Crítica:
El texto original intenta maquillar la disparidad presupuestaria mencionando que la cifra de vivienda no incluye el Bono Alquiler Joven. Es un intento desesperado de equilibrar una balanza que está totalmente inclinada hacia el transporte.
El texto original intenta maquillar la disparidad presupuestaria mencionando que la cifra de vivienda no incluye el Bono Alquiler Joven. Es un intento desesperado de equilibrar una balanza que está totalmente inclinada hacia el transporte.
En el mundo de la administración pública, hay una danza muy conocida: el 'no te lo digo porque es complejo'. El Ministerio del Interior ha intentado aplicar esta coreografía con el sistema VioGén y su sucesor, VioGén 2. Cuando alguien tuvo la osadía de preguntar el 24 de noviembre de 2025 cuántas veces habían fallado estas herramientas de protección a mujeres maltratadas, el Ministerio respondió el 15 de enero de 2026 con un despliegue de retórica corporativa digno de un manual de evasión. Básicamente, dijeron que los errores eran 'comunicaciones internas' y 'documentos auxiliares'. Traducido al idioma de la calle: 'Es que el ordenador a veces hace cosas raras, pero no pasa nada, no te metas en nuestro jardín'. Para el Interior, que el sistema se cuelgue o tenga incidencias es parte del 'funcionamiento ordinario' de una infraestructura compleja. Claro, es muy fácil hablar de 'complejidad tecnológica' desde un despacho con aire acondicionado, mientras que para una víctima, un fallo técnico no es un 'dato auxiliar', es un riesgo real. Es como si el dueño de un ascensor te dijera que el hecho de que te quedes encerrado es una 'incidencia ordinaria de mantenimiento' y que no deberías preocuparte por la estadística de caídas. Pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, liderado por María de la Concepción Campos Acuña, ha decidido que basta de juegos. En una resolución firmada el 13 de noviembre, el organismo ha desmontado el castillo de naipes del Ministerio. No quieren leer los correos de los técnicos; quieren los números. El dato frío. El recuento de cuántas veces el sistema ha patinado. Ahora, Interior tiene 10 días hábiles para soltar las estadísticas mensuales de VioGén 2 y del sistema anterior. Al final, la transparencia ha ganado la partida a la opacidad disfrazada de tecnicismo.
Pedro Sánchez ha lanzado su programa electoral para el 29-N y, sinceramente, parece escrito con un borrador de tinta invisible. El hombre que en el debate televisado soltó la palabra «público» 46 veces (y que en sus 114 páginas de programa la repite otras 211 veces sumando variantes) parece haber desarrollado una amnesia selectiva digna de un Oscar. Es la magia de Ferraz: predicar la 'res publica' mientras, según Feijóo, se tritura la clase media con la misma naturalidad con la que uno pasa la aspiradora un domingo por la mañana. El programa es un catálogo de 'olvidos' convenientemente diseñados. ¿Maricarmen? La anciana que sirvió de gasolina emocional para adelantar las elecciones ha desaparecido, igual que los 276.891 desahucios judiciales ocurridos entre 2018 y 2026. No hay rastro de los 'nietos' del exilio republicano usados para inflar el censo, ni de la traición al Sahara en 2022. Es como si el Gobierno hubiera decidido hacer limpieza de primavera en su memoria histórica justo antes de las urnas. En el apartado de vivienda, el sanchismo juega al bingo con las cifras. Prometieron 184.000 viviendas de alquiler social, pero el Ministerio de Vivienda ahora dice que hay 120.479 «movilizadas», que en lenguaje de calle significa: 'son de los ayuntamientos, nosotros solo hemos puesto el sello'. Mientras tanto, el Nuevo Campamento en Madrid es básicamente un vídeo de TikTok con una excavadora derribando un barracón; puro marketing para Instagram, cero ladrillos reales. Y luego están los lujos. El programa quiere gravar los jets privados del 0,1% más rico, pero omite que el propio Sánchez ha devorado 808.000 kilómetros en Falcon y Airbus desde 2020. Es la hipocresía elevada a categoría de Estado: pedirnos que reciclemos el yogur mientras la flota oficial escupe 55.507 toneladas de CO2. Un programa que promete seguridad ferroviaria con 19.000 millones para 2026-2030, pero que llega tarde para los 115 muertos de Adamuz y Urda. En fin, el arte de prometer el cielo mientras el suelo se hunde.
