Crítica:
La noticia es un ejercicio de relaciones públicas del Ministerio para maquillar un error de planificación garrafal. No explica por qué se ignoró inicialmente la demanda habitacional real hasta que hubo ruido político.
El Gobierno accede a «duplicar holgadamente» la capacidad eléctrica de Madrid ante las dificultades para 'enchufar' los nuevos barrios
Madrid: de velas a 6,5 GW
Otros artículos
IA en Países Bajos: 25.000 despidos
El Gobierno de Países Bajos ha decidido que el futuro de la administración pública no tiene espacio para tantos humanos, pero sí para muchos algoritmos. Bajo la batuta de Rob Jetten, el Ejecutivo ha lanzado un plan de 'optimización' que suena a manual de consultoría barata: 25.000 funcionarios a la calle para el año 2035. El objetivo es un ahorro de 3.500 millones de euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un juego de niños mientras el Estado decide que el software es más rentable que el sueldo de un empleado. La hoja de ruta es agresiva. Quieren recortar 900 millones de euros ya en 2027. Eric van den Burg, el secretario de Estado para una Administración Eficaz, lo vende como la búsqueda de un gobierno 'más sencillo', aunque en lenguaje de calle esto significa que si tu trámite antes dependía de un funcionario con mal humor, ahora dependerá de un código que no sabe lo que es la empatía. Lo más curioso es el blindaje: la policía y la defensa se salvan. Al parecer, la IA puede redactar un informe o gestionar un impuesto, pero todavía no sabe poner esposas ni disparar un cañón. Para redondear el sablazo, el plan incluye una Ley de Simplificación que promete eliminar 500 regulaciones anuales. Menos burocracia, dicen, mientras cierran edificios 'innecesarios' porque un servidor en la nube ocupa menos que una oficina con calefacción. También barren con los comités asesores y órganos consultivos, esos ecosistemas de expertos que, según el Gobierno, solo generan 'trabajo innecesario'. Al final, la receta es clara: menos personas pensando y más máquinas procesando, todo para que la cuenta corriente del Estado deje de sangrar.
Adiós al chuletón: Europa prohíbe anuncios cárnicos
Parece que en Europa han decidido que el camino más corto hacia la salvación del planeta no es la innovación, sino el borrador. Ámsterdam, en un alarde de optimismo administrativo, se ha estrenado como la primera capital europea en prohibir los paneles publicitarios de carne y combustibles fósiles. Sí, han pasado cinco años masticando la ley para concluir que, si no ves el chuletón en una valla publicitaria, mágicamente dejarás de pedirlo en el restaurante. Es la lógica del 'ojos que no ven, estómago que no siente'. La fiebre se ha extendido por los Países Bajos como la gripe en invierno; Utrecht, La Haya, Zwolle, Nimelga y Delft ya han firmado el veto. Mientras tanto, ciudades como Helsinki, Bristol o Estocolmo se quedan a medio gas, prohibiendo la aviación o la moda rápida, pero dejando que el filete siga haciendo marketing. El objetivo es ambicioso, casi utópico: neutralidad de carbono para 2050 y reducir el consumo de carne a la mitad en el mismo plazo. Básicamente, quieren que el ciudadano promedio gestione su dieta como si fuera un presupuesto municipal en crisis. Los datos son el arma de doble filo. Wageningen Social and Economic Research confirma que en 2024 los neerlandeses consumieron menos carne que en los últimos 20 años. ¿Es por la prohibición de los carteles o porque la inflación ha convertido el solomillo en un artículo de lujo? El debate queda en el aire. Se apoyan en que los productos animales generan entre el 81% y el 86% de las emisiones alimentarias de la UE, aunque solo aporten el 21% de las calorías. Es un balance contable brutal, pero intentar solucionarlo quitando anuncios es como intentar bajar de peso prohibiendo las fotos de pasteles en Instagram. Una medida que huele a intervencionismo puro y que ignora que el hambre no se legisla con vallas publicitarias.
