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Hay una técnica de magia contable muy extendida en los despachos de Madrid: consiste en gritar muy fuerte cuánto pagas en impuestos para que nadie se fije en lo que no devuelves. Plus Ultra ha aplicado este manual de supervivencia ante la Audiencia Nacional. Sus directivos, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han presentado unos escritos donde presumen de haber soltado 46,3 millones de euros en impuestos y Seguridad Social entre 2021 y 2026. Es el equivalente a que un vecino te diga que es un ciudadano ejemplar porque paga la tasa de basuras, mientras sigue debiéndote el dinero del alquiler desde hace tres años. Porque aquí está la madre del cordero: de los 53 millones de euros del rescate concedido en marzo de 2021 vía FASEE, la compañía solo ha devuelto 11,98 millones en intereses (de unos 13,1 millones devengados). El principal, ese montón de dinero público que debería volver a casa, sigue intacto. Ahora, con la cara dura que solo da el dinero ajeno, negocian aplazar la deuda del préstamo ordinario (19 millones) y el participativo (34 millones) hasta 2028. Pero lo más jugoso no es el impago, sino la 'mordida'. Los documentos admiten que 527.417 euros del rescate acabaron en manos de intermediarios vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor es que la propia defensa admite que las facturas eran 'inciertos', un eufemismo elegante para decir que los informes fueron un invento o que eran irrelevantes. Todo esto se cocinó entre WhatsApps de Rodolfo Reyes hablando de 'lacayos' y 46 billetes de avión en business valorados en 69.000 euros. Mientras la facturación subió de 56,6 millones en 2021/2022 a 215,7 millones en 2025/2026, el Estado sigue esperando que el dinero público deje de ser un préstamo perpetuo.
Gestionar la flota de aviones antiincendios en España es, hoy por hoy, como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un SEAT Panda que no arranca y tiene el motor pegado con cinta americana. El Gobierno nos vende el «mayor despliegue del Estado», pero la letra pequeña es un poema al surrealismo administrativo. Mientras el país arde y más de 40.000 personas en Madrid y Ávila han tenido que hacer las maletas por urgencia, el Ejecutivo acaba de mandar a la basura un contrato de 24 millones de euros de fondos europeos. Sí, han extinguido el proyecto de modernización de los CL-215T serie 5, un plan que llevaba abierto desde 2022 con «declaración de urgencia». Urgencia es una palabra curiosa cuando te toma cuatro años decidir que, al final, no vas a hacer nada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sabe perfectamente que sus naves son piezas de museo. En la memoria del contrato, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admitían que la flota está obsoleta y llena de averías recurrentes. Tienen una edad media de 30 años y el objetivo era estirarlos hasta los 45. Pero claro, entre la burocracia y la inoperancia, pasamos de los 18 aviones anfibios que teníamos en 2018 a los 10 prometidos por Pedro Sánchez en mayo. Y aquí viene el chiste: de esos 10, solo siete están operativos. El resto son básicamente pisapapeles con alas. Ahora, con el verano apretando, el Gobierno pide a las comunidades que sean «prudentes» y «dosifiquen» la respuesta. Traducido al lenguaje de la calle: «No nos pidáis milagros porque no tenemos aviones que vuelen». Es la gestión de la escasez disfrazada de eficiencia.
España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con sus montes en julio de 2026, y el resultado es el de siempre: Almería, Madrid, Guadalajara y Ávila calcinadas. Mientras la narrativa oficial se refugia en el 'cambio climático' como si fuera un acto de fuerza mayor, la realidad es que hemos convertido nuestros bosques en auténticos polvorines. La factura es obscena: 10.000 millones de euros el curso pasado. Para que nos entendamos, es un sablazo que hace que cualquier lista de la compra parezca un ahorro, sumando desde la extinción hasta la reconstrucción de infraestructuras. La hipocresía alcanza niveles artísticos en el aeropuerto de Salamanca. Allí descansan dos Canadair Super Scooper de Bridger Aerospace, operados por Avincis, cogiendo polvo mientras el país arde. ¿El motivo? Un orgullo burocrático. Al parecer, el Gobierno prefiere ver arder hectáreas antes que admitir que necesita alquilar aviones que alguna vez fueron suyos, ya que solo 6 de sus 14 aviones estatales están operativos. Es como dejar que se queme la casa por no admitir que perdiste las llaves del extintor. Pero el verdadero agujero no está en el aire, sino en el suelo. Hemos sustituido a las cabras y ovejas —que hacían la limpieza del monte gratis y sin pedir permisos— por una maraña de normativas asfixiantes. Juan Luis Delgado, de Asaja, lo dejó claro en agosto de 2025: el despoblamiento y la burocracia han matado la gestión activa. El Ministerio para la Transición Ecológica soltó 187,7 millones de euros para medios aéreos (2025-2027), pero gastar en mangueras cuando el monte es una alfombra de gasolina es darle una tirita a un amputado. Con el 95% de los fuegos originados por humanos, el clima es la excusa perfecta para ocultar que hemos abandonado el campo a cambio de un sello administrativo.
