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Hay una magia muy particular en la política española: se llama 'disolución de las Cortes'. Es ese truco de escapista que permite que los problemas desaparezcan justo antes de que alguien tenga que dar la cara. Margarita Robles tenía una cita este martes en la Comisión de Gastos Reservados para explicar cómo es posible que el CNI no viera venir la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. Un volumen de gente que, trasladado a la vida real, sería como intentar meter a toda la población de una ciudad mediana en un ascensor y decir que 'no se había previsto'. Pero entonces, Pedro Sánchez ha lanzado la bomba: elecciones generales el 29 de noviembre. Con un movimiento de muñeca, Francina Armengol ha desconvocado la reunión. ¡Puf! Adiós a las preguntas incómodas. No solo se salva Robles; el efecto dominó ha blindado a Fernando Grande-Marlaska y a José Manuel Albares. Pero la joya de la corona es Esperanza Casteleiro, la directora del CNI, que se libra de explicar por qué los avisos de inteligencia fueron tan sordos mientras la frontera se convertía en un coladero. El PP y Vox se quedan con las ganas de interrogar también al JEMAD, Teodoro Esteban López Calderón, y al director del CIFAS, Antonio Romero Losada. Incluso el drama interno sobre la destitución de la responsable de comunicación del DSN por 'equivocarse' con las cifras —un castigo que en cualquier oficina sería un toque de atención, pero que aquí parece pecado capital— queda archivado. Al final, la general Loreto Gutiérrez Hurtado tampoco pasará por el Congreso. En política, como en la vida, cuando la factura de la verdad llega demasiado alta, lo más sencillo es cerrar el negocio y cambiar el cartel de la puerta.
En España, las leyes parecen sugerencias escritas con lápiz y goma. El Real Decreto 316/2026 es claro: para obtener los papeles, había que estar en el país antes del 1 de enero de 2026 y demostrar cinco meses de residencia. Simple, ¿verdad? Pues para la Administración, las matemáticas son opcionales. Un joven nepalí de 24 años ha conseguido la autorización provisional de residencia y trabajo habiendo aterrizado en Barcelona el 20 de mayo de 2026. Sí, cinco meses tarde. El ciudadano tuvo la gentileza de adjuntar su tarjeta de embarque de Wizz Air, un vuelo desde Bucarest que es, básicamente, la prueba del delito impresa en papel térmico. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con Hacienda por un céntimo, aquí el Ministerio de Migraciones ha pasado el visto bueno a un expediente donde el único documento de permanencia es un empadronamiento expedido a finales de junio de 2026. Para rematar la jugada, el solicitante se acogió a la 'vulnerabilidad' con el aval de una ONG senegalesa, pagando una tasa de 38,28 euros que es, probablemente, la inversión más rentable de su vida. Este caso no es un error aislado, sino el síntoma de un sistema que funciona como un coladero. Ya lo vimos con la Ley de Memoria Democrática, donde el 1,32% de rechazos frente al 20% de la ley de 2007 sugiere que basta con decir que tu abuelo era exiliado para que el DNI llegue por correo. Con 1.174.978 solicitudes en esta regularización, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber confundido la gestión migratoria con una puerta giratoria. Al final, el nepalí ya tiene el NIE y permiso para trabajar; que alguien le explique ahora al funcionario que el calendario tiene doce meses y que mayo va después de enero.
Hay quien dice que la democracia es el gobierno del pueblo, pero en España parece que el 'pueblo' es un concepto elástico que se estira según sople el viento electoral. Ahora, Iustitia Europa, la formación presidida por Luis María Pardo, ha decidido jugar la carta de la urgencia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El motivo es sencillo: no quieren que el censo del 29 de noviembre se convierta en un buffet libre de nacionalidades exprés gracias a la llamada 'ley de nietos'. El problema es un lío de fechas que parece la letra pequeña de un contrato de telefonía. Según la LOREG, el censo se cierra el primero del segundo mes anterior a la convocatoria; en este caso, el 1 de agosto. El detalle es que el Supremo ya había puesto el freno de mano el 10 de septiembre, suspendiendo cautelarmente el voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática para evitar que el proceso electoral pareciera un casting masivo. Los números son los que asustan a los puristas: a 1 de julio de 2026, el CERA ya contaba con 2.736.522 electores (un 7,11% del censo), disparado por 545.000 beneficiarios de la ley de nietos. Es un crecimiento que hace que el censo de 1986 parezca una lista de invitados para una cena íntima. El epicentro del sismo es Madrid, donde 422.732 electores están fuera de España, el 14,9% de su censo total, dejando a Barcelona (159.277) como un pueblo pequeño en comparación. Si estos residentes en el extranjero decidieran votar en masa, podrían aportar hasta 1.100.236 votos. En términos callejeros, es un sablazo electoral capaz de mover el último escaño en 23 de las 52 circunscripciones. Por eso, Iustitia Europa pide que el Supremo limpie la lista antes de que el 29-N se convierta en una lotería de pasaportes.
