Crítica:
La noticia es un ejemplo perfecto de cómo un error técnico puede ser interpretado como un sesgo ideológico deliberado. Falta que RTVE salga del silencio para saber si el editor es un incompetente o un artista del sabotaje.
La noticia es un ejemplo perfecto de cómo un error técnico puede ser interpretado como un sesgo ideológico deliberado. Falta que RTVE salga del silencio para saber si el editor es un incompetente o un artista del sabotaje.
Hay quien cree que el mundo es una mesa de negociación de barrio donde basta con tener buena voluntad y un discurso redondo para llevarse el gato al agua. Yolanda Díaz pensó que Ginebra era su siguiente parada, pero se ha encontrado con que, en la liga de los pesos pesados, el 'networking' real pesa más que las promesas electorales. A solo diez días de la votación del 16 de noviembre, el sueño de la ministra de Trabajo se parece más a una burbuja pinchada con un alfiler administrativo. El sablazo llegó el 30 de octubre. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) —básicamente, los que cortan el bacalao en el trabajo y el capital a nivel global— decidieron que no querían cambiar el disco. Prefieren mantener al togolés Gilbert Houngbo en el sillón de la dirección general de la OIT. Es el clásico caso de 'mejor malo conocido que bueno por conocer', o más bien, mejor un gestor que ya sabe dónde están los cajones que una candidata que viene con el manual de instrucciones bajo el brazo. La aritmética es cruel, como una factura de la luz en enero. El Consejo de Administración tiene 56 votos: 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Si los sindicatos y las patronales votan en bloque por Houngbo, ya tiene 28 votos en el bolsillo. Solo necesita un empujoncito más para llegar a los 29 y cerrar la persiana. Y considerando que África tiene seis votos gubernamentales (Gabón, Libia, Malaui, Níger, Senegal y Sudán) y que la CSI-África ya dio el aviso el 23 de julio, la jugada está cerrada. Lo más irónico es el timing. Yolanda ya ha quemado sus naves en casa: en febrero dijo que no repetía en generales y en abril que no iba en ninguna lista al Congreso. Se lanzó al vacío esperando que Ginebra fuera su red de seguridad, pero se ha quedado colgada del trapecio.
Hay prioridades que son como la lista de la compra: algunas cosas son imprescindibles y otras pueden esperar a que baje el precio. Para Pedro Sánchez, el martes 10 de noviembre, la prioridad no es el luto, sino el 'engagement'. Mientras 69 familias se reúnen en la catedral de Toledo para despedir a sus muertos en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, el jefe del Ejecutivo ha decidido que su mejor perfil no encaja en un funeral, sino frente a los micrófonos de Jordi Wild. El contraste es un bofetón de realidad. De un lado, el protocolo del dolor con los reyes Felipe VI y Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page asistiendo al entierro. Del otro, un viaje exprés a Cataluña para grabar un pódcast electoral que se estrenará el viernes 13 de noviembre. Es una ingeniería de agenda fascinante: no hay hueco para el respeto institucional, pero sí para una charla de 90 minutos diseñada para seducir a los jóvenes que no ven el Telediario. Para maquillar el agujero, Moncloa envía a Carlos Cuerpo y Milagros Tolón. Básicamente, han aplicado la técnica del 'sustituto en el partido': si el capitán no puede ir al entierro porque está ocupado haciendo marketing, que vayan los ministros. Lo más surrealista es que el mismo sábado convocó una reunión urgente con Fernando Clavijo por la inmigración en Canarias, pero tampoco se presentó. Sánchez juega a ser el presidente moderno, el que bromea en X con realizadores sobre su ángulo de cámara, mientras ignora que la política, antes de ser un pódcast viral, es estar donde te necesitan cuando el país llora. Cambiar el incienso por el micrófono electoral no es estrategia, es una falta de tacto que huele a desesperación por los votos del 29 de noviembre.
