Crítica:
El texto original es preciso, pero peca de excesiva deferencia al citar fuentes judiciales sin cuestionar la lentitud del sistema. La controversia es clara: el cartón no borra la desobediencia.
El texto original es preciso, pero peca de excesiva deferencia al citar fuentes judiciales sin cuestionar la lentitud del sistema. La controversia es clara: el cartón no borra la desobediencia.
Hay una paradoja deliciosa en la gestión de los presupuestos públicos: el Gobierno quiere que vivas en una casa digna, pero prefiere que llegues a ella en un autobús subvencionado, aunque la casa no exista. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el alquiler no se coma el 60% de su sueldo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha soltado más de 1.550 millones de euros en ayudas directas al transporte público solo en 2025. Para que nos entendamos: es gastar tres veces más en que el bus pase a tiempo que en que el joven no tenga que vivir con sus padres hasta los cuarenta. La ingeniería financiera es fascinante. Desde que llegaron al poder hasta 2025, el Ejecutivo ha quemado 9.220 millones de euros en transporte, con la mirada puesta en alcanzar los 11.000 millones en 2026. En el otro lado de la balanza, la vivienda ha recibido 3.160 millones entre 2018 y 2025. Es como si en la lista de la compra del Estado, el billete de metro fuera caviar y el techo para dormir, una simple guarnición. El reparto es pura geografía del gasto. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid se llevó 126,89 millones, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona 149,30 millones y Valencia 40 millones. A esto sumamos 307,8 millones para Renfe y una lluvia de 51 millones para transporte urbano local. Incluso para los descuentos de abonos en el primer semestre de 2025, se movilizaron 319 millones. Mientras tanto, el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 preveía una media anual de 429 millones. Una cifra que, comparada con el despliegue del transporte, parece el cambio que sobra en la caja de un supermercado. Prometen 7.000 millones para el plan 2026-2030, pero la realidad es que hoy, el Gobierno prefiere financiar el viaje que el destino.
Pedro Sánchez ha lanzado su programa electoral para el 29-N y, sinceramente, parece escrito con un borrador de tinta invisible. El hombre que en el debate televisado soltó la palabra «público» 46 veces (y que en sus 114 páginas de programa la repite otras 211 veces sumando variantes) parece haber desarrollado una amnesia selectiva digna de un Oscar. Es la magia de Ferraz: predicar la 'res publica' mientras, según Feijóo, se tritura la clase media con la misma naturalidad con la que uno pasa la aspiradora un domingo por la mañana. El programa es un catálogo de 'olvidos' convenientemente diseñados. ¿Maricarmen? La anciana que sirvió de gasolina emocional para adelantar las elecciones ha desaparecido, igual que los 276.891 desahucios judiciales ocurridos entre 2018 y 2026. No hay rastro de los 'nietos' del exilio republicano usados para inflar el censo, ni de la traición al Sahara en 2022. Es como si el Gobierno hubiera decidido hacer limpieza de primavera en su memoria histórica justo antes de las urnas. En el apartado de vivienda, el sanchismo juega al bingo con las cifras. Prometieron 184.000 viviendas de alquiler social, pero el Ministerio de Vivienda ahora dice que hay 120.479 «movilizadas», que en lenguaje de calle significa: 'son de los ayuntamientos, nosotros solo hemos puesto el sello'. Mientras tanto, el Nuevo Campamento en Madrid es básicamente un vídeo de TikTok con una excavadora derribando un barracón; puro marketing para Instagram, cero ladrillos reales. Y luego están los lujos. El programa quiere gravar los jets privados del 0,1% más rico, pero omite que el propio Sánchez ha devorado 808.000 kilómetros en Falcon y Airbus desde 2020. Es la hipocresía elevada a categoría de Estado: pedirnos que reciclemos el yogur mientras la flota oficial escupe 55.507 toneladas de CO2. Un programa que promete seguridad ferroviaria con 19.000 millones para 2026-2030, pero que llega tarde para los 115 muertos de Adamuz y Urda. En fin, el arte de prometer el cielo mientras el suelo se hunde.
