Crítica:
La noticia es un dardo preciso, aunque se queda corta al no publicar la cifra real del Gobierno para evidenciar la magnitud del delirio.
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Sánchez y el millón de casas fantasma
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RTVE: El pozo sin fondo de la SEPI
Gestionar la televisión pública parece haberse convertido en un ejercicio de magia financiera donde el truco consiste en hacer desaparecer el presupuesto y hacer aparecer rescatistas. José Pablo López, el timonel de RTVE, ha vuelto a tirar de la cuerda de la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De momento, ya se ha servido los primeros 30 millones, probablemente para que el Mundial de fútbol de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno no se vieran en blanco. Es el clásico 'sablazo' institucional: mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico antes de ir al súper, la cadena pública opera sin presupuestos actualizados desde 2023, navegando a ojo y con la tarjeta de crédito del Estado sin límite. La hipocresía es el plato fuerte. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López practicó el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras el PP le recordaba los 163 millones ya inyectados entre 2024 y 2025 (incluyendo esos 100 millones del año 2024), el presidente de la Corporación prefiriera no admitir que ya estaba pidiendo más gasolina para el coche. Pero el verdadero agujero negro no son los contenidos, sino el pleito del IVA. El auditor de la casa habla de una cifra que roza los 1.000 millones de euros. Para evitar que RTVE se hunda en ese fango contable, el Gobierno prepara un real decreto para que la Administración pague la cuenta si Hacienda gana. Como el camino ordinario en las Cortes estaba bloqueado, han decidido irse por la puerta trasera de la Diputación Permanente, donde Junts no molesta y la mayoría es un camino despejado. Todo esto mientras UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando el nuevo contrato programa que redefine, convenientemente, qué significa 'coste neto' en el diccionario del gasto público.
Ambulancias a dedo para el primo real
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. Pero lo de la FIAP, esa entidad de Exteriores que juega a ser el brazo ejecutor de la UE, es poesía pura. El 24 de julio de 2025, decidieron soltar 637.200 euros (que con el IVA suben a 771.012 euros) para comprar ambulancias destinadas al Ministerio del Interior de Marruecos. El detalle exquisito es que el dinero aterrizó en Auto Hall, un grupo automovilístico donde el primo hermano del rey Mohamed VI, Moulay Souleimane Cherkaoui, mueve los hilos a través de Société Amana (dueña del 58,3% del capital). Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Ayuntamiento sacara un concurso para arreglar las farolas, descartara a tres electricistas del barrio porque 'no convencen' y luego, en una cena privada y sin avisar a nadie, le diera el contrato al primo del alcalde. Así ocurrió aquí. Primero hubo una licitación abierta en enero de 2025 donde tres empresas españolas (Euro Gaza Emergencias, TSD e Iturri) pelearon por el pastel. Pero, ¡oh, sorpresa!, ninguna daba la talla. Entonces, la FIAP activó el modo 'invisible': un procedimiento negociado sin publicidad. ¿El resultado? Una única oferta. La de Auto Hall. El consejo de administración de la empresa es un catálogo de 'quién es quién' en Rabat: desde el exministro Karim Ghellab hasta Mohamed Saâd Hassar, antiguo secretario del Interior (precisamente donde iban las ambulancias). Todo esto financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para el norte de África. Mientras en Ceuta y Melilla la tensión es el pan de cada día y el caso Pegasus sigue siendo un enigma con olor a espionaje, el dinero público fluye con una fluidez envidiable hacia la familia real marroquí. Una gestión impecable, siempre que seas el primo adecuado.
