de los casos de corrupción del PSOE empieza a sonar demasiado fuerte en los oídos de los inversores. Pero Sánchez no se detiene ahí. Quiere que Luis Planas tome el mando de la FAO en junio de 2027, aunque para ello tendrá que pelearse con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina. Es como intentar colarse en la zona VIP de un festival con una acreditación caducada; hace falta un lobby agresivo y mucha cara. El movimiento más surrealista, digno de una comedia de enredos, es el de Pablo Hernández de Cos. Sánchez, que hace poco miraba con recelo al exgobernador por venir de la era Rajoy, ahora lo abraza para intentar colocarlo en la presidencia del BCE tras la salida de Christine Lagarde en octubre de 2027. Lo venden como una 'visión de país', pero en la calle sabemos que es el clásico 'enemigo de mi enemigo es mi socio'. Tras el fracaso estrepitoso de intentar colar a Leire Pajín como número dos del Consejo de Europa, el presidente necesita victorias rápidas. Si logra estos puestos, podrá decir que el mundo lo respeta, aunque en España el presupuesto sea un agujero negro y la legislatura esté más agotada que un corredor de maratón en el kilómetro 42.
Hay una diferencia abismal entre el marketing de despacho y la realidad del terreno, y Pedro Sánchez acaba de darnos una masterclass. El pasado 21 de mayo, con la pompa de quien inaugura un parque temático, presumió en Torrejón de Ardoz del «mayor despliegue del Estado» de la historia. Prometió que el Airbus A400M, el famoso 'Dumbo' con kit antiincendios, sería la joya de la corona. Pero 65 días después, mientras la Sierra Oeste de Madrid sufre el «peor incendio de la historia», el kit sigue en fase de pruebas. Es como comprarse el último iPhone por catálogo y descubrir que, cuando llega el incendio, el teléfono sigue en la caja y sin batería. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, Emmanuel Macron ha hecho lo que en España parece ciencia ficción: acelerar la burocracia. El ministro Sébastien Lecornu ordenó adelantar la puesta a punto del A400M y este sábado ya estaba vertiendo 20.000 litros de retardante sobre Gironda. En Francia, el proceso fue un debate nacional; aquí, es un silencio sepulcral. La diferencia de capacidad es brutal: el A400M mueve el triple de agua que un Canadair. Pero claro, nosotros seguimos tirando de la solidaridad europea, mendigando cuatro hidroaviones CL-415 (dos de Grecia y dos de Italia) para intentar salvar lo que queda de Ávila y Toledo. La hipocresía se cocina a fuego lento. Sánchez prometió diez aviones anfibios; la realidad es que solo hay siete FOCA operativos. El resultado es una factura catastrófica: 45.000 hectáreas calcinadas y 100.000 personas entre evacuados y confinados. Mientras el presidente vuela 90 km en Super Puma para hacer acto de presencia, el ciudadano de a pie descubre que el «kit apagafuegos» es, de momento, una promesa de campaña que no sirve ni para encender una barbacoa.
Hay una técnica de magia contable muy extendida en los despachos de Madrid: consiste en gritar muy fuerte cuánto pagas en impuestos para que nadie se fije en lo que no devuelves. Plus Ultra ha aplicado este manual de supervivencia ante la Audiencia Nacional. Sus directivos, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han presentado unos escritos donde presumen de haber soltado 46,3 millones de euros en impuestos y Seguridad Social entre 2021 y 2026. Es el equivalente a que un vecino te diga que es un ciudadano ejemplar porque paga la tasa de basuras, mientras sigue debiéndote el dinero del alquiler desde hace tres años. Porque aquí está la madre del cordero: de los 53 millones de euros del rescate concedido en marzo de 2021 vía FASEE, la compañía solo ha devuelto 11,98 millones en intereses (de unos 13,1 millones devengados). El principal, ese montón de dinero público que debería volver a casa, sigue intacto. Ahora, con la cara dura que solo da el dinero ajeno, negocian aplazar la deuda del préstamo ordinario (19 millones) y el participativo (34 millones) hasta 2028. Pero lo más jugoso no es el impago, sino la 'mordida'. Los documentos admiten que 527.417 euros del rescate acabaron en manos de intermediarios vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor es que la propia defensa admite que las facturas eran 'inciertos', un eufemismo elegante para decir que los informes fueron un invento o que eran irrelevantes. Todo esto se cocinó entre WhatsApps de Rodolfo Reyes hablando de 'lacayos' y 46 billetes de avión en business valorados en 69.000 euros. Mientras la facturación subió de 56,6 millones en 2021/2022 a 215,7 millones en 2025/2026, el Estado sigue esperando que el dinero público deje de ser un préstamo perpetuo.
Gestionar la flota de aviones antiincendios en España es, hoy por hoy, como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un SEAT Panda que no arranca y tiene el motor pegado con cinta americana. El Gobierno nos vende el «mayor despliegue del Estado», pero la letra pequeña es un poema al surrealismo administrativo. Mientras el país arde y más de 40.000 personas en Madrid y Ávila han tenido que hacer las maletas por urgencia, el Ejecutivo acaba de mandar a la basura un contrato de 24 millones de euros de fondos europeos. Sí, han extinguido el proyecto de modernización de los CL-215T serie 5, un plan que llevaba abierto desde 2022 con «declaración de urgencia». Urgencia es una palabra curiosa cuando te toma cuatro años decidir que, al final, no vas a hacer nada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sabe perfectamente que sus naves son piezas de museo. En la memoria del contrato, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admitían que la flota está obsoleta y llena de averías recurrentes. Tienen una edad media de 30 años y el objetivo era estirarlos hasta los 45. Pero claro, entre la burocracia y la inoperancia, pasamos de los 18 aviones anfibios que teníamos en 2018 a los 10 prometidos por Pedro Sánchez en mayo. Y aquí viene el chiste: de esos 10, solo siete están operativos. El resto son básicamente pisapapeles con alas. Ahora, con el verano apretando, el Gobierno pide a las comunidades que sean «prudentes» y «dosifiquen» la respuesta. Traducido al lenguaje de la calle: «No nos pidáis milagros porque no tenemos aviones que vuelen». Es la gestión de la escasez disfrazada de eficiencia.