Hay un arte muy sofisticado en el acto de regalar algo para quedar como un filántropo global mientras, en realidad, estás despejando el armario de trastos viejos. El Centro Nacional de Biotecnología y el CSIC diseñaron una vacuna contra la covid que, en agosto de 2023, fue entregada gratuitamente a la OMS. Un gesto noble, dirían los optimistas. Un 'quítame esto de aquí', diría cualquiera que sepa leer entre líneas. Tres años después, la joya de la corona española sigue en el limbo. Ni una sola persona ha recibido la dosis; los ensayos clínicos en humanos (Fase I, II o III) son, hoy por hoy, una leyenda urbana. El Ministerio de Diana Morant, a través de una resolución firmada el 16 de abril de 2026 por Eva Ortega Paíno, ha confirmado que el proyecto tiene el ritmo de una tortuga con anemia: cero avances en licencias, cero fabricación y cero distribución. Lo más fascinante es la gestión del presupuesto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con el recibo de la luz, el Estado presume de que 'no aplica' gastar un solo euro más desde febrero de 2025. El trabajo de los investigadores Juan García Arriaza y Mariano Esteban terminó en un archivo que la OMS parece haber guardado en el cajón de los calcetines desparejados. THE OBJECTIVE tuvo que tirar de Ley de Transparencia para que la Administración admitiera que, desde que se dieron la mano en 2023, no ha pasado absolutamente nada. Hemos pasado de la vanguardia biotecnológica al silencio administrativo más absoluto, envolviendo la inacción en un papel de regalo llamado 'cooperación internacional'.
Hay una magia casi mística en el funcionamiento de ciertas instituciones públicas: la capacidad de convertir una trayectoria profesional cuestionable en un cheque blindado. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido, por fin, abrir la persiana de la transparencia para dejarnos ver el festín de Miguel López de Foronda Pérez. El currículum es una obra de arte del retorno: entró en 1998 por oposición, se fue de excedencia en 2007 y regresó en octubre de 2020, no como un empleado más, sino como Director General de Riesgos y Control Financiero. Lo fascinante no es el cargo, sino el pedigrí. Foronda venía de ser el cerebro financiero de Aldesa Construcciones, esa constructora ligada a China Railway Construction Corporation (CRCC) y, por extensión, al ecosistema de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca y ve cómo el precio del aceite sube como la espuma, Foronda se paseaba por el ICO cobrando sueldos que harían palidecer a cualquier mortal. En 2021 se embolsó 134.947,91 euros; en 2022, la cifra subió a 139.647,94 euros; y en 2023, entre enero y noviembre, se aseguró otros 132.947,26 euros. Para redondear la jugada, los últimos meses de 2020 le supieron otros 24.287,69 euros. El ICO, con una solemnidad envidiable, justifica el nombramiento alegando que la Abogacía del Estado dio el visto bueno y que el señor cumplía los requisitos. Eso sí, el contrato terminó en noviembre de 2023 por 'mutuo acuerdo', sin indemnizaciones, como quien rompe una relación sentimental sin escenas. La joya de la corona es la abstención selectiva: Foronda dice que no quiso intervenir en asuntos de 'una empresa determinada' para evitar conflictos. El ICO lo confirma, pero —casualmente— no dice el nombre de la empresa. Un misterio digno de Agatha Christie financiado con dinero público.