Marruecos pide Ceuta y Melilla: el 'déjà vu'
En Rabat, la política se juega como quien intenta cobrar una deuda prescrita pero con la insistencia de un cobrador telefónico a las ocho de la mañana. El Parlamento marroquí, tras las elecciones del 23 de septiembre, ha decidido que lo más útil para cohesionar el tablero interno es volver a jugar la carta de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Es la receta de siempre: cuando no sabes cómo vender el programa económico, vendes el mapa del vecino. La primera ministra, Fatima Ezzara al Mansuri, y su equipo juegan al buen policía. Adil El Bitar, vicepresidente de la Cámara y miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), habla de 'medios pacíficos' y 'diálogo'. Es esa cortesía diplomática que suena a: 'te lo quiero quitar, pero prefiero que me lo des con una sonrisa para no quedar mal en las fotos'. Mientras tanto, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) ha decidido quitarse el guante y ha calificado la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia como una 'provocación'. Para ellos, la soberanía no se negocia, es un cheque al portador que esperan cobrar tarde o temprano. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos a ministros como Nizar Baraka (Istiqlal) y Abdelatif Uahbi (Justicia) jurando que no retrocederán 'ni un palmo', una frase que suena a épica de película antigua pero que en la realidad geopolítica es el ruido habitual de fondo. Por otro, el Palacio Real de Rabat mantiene una prudencia quirúrgica, evitando el espectáculo de 2007 con Juan Carlos I. Al final, entre la Coalición de Izquierdas (CI) pidiendo planes socioeconómicos y la retórica de 'territorios ocupados', Ceuta y Melilla quedan como la moneda de cambio ideal para que los políticos marroquíes se sientan patriotas sin tener que bajar el precio del pan.
Ayuso al Supremo: Madrid sin un euro
En el tablero político español, el dinero es el lenguaje universal, pero parece que en Madrid han dejado de entender el dialecto del Gobierno central. La Comunidad de Madrid ha decidido llevarse la pelea al Tribunal Supremo tras el último 'reparto de caramelos' del Consejo de Ministros. El asunto es sencillo: hay 180 millones de euros sobre la mesa para vivienda, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Madrid no huela ni el envoltorio. El decreto reparte la pasta entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, basándose en la declaración de 'zonas tensionadas'. Para Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, es una cuestión de realidades sociales; para Isabel Díaz Ayuso, es un castigo financiero por no jugar según las reglas de Moncloa. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran repartir una subvención para arreglar el tejado, pero solo a quienes acepten pintar la fachada de color fucsia. Madrid, que se niega a pintar su fachada del color que pide el Ministerio, se queda con la gotera y la cartera vacía. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, ya ha soltado la primera piedra judicial argumentando que es discriminatorio condicionar los fondos públicos a una decisión competencial. Mientras tanto, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, mantiene el muro: ni una sola zona tensionada en la región. El contraste es brutal: el Gobierno central habla de 'soluciones extraordinarias' para nueve millones de habitantes en las regiones beneficiadas, mientras que Madrid ve una 'ingeniería financiera' diseñada para asfixiar al insumiso. Tras haber perdido una batalla previa en el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda, Ayuso cambia de estrategia y busca el Supremo. No discute la ley, discute el cheque. Al final, el ciudadano ve cómo los 180 millones vuelan hacia otras latitudes mientras los políticos se miden el ego en los juzgados.
Marruecos hace el vacío con los menas
En la diplomacia de alta alcurnia, el silencio es una herramienta tan letal como un tajo en el presupuesto. Marruecos ha decidido aplicar el 'visto' eterno a los requerimientos de la Policía sobre los primeros 50 menores extranjeros no acompañados que deberían volver a casa. Es el clásico juego del gato y el ratón, pero con vidas humanas y expedientes acumulando polvo. Mientras Rabat se llena la boca hablando de facilitar reagrupaciones familiares tras la avalancha de finales de julio, en la práctica han montado un muro de silencio que hace que cualquier servicio de atención al cliente parezca eficiente. La aritmética del caos es desoladora. En Ceuta hay cerca de 3.000 menores; 2.000 ya tienen nombre y apellidos, pero unos 700 siguen jugando al escondite en las calles, lejos de cualquier manta o plato de comida. Y para rematar la faena, hay otros 600 expedientes previos a julio que Marruecos ha ignorado olímpicamente. Es una ingeniería del bloqueo donde el Gobierno español, en una confesión parlamentaria a VOX, ha admitido que las devoluciones son un mito urbano: no se ha materializado ninguna en los últimos años. ¿La solución del Ejecutivo? El 'reparto de cartas'. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, ya ha soltado la sentencia: los chavales se quedan porque la ley los protege y, según ella, ellos quieren quedarse. Así que, mientras Juan Jesús Vivas amenaza con llevar el asunto al Supremo porque Ceuta está más saturada que un vagón de metro en hora punta, el plan es trasladar a los jóvenes a otras comunidades. Básicamente, mover el problema de estantería para que no estorbe en la foto, mientras el acuerdo bilateral de protección se convierte en un papel mojado que solo sirve para limpiar el escritorio.