En la administración pública, hay quienes hacen carrera por méritos y quienes la hacen por árbol genealógico. El caso del 'hermanísimo' es la crónica de un traje hecho a medida, pero no de los que se pagan en una sastrería, sino de los que se cosen con tinta oficial y fondos públicos. Manos Limpias ha decidido que nueve años de inhabilitación para David Sánchez son un chiste, una propina insuficiente para alguien que no fue un simple pasajero en el asiento de atrás, sino el arquitecto de su propio privilegio. El sindicato pide subir la apuesta a 14 años, argumentando que el músico no solo recibió el cheque, sino que moldeó la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz como quien elige los ingredientes de una hamburguesa. La jugada fue maestra en su descaro: crear un puesto, cambiarle el nombre mediante una 'ingeniería lingüística' —término elegante para decir que maquillaron la mentira— y convertirlo en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas sin pasar por el filtro de un concurso. Un ascenso encubierto que la instructora Beatriz Biedma ya había puesto bajo el microscopio. Mientras el ciudadano medio pelea por una cita médica, David Sánchez disfrutaba de un puesto diseñado para él, gracias al empujoncito de Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz. Para este último, Manos Limpias no quiere 18 años, quiere 24. Consideran que autorizar este despliegue de nepotismo y repetir la jugada en 2022 es un pecado administrativo imperdonable. En este reparto de culpas, Francisco Martos, el antiguo diputado de Cultura, también entra en el baile con una petición de 11 años de inhabilitación. El letrado José María Bueno lo deja claro: no se puede tratar igual al que firma el papel que al que instiga el plan para cobrar sin trabajar. Es la eterna historia del 'estatus familiar' usado como pase VIP para entrar en la nómina del Estado.
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder: mientras el Gobierno se pone la capa de salvador de los desahuciados, sus cuentas bancarias cuentan una historia distinta. El PSOE y Sumar se lanzaron al ruedo con decretos-leyes que pintan al propietario como el villano de una película de Disney, hablando de 'concentración desmesurada del capital' y 'emergencia habitacional' como quien lee un manifiesto revolucionario en un café de barrio. Incluso llegaron a proponer que el arrendador que no prorrogue un contrato tenga que soltar una indemnización de doce mensualidades, un sablazo que haría temblar a cualquier jubilado que vive de una habitación alquilada para comprar el pan. Pero aquí viene el giro de guion. Mientras el discurso oficial estigmatiza al que alquila, la Memoria Anual de 2025 del PSOE revela que el partido de Pedro Sánchez es, en la práctica, un casero bastante solvente. No hablamos de cuatro monedas, sino de una ingeniería inmobiliaria que en 2024 dejó en sus arcas 561.073,75 euros. Un dato que, aunque ya es menor que los 581.258,91 euros ingresados el año anterior, sigue siendo una cifra obscena cuando se compara con la retórica de 'vivienda asequible'. Es la clásica técnica del 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'. Para el ciudadano de a pie, el alquiler es una soga al cuello; para el PSOE, es una partida contable que suma más de medio millón de euros al año. Al final, parece que la 'concentración del capital' solo es un problema social cuando el cheque no lleva el logo del partido. Una coherencia que se desmorona más rápido que una pared de pladur en una obra mal hecha.
