Crítica:
El texto original es un panfleto gubernamental disfrazado de noticia. No menciona el impacto social de los despidos ni cuestiona si la IA realmente puede sustituir la gestión humana sin crear un caos administrativo.
Países Bajos recortará 25.000 funcionarios y empleados públicos por la IA: solo se salvarán dos colectivos
IA en Países Bajos: 25.000 despidos
Otros artículos
Sánchez en La Revuelta: ¿Audiencia o milagro?
Hay milagros que no se explican con la fe, sino con la aritmética, y el último ha ocurrido en La 1. David Broncano, que venía arrastrando los pies con una audiencia de 1.223.000 espectadores y un share del 10,1% —quedándose corto incluso frente a las tentaciones de Telecinco—, ha pegado un salto cuántico. El jueves, con Pedro Sánchez en el sofá, La Revuelta se despertó con 4.387.000 seguidores y un 33,9% de cuota. Un crecimiento del 258% que hace que cualquier fondo de inversión de Wall Street parezca un ahorro infantil en una hucha de barro. ¿De dónde han salido 3.164.000 espectadores nuevos de la noche a la mañana? Es el misterio del siglo. Mientras El Hormiguero y Horizonte seguían en su ritmo habitual, como quien va al súper a comprar el pan, la audiencia de Sánchez ha dinamitado todos los récords. Ha superado incluso el bote histórico de Rosa Rodríguez en Pasapalabra (3.696.000), que era el evento social del año. Es como si, de repente, todo el país hubiera decidido que ver al presidente era más urgente que pagar la hipoteca. Lo más surrealista ocurre en Madrid. En la tierra de Ayuso, la cuota subió al 43,2%, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Un fenómeno paranormal que desafía la lógica política. Para rematar el cuadro, la entrevista duró 45 minutos más de lo habitual; normalmente, alargar un programa es la receta perfecta para que la gente cambie de canal, pero aquí el share subió del 24% al 40% al final de la noche. En el mundo real, esto sería como que una película aburrida se hiciera más popular a medida que se acerca el final. Entre los rumores de pasillo sobre el sistema de medición y el historial de 'creatividad' estadística del CIS de Tezanos, los números de Sánchez parecen más una obra de ficción que un dato de audiencia.
Adiós al chuletón: Europa prohíbe anuncios cárnicos
Parece que en Europa han decidido que el camino más corto hacia la salvación del planeta no es la innovación, sino el borrador. Ámsterdam, en un alarde de optimismo administrativo, se ha estrenado como la primera capital europea en prohibir los paneles publicitarios de carne y combustibles fósiles. Sí, han pasado cinco años masticando la ley para concluir que, si no ves el chuletón en una valla publicitaria, mágicamente dejarás de pedirlo en el restaurante. Es la lógica del 'ojos que no ven, estómago que no siente'. La fiebre se ha extendido por los Países Bajos como la gripe en invierno; Utrecht, La Haya, Zwolle, Nimelga y Delft ya han firmado el veto. Mientras tanto, ciudades como Helsinki, Bristol o Estocolmo se quedan a medio gas, prohibiendo la aviación o la moda rápida, pero dejando que el filete siga haciendo marketing. El objetivo es ambicioso, casi utópico: neutralidad de carbono para 2050 y reducir el consumo de carne a la mitad en el mismo plazo. Básicamente, quieren que el ciudadano promedio gestione su dieta como si fuera un presupuesto municipal en crisis. Los datos son el arma de doble filo. Wageningen Social and Economic Research confirma que en 2024 los neerlandeses consumieron menos carne que en los últimos 20 años. ¿Es por la prohibición de los carteles o porque la inflación ha convertido el solomillo en un artículo de lujo? El debate queda en el aire. Se apoyan en que los productos animales generan entre el 81% y el 86% de las emisiones alimentarias de la UE, aunque solo aporten el 21% de las calorías. Es un balance contable brutal, pero intentar solucionarlo quitando anuncios es como intentar bajar de peso prohibiendo las fotos de pasteles en Instagram. Una medida que huele a intervencionismo puro y que ignora que el hambre no se legisla con vallas publicitarias.