En el teatro de la transparencia administrativa, el Ministerio del Interior ha decidido jugar al ' encuentra las diferencias' con un corrector líquido industrial. Resulta que Fernando Grande-Marlaska decidió colgarle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, mediante el Real Decreto 1004/2020 el 10 de noviembre de aquel año. El problema no es el premio, sino que el expediente parece un manuscrito medieval lleno de tachones. Cuando THE OBJECTIVE pidió los papeles, Interior aplicó la técnica del 'no te cuento', ocultando las propuestas reales bajo la excusa de proteger datos personales, como quien esconde el ticket del supermercado para que no veas que se ha gastado el presupuesto en caviar. La jugada tiene un aroma particular. María Gámez, entonces directora general de la Guardia Civil, elevó la propuesta el 29 de septiembre de 2020, metiendo a Alonso en el mismo saco que a Juan José González Rivas. Se dice que el fiscal colaboró 'de manera sobresaliente' en temas de terrorismo, citando la operación Pardines de 2015 y los atentados de Cataluña de 2017. Todo muy noble, pero el timing es el que muerde. Jesús Alonso es ahora el hombre que ha relevado a José Perals en la investigación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un caso donde el informe del Cenif sugería que Marruecos no estaba precisamente mirando hacia otro lado mientras la frontera ardía. Lo más surrealista es que Interior se niega a explicar por qué tardaron tanto en entregar la medalla. La respuesta administrativa es un 'no me obligues a pensar': dicen que el derecho a la información no les obliga a redactar explicaciones que no existen. En fin, que no hay dinero de por medio, pero hay un silencio ensordecedor que huele a conveniencia política.
A una semana de las elecciones generales, el Gobierno ha decidido jugar al 'pasa la bomba'. En un Consejo de Ministros que más que una reunión ejecutiva parecía una liquidación de stock de última hora, la vicepresidenta Aagesen ha desplegado un catálogo de gastos que harían temblar a cualquier ama de casa el día que llega la factura de la luz. Primero, nos han encajado una inversión de 17.142 millones de euros para la red eléctrica. Suena muy moderno, muy de 'centros de datos' y electrificación, pero la letra pequeña es la de siempre: el operador del sistema lo gestiona y el ciudadano lo paga en el peaje. Es como si tu vecino decidiera reformar el portal con mármol de Carrara justo antes de mudarse, sabiendo que la comunidad —es decir, nosotros— es quien tendrá que pagar la letra durante los próximos diez años. Pero el festín no termina ahí. Han abierto el grifo al Fondo Social del Clima para pillar 6.800 millones de euros europeos, aunque el 'peaje' es que España debe poner 2.200 millones de fondos propios. En total, un movimiento de 9.000 millones que deja al próximo Gobierno con las manos atadas y la cartera vacía. Como si alguien firmara un préstamo personal a nombre de quien herede la casa. Para rematar la faena, han regulado la sostenibilidad de los centros de datos, un movimiento que el sector ya tilda de lastre. Todo esto ocurre en un país que lleva años navegando sin Presupuestos Generales del Estado, gestionando la economía con el método de 'tirar de tarjeta' y esperar que el banco no llame. El ejecutivo saliente no está planificando el futuro; está firmando una hipoteca colosal y dejando las llaves puestas en la puerta para que el siguiente se lleve el susto.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras que para una mujer con cáncer de mama o endometriosis el sistema sanitario parece un laberinto de listas de espera infinitas, el Ministerio de Igualdad ha decidido que lo más urgente para el planeta es pagar 25.840,50 euros por un estudio que básicamente consiste en hacer dibujos y charlar. Así de sencillo. Bajo la dirección de Ana Redondo, el Instituto de las Mujeres ha financiado el proyecto 'Género, sustentabilidad y saberes rurales' en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) entre 2024 y 2025, priorizando los garabatos sobre la ciencia. El método, bautizado con el sofisticado nombre de 'multimetodología autobiográfica extendida', es en lenguaje de calle pedirle a la gente que dibuje círculos en un papel y haga fotos a la cafetera. Con esto, y algunas entrevistas sin guion, la investigadora Ana Cabana Iglesia y David García Romero han llegado a la conclusión de que el capitalismo y los hombres son los culpables de que el clima esté loco. Todo esto con una nota de 91,75 sobre 100, dejando fuera de la convocatoria de 725.000 euros a investigaciones reales sobre paradas cardiorrespiratorias o deterioro cognitivo. Porque claro, es más prioritario saber quién es el 'malo' del cuento que salvar vidas con biomédica. Lo mejor es el aterrizaje: quieren llevar esta 'guía' a los colegios e institutos para que los niños dibujen sus gustos personales y aprendan que la ciencia occidental es 'eurocéntrica'. Un despliegue de ingeniería financiera donde el Estado paga la fiesta, pero el Instituto de las Mujeres pone una letra pequeña en la portada diciendo que no se hace responsable de las opiniones del libro. Es el truco maestro: yo te pago el estudio para que digas lo que yo quiero, pero si alguien se queja, yo no he dicho nada.