En el Consulado de España en Buenos Aires han descubierto la pólvora: si el Tribunal Supremo te prohíbe meter el voto en la urna, no pasa nada, que te pongamos una caja de cartón y hacemos como que es otra cosa. Es la ingeniería financiera aplicada a la democracia; un truco de magia digno de feria donde el 'no' judicial se convierte en un 'sí' con cinta adhesiva. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el presupuesto familiar es un colador, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha montado un sistema de recogida de papeletas que parece el depósito de reciclaje de un supermercado de barrio. El escenario es surrealista. Para los 'nietos' del Anexo III, hay urnas de metacrilato, elegantes y seguras. Pero para los del Anexo I —aquellos que no pudieron justificar que sus abuelos huyeron por motivos políticos entre 1936 y 1955—, la administración ha habilitado la 'Mesa LMD Autos TS'. Dos cajas de cartón, sin precinto y con la seguridad de un buzón abandonado, para recoger los sobres que el auto del Tribunal Supremo del 23 de octubre de 2026 ordenó mantener estrictamente aparte. En las primeras cuatro horas de este sábado, cerca de un millar de personas hicieron cola desde las 10 horas, participando en una coreografía donde la ley es una sugerencia y el cartón es la solución. La hipocresía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: Exteriores jura que cumple la ley, mientras los propios funcionarios consulares se llevan las manos a la cabeza al ver que han montado una mesa de votación paralela. Entre denuncias de desobediencia judicial y acusaciones de 'mafia' lanzadas por Santiago Abascal contra José Manuel Albares y Félix Bolaños, el voto de los nacionalizados flota en un limbo de cartón reciclado, esperando que alguien decida si el material del recipiente importa más que la orden del juez.
En el teatro de la transparencia administrativa, el Ministerio del Interior ha decidido jugar al ' encuentra las diferencias' con un corrector líquido industrial. Resulta que Fernando Grande-Marlaska decidió colgarle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, mediante el Real Decreto 1004/2020 el 10 de noviembre de aquel año. El problema no es el premio, sino que el expediente parece un manuscrito medieval lleno de tachones. Cuando THE OBJECTIVE pidió los papeles, Interior aplicó la técnica del 'no te cuento', ocultando las propuestas reales bajo la excusa de proteger datos personales, como quien esconde el ticket del supermercado para que no veas que se ha gastado el presupuesto en caviar. La jugada tiene un aroma particular. María Gámez, entonces directora general de la Guardia Civil, elevó la propuesta el 29 de septiembre de 2020, metiendo a Alonso en el mismo saco que a Juan José González Rivas. Se dice que el fiscal colaboró 'de manera sobresaliente' en temas de terrorismo, citando la operación Pardines de 2015 y los atentados de Cataluña de 2017. Todo muy noble, pero el timing es el que muerde. Jesús Alonso es ahora el hombre que ha relevado a José Perals en la investigación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un caso donde el informe del Cenif sugería que Marruecos no estaba precisamente mirando hacia otro lado mientras la frontera ardía. Lo más surrealista es que Interior se niega a explicar por qué tardaron tanto en entregar la medalla. La respuesta administrativa es un 'no me obligues a pensar': dicen que el derecho a la información no les obliga a redactar explicaciones que no existen. En fin, que no hay dinero de por medio, pero hay un silencio ensordecedor que huele a conveniencia política.