Sánchez intenta colar la vivienda por decreto
Pedro Sánchez ha descubierto que el botón de 'deshacer' del Congreso no funciona tan bien como en el ordenador de casa. El Ejecutivo ha superado la barrera de los 30 decretazos en lo que va de 2026, pero hay un movimiento que huele a quemado: intentar colar por la puerta trasera de la Comisión Permanente dos paquetes de vivienda que el Pleno del Congreso le tumbó el 2 de octubre (172 votos a favor frente a 178 en contra). La jugada es sencilla: si no te dejan entrar por la puerta principal porque PP, Vox, UPN y Junts te han cerrado el paso, intentas entrar por la ventana donde los votos de Junts se diluyen y el PNV te hace el favor. La Moncloa lo vende como una 'emergencia social', una etiqueta que hoy en día se usa para todo, como quien pone 'urgente' en un correo para que el compañero lo lea antes del viernes. Pero aquí hay un problema de tamaño legal: la 'doctrina Baleares'. Resulta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 28/26 del 25 de marzo de 2026, ya le dio un sopapo al Gobierno de Marga Prohens por hacer exactamente lo mismo. Prohens intentó borrar con un decreto ley una decisión del Parlamento balear sobre el catalán en sanidad, y el TC fue tajante: el hecho de que un Gobierno no esté contento con el resultado de una votación no es una 'urgencia', es simplemente mala suerte democrática. Si el TC aplica su propio criterio, el decreto de vivienda de Sánchez pasará de ser una solución social a ser un 'fraude de ley' de manual. Porque seamos claros: llevar ocho años en el sillón y decir que la vivienda es un problema 'sobrevenido' es como decir que te sorprende que llueva en noviembre. No es urgencia, es ingeniería financiera legislativa para salvar los muebles antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Menores en Ceuta: promesas que vuelan
El Gobierno ha jugado al teléfono escacharrado con la gestión de los menores en Ceuta y el resultado es un despliegue de hipocresía digno de un Oscar. Empezaron agosto vendiendo que los traslados a la Península ocurrirían en «unas pocas semanas», una promesa que caducó más rápido que un yogur al sol. Para cuando llegó septiembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cambió el discurso con una naturalidad pasmosa: ahora resulta que «la mayoría se quieren quedar en España y se van a quedar». Pasar del «los movemos ya» al «pues se quedan aquí» es un giro narrativo que en cualquier contrato de alquiler sería motivo de demanda. Los números, que no saben mentir aunque los intenten maquillar, son demoledores. De los 3.331 menores atendidos tras la invasión del 30 de julio, solo 288 han salido de la ciudad autónoma (107 por reagrupación familiar y 181 por el artículo 35 de la Ley de Extranjería). Es decir, que mientras el Ejecutivo central se llena la boca hablando de soluciones, el 91% de los chavales sigue allí, acumulando días en una gestión que parece más un partido de ping-pong político que una política de Estado. Para rematar la faena, el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido que la culpa es del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y del PP, acusándolos de bloquear los movimientos por sus pactos con Vox. Es la técnica clásica: cuando el agujero contable de la gestión es demasiado grande, se busca un culpable externo. Mientras tanto, Marruecos ignora 600 expedientes y el Gobierno central sigue intentando encajar cifras que empezaron en 2.000 y terminaron en 3.331, según Elma Saiz. Al final, el «politiqueo con los niños» es la única maquinaria que funciona a pleno rendimiento.
Joyas, AVEs y el 'club' de Bono
Hay quien dice que el amor al arte es noble, pero cuando el arte viene en forma de joyas saudíes y contratos ferroviarios, la cosa huele a naftalina y despacho cerrado. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción tiene a una testigo que no se anda con rodeos y que ha metido en el mismo saco a José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y José Luis Ábalos. Según el relato, no eran simples diplomáticos, sino auténticos 'lobbies políticos' que movieron los hilos de un negocio en Arabia Saudí que supera los diez mil millones de dólares. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, aquí hablamos de cifras que marean y de un AVE a La Meca que, al parecer, dejó un rastro de brillantes como comisión en especie. La jugada es maestra: Zapatero insiste en que doce de las piezas más caras fueron un regalo del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007. Una fecha muy conveniente, porque en el mundo de la ley, el tiempo lo borra todo y la prescripción es el mejor amigo del político. Sin embargo, la testigo suelta la bomba: las joyas llegaron en 2019, ya con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en Moncloa, como pago por contratos de obra entre 2011 y 2017 y un mantenimiento desde 2018. Pasar de 2007 a 2019 no es un error de calendario, es la diferencia entre un 'detalle cortesía' y un agujero legal del tamaño de una estación de tren. Pero la película no acaba en el desierto. El guion ahora se traslada a la República Dominicana, concretamente a Punta Cana, donde finales de 2024 y principios de 2025 se habrían gestado nuevas reuniones para adjudicar obras ferroviarias. El mismo grupo, los mismos apellidos y la misma ingeniería financiera. Un sistema que, según la fuente, compensa a funcionarios y políticos como quien reparte propinas en un casino, todo bajo el paraguas de un grupo de poder estructurado.