Hay quien gestiona el presupuesto público como si fuera un cajero automático sin límite de crédito. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le cobren una comisión por transferencia, la Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) ha decidido poner la lupa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. No es un desliz puntual; hablamos de 74 casos abiertos por fraude, irregularidades y malversación. El agujero contable estimado asciende a 390,6 millones de euros, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Lo verdaderamente cínico es el contraste. Por un lado, tenemos la 'ingeniería financiera' de los fondos NextGenerationEU y los fondos Feder; por otro, la realidad de los raíles. España recibió 110 millones para renovar la línea Madrid-Sevilla, una inversión que, en el papel, debía garantizar seguridad. En la práctica, el resultado fueron las tragedias de Urda y Adamuz, con un saldo macabro de 115 muertos. Resulta fascinante que la EPPO haya tenido que iniciar una investigación 'ex officio' —porque nadie en casa se había enterado o quería contarlo— registrando las sedes de ADIF, la AESF y el Tribunal de Cuentas. El ritmo de 'creatividad' administrativa no decae: solo en 2025 se abrieron 57 casos, de los cuales 26 apuntan directamente a las autoridades nacionales. Si sumamos los fraudes del IVA y otras corrupciones, el daño potencial para Bruselas escala hasta los 796,2 millones de euros. En resumen, mientras la OLAF y la Fiscalía Europea coordinan sus esfuerzos para rastrear el rastro del dinero, el Gobierno parece haber confundido la política de cohesión con una política de 'cohesión de carteras'. Un despliegue de gestión que, más que modernizar el país, parece haber modernizado el arte de hacer desaparecer los fondos públicos.
En el mundo real, cuando alguien te dice que 'esto viene de arriba', normalmente significa que alguien ha decidido que las reglas son sugerencias y que el presupuesto público es su hucha personal. En ADIF, la ingeniería financiera no se aplicó a las vías, sino a las puntuaciones. Un audio de enero de 2022, enviado por José Vicente Porras, jefe de coordinación de inversiones, resume la gestión pública actual: 'Sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda'. Traducido al idioma de la calle: 'Haced el truco de magia con las notas porque el jefe quiere que gane su amigo'. El 'truco' consistió en desplumar la valoración técnica de la empresa francesa Thales para que una alianza entre Siemens y FCC pudiera llevarse el contrato de señalización entre Los Rosales y Zafra. Un proyecto de 139 kilómetros de vía única que costó 20,4 millones de euros, pagados con fondos Next Generation de la UE. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se jugaban con millones como quien reparte cartas en una partida de póker amañada. Y no fue un desliz puntual; hubo otro contrato en el tramo Villanueva de la Serena y Brazatortas por 28 millones de euros en 2023, y un tercero más pequeño. Lo más fascinante es el 'plan de carrera' de los implicados. En lugar de una carta de despido, recibieron un traslado con vistas. Ángel Contreras, quien pasó de director general de Conservación y Mantenimiento a presidente de la compañía, fue reubicado estratégicamente. Otros como Gustavo Adolfo Álvarez y Abel Rajo también fueron movidos de tablero. Incluso el propio Porras sigue en la casa, ahora como jefe de área de coordinación de inversiones sur. Todo bajo la mirada cómplice de Óscar Puente, quien defendió a Contreras hasta septiembre de 2024, cuando finalmente fue sustituido por Luis Pedro Marco de la Peña. Una danza de sillas musicales donde el único que pierde es el que paga la entrada: el contribuyente.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, en los despachos del Estado han descubierto el arte de la 'generosidad selectiva'. Entre enero y septiembre de 2026, el Gobierno ha soltado 3.923 millones de euros mediante contratos negociados sin publicidad. Para los que no hablen 'burocracia', esto es el clásico contrato a dedo: sin anuncios, sin concursar y con la discrecionalidad como bandera. Un salto del 122,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cifra era de 1.765,3 millones. Lo más fascinante no es solo el volumen, sino el tamaño del bocado. Mientras los lotes solo crecieron un 15,8% (de 2.535 a 2.936), el dinero se disparó. Traducción: no es que contraten más cosas, es que