España presume de ser la potencia del turismo y las terrazas llenas, pero en el sótano de la realidad el dato es un puñetazo: 700.000 niños viven en carencia material severa. No hablamos de no tener la última consola, sino de esa gimnasia mental agotadora donde las familias deben elegir entre poner la calefacción o comprar carne. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 12% de los menores están en ese abismo, mientras que uno de cada cinco sufre carencias materiales. Es el triunfo de la hipocresía institucional. Chema Vera, el director de Unicef, lo ha dejado claro: no somos Burkina Faso, pero un tercio de nuestra infancia baila al borde del precipicio de la exclusión social. Mientras que en Polonia las transferencias sociales actúan como un colchón que reduce la pobreza infantil en 20 puntos, en España el sistema es un colador que solo logra bajarla seis. Básicamente, protegemos poco y mal, dejando que el acceso a la vivienda y la precariedad laboral actúen como una guillotina para cualquier pareja que decida tener un hijo y, automáticamente, caiga bajo el umbral de la pobreza. Para rematar la faena, mientras ignoramos el hambre en casa, el Estado ha decidido que la solidaridad exterior es un lujo prescindible. Entre 2020 y 2025, la ayuda oficial al desarrollo se ha desplomado un 23%, y los fondos humanitarios un 35%. Según ISGlobal, este recorte de presupuesto en la compasión podría traducirse en 21 millones de muertes para 2030, y un tercio serán niños. Al final, parece que la prioridad es mantener la fachada brillante mientras los cimientos, los más pequeños, se desmoronan sin que nadie quiera soltar la cartera.
El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió un paquete de regularizaciones como quien te ofrece un menú degustación de 500.000 personas: algo manejable, controlado y digerible. Pero, al abrir la cuenta, el sablazo es monumental. La realidad es que 1,17 millones de inmigrantes han solicitado el trámite, convirtiendo la estimación inicial en una broma de mal gusto. Lo más delirante es que 400.000 de estos beneficiarios ni siquiera pisaban suelo español con la frecuencia exigida; se han colado desde otros países europeos aprovechando que aquí la puerta está abierta de par en par, como quien encuentra un parking gratuito en pleno centro de Madrid. Pero aquí viene el plato fuerte: la reagrupación familiar. Según el informe 'Recuperando el control de Bruselas', publicado en enero por el Colegio Mathias Corvinus, el Instituto de Investigación sobre Migraciones y el Instituto Ordo Iuris, esta figura es la vía rápida para la inmigración masiva. La aritmética es sencilla y cruel: por cada dos que llegan, uno viene 'de regalo' por la familia. Si aplicamos esta regla a los 1,2 millones de regularizados, estamos hablando de 600.000 personas adicionales aterrizando en el país. Alejandro Macarrón, de CEU-CEFAS, lo deja claro: si la media europea se cumple, el número subirá, especialmente si el idioma hispano actúa como imán. Al final, la suma de todas las 'sorpresas' nos deja en 1,8 millones de personas. Es una ingeniería financiera del capital humano donde el beneficio real no es para quienes ya vivían aquí (unos 800.000), sino para un millón de personas que ni residían en España. Hemos pasado de una regularización a una alfombra roja global financiada con la ingenuidad del ciudadano.
Hay quien dice que las paredes oyen, pero en los noventa, en los locales de Sabiniano Gómez, las paredes no solo oían: grababan en alta definición. No era un servicio de cortesía para los clientes, sino un auténtico 'pack premium' de espionaje coordinado por la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Mientras el ciudadano medio se peleaba con la inflación o el precio del pan, el suegro de Pedro Sánchez y su tío Conrado Gómez hacían un trueque de manual: permitían que la policía sembrara de micrófonos y cámaras sus saunas gais y prostíbulos (como la sauna Adán en San Bernardo o el Roses en Castellana) a cambio de una inmunidad blindada. Básicamente, el negocio operaba en la ilegalidad, pero tenía un 'seguro de vida' institucional para que la Policía Municipal no le hiciera la vida imposible. El objetivo no eran precisamente los pecados carnales, sino el chantaje de guante blanco. Jueces, banqueros y políticos entraban buscando placer y salían convertidos en expedientes secretos. Es la definición perfecta de hipocresía: el Estado mirando hacia otro lado mientras el negocio florecía, siempre que el flujo de chivatos no se detuviera. Incluso personajes oscuros como el sargento E.D.V., condenador por torturas y vinculado a los GAL verdes, frecuentaban estos templos del vicio sin saber que sus propios primos del Cuerpo Nacional de Policía les seguían la pista desde el techo. La trama se cierra con un círculo de influencias que llega hasta Begoña Gómez, quien administró las cuentas de su padre, y la UCAO, esa unidad de élite que, según sus propios jefes, operaba sin necesidad de jueces ni atestados. Un sistema de vigilancia donde el placer era la carnada y la seguridad nacional la excusa para el voyerismo político.
