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Hay gestos que, en el lenguaje de la administración, se llaman 'reforzar la gestión'. En el lenguaje de la calle, se llaman 'tirar un caramelo para que no haya ruido'. Fernando Marlaska ha decidido soltar 290.850 euros destinados a ACNUR. El objetivo, según el papel oficial, es agilizar el asilo, poniendo el foco especialmente en las solicitudes de MENAS. Para quien maneje presupuestos de Estado, esa cifra es básicamente el cambio que sobra en la caja después de pagar las cenas de Navidad del ministerio. Sin embargo, mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con pánico, aquí se despliegan casi trescientos mil euros con la naturalidad de quien pide una ración de bravas. Es la clásica ingeniería financiera del 'parche': ponemos dinero en una agencia externa para que el problema de los menores no immigrants no termine estallando en el despacho del ministro. Lo irónico es el contraste. Nos venden una 'gestión reforzada' mediante una transferencia bancaria, como si el asilo fuera una aplicación de móvil que se soluciona comprando una suscripción Premium. El dinero fluye hacia ACNUR, pero la burocracia, esa bestia lenta que devora expedientes, sigue ahí, intacta. Al final, el movimiento es más una cuestión de relaciones públicas que de eficiencia operativa. Se firma el cheque, se lanza la noticia y se espera que el ruido mediático sobre la situación de los menores se calme con el brillo de los 290.850 euros. Un movimiento maestro de distracción presupuestaria donde el problema real sigue esperando en la cola, pero ahora con un sello oficial de 'estamos en ello'.
Hay niveles de desesperación que hacen que cualquier menú parezca un banquete, incluso si el plato principal es una carpa tóxica pescada a mano en un embalse prohibido. El pasado 8 de septiembre, la realidad en Ceuta se resumió en bolsas de plástico llenas de peces que son, básicamente, cápsulas de riesgo sanitario. No hay cañas, no hay cebos; hay manos desesperadas y un hambre que ignora que el agua del embalse del Renegado no pasa ningún control sanitario precisamente porque no es apta para el consumo humano. Mientras el ciudadano medio se piensa tres veces si el aguacate del súper está demasiado maduro, aquí hay personas que, tras la entrada masiva de finales de julio, juegan a la ruleta rusa alimenticia. Lo más fascinante es la coreografía de la negligencia institucional. El espacio es propiedad estatal, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y bajo la tutela de la Delegación del Gobierno. En teoría, es un recinto vedado; en la práctica, es un buffet libre de riesgos biológicos sin un solo guardia que vigile la entrada. La gestión del territorio en Ceuta parece haberse convertido en una sugerencia más que en una norma. Ya tuvimos el episodio del ánsar, un ave protegida que terminó siendo cena, y los colegios ocupados justo antes del inicio del curso. El contraste es sangrante: para el vecino, el perímetro es un muro infranqueable; para quien no tiene nada, es una puerta abierta a una intoxicación grave. No es solo una cuestión de seguridad alimentaria, es el retrato de un Estado que sabe contar los inmigrantes que entran, pero olvida vigilar dónde comen y cómo sobreviven en el limbo de la irregularidad.
Hay una magia casi mística en la forma en que el dinero público se evapora cuando cruza el Atlántico. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, José Manuel Albares ha decidido que Paraguay necesita un soplo de aire fresco. Y ese soplo, curiosamente, tiene un precio exacto: 250.000 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de un plan de «ecoturismo» que suena a folleto brillante diseñado en un despacho con aire acondicionado en Madrid. La ingeniería financiera es sencilla: se etiqueta el gasto como 'estratégico' y se lanza la moneda al aire en tierras guaraníes. Para alguien que paga el alquiler y ve cómo la luz sube sin pedir permiso, 250.000 euros no son un 'plan de fomento', son el presupuesto de varias vidas o la solución a un montón de agujeros contables domésticos. Lo fascinante es la narrativa. El ecoturismo es el refugio perfecto para el gasto opaco: es verde, es sostenible y, sobre todo, es muy difícil de medir en resultados inmediatos. Mientras tanto, en los mercados, el Ibex 35 cae un 1,60% y Telefónica se desangra con un 3,12% menos, recordándonos que la economía real es un campo de minas. Pero en el mundo de la diplomacia, el dinero no se gasta, se 'invierte' en conceptos etéreos. Al final, el balance es el de siempre. Unos pocos nombres en una lista de invitados, un hotel con vistas y un cheque de cuarto de millón que se firma sin que tiemble el pulso. La sostenibilidad, al parecer, es mucho más barata cuando la paga el contribuyente que la que el político presume en el discurso.