las que contratan a dedo son ahora mucho más caras. Es como si antes invitaran a cenar a un amigo y ahora le pagaran el alquiler del piso. El primer trimestre fue el auténtico festín, concentrando 2.400 millones frente a los modestos 486,77 millones del inicio de 2025. La Oirescon, que es quien lleva la cuenta de este banquete, ya avisó en su informe de 2024 (publicado en 2026) que la concurrencia está en cuidados intensivos. En servicios, la media de licitadores cayó de 5,65 en 2021 a 3,55 en 2024. En suministros, la caída es similar: de 4,31 a 2,97. Al final, el mercado público parece un club privado donde solo entran los que tienen la llave correcta. Con un 22% del importe total adjudicado moviéndose por esta vía 'excepcional', la excepción se ha convertido en la norma y la transparencia en un rumor lejano.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el mérito es un concepto flexible, casi un accesorio opcional. José Manuel Albares ha terminado de cerrar el círculo en Brasilia, colocando a Cristina López Heras en una plaza de canciller que parece diseñada con regla y cartabón para ella. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se juega a la ingeniería salarial: se modificaron las condiciones del puesto el pasado 20 de agosto para que un funcionario A1 pudiera optar a él, permitiendo que López Heras pase de ganar 90.000 euros en Madrid a embolsarse unos 130.000 euros brutos. Un 'subidón' de 40.000 euros que, sumado a una residencia oficial pagada con el dinero de todos, hace que el traslado parezca más un premio de lotería que un nombramiento administrativo. La trama tiene el aroma clásico del 'clan'. El sindicato CSIF ya había puesto el grito en el cielo denunciando que López Heras colocó a su hermano, José Enrique López Heras, en Bogotá sin cumplir los requisitos. Pero en la diplomacia de Albares, los vínculos familiares son el mejor currículum. El ministro ha ignorado los recursos de reposición y las advertencias sindicales, siguiendo una hoja de ruta que recuerda al caso de Consuelo Femenía, la esposa de Pedro Duque, quien encadena embajadas (Malta, Países Bajos y ahora Brasil) sin pisar los servicios centrales, como si el Ministerio fuera un hotel de lujo con check-in prioritario. La pieza final del puzzle es el marido de López Heras, recién nombrado consejero en la misma embajada. Todo encaja: sueldo al alza, casa gratis y pareja al lado. Una gestión de recursos humanos que deja al funcionario de a pie mirando desde la barrera, preguntándose si el verdadero requisito para triunfar en Exteriores es, sencillamente, saber a quién saludar en el pasillo.
Hay que tener una confianza ciega en el sistema para que dos agentes del régimen marroquí se instalen en el CETI de Ceuta como quien reserva un Airbnb barato. No fueron inmigrantes desesperados, sino 'ojos' oficiales. W.C., de 31 años, y E.M.L., de 34, entraron el 16 de julio, justo cuando en Tánger ya se empezaba a cocinar el asalto a la valla. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una cita previa, estos dos caballeros disfrutaron de un pase VIP durante más de cinco semanas, con la invasión del 30 de julio ocurriendo prácticamente desde el comedor del centro. El guion es de película serie B: W.C., el policía, se vendió como un desertor. Un cuento que no se creyó nadie con dos dedos de frente, pero que le sirvió para ejercer de 'capataz' sobre los internos gracias a un trato de favor de la anterior dirección del centro. A su lado, E.M.L., el militar, hacía de sombra. Ninguno tenía antecedentes penales, un detalle que en el mundo real es sospechoso cuando llegas a pedir asilo para ganar tiempo y mapear vulnerabilidades. No buscaban refugio, buscaban el plano de la casa. La hipocresía alcanza su pico cuando comparamos esto con el informe de 21 páginas del 28 de octubre enviado a la juez María Tardón. Mientras Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi daban órdenes en la valla, estos dos infiltrados hacían el trabajo sucio desde dentro. El final fue casi cómico: uno expulsado por ir ebrio y el otro en una devolución colectiva. El resultado es un CETI descabezado, una dirección interina que no sabe por dónde le da el aire y fugas masivas, como la del 26 de octubre donde de 200 marroquíes solo devolvieron cinco. Un sistema que deja entrar al enemigo con alfombra roja no es un error; es un coladero.
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