Madrid: de velas a 6,5 GW
Parecía que Madrid iba a estrenar barrios con el romanticismo de las velas y el generador de gasolina. El Gobierno, en un giro de guion digno de telenovela, ha decidido que 'duplicar holgadamente' la capacidad eléctrica de la región es mejor que dejar a miles de familias jugando al Tetris con los enchufes. Hasta hace nada, la planificación energética hasta 2030 parecía un chiste de mal gusto: mientras BBVA Research advertía que Madrid necesita 116.000 viviendas y tiene suelo para 126.000, la red eléctrica solo tenía sitio para 'enchufar' 40.000. Básicamente, querían construir el edificio pero se olvidaron de poner el cableado, un sablazo de ineficiencia que dejaba a la región en un limbo energético. Pero bastó una avalancha de 2.566 alegaciones —lo que en lenguaje administrativo significa 'nos habéis liado una parda'— para que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el mando de Sara Aagesen, rectificara. Ahora, Rafael García González, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, puede respirar. La nueva receta incluye 17 parques de subestaciones nuevos (más siete añadidos tras el susto de las alegaciones), 173 kilómetros de líneas nuevas y la repotenciación de otros 290 kilómetros de tendidos. Es como si, tras intentar alimentar una ciudad con un alargador de Ikea, decidieran instalar una central nuclear en el salón. El Miteco promete ahora una demanda adicional de 6,5 GW, situando a Madrid como la segunda región más beneficiada tras Aragón. También lanzan un caramelo de 1 GW para renovables. Lo más curioso es que el Gobierno ahora prioriza el 'anillo de Madrid' y los ejes con Castilla-La Mancha y Extremadura, admitiendo implícitamente que su primer borrador era un mapa dibujado con los ojos cerrados. Al final, la ingeniería financiera y política ha ganado a la terquedad burocrática.
Sánchez intenta colar la vivienda por decreto
Pedro Sánchez ha descubierto que el botón de 'deshacer' del Congreso no funciona tan bien como en el ordenador de casa. El Ejecutivo ha superado la barrera de los 30 decretazos en lo que va de 2026, pero hay un movimiento que huele a quemado: intentar colar por la puerta trasera de la Comisión Permanente dos paquetes de vivienda que el Pleno del Congreso le tumbó el 2 de octubre (172 votos a favor frente a 178 en contra). La jugada es sencilla: si no te dejan entrar por la puerta principal porque PP, Vox, UPN y Junts te han cerrado el paso, intentas entrar por la ventana donde los votos de Junts se diluyen y el PNV te hace el favor. La Moncloa lo vende como una 'emergencia social', una etiqueta que hoy en día se usa para todo, como quien pone 'urgente' en un correo para que el compañero lo lea antes del viernes. Pero aquí hay un problema de tamaño legal: la 'doctrina Baleares'. Resulta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 28/26 del 25 de marzo de 2026, ya le dio un sopapo al Gobierno de Marga Prohens por hacer exactamente lo mismo. Prohens intentó borrar con un decreto ley una decisión del Parlamento balear sobre el catalán en sanidad, y el TC fue tajante: el hecho de que un Gobierno no esté contento con el resultado de una votación no es una 'urgencia', es simplemente mala suerte democrática. Si el TC aplica su propio criterio, el decreto de vivienda de Sánchez pasará de ser una solución social a ser un 'fraude de ley' de manual. Porque seamos claros: llevar ocho años en el sillón y decir que la vivienda es un problema 'sobrevenido' es como decir que te sorprende que llueva en noviembre. No es urgencia, es ingeniería financiera legislativa para salvar los muebles antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Menores en Ceuta: promesas que vuelan
El Gobierno ha jugado al teléfono escacharrado con la gestión de los menores en Ceuta y el resultado es un despliegue de hipocresía digno de un Oscar. Empezaron agosto vendiendo que los traslados a la Península ocurrirían en «unas pocas semanas», una promesa que caducó más rápido que un yogur al sol. Para cuando llegó septiembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cambió el discurso con una naturalidad pasmosa: ahora resulta que «la mayoría se quieren quedar en España y se van a quedar». Pasar del «los movemos ya» al «pues se quedan aquí» es un giro narrativo que en cualquier contrato de alquiler sería motivo de demanda. Los números, que no saben mentir aunque los intenten maquillar, son demoledores. De los 3.331 menores atendidos tras la invasión del 30 de julio, solo 288 han salido de la ciudad autónoma (107 por reagrupación familiar y 181 por el artículo 35 de la Ley de Extranjería). Es decir, que mientras el Ejecutivo central se llena la boca hablando de soluciones, el 91% de los chavales sigue allí, acumulando días en una gestión que parece más un partido de ping-pong político que una política de Estado. Para rematar la faena, el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido que la culpa es del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y del PP, acusándolos de bloquear los movimientos por sus pactos con Vox. Es la técnica clásica: cuando el agujero contable de la gestión es demasiado grande, se busca un culpable externo. Mientras tanto, Marruecos ignora 600 expedientes y el Gobierno central sigue intentando encajar cifras que empezaron en 2.000 y terminaron en 3.331, según Elma Saiz. Al final, el «politiqueo con los niños» es la única maquinaria que funciona a pleno rendimiento.
