Crítica:
El texto original es una crónica correcta, pero falla al no cuestionar la negligencia administrativa previa al accidente de Barcelona. Se queda en la superficie del conflicto sindical sin profundizar en el coste real del mantenimiento.
Los maquinistas acusan a Renfe de "coacciones" para hacerles circular en alerta roja meteorológica
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Lopera: Soles, secretismo y tractores cabreados
En Lopera, el paisaje de olivos está empezando a parecer un tablero de Monopoly donde alguien ha decidido jugar con dados trucados. Este 20 de octubre, la calle Sevilla y el polígono Santa Quiteria se han llenado de tractores, no para labrar la tierra, sino para arañar la paciencia de un Ayuntamiento socialista que ha confundido la gestión pública con un club privado de secretos. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares no pide milagros, solo pide leer los papeles. Tres veces han solicitado los expedientes y tres veces han recibido el equivalente administrativo a un 'vete a paseo'. La ironía es exquisita: mientras la alcaldesa se toma su tiempo para convocar plenos municipales —que llevan un año en coma inducido—, para aprobar el plan especial del 9 de octubre ha tenido una agilidad envidiable, avisando a los afectados el día 16 mediante una carta, como quien envía una invitación a una boda a la que nadie quiere ir. Pero el verdadero 'sablazo' no está en el calendario, sino en la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, en un auto del 26 de enero de 2026 (Diligencias Previas 103/2025), ya puso el dedo en la llaga: hay indicios de fraude de ley. Al parecer, fragmentar proyectos fotovoltaicos en Marmolejo, Arjona y Lopera es la nueva moda para esquivar controles ambientales, olvidando convenientemente que el alzacola rojizo, una especie vulnerable, no entiende de ingeniería financiera ni de licencias rápidas. Entre la opacidad de los informes de la Diputación de Jaén y el cierre de la residencia de mayores que deja a 25 usuarios en el aire, el gobierno local parece aplicar la técnica del 'estira y encoge'. Para el agricultor expropiado, el progreso tiene el sabor amargo de un expediente cerrado con llave y un silencio administrativo que atrona.
Sánchez fuera: el pacto que salva el motor
Hay una forma muy elegante de decirte que no eres invitado a la fiesta: no avisarte de que la fiesta existe. Mientras Pedro Sánchez se imaginaba liderando la vanguardia verde, Emmanuel Macron y Friedrich Merz se han reunido el pasado viernes para cocinar un pacto que mantiene vivo el motor de combustión más allá de 2035. Básicamente, han dejado al Gobierno español en el banquillo, como si España no fuera el segundo fabricante de coches de Europa ni tuviera la capacidad de matricular más de un millón de vehículos. Es el equivalente político a que tus socios monten un grupo de WhatsApp para decidir el menