Crítica:
El texto original es una transcripción plana de declaraciones. Carece de análisis sobre si las amenazas de la derecha son retórica electoral o una estrategia real de presión.
UGT acusa a Feijóo y Abascal de «amenazar» a los sindicatos por convocar la huelga general
Sindicatos vs Políticos: Amenazas y WhatsApps
Otros artículos
Nacionalidad española: Típex y mentiras en México
Parece broma, pero en el Consulado General de España en la Ciudad de México han descubierto que la alta diplomacia se maneja con la misma sofisticación que un alumno de primaria que ha suspendido matemáticas. Mientras el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo el mando de Ángel Víctor Torres, marcaba el 22 de octubre de 2025 como la fecha límite e improrrogable para la 'ley de nietos', en México decidieron que las normas son sugerencias y que el típex es la herramienta administrativa del siglo XXI. La mecánica es tan rudimentaria que asusta. Cuando los solicitantes llegaban en noviembre —ya fuera tarde para la fiesta—, la cónsul adjunta, María Prada, dio la orden directa: borrar la fecha real con corrector blanco y escribir a mano el mágico '22 de octubre'. Un sablazo a la legalidad hecho con pintura opaca. Para los expedientes que debían viajar a otros consulados y evitar que el 'tachón' levantara sospechas, recurrieron a la ingeniería financiera del formulario: una hoja de anexo nueva, limpia y mentirosa. Lo más delirante es el contraste. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia para renovar un DNI, aquí se fabricaban derechos extintos sobre la marcha. No es un error de dedo; es una falsedad en documento público sistemática. Y esto es solo la punta del iceberg, pues ya se sabe que menos del 10% de los aprobados eran realmente descendientes de exiliados. Entre familiares nacidos en el siglo XIX y expedientes 'VIP', la ley de memoria se ha convertido en una ley de 'quien tenga el contacto'. Al final, el juego sale caro: por cada nacionalizado irregular, cinco familiares más obtienen el voto, inflado un volumen que ya supera los 163.000 expedientes oficiales.
ADIF: Más igualdad que frenos en Urda
La gestión del talento en ADIF parece seguir la lógica de quien compra un coche de carreras pero se asegura de que el conductor sepa perfectamente cómo reciclar el plástico del manual de instrucciones. Resulta fascinante que, para acceder a la plantilla de Responsables de Circulación en la convocatoria PNI23/01 del 7 de julio de 2023, el examen fuera un ejercicio de equilibrismo ético más que técnico. De las 60 preguntas totales, el sistema decidió que era vital que los aspirantes dominaran la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad. Tres preguntas dedicadas a la legitimación en procesos civiles y planes estratégicos de igualdad. Un detalle loable, sin duda, pero que adquiere un tinte surrealista cuando miras el hueco que dejaron los sistemas de seguridad. En los modelos 1001 y 2224 de la parte específica, el LZB y el ERTMS —los cerebros electrónicos que evitan que dos trenes se den un beso metálico a 300 km/h— brillaban por su ausencia. Cero preguntas. Nada. Ni un protocolo de recuperación ante averías, ni una sola mención al sistema que, según el ministro Óscar Puente, sufrió una «pérdida de transmisión» el 28 de octubre en Urda, desembocando en una tragedia con 69 víctimas. Es como pedirle a un cirujano que sepa redactar un acta de conciliación laboral pero no preguntarle en el examen cómo detener una hemorragia. Mientras el Gobierno señala el «error humano» del controlador que entró en 2023, olvidan que la empresa planificó 370 incorporaciones basándose en saber qué señal protege una aguja de salida (señalización convencional), pero ignorando la tecnología de vanguardia que ya debería estar operativa desde enero. Nos venden seguridad europea, pero el filtro de entrada parece un trámite administrativo donde importa más el formulario que el freno.