En el mercado de la política española, el trueque es la moneda oficial. Pero hay transacciones que huelen a cerrado. Manos Limpias ha decidido llevar al Tribunal Supremo el relato de una operación que, según ellos, no fue un acuerdo de Estado, sino un 'pack promocional' donde el producto era la supervivencia en Moncloa y el precio una Ley de Amnistía redactada, presuntamente, en el despacho de Carles Puigdemont. La trama tiene un detonante casi cómico: una entrevista en 'El Mundo' donde Puigdemont presume de haber jugado con la 'ambición desmedida' de Pedro Sánchez. Es como si el vendedor te confesara que te ha timado porque tenías demasiadas ganas de comprar el coche. Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, no se ha quedado en la anécdota y ha lanzado una denuncia por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El nudo del asunto es un detalle reglamentario que parece haber pasado desapercibido entre tanta urgencia por el poder. En diciembre de 2023, el colectivo avisó a Francina Armengol de que los diputados de ERC y Junts no podían votar la ley porque eran los beneficiarios directos. Es la lógica del sentido común: no puedes ser el juez y el parte, ni el que firma el cheque y el que lo cobra. Sin esos votos, que Manos Limpias tilda de 'infracción inequívoca', la ley habría muerto en la cuna. Ahora, la justicia deberá decidir si Sánchez hizo un pacto democrático o si simplemente canjeó la legalidad por un puñado de votos para mantener el sillón. El colectivo pide que Puigdemont y el periodista Esteba Urreiztieta declaren. Al final, lo que está en juego no es solo una ley, sino si la Constitución es un marco legal o simplemente una sugerencia que se puede negociar en un hotel de Bruselas.
Imaginen que alguien les pide un préstamo para montar un negocio, no presenta ni una nómina, ni un contrato, ni siquiera se molesta en rellenar un formulario, y ustedes, con la generosidad de un tío rico en Navidad, le sueltan el dinero basándose en un simple correo electrónico. Pues bien, esa es la 'ingeniería financiera' que aplicaron 14 ex altos cargos del PSOE y la Agencia IDEA en 2008 con la cooperativa Cofrutex. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que el banco le apruebe una tarjeta de crédito, en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa bastó un 'plan de negocio' digital para comprometer 1,18 millones de euros públicos. La jugada fue maestra en su precariedad: Cofrutex usó ese respaldo para pillar un préstamo bancario de 1,47 millones y tratar de tapar sus agujeros contables. Spoiler: no funcionó. La empresa quebró en 2014, dejando a los trabajadores en la calle y un agujero final de 1.266.241,65 euros en las arcas andaluzas, sumando comisiones que nosotros, los contribuyentes, pagamos sin haber firmado nada. Lo más fascinante es la gestión posterior: cuando la cooperativa desapareció, los responsables de IDEA decidieron que reclamar el dinero era demasiado esfuerzo. Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha dicho basta. Francisco Vallejo Serrano, que ya conoce bien el interior de las prisiones por los ERE, y otros 16 implicados, incluidos Jacinto Cañete y Antonio Valverde, se enfrentan a un juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción no se anda con chiquitas y pide una suma total de 98 años de prisión. Para la defensa, fue un simple error de trámite o una delegación de funciones; para la calle, es la eterna historia de usar el dinero público como si fuera un cajero automático sin código PIN.
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