Hay recuerdos que son como una factura mal cobrada: vuelven siempre para recordarte que alguien se ha aprovechado. Jaime Mayor Oreja, el hombre que manejó el Interior con mano de hierro, ha decidido que la inauguración de una exposición de Gregorio Ordóñez en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid era el momento perfecto para hacer memoria. El exministro ha rescatado un episodio de julio de 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar —recién aterrizado en la Moncloa— se encontró con 103 inmigrantes irregulares en Melilla. Para Mayor Oreja, resolver aquello fue una odisea digna de un thriller político: cinco o seis viajes a África para devolver a la gente 'individualmente'. Lo dice con una nostalgia casi conmovedora, admitiendo que 'rozaron la legalidad'. Traducido al lenguaje de la calle: hicieron lo que pudieron saltándose algunas normas para que el problema desapareciera en una semana. Ahora, el exministro mira el espejo retrovisor y compara esos 103 casos con los 70.000 que han llegado este verano a Ceuta, usando la cifra como un mazo para golpear la gestión de Pedro Sánchez. La narrativa es clara: mientras ellos hacían maletas y negociaban cara a cara, el Gobierno actual, según Oreja, aplica una 'política de tierra quemada'. El análisis del presidente de NEOS no se queda en la frontera; se extiende al País Vasco y Cataluña, sugiriendo que Sánchez busca una España débil para que, al final, no quede más remedio que darle la razón a ETA, a ERC o a Marruecos. Es la eterna danza política: convertir un agujero administrativo en un proyecto conspirativo de debilitamiento nacional. Al final, cuando le preguntan por dimisiones, Mayor Oreja suspira. No pide lo imposible, porque sabe que en el tablero del poder, la vergüenza es un activo que cotiza a cero.
Hay quien dice que en la geopolítica no existen las casualidades, sino los agujeros contables convenientemente disfrazados. El caso del diésel marroquí es el ejemplo perfecto de esa 'magia' administrativa. Resulta que Marruecos, que desde el cierre de la planta de Samir en Mohammedia en 2016 no puede refinar ni una gota de combustible por su cuenta, ha estado jugando a ser el distribuidor estrella de España. Pero en julio, el grifo se cerró en seco. Pasamos de las 58.000 toneladas de junio a unas miserables 8.000 toneladas. Un desplome que ocurre, convenientemente, cuando Rusia empieza a restringir sus exportaciones tras los ataques ucranianos a sus refinerías. La aritmética es sencilla y huele a queroseno: si Marruecos no produce, pero importa 4,34 millones de toneladas de diésel en el primer semestre de 2026 (con Rusia como proveedor principal aportando 1,35 millones), ¿de dónde salía ese combustible que inundó España en los primeros seis meses del año con 239.000 toneladas? Es como si tu vecino te vendiera gasolina barata diciendo que es de un huerto orgánico, mientras lo ves descargar camiones de una petrolera sancionada por la puerta de atrás. Mientras tanto, la Unión Europea mantiene el veto al crudo ruso desde febrero de 2023, pero en las aguas de Ceuta se han montado auténticos mercadillos de barco a barco (STS), permitiendo que Moscú embolsara unos 1.000 millones de euros. España, en un ejercicio de equilibrio hipócrita, sigue comprando gas ruso vía Naturgy y Repsol hasta 2027 alegando contratos antiguos. Al final, el tablero es claro: nosotros enviamos 1,4 millones de toneladas de productos petrolíferos a Rabat en siete meses, y ellos nos devuelven un diésel que, sospechamos, tiene pasaporte ruso y un maquillaje marroquí muy ligero.
En Castilla-La Mancha, conseguir una vivienda pública se ha convertido en una lotería donde, según Vox, el boleto tiene más probabilidades de salir premiado si no tienes el DNI español. David Moreno, presidente del grupo parlamentario de la formación, ha soltado una bomba aritmética que huele a campaña electoral: los extranjeros tendrían el doble de oportunidades que los locales para colarse en una VPO. Los números, que Moreno califica de 'tozudos', cuentan que el 22% de las casas públicas acaban en manos extranjeras, mientras que este colectivo solo representa el 12% de la población regional. Traducido al lenguaje de la calle: mientras el vecino de toda la vida hace cola con el ticket en la mano, la tasa de acceso para los españoles se desploma al 0,49 respecto a la población inmigrante. Pero el verdadero chiste —de los que no hacen gracia— no es solo quién entra, sino cuántas puertas hay abiertas. Aquí es donde entra Gicaman, la empresa pública encargada de que la gente no duerma bajo un puente. Vox denuncia que en los últimos diez años se han entregado menos de 300 viviendas construidas directamente. Menos de 300 en una década. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno prometiera un banquete para toda la región y al final solo sirviera un plato de gambas para repartir entre miles de personas. Una parálisis casi absoluta que convierte la vivienda protegida en un unicornio: todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve. Mientras tanto, las familias que llevan una vida pagando impuestos se quedan mirando el catálogo de criterios asistenciales, descubriendo que, en la escala de prioridades de Emiliano García-Page, ser de la tierra parece ser el requisito que menos puntos suma.