La burocracia tiene un talento especial para montar un incendio y luego salir diciendo que solo estaban encendiendo una vela. Así ha sido el baile coreográfico entre la Gibraltar Health Authority (GHA) y el Gobierno del Peñón. Primero, la GHA lanza un aviso que suena a sentencia: se acaban los taxis y las ayudas de combustible para los pacientes derivados a España. Para alguien que necesita una cita médica especializada, esto no es un 'cambio de condiciones', es un sablazo directo al bolsillo en un momento donde ir a la farmacia ya parece un lujo. La ministra de Salud, Gemma Arias-Vasquez, ha tenido que salir al rescate con el guante puesto, calificando de 'inaceptable' que la GHA se haya saltado el protocolo y difundido un aviso que ni ella misma conocía. La versión oficial ahora es que nadie se queda sin transporte, pero que se acabó el 'taxi gratis' por defecto. Básicamente, quieren evitar que el sistema se use como un servicio de chófer personal, revisando quién necesita el coche y quién puede caminar. Un ajuste de cuentas para cuidar los 11 millones de libras anuales que el departamento de Sponsored Patients se gasta en 2024 para que sus ciudadanos no mueran esperando una máquina que el Peñón no tiene. Mientras tanto, en el Campo de Gibraltar, los taxistas españoles miran la escena con el escepticismo de quien sabe que la Verja es una puerta giratoria que solo gira hacia un lado. Para ellos, es la hipocresía hecha asfalto: los taxis españoles tienen prohibido hacer negocio en el Peñón, pero los vehículos de la GHA cruzan la frontera sin despeinarse bajo el paraguas de la 'asistencia sanitaria'. Un acuerdo contractual con Quirónsalud o la Clínica Universidad de Navarra no quita que, en la calle, la sensación sea que las reglas del juego cambian según quién lleve el volante.
España juega a la ruleta rusa con la calefacción y el tablero lo maneja Rabat. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Gobierno parece haber olvidado que en geopolítica no existen los 'amigos de todos'. Tenemos un mapa de dependencia que parece una lista de compras redactada por un optimista ciego: Argelia lleva el peso muerto con el 41,7%, seguida de Nigeria (15,4%), EE.UU. (11,6%) y Rusia (8,1%). El problema es que Argelia y Marruecos se llevan tan mal como un gato y un perro en un ascensor, y nosotros hemos decidido darle la mano a Rabat en el tema del Sáhara Occidental. La ingeniería financiera del desastre es fascinante. Por un lado, sufrimos un parón histórico en los almacenes con una caída del 23% en la entrada de gas por barco este verano, porque los metaneros ahora prefieren Asia si alguien puja un euro más en pleno viaje. Por otro, tenemos un gasoducto cerrado con Argelia por nuestras 'amistades' con Marruecos. Pero aquí viene la joya de la corona: según los datos de Enagás entre julio de 2025 y julio de 2026, hemos logrado que Argelia suba el grifo del gasoducto Medgaz de 9.330 GWh/mes a 10.228 GWh/mes. Un aumento del 10% (898 GWh/mes) que suena a gloria, hasta que miras el otro tubo. Resulta que España está haciendo de 'puente solidario' involuntario. Por el gasoducto de Tarifa, enviamos 992 GWh/mes a Marruecos. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando el recibo del vecino que nos invade Ceuta, usando gas barato de un país que nos mira mal por culpa de ese mismo vecino. Un negocio redondo para Rabat y una hipoteca energética para nosotros en pleno invierno.
Hay algo profundamente poético, en el sentido más trágico de la palabra, en enviar a un ejército a una frontera para que actúe como mobiliario urbano. El 30 de septiembre se cumplieron dos meses desde que Ceuta vivió aquel surrealismo: más de 80.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas, algunas nadando y otras pisando el espigón del Tarajal como quien camina hacia la playa en agosto. El resultado fue un colapso total porque, mientras la avalancha avanzaba, las órdenes eran tan etéreas que podrían haber sido escritas en el aire: 'presencia y disuasión'. Traducido al lenguaje de la calle, esto significa 'estad ahí plantados y mirad cómo pasa todo', una estrategia tan efectiva como intentar tapar un incendio forestal con un pulverizador de agua. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando analizamos el equipo. A los militares, en lugar de darles dientes legales —como la condición de agentes de autoridad—, decidieron hacerles un 'detox' de armamento. Según José Vicente Maleno, delegado de AUME en Ceuta, la dotación se redujo a un fusil y la pistola del jefe de patrulla. Es como enviar a un mecánico a arreglar un motor sin herramientas, esperando que el coche se repare solo por el respeto que impone el uniforme. Pero el verdadero sablazo no está en la estrategia, sino en la dignidad. Mientras los despachos deciden qué es 'disuasorio', los soldados duermen sobre esterillas tiradas en cualquier suelo y comen una dieta basada en carbohidratos que haría palidecer a un estudiante universitario en exámenes finales, con una ausencia crónica de proteínas. La AUME ya ha pedido que el personal recupere su armamento individual y munición, porque resulta que, para las Fuerzas Armadas, el arma no es un accesorio, sino su herramienta de trabajo. De momento, siguen siendo adornos caros en una frontera que no deja de gritar.