Berlín se despertó con la resaca del Orgullo, pero no de la fiesta, sino de una carnicería en el Tiergarten. Mientras la ciudad celebraba la diversidad, un joven de 21 años decidió que su mejor contribución al evento sería convertir un vehículo en un arma de demolición humana. El resultado: un muerto y 16 heridos que ahora intentan entender cómo el derecho a la fiesta terminó en una sala de urgencias. El protagonista de este delirio es Abdul B., un sujeto que, según el portavoz policial Florian Nath, no es un improvisado, sino alguien cómodamente instalado en el 'espectro islamista'. Lo más fascinante —si es que podemos llamar así a la negligencia administrativa— es que Abdul B. disfrutaba de la libertad desde mayo. Había pasado por un centro de menores, cumplió su condena y salió a respirar aire puro para, acto seguido, intentar aniquilar a quien se cruzara en su camino. La escena fue un caos de manual: un atropello múltiple seguido de ataques con armas blancas. No se quedaron solo con la chapa del coche; quisieron añadir el toque artesanal del cuchillo. La policía ahora juega al escondite con un tipo de 1,90 metros, delgado, con pelo negro y un 'outfit' de sospechoso de catálogo: sudadera negra y pantalones blancos. Es la paradoja berlinesa: un sistema que cree en la reinserción hasta que el sujeto decide que su ideología pesa más que la ley. Mientras la Fiscalía General de Berlín corre detrás de Abdul B., queda la duda de cuántos avisos se ignoraron antes de que el Tiergarten se tiñera de sangre el pasado sábado. Un error de cálculo administrativo que terminó costando una vida y dejando dieciséis personas con cicatrices que no se borran con un comunicado oficial.
Hay amistades que se forjan entre copas de rebujito y que acaban costando millones al contribuyente. María Jesús Montero, la mujer que se autodefinía como la más poderosa de la democracia, montó en Madrid un traslado exprés de su equipo de confianza de la Junta de Andalucía, una especie de 'club de veteranos' donde la lealtad pesaba más que el currículum. El epicentro de este ecosistema es la caseta 'Los Mimogas' de la Feria de Abril, donde se cocinaban decisiones que luego aterrizaban en el BOE. El caso emblemático es Vicente Fernández, el 'hombre para todo' de Montero. Pasó de ser su mano derecha en Andalucía a presidir la SEPI entre 2018 y 2019. Pero el cuento terminó mal: la UCO lo ha vinculado al 'caso Leire' por presunto cohecho y blanqueo. Se dice que, incluso después de dimitir en octubre de 2019, Fernández seguía moviendo los hilos en la sombra, presuntamente cobrando comisiones por rescatar a empresas como Tubos Reunidos, un sablazo de 112,8 millones de euros que dejó a muchos con la boca abierta. Montero, que primero lo blindó, acabó con el clásico 'me arrepiento de haber confiado'. La cadena de favores no termina ahí. Belén Gualda, otra rescatada de la Junta, acabó imputada por el juez Santiago Pedraz el pasado 29 de junio por el mismo rescate siderúrgico. Mientras tanto, Carlos Moreno, exdirector de gabinete, voló por los aires el 1 de abril tras saltar que Víctor de Aldama le habría soltado 25.000 euros para 'aceitar' aplazamientos fiscales. Y para cerrar el círculo, tenemos a Jesús Huerta en la SELAE, cobrando un sueldo de 252.474 euros anuales en 2025, una cifra que hace que la lista de la compra de cualquier mortal parezca un chiste, mientras los loteros llevan 20 años congelados. Una ingeniería de placements donde el mérito es, simplemente, haber compartido caseta.
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Rosa Muñoz