Igualdad perdió el rastro de un acusado de maltrato durante 16 días al desprenderse de su pulsera

Pulseras de Igualdad: un colador de 102 millones

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un brazalete electrónico roto y desgastado sobre una mesa de oficina gubernamental fría y gris. Del brazalete sale un hilo de humo que forma la silueta de un signo de interrogación. Al fondo, una montaña de billetes de euro y documentos oficiales con sellos rojos, todo bajo una luz cenital dramática que resalta la negligencia y el vacío.

Vender seguridad es fácil; lo difícil es que funcione cuando el agresor decide que la pulsera es un accesorio opcional. Mientras nosotros nos peleamos con el cajero automático porque no nos da el cambio, el Ministerio de Igualdad gestionó un sistema de control telemático que tiene la fiabilidad de un reloj de plástico de feria.

El caso es paradigmático: un acusado de maltrato se 'separó' de su brazalete el 20 de abril de 2024 a las 21:30:58 y no volvió a aparecer en el radar hasta el 6 de mayo de 2024 a las 10:27:48. Dieciséis días de vacaciones invisibles. Dieciséis días en los que el centro Cometa lanzó llamadas al vacío mientras el sujeto, presumiblemente, disfrutaba de una libertad que el juez no le había concedido. La ingeniería financiera aquí es la protagonista.

El Tribunal de Cuentas puso la lupa sobre contratos que sumaban 102,6 millones de euros, una cifra que marea, pero que resultó insuficiente para comprar dispositivos que no se cayeran solos. El Gobierno, en un alarde de honestidad privada, admitió que la calidad era dudosa, pero prefirió mirar hacia otro lado hasta que una auditoría externa en noviembre de 2025 confirmó lo que las trabajadoras de la Sala Cometa gritaban desde diciembre de 2024: el sistema era un colador.

Lo más delirante es que el cambio de empresa para 'ahorrar costes' provocó una migración de datos tan desastrosa que algunos maltratadores fueron absueltos porque el sistema no sabía dónde estaban. Pasamos de la protección telemática al 'esperemos que no se acerque'. Cuando el ahorro en la factura pública se traduce en que víctima y agresor se crucen sin que salte la alarma, ya no hablamos de gestión, sino de una ruleta rusa pagada con fondos europeos que la Fiscalía Europea ya está investigando por posible fraude.

Crítica:

La noticia es un despliegue de negligencia institucional, aunque el texto original peca de ser demasiado descriptivo y poco analítico sobre la responsabilidad penal de los gestores. El contraste entre la inversión millonaria y la inoperancia técnica es el verdadero escándalo.

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