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere borrar los pasos con un temporizador de WhatsApp. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las altas esferas de la Fiscalía General del Estado se manejan 'borradores teóricos' que parecen más un manual de instrucciones para aniquilar al adversario que un análisis jurídico. Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, decidió que la querella de Hazte Oír contra Leire Díez —la supuesta 'fontanera' del PSOE— no era solo infundada, sino 'temeraria'. Y no se quedó en la crítica elegante; el 20 de junio del año pasado, Villafañe envió a Badajoz un archivo cuyo nombre no dejaba lugar a dudas: 'querella temeraria Hazte Oír Badajoz'. Básicamente, le sugirió al Ministerio Público que, en lugar de mirar los indicios de las 'cloacas', le metieran un sablazo económico a la asociación por atrevida. Lo más cómico de esta tragicomedia es la danza de los fiscales. José Luis Alonso Tejuca, el jefe de Badajoz, dice que todo fue un 'debate sobre competencia', pero el papel aguanta todo, y el papel dice que la Fiscalía General quería sancionar a quien denunciaba que Leire Díez ofrecía 'dádivas' a funcionarios para desprestigiar a la UCO. Al final, el fiscal Diego Yebra ignoró la petición de la sanción, pero mantuvo la línea de que no había delito. Para rematar la jugada, cuando el juez Santiago Pedraz pidió las pruebas, apareció la magia tecnológica: los mensajes de Villafañe desaparecen cada 24 horas. Una conveniencia digital digna de una película de espías, mientras en la agenda de Díez figuraba el plan maestro: 'Paso 1: destruir procedimiento'. Así se gestiona el jardín del Estado: con borradores agresivos y chats que se evaporan como el presupuesto público.
Gestionar el traslado de miles de personas con un puñado de agentes es como intentar frenar un tsunami con un paraguas roto. Así empezó la jornada en Ceuta a las 6:30 horas, cuando la Guardia Civil intentó agrupar a los migrantes del Trampolín. El resultado fue una carrera desenfrenada hacia la playa de Benítez y luego hacia la zona industrial, una marea humana que dejó en evidencia la aritmética creativa del Ministerio del Interior. Mientras el ciudadano medio se pelea por un hueco en el parking del súper un sábado por la mañana, aquí el caos era estructural. El Ministerio, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, juega al bingo con los efectivos. Las fuentes sobre el terreno hablan de 70 policías de las Unidades de Intervención Policial intentando contener el desbordamiento. Pero claro, en el despacho oficial la cifra sube mágicamente a 170, porque el Gobierno ha decidido que un dron cuenta como un agente. Es una ingeniería contable fascinante: sumar aparatos voladores para maquillar la falta de botas en el suelo. La tensión escaló con cargas policiales antes de que el acceso al Muelle de Poniente se ordenara a las 9:30 horas, donde la bienvenida consistió en una pulsera azul, agua y zumos, mientras los operarios seguían montando las literas en tiempo real. Una improvisación de manual. El sindicato Jupol no se ha callado, denunciando que los agentes han tenido que 'poner el cuerpo' para parchear la falta de planificación. Al final, el guion es siempre el mismo: el Gobierno decide el 'qué' y el 'cuándo', pero el 'cómo' se lo dejan a la suerte y a la integridad física de unos policías que se sienten carne de cañón en un operativo diseñado sobre una servilleta.
El pánico tiene un ritmo muy previsible: primero llega la noticia, luego el miedo y al final el comunicado oficial diciendo que 'está todo bajo control'. En Ceuta, el guion se ha repetido con un menor marroquí de 13 años, residente en un centro de acogida, que ha dado el primer positivo de mpox. El chaval llegó a la ciudad autónoma a finales de julio y, tras el sello de confirmación del Instituto de Salud Carlos III, se ha activado el protocolo de aislamiento. Básicamente, el menor está ahora mismo en una especie de 'estancia VIP' sanitaria dentro de su propio recinto, lejos de los abrazos y las sábanas compartidas. Lo irónico es que mientras el Ministerio de Sanidad y la RENAVE nos venden una maquinaria de vigilancia suiza, la realidad en el terreno es que los sistemas sanitarios están tan saturados que han convocado huelgas, dejando que organizaciones como Médicos del Mundo hagan el trabajo sucio y noble de parchear los agujeros del sistema. Es el clásico contraste español: protocolos de vanguardia en el papel, pero personal sanitario que no llega a fin de mes ni a fin de turno. Para los que ya están buscando el búnker, Francisco Javier Membrillo (SEIMC) y Margarita del Val (CSIC) intentan bajar las pulsaciones. Nos explican que esto no es el COVID ni la viruela antigua; es una patología 'razonablemente benigna' que se contagia por contacto piel con piel o fluidos, no por el aire como si fuera un hechizo. El virus es honesto: no contagia hasta que aparecen los síntomas (fiebre, ganglios inflamados y esas pústulas que parecen sacadas de una película de terror). Amos García, de la OMS, confirma que la letalidad es baja. En resumen: tenemos un caso aislado en un sistema sanitario que hace aguas, pero una medicina que sabe exactamente qué hacer con el virus.
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Joan Ramos