La noticia es un despliegue de negligencia institucional, aunque deja en el aire quién exactamente facilitó el 'trato de favor' en la dirección anterior. Es un relato de vulnerabilidad donde el dato duro es el síntoma de un sistema colapsado.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, en los despachos del Estado han descubierto el arte de la 'generosidad selectiva'. Entre enero y septiembre de 2026, el Gobierno ha soltado 3.923 millones de euros mediante contratos negociados sin publicidad. Para los que no hablen 'burocracia', esto es el clásico contrato a dedo: sin anuncios, sin concursar y con la discrecionalidad como bandera. Un salto del 122,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cifra era de 1.765,3 millones. Lo más fascinante no es solo el volumen, sino el tamaño del bocado. Mientras los lotes solo crecieron un 15,8% (de 2.535 a 2.936), el dinero se disparó. Traducción: no es que contraten más cosas, es que las que contratan a dedo son ahora mucho más caras. Es como si antes invitaran a cenar a un amigo y ahora le pagaran el alquiler del piso. El primer trimestre fue el auténtico festín, concentrando 2.400 millones frente a los modestos 486,77 millones del inicio de 2025. La Oirescon, que es quien lleva la cuenta de este banquete, ya avisó en su informe de 2024 (publicado en 2026) que la concurrencia está en cuidados intensivos. En servicios, la media de licitadores cayó de 5,65 en 2021 a 3,55 en 2024. En suministros, la caída es similar: de 4,31 a 2,97. Al final, el mercado público parece un club privado donde solo entran los que tienen la llave correcta. Con un 22% del importe total adjudicado moviéndose por esta vía 'excepcional', la excepción se ha convertido en la norma y la transparencia en un rumor lejano.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el mérito es un concepto flexible, casi un accesorio opcional. José Manuel Albares ha terminado de cerrar el círculo en Brasilia, colocando a Cristina López Heras en una plaza de canciller que parece diseñada con regla y cartabón para ella. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se juega a la ingeniería salarial: se modificaron las condiciones del puesto el pasado 20 de agosto para que un funcionario A1 pudiera optar a él, permitiendo que López Heras pase de ganar 90.000 euros en Madrid a embolsarse unos 130.000 euros brutos. Un 'subidón' de 40.000 euros que, sumado a una residencia oficial pagada con el dinero de todos, hace que el traslado parezca más un premio de lotería que un nombramiento administrativo. La trama tiene el aroma clásico del 'clan'. El sindicato CSIF ya había puesto el grito en el cielo denunciando que López Heras colocó a su hermano, José Enrique López Heras, en Bogotá sin cumplir los requisitos. Pero en la diplomacia de Albares, los vínculos familiares son el mejor currículum. El ministro ha ignorado los recursos de reposición y las advertencias sindicales, siguiendo una hoja de ruta que recuerda al caso de Consuelo Femenía, la esposa de Pedro Duque, quien encadena embajadas (Malta, Países Bajos y ahora Brasil) sin pisar los servicios centrales, como si el Ministerio fuera un hotel de lujo con check-in prioritario. La pieza final del puzzle es el marido de López Heras, recién nombrado consejero en la misma embajada. Todo encaja: sueldo al alza, casa gratis y pareja al lado. Una gestión de recursos humanos que deja al funcionario de a pie mirando desde la barrera, preguntándose si el verdadero requisito para triunfar en Exteriores es, sencillamente, saber a quién saludar en el pasillo.