Caos en Roquetas: Comisaría fantasma sin dueño
Hay cosas que dan más risa que un coche de lujo aparcado en un barrio obrero, y la gestión del Ministerio del Interior en Roquetas de Mar es una de ellas. Imagínate la escena: tienes el edificio nuevo casi terminado, el mobiliario listo para entrar y los 150 agentes de la Policía Nacional con las maletas hechas para llegar en diciembre. Un despliegue coordinado, digno de un reloj suizo, hasta que la Audiencia Nacional decidió que el reloj no tenía pilas. El problema es que el departamento de Francisco Pardo cometió el pecado capital de la administración moderna: no explicar el 'porqué'. Simplemente añadieron el municipio a la lista del BOE en 2023, como quien añade leche y huevos a la lista de la compra, sin presentar un solo informe que justificara el cambio. Resultado: la justicia ha calificado la medida de 'arbitraria'. Un sablazo jurídico que deja la implantación en stand-by y devuelve el oxígeno a la Guardia Civil, cuyos 180 miembros ahora respiran aliviados mientras ven cómo el plan de Mercedes González para reubicarlos se convierte en humo. Ahora mismo, la Dirección General de la Policía ha frenado el concurso de traslados. Javier Macías, del SUP, lo ve precipitado, pero la realidad es que el Interior ha jugado una partida de ajedrez sin mirar el tablero. Mientras se pelean por ver quién lleva la placa en la calle, la ciudadanía se queda en el limbo. ¿Tenemos comisaría o tenemos acuartelamiento? Nadie lo sabe. El Ministerio ahora reza para que el Tribunal Supremo sea más flexible, pero con los plazos judiciales, podríamos estar esperando dos años. Básicamente, han construido un hotel de cinco estrellas para policías que, por ahora, no tienen llave de la puerta.
Zapatero y el misterio del estuche perdido
Hay regalos que llegan con moño y otros que llegan con un problema judicial colgado al cuello. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora mismo en esa situación: un registro en su despacho de Madrid ha sacado a la luz unas joyas que, según el exmandatario, fueron un detalle personal de Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud allá por junio de 2007. El problema es que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no compra la historia. Para el magistrado, que Zapatero no tenga el ticket de compra ni la cajita original es un síntoma; para la defensa, es simplemente sentido común. Víctor Moreno Catena, el abogado de Zapatero, ha soltado un escrito que es básicamente un 'vete a leer la ley' al juez. Acusa a Calama de 'laminar' el derecho a la defensa y de invertir la lógica penal. Mientras que cualquier ciudadano corriente tendría que sudar tinta para demostrar que un diamante no es fruto de una ingeniería financiera, Zapatero pide una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que el reino confirme el regalo. El juez dice que es inútil; la defensa dice que es la única forma de no basar un juicio en la 'mera incredulidad'. Lo más surrealista es la pelea por el estuche. La joyería Yanes ha sugerido que es raro que unas piezas de ese calibre no conserven su embalaje original. La respuesta de Zapatero es lapidaria: nadie guarda el envoltorio de un regalo de hace 19 años, ni siquiera los presidentes. Es como si el juez pretendiera que el exmandatario hubiera archivado un acuse de recibo por un collar. Al final, nos encontramos con el eterno choque entre la 'máxima de la experiencia' del juez y la memoria selectiva de los despachos del poder.
Voto por correo: seguridad a base de sustos
Gestionar el voto por correo en este país es, básicamente, confiar las llaves de casa al vecino que siempre pierde las cosas. Correos ha admitido, en dos informes internos del 7 y 29 de octubre de 2026, que su sistema de seguridad tenía más agujeros que un colador. El detonante no fue una auditoría brillante, sino que alguien decidió que llevarse 124 votos en Fuente de Cantos era una idea estupenda. Ese 'incidente' en Badajoz obligó a la empresa pública a diseñar un plan de contingencia a base de sustos, aceptando medidas que el Partido Popular llevaba pidiendo desde junio de 2025, cuando todavía creían en la eficiencia administrativa. Ahora, para evitar que el proceso electoral parezca un reparto de folletos en un semáforo, han implementado videovigilancia 24 horas, GPS en el transporte y espacios cerrados. Cosas básicas, como las que pondrías para guardar un iPhone nuevo, pero que para el voto democrático llegaron tarde. El PP, que lleva insistiendo desde el 18 de diciembre de 2025 y el 8 de octubre de 2026, celebra que los afectados por los robos puedan volver a votar, pero se muerden la lengua con la transparencia. Aquí es donde entra la hipocresía corporativa: Correos dice que ha mejorado, pero el detalle del procedimiento es un secreto de Estado que solo conoce la Junta Electoral Central y el Ministerio del Interior. Los partidos se quedan fuera, mirando el muro, sin saber cuántos votos no llegan a tiempo. Es como si el banco te dijera que tu dinero está seguro, pero que no puedes ver el extracto de la cuenta. El control de las papeletas nulas y reclamadas en las sedes de las Juntas sigue siendo una zona gris, un vacío legal que hace que la trazabilidad sea más un deseo que una realidad técnica.