Pensiones públicas: el cuento del PSOE privado
Hay una coreografía política que ya es un clásico: defender el sistema público con el corazón en la mano mientras se guarda el colchón privado bajo la cama. Pedro Sánchez ha decidido izar la bandera de las pensiones públicas, vendiéndonos una solvencia que parece sacada de un cuento de hadas, pero cuando revisamos los libros de cuentas, la realidad es otra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la pensión no se evapore con la inflación, el presidente del Gobierno lidera el ranking de la previsión privada con 105.378,10 euros en su plan personal. Es el típico caso de 'confía en el sistema, pero por si acaso, llénate los bolsillos'. La cadena de mando sigue la misma lógica. Margarita Robles no se queda atrás con 99.816 euros y Félix Bolaños asegura su futuro con 84.406,64 euros. Es una ingeniería financiera envidiable: predicar la fe en lo público mientras se contrata el seguro privado. Óscar Puente (42.479,40 €) e Isabel Rodríguez (10.790 €) también juegan en esa liga. Incluso quienes ya han hecho las maletas del gabinete, como Carmen Calvo (99.816 €), Miquel Iceta (65.858 €) o Meritxell Batet (54.772 €), mantienen sus ahorros lejos del riesgo estatal. El despliegue de hipocresía alcanza niveles industriales cuando vemos que los diputados socialistas suman casi dos millones de euros en planes privados. Desde Patxi López con sus 45.943,28 euros hasta la diputada Teresa Llorens, que ha superado al jefe con 123.383,62 euros. Sumemos a esto que Sánchez, Bolaños y Puente también viven del alquiler, demostrando que la 'bandera de la vivienda' se bajó rápido cuando el patrimonio inmobiliario empezó a molestar. Al final, la moraleja es clara: el sistema público es sagrado, siempre y cuando tengas un plan B privado que te permita dormir tranquilo.
Ceuta: militares marroquíes miraban el caos
Hay momentos en los que la diplomacia es simplemente el nombre elegante que le damos a dejarse pisar la cara. El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, acaba de aterrizar en la Audiencia Nacional para contar que, mientras el Gobierno jugaba al teléfono escacharrado, en la frontera el guion era digno de una comedia negra. Resulta que el 30 de julio, coincidiendo con el día del trono, más de 70.000 personas decidieron que era el momento ideal para entrar en la ciudad autónoma. ¿Y los militares de Rabat? Según Lobo, estaban 'de brazos caídos'. No es que estuvieran descansando; es que, según el testimonio, se limitaban a dar órdenes para echar a la gente al agua, convirtiendo la frontera en una piscina forzada donde la Guardia Civil tuvo que rescatar personas para evitar una tragedia. Mientras tanto, en el despacho del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Triano, reinaba el silencio administrativo. Lobo avisó de las embarcaciones el día anterior, pero no recibió ni una instrucción. Imaginen la escena: un mando militar tomando decisiones de vida o muerte mientras el jefe político parece haber perdido el mando a distancia. Lobo terminó abriendo la valla para evitar que la avalancha se convirtiera en cementerio, una decisión que le valió un rifirrafe con Lorenzo Juan Fages, inspector jefe de la Policía Nacional, quien prefería mantener el portón cerrado, como quien cierra la persiana de un negocio que ya no quiere atender clientes. Todo esto bajo la sombra de una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente por vía marítima, dejando a los agentes en un limbo legal donde la única certeza era el caos. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ya lo había avisado: Marruecos no estaba frenando nada; estaba organizando la cola.
Comentarios