Hay una danza muy curiosa ocurriendo en los despachos del PSOE. El juez Santiago Pedraz ha pedido unos contratos y el partido ha respondido con una creatividad que envidiaría cualquier guionista de Netflix. Para evitar entregar los papeles que podrían alimentar la presunta 'cloaca' de Leire Díez y Santos Cerdán, el PSOE ha sacado la carta del 'secreto profesional'. Es el truco clásico: envolver el dinero en papel de abogado para que nadie pregunte qué hay dentro. El juez no quiere saber qué se dijeron en el confesionario, solo quiere ver quién ha pagado y cuánto, pero el partido insiste en que revelar los contratos lesionaría los intereses de terceros. Muy noble. Sin embargo, en el afán de quedar bien, han soltado la perla que la UCO ha subrayado con fluorescente: admiten que no pueden dar la información rápido porque no está centralizada y que las organizaciones territoriales hacen sus propios encargos. Traducido al lenguaje de la calle: el grifo del dinero no solo sale de la central, sino que hay 'cajas' repartidas por todas las regiones. Básicamente, le han dado al juez el mapa del tesoro mientras intentaban decir que no tenían la llave. Para rematar la jugada, han alegado que están muy liados con la campaña electoral y que siete días hábiles —desde la notificación del 7 de octubre— son insuficientes para revisar cinco años de archivos territoriales. Es fascinante. Para organizar mítines y eslóganes tienen una maquinaria suiza, pero para buscar un contrato en un cajón el partido se convierte en una oficina de correos de pueblo en agosto. La UCO ahora sabe que si quiere encontrar la ruta del dinero, no debe mirar solo el despacho del jefe, sino bajar a las provincias.
Hay una magia muy particular en los pasillos del poder: la capacidad de convertir la 'honestidad' en un concepto opcional según sople el viento. El pasado 21 de abril, Isabel Rodríguez se paseó por el Consejo de Ministros vendiendo la transparencia del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como si fuera el Santo Grial de la democracia. Prometió datos abiertos, luz clara y un ejercicio de sinceridad frente a los portales privados. Pero, como ocurre cuando llega la hora de pasar la factura, el Gobierno ha aplicado un giro de guion digno de telenovela barata. La Orden VAU/1167/2026 es una obra maestra de la ingeniería administrativa. Por un lado, el Ministerio de Vivienda se pone en modo 'fiscal implacable' con las comunidades autónomas. Les exige que remitan mensualmente cada detalle, cada céntimo y cada circunstancia personal de los desahuciados. Quieren saberlo todo: ingresos, edad, sexo y hasta el color de las cortinas del beneficiario. Es como si en tu casa te obligaran a llevar un libro de cuentas detallado de cada café que te tomas, pero el administrador del edificio decidiera que el balance final es 'información confidencial'. Aquí reside la trampa. Mientras las autonomías sudan la gota gorda alimentando el sistema a través de la Red SARA —con un margen hasta el 1 de junio de 2027 para arreglar los cables—, el artículo 9 de la norma le da a la Dirección General de Planificación y Evaluación el superpoder de decidir qué se publica y qué se guarda en el cajón. No hay periodicidad, no hay obligación, solo 'criterios de relevancia'. En cristiano: publicaremos lo que nos haga quedar bien y esconderemos el agujero contable o la lista de espera de quienes siguen en la calle. Pedro Sánchez ha hecho de la vivienda su bandera, pero parece que la bandera ahora tiene un parche que tapa las cifras incómodas.
Hay que tener una creatividad desbordante para mirar un edificio de 230.202 euros y decidir que, en los papeles, vale lo mismo que un chicle masticado. El PSOE ha registrado un inmueble de su Comisión Ejecutiva Regional de Madrid por un céntimo. Un céntimo. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la tasa de basuras, en el partido de Pedro Sánchez aplican una aritmética cuántica donde el ladrillo se evapora. El Tribunal de Cuentas, que no es precisamente un entusiasta de la fantasía, ha soltado el bombazo en un informe sobre el ejercicio de 2020, año que, casualmente, orbita en la misma galaxia que el «caso Koldo» y las investigaciones del juez Ismael Moreno sobre financiación ilegal. La excusa técnica es la amortización, pero aquí viene el truco: el suelo no se amortiza. Es decir, que decir que un edificio vale 0,01 euros es como decir que tu coche es gratis porque los neumáticos están gastados, ignorando que el chasis sigue ahí. Pero el céntimo es solo el aperitivo. El banquete incluye 27 inmuebles más, con un valor catastral superior al millón de euros, que el partido simplemente olvidó anotar en la contabilidad. Una amnesia selectiva envidiable. Para rematar la faena, el PSOE registró un deterioro de 1,05 millones de euros en un edificio de la Fundación Ideas para el Progreso con una tasación caducada. Básicamente, han maquillado el balance infravalorando su patrimonio en 5,1 millones de euros, usando provisiones «ficticias» —como 3,6 millones por costes laborales— para que las cuentas no parezcan tan infladas. Al final, el Tribunal de Cuentas es claro: el balance del PSOE no es una imagen fiel, es un cuadro abstracto donde el dinero público y el patrimonio juegan al escondite.