España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con sus montes en julio de 2026, y el resultado es el de siempre: Almería, Madrid, Guadalajara y Ávila calcinadas. Mientras la narrativa oficial se refugia en el 'cambio climático' como si fuera un acto de fuerza mayor, la realidad es que hemos convertido nuestros bosques en auténticos polvorines. La factura es obscena: 10.000 millones de euros el curso pasado. Para que nos entendamos, es un sablazo que hace que cualquier lista de la compra parezca un ahorro, sumando desde la extinción hasta la reconstrucción de infraestructuras. La hipocresía alcanza niveles artísticos en el aeropuerto de Salamanca. Allí descansan dos Canadair Super Scooper de Bridger Aerospace, operados por Avincis, cogiendo polvo mientras el país arde. ¿El motivo? Un orgullo burocrático. Al parecer, el Gobierno prefiere ver arder hectáreas antes que admitir que necesita alquilar aviones que alguna vez fueron suyos, ya que solo 6 de sus 14 aviones estatales están operativos. Es como dejar que se queme la casa por no admitir que perdiste las llaves del extintor. Pero el verdadero agujero no está en el aire, sino en el suelo. Hemos sustituido a las cabras y ovejas —que hacían la limpieza del monte gratis y sin pedir permisos— por una maraña de normativas asfixiantes. Juan Luis Delgado, de Asaja, lo dejó claro en agosto de 2025: el despoblamiento y la burocracia han matado la gestión activa. El Ministerio para la Transición Ecológica soltó 187,7 millones de euros para medios aéreos (2025-2027), pero gastar en mangueras cuando el monte es una alfombra de gasolina es darle una tirita a un amputado. Con el 95% de los fuegos originados por humanos, el clima es la excusa perfecta para ocultar que hemos abandonado el campo a cambio de un sello administrativo.
Hay un arte muy sofisticado en el acto de regalar algo para quedar como un filántropo global mientras, en realidad, estás despejando el armario de trastos viejos. El Centro Nacional de Biotecnología y el CSIC diseñaron una vacuna contra la covid que, en agosto de 2023, fue entregada gratuitamente a la OMS. Un gesto noble, dirían los optimistas. Un 'quítame esto de aquí', diría cualquiera que sepa leer entre líneas. Tres años después, la joya de la corona española sigue en el limbo. Ni una sola persona ha recibido la dosis; los ensayos clínicos en humanos (Fase I, II o III) son, hoy por hoy, una leyenda urbana. El Ministerio de Diana Morant, a través de una resolución firmada el 16 de abril de 2026 por Eva Ortega Paíno, ha confirmado que el proyecto tiene el ritmo de una tortuga con anemia: cero avances en licencias, cero fabricación y cero distribución. Lo más fascinante es la gestión del presupuesto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con el recibo de la luz, el Estado presume de que 'no aplica' gastar un solo euro más desde febrero de 2025. El trabajo de los investigadores Juan García Arriaza y Mariano Esteban terminó en un archivo que la OMS parece haber guardado en el cajón de los calcetines desparejados. THE OBJECTIVE tuvo que tirar de Ley de Transparencia para que la Administración admitiera que, desde que se dieron la mano en 2023, no ha pasado absolutamente nada. Hemos pasado de la vanguardia biotecnológica al silencio administrativo más absoluto, envolviendo la inacción en un papel de regalo llamado 'cooperación internacional'.
Hay una magia casi mística en el funcionamiento de ciertas instituciones públicas: la capacidad de convertir una trayectoria profesional cuestionable en un cheque blindado. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido, por fin, abrir la persiana de la transparencia para dejarnos ver el festín de Miguel López de Foronda Pérez. El currículum es una obra de arte del retorno: entró en 1998 por oposición, se fue de excedencia en 2007 y regresó en octubre de 2020, no como un empleado más, sino como Director General de Riesgos y Control Financiero. Lo fascinante no es el cargo, sino el pedigrí. Foronda venía de ser el cerebro financiero de Aldesa Construcciones, esa constructora ligada a China Railway Construction Corporation (CRCC) y, por extensión, al ecosistema de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca y ve cómo el precio del aceite sube como la espuma, Foronda se paseaba por el ICO cobrando sueldos que harían palidecer a cualquier mortal. En 2021 se embolsó 134.947,91 euros; en 2022, la cifra subió a 139.647,94 euros; y en 2023, entre enero y noviembre, se aseguró otros 132.947,26 euros. Para redondear la jugada, los últimos meses de 2020 le supieron otros 24.287,69 euros. El ICO, con una solemnidad envidiable, justifica el nombramiento alegando que la Abogacía del Estado dio el visto bueno y que el señor cumplía los requisitos. Eso sí, el contrato terminó en noviembre de 2023 por 'mutuo acuerdo', sin indemnizaciones, como quien rompe una relación sentimental sin escenas. La joya de la corona es la abstención selectiva: Foronda dice que no quiso intervenir en asuntos de 'una empresa determinada' para evitar conflictos. El ICO lo confirma, pero —casualmente— no dice el nombre de la empresa. Un misterio digno de Agatha Christie financiado con dinero público.
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Rosa Muñoz