Pisos turísticos: el PSOE denuncia y reside
El timing en política es un arte, y el PSOE de Madrid acaba de dar una clase magistral de 'cortina de humo' digital. Mientras el país intenta entender cómo pagar el alquiler sin vender un riñón, Reyes Maroto y Antonio Giraldo han inaugurado psoeaytomadrid.es/stopvutilegales. Una web muy útil, dice la portavoz, para que el vecino haga el trabajo sucio del Ayuntamiento y denuncie los pisos turísticos ilegales. El contraste es para echarse a reír: Maroto clama que Madrid está en 'emergencia habitacional' y critica que solo haya 16 inspectores para vigilar un ecosistema donde hay 1.219 viviendas legales frente a más de 14.000 anuncios en portales. Es decir, hay más anuncios que inspectores por cada mil casas; una ratio que hace que el control municipal parezca una sugerencia educada más que una ley. Pero lo verdaderamente poético es el calendario. La web llega el mismo jueves en que se destapa que Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea, disfruta de un chalet público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Alcorcón. No es un estudio con humedad, no. Hablamos de 121 metros cuadrados, un patio de 30, jardín de 50, trastero, garaje y piscina. Un despliegue de generosidad institucional para alguien que no es empleada de la universidad, pero cuyo marido tuvo una 'relación indirecta' que le permitió ganar el sorteo de una concesión a 75 años. La ironía es deliciosa: el partido pide combatir la especulación y el fraude habitacional mientras una de sus figuras reside en una propiedad pública cedida bajo condiciones que, digamos, son creativas. Al final, nos dejan un PDF para entregar en los 21 distritos y una web para señalar al vecino, mientras los de arriba gestionan sus 'relaciones indirectas' con la comodidad de una piscina comunitaria.
Trump quiere hackear votos, pero Musk despidió a los hackers
Hay quien juega al Monopoly con el dinero público, pero Donald Trump ha decidido jugar al 'SimCity' con la democracia estadounidense. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático porque no le da el cambio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado operando en la sombra con un plan que parece sacado de una película de espías de bajo presupuesto: comprar una máquina de votación para aprender a hackearla. Sí, así de sofisticado es el plan de gestión. Según una investigación de ProPublica, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) recibió la orden directa de adquirir un equipo electoral y reportar sus grietas de seguridad a la Casa Blanca. Dos exfuncionarios, que ahora hablan desde el anonimato para evitar que los pongan en una lista negra, sugieren que la intención no era mejorar el sistema, sino tener un 'as bajo la manga' para invalidar cualquier resultado que no encajara en la narrativa oficial. Es la ingeniería financiera aplicada al voto: si no ganas, rompes la máquina. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con 174 millones de votantes en juego— es que el plan chocó con la propia eficiencia del gobierno. El escuadrón DOGE de Elon Musk, en su cruzada por recortar gastos como quien recorta el presupuesto de detergente en casa, despidió precisamente a los agentes de CISA que sabían cómo entrar en esas máquinas. El resultado fue un círculo de incompetencia donde los subordinados tuvieron que explicarle a la Casa Blanca que, básicamente, habían despedido al cerebro de la operación. Ryan Macias, consultor de CISA, lo resume con una claridad lapidaria: entre 2025 y septiembre de 2026, los expertos que deberían proteger las elecciones fueron 'literalmente inexistentes'. Se han cargado años de confianza con los estados y proveedores en un abrir y cerrar de ojos, priorizando el capricho del jefe sobre la estabilidad del sistema.
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