Francia ha decidido que la mejor forma de discutir el presupuesto es convirtiendo el mobiliario urbano en una barbacoa gigante. Mientras el ciudadano medio intenta que la inflación no le devore la cartera, en las calles de París y Estrasburgo el deporte nacional ha pasado a ser el volteo de vallas y el encendido de contenedores. No es una huelga, es un incendio forestal en mitad del asfalto. El menú del día, servido el 4 de octubre de 2026, incluye un cóctel explosivo de sindicatos como CFDT, CGT y FO, que han decidido que las reformas laborales y de pensiones de Emmanuel Macron no se negocian en despachos, sino entre gases lacrimógenos. La escena es casi poética: jóvenes que, en lugar de estudiar álgebra, se especializan en la termodinámica de las bicicletas incendiadas frente a los institutos. Bloquear la entrada de un colegio con una barricada de basura es, básicamente, el nuevo método pedagógico francés para expresar el malestar social. El balance es un despliegue policial que parece la preparación para una invasión. Casi 2.000 detenidos. Para que nos entendamos: es como si vaciaran medio estadio de fútbol y los mandaran directos al calabozo por el simple placer de ver arder un contenedor de reciclaje. Mientras los bomberos trabajan horas extra intentando que la capital no se convierta en una pira funeraria, los manifestantes alzan el puño con bengalas, convencidos de que el humo es la única lengua que el Gobierno entiende. Una danza coordinada entre la furia juvenil y el cansancio obrero, donde el precio de la 'justicia laboral' se paga en mobiliario urbano quemado y calles que huelen a goma fundida.
Bruselas ha vuelto a sacar el libro de magia. El truco consiste en anunciar con bombos y platillos que los Veintisiete van a reducir a 'prácticamente cero' los residuos de pesticidas prohibidos en los alimentos. Suena a gloria, a aire puro y a justicia para el campo europeo. Pero, como quien lee la letra pequeña de un contrato de telefonía mientras le venden la tarifa plana, el agricultor se ha dado cuenta de que el 'cero' es un espejismo. El límite mágico es de 0,01 miligramos por kilo, que no es más que el mínimo que detecta un análisis. Es decir, Bruselas nos vende como una novedad una barrera que ya existía. Mientras el agricultor europeo no puede ni mirar el catálogo de ciertos productos fitosanitarios bajo pena de multa, el productor de Marruecos, Egipto o Vietnam puede seguir usándolos tranquilamente; solo tiene que asegurarse de que, al llegar el camión a la frontera, el residuo sea imperceptible. Es como prohibir que alguien fume en casa, pero permitir que invite a gente que fume en la calle siempre que no huelan a tabaco al entrar. Víctor Viciedo, presidente de Alive, ha puesto el dedo en la llaga: esto es maquillaje ideológico. Nos hablan de proteger abejas y aguas subterráneas, pero ignoran que el spray que compras en el súper para matar cucarachas tiene más química que cualquier fumigación controlada. La EFSA ya evalúa los riesgos, pero Bruselas prefiere el relato del 'alimento venenoso' para justificar su agenda. Incluso si se cierran los huecos de la OMC para sustancias como el tiametoxam o la clotianidina —que hoy permiten hasta 0,05 mg/kg—, el problema sigue siendo el mismo. No es una cuestión de pesticidas, sino de costes. El agricultor extranjero sigue teniendo una estructura de costes que hace que el nuestro parezca un filántropo. Al final, el 'cero' de Bruselas es un cero a la izquierda.
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Margarita Caballero