Hay una elegancia casi quirúrgica en cómo el Estado gestiona la miseria. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado en Ceuta, decidió que la mejor forma de aplicar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) —ese manual de instrucciones que desde junio obliga a la UE a hacer 'triajes' para detectar vulnerabilidades— no era mejorar la acogida, sino comprar un trozo de tierra. Porque claro, cuando la Jefatura de Policía le dijo que meter a la gente en naves industriales era un lío logístico, la solución no fue buscar dignidad, sino buscar una parcela privada con buenos enchufes. El plan, detallado en un correo electrónico el pasado 16 de julio, era montar un campamento de carpas y módulos al estilo Ibiza, pero sin el glamour de las fiestas. El escenario: una parcela de 2.200 metros cuadrados junto a la prisión. Un lugar idílico para que los recién llegados esperen a que la burocracia decida su suerte, ya que, mientras dura el triaje, no tienen autorización de entrada y quedan a disposición de las autoridades. Básicamente, un limbo con suministro eléctrico y saneamiento. Los números son el combustible de esta maquinaria. Pérez Triano advirtió que Ceuta es el epicentro de la presión migratoria. Solo en los primeros seis meses del año, 2.582 personas entraron de forma irregular, un incremento del 164% interanual que haría temblar a cualquier gestor de inventarios. A esto se suma el 'efecto nadadores' y el golpe del Tribunal Supremo, que puso freno a las devoluciones en caliente. Ante el caos, la respuesta institucional fue pragmática: si no hay sitio en la nave, compramos un terreno y ponemos carpas. Eficiencia pura, siempre que no te toque dormir en una de ellas.
Hay una mística casi religiosa en la burocracia de José Manuel Albares: la capacidad de hacer desaparecer millones de euros en conceptos que parecen redactados por un generador de frases aleatorias. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido que la prioridad es la 'gobernanza migratoria' en Egipto. Suena sofisticado, ¿verdad? En lenguaje de calle, significa soltar pasta para que otros gestionen sus problemas mientras nosotros miramos desde la barrera. El sablazo más reciente llegó el 14 de septiembre, con una transferencia de 4.075.492 euros destinada al 'Fondo Fiduciario para Combatir la Migración Ilegal y la Protección de los Migrantes'. Un nombre tan largo y solemne que probablemente sirve para que nadie se atreva a preguntar qué hacen exactamente con el dinero. Si sumamos esto a la fase anterior, el programa CONMIGO I —que en 2021 ya se había llevado tres millones de euros—, llegamos a un total de siete millones de euros que aterrizan en suelo egipcio. Todo coordinado por la AECID y con el visto bueno de la Unión Europea. Lo verdaderamente cómico, si no fuera trágico, es el contraste. Tenemos un presupuesto anual de cooperación de 4.500 millones de euros que el Tribunal de Cuentas y la AIReF miran con el mismo escepticismo con el que un perro mira un limón. Mientras Albares juega a ser el benefactor de El Cairo, Ceuta y las Islas Canarias siguen siendo el patio de juegos del caos migratorio. Es la paradoja perfecta: tenemos una eficacia quirúrgica para enviar millones al extranjero, pero una gestión amateur para nuestras propias fronteras. Básicamente, estamos pagando el catering de una fiesta en Egipto mientras en casa no tenemos ni para el pan.
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