A una semana de las elecciones generales, el Gobierno ha decidido jugar al 'pasa la bomba'. En un Consejo de Ministros que más que una reunión ejecutiva parecía una liquidación de stock de última hora, la vicepresidenta Aagesen ha desplegado un catálogo de gastos que harían temblar a cualquier ama de casa el día que llega la factura de la luz. Primero, nos han encajado una inversión de 17.142 millones de euros para la red eléctrica. Suena muy moderno, muy de 'centros de datos' y electrificación, pero la letra pequeña es la de siempre: el operador del sistema lo gestiona y el ciudadano lo paga en el peaje. Es como si tu vecino decidiera reformar el portal con mármol de Carrara justo antes de mudarse, sabiendo que la comunidad —es decir, nosotros— es quien tendrá que pagar la letra durante los próximos diez años. Pero el festín no termina ahí. Han abierto el grifo al Fondo Social del Clima para pillar 6.800 millones de euros europeos, aunque el 'peaje' es que España debe poner 2.200 millones de fondos propios. En total, un movimiento de 9.000 millones que deja al próximo Gobierno con las manos atadas y la cartera vacía. Como si alguien firmara un préstamo personal a nombre de quien herede la casa. Para rematar la faena, han regulado la sostenibilidad de los centros de datos, un movimiento que el sector ya tilda de lastre. Todo esto ocurre en un país que lleva años navegando sin Presupuestos Generales del Estado, gestionando la economía con el método de 'tirar de tarjeta' y esperar que el banco no llame. El ejecutivo saliente no está planificando el futuro; está firmando una hipoteca colosal y dejando las llaves puestas en la puerta para que el siguiente se lleve el susto.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras que para una mujer con cáncer de mama o endometriosis el sistema sanitario parece un laberinto de listas de espera infinitas, el Ministerio de Igualdad ha decidido que lo más urgente para el planeta es pagar 25.840,50 euros por un estudio que básicamente consiste en hacer dibujos y charlar. Así de sencillo. Bajo la dirección de Ana Redondo, el Instituto de las Mujeres ha financiado el proyecto 'Género, sustentabilidad y saberes rurales' en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) entre 2024 y 2025, priorizando los garabatos sobre la ciencia. El método, bautizado con el sofisticado nombre de 'multimetodología autobiográfica extendida', es en lenguaje de calle pedirle a la gente que dibuje círculos en un papel y haga fotos a la cafetera. Con esto, y algunas entrevistas sin guion, la investigadora Ana Cabana Iglesia y David García Romero han llegado a la conclusión de que el capitalismo y los hombres son los culpables de que el clima esté loco. Todo esto con una nota de 91,75 sobre 100, dejando fuera de la convocatoria de 725.000 euros a investigaciones reales sobre paradas cardiorrespiratorias o deterioro cognitivo. Porque claro, es más prioritario saber quién es el 'malo' del cuento que salvar vidas con biomédica. Lo mejor es el aterrizaje: quieren llevar esta 'guía' a los colegios e institutos para que los niños dibujen sus gustos personales y aprendan que la ciencia occidental es 'eurocéntrica'. Un despliegue de ingeniería financiera donde el Estado paga la fiesta, pero el Instituto de las Mujeres pone una letra pequeña en la portada diciendo que no se hace responsable de las opiniones del libro. Es el truco maestro: yo te pago el estudio para que digas lo que yo quiero, pero si alguien se queja, yo no he dicho nada.
En el mercado de la política española, el trueque es la moneda oficial. Pero hay transacciones que huelen a cerrado. Manos Limpias ha decidido llevar al Tribunal Supremo el relato de una operación que, según ellos, no fue un acuerdo de Estado, sino un 'pack promocional' donde el producto era la supervivencia en Moncloa y el precio una Ley de Amnistía redactada, presuntamente, en el despacho de Carles Puigdemont. La trama tiene un detonante casi cómico: una entrevista en 'El Mundo' donde Puigdemont presume de haber jugado con la 'ambición desmedida' de Pedro Sánchez. Es como si el vendedor te confesara que te ha timado porque tenías demasiadas ganas de comprar el coche. Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, no se ha quedado en la anécdota y ha lanzado una denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El nudo del asunto es un detalle reglamentario que parece haber pasado desapercibido entre tanta urgencia por el poder. En diciembre de 2023, el colectivo avisó a Francina Armengol de que los diputados de ERC y Junts no podían votar la ley porque eran los beneficiarios directos. Es la lógica del sentido común: no puedes ser el juez y el parte, ni el que firma el cheque y el que lo cobra. Sin esos votos, que Manos Limpias tilda de 'infracción inequívoca', la ley habría muerto en la cuna. Ahora, la justicia deberá decidir si Sánchez hizo un pacto democrático o si simplemente canjeó la legalidad por un puñado de votos para mantener el sillón. El colectivo pide que Puigdemont y el periodista Esteba Urreiztieta declaren. Al final, lo que está en juego no es solo una ley, sino si la Constitución es un marco legal o simplemente una sugerencia que se puede negociar en un hotel de Bruselas.
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