Urda: el aviso que ignoraron por ego
Hay errores que son simples anécdotas y hay otros que son avisos gritados al oído. Lo de Urda no fue un accidente, fue una cita programada. Resulta que el AVE 02080 y el Iryo 6076, los mismos protagonistas que el 28 de octubre se dieron un beso mortal que se llevó por delante a 69 personas, ya habían ensayado la escena el 15 de septiembre. Misma hora (8.30 frente a 8.31), misma ruta hacia Andalucía y el mismo fallo en el sistema de señalización. Básicamente, el destino les dio un 'demo' gratuito de la tragedia un mes y medio antes. Pero claro, en el mundo de los despachos, la prioridad no es evitar que los trenes se conviertan en acordeones, sino mirar quién tiene la culpa para que no le toquen el sueldo. Mientras ADIF admitía que el sistema de señalización estaba más roto que una silla de bar, Renfe decidió jugar al teléfono escacharrado. Los pasajeros del AVE recibieron un correo electrónico —estilo 'oferta de última hora'— echándole la culpa al «Iryo precedente». Una jugada maestra de relaciones públicas: mientras el sistema LZB fallaba por decimosena vez, la estrategia era señalar al vecino. ADIF tardó casi 24 horas en decir que todo estaba arreglado, el 16 de septiembre a las 6.00, sin soltar prenda sobre si se trataba de una de las 170 caídas del sistema en ese tramo. Es como si en tu casa se cayera el techo, el seguro te dijera que es culpa del vecino y luego te aseguraran que ya han puesto un parche de yeso para que no te caiga el resto encima. Al final, la ingeniería financiera de la eficiencia terminó en una colisión a 160 kilómetros por hora porque alguien pensó que un aviso previo era solo un retraso más en la agenda.
Adif: más igualdad y menos frenos
Hay una ironía deliciosa y macabra en la gestión de Adif. Imagina que vas a contratar a un cirujano y, en el examen de acceso, le preguntas tres veces cómo redactar un protocolo de igualdad de género, pero te olvidas de preguntarle dónde está el corazón. Exactamente eso ha pasado con la convocatoria PNI23/01 del 7 de julio de 2023. Para entrar como personal de circulación, los 370 aspirantes se enfrentaron el 5 de noviembre a un cuestionario donde la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad era la estrella, mientras que los sistemas LZB y ERTMS —lo que evita que los trenes se conviertan en chatarra compactada— brillaban por su ausencia. Resulta que en los bloques específicos (códigos 1001 y 2224), no había ni una sola pregunta sobre cómo operar el LZB o qué hacer cuando el sistema decide tomarse unas vacaciones. Un detalle menor, quizá, si no fuera porque el pasado 28 de octubre, en Urda (Toledo), una avería en ese mismo LZB terminó en una tragedia con 69 fallecidos. El ministro Óscar Puente salió rápidamente a decir que hubo un 'error humano'. Claro, es muy fácil señalar al operario cuando el examen de entrada era más un curso de recursos humanos que un manual de seguridad ferroviaria. Mientras el Gobierno busca un culpable para el desastre de la línea Madrid-Andalucía, olvidan que el ERTMS, el sistema europeo que debía salvarlos, sigue siendo una promesa para enero de 2026. Al final, hemos descubierto que en Adif prefieren que sepas quién puede intervenir en un procedimiento judicial de igualdad antes de que sepas cómo evitar que dos trenes se den un beso mortal. Es la gestión pública en estado puro: priorizar la etiqueta del envoltorio mientras el contenido se desintegra.
Comentarios