Joyas, AVEs y el 'club' de Bono
Hay quien dice que el amor al arte es noble, pero cuando el arte viene en forma de joyas saudíes y contratos ferroviarios, la cosa huele a naftalina y despacho cerrado. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción tiene a una testigo que no se anda con rodeos y que ha metido en el mismo saco a José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y José Luis Ábalos. Según el relato, no eran simples diplomáticos, sino auténticos 'lobbies políticos' que movieron los hilos de un negocio en Arabia Saudí que supera los diez mil millones de dólares. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, aquí hablamos de cifras que marean y de un AVE a La Meca que, al parecer, dejó un rastro de brillantes como comisión en especie. La jugada es maestra: Zapatero insiste en que doce de las piezas más caras fueron un regalo del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007. Una fecha muy conveniente, porque en el mundo de la ley, el tiempo lo borra todo y la prescripción es el mejor amigo del político. Sin embargo, la testigo suelta la bomba: las joyas llegaron en 2019, ya con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en Moncloa, como pago por contratos de obra entre 2011 y 2017 y un mantenimiento desde 2018. Pasar de 2007 a 2019 no es un error de calendario, es la diferencia entre un 'detalle cortesía' y un agujero legal del tamaño de una estación de tren. Pero la película no acaba en el desierto. El guion ahora se traslada a la República Dominicana, concretamente a Punta Cana, donde finales de 2024 y principios de 2025 se habrían gestado nuevas reuniones para adjudicar obras ferroviarias. El mismo grupo, los mismos apellidos y la misma ingeniería financiera. Un sistema que, según la fuente, compensa a funcionarios y políticos como quien reparte propinas en un casino, todo bajo el paraguas de un grupo de poder estructurado.
Pensiones públicas: el cuento del PSOE privado
Hay una coreografía política que ya es un clásico: defender el sistema público con el corazón en la mano mientras se guarda el colchón privado bajo la cama. Pedro Sánchez ha decidido izar la bandera de las pensiones públicas, vendiéndonos una solvencia que parece sacada de un cuento de hadas, pero cuando revisamos los libros de cuentas, la realidad es otra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la pensión no se evapore con la inflación, el presidente del Gobierno lidera el ranking de la previsión privada con 105.378,10 euros en su plan personal. Es el típico caso de 'confía en el sistema, pero por si acaso, llénate los bolsillos'. La cadena de mando sigue la misma lógica. Margarita Robles no se queda atrás con 99.816 euros y Félix Bolaños asegura su futuro con 84.406,64 euros. Es una ingeniería financiera envidiable: predicar la fe en lo público mientras se contrata el seguro privado. Óscar Puente (42.479,40 €) e Isabel Rodríguez (10.790 €) también juegan en esa liga. Incluso quienes ya han hecho las maletas del gabinete, como Carmen Calvo (99.816 €), Miquel Iceta (65.858 €) o Meritxell Batet (54.772 €), mantienen sus ahorros lejos del riesgo estatal. El despliegue de hipocresía alcanza niveles industriales cuando vemos que los diputados socialistas suman casi dos millones de euros en planes privados. Desde Patxi López con sus 45.943,28 euros hasta la diputada Teresa Llorens, que ha superado al jefe con 123.383,62 euros. Sumemos a esto que Sánchez, Bolaños y Puente también viven del alquiler, demostrando que la 'bandera de la vivienda' se bajó rápido cuando el patrimonio inmobiliario empezó a molestar. Al final, la moraleja es clara: el sistema público es sagrado, siempre y cuando tengas un plan B privado que te permita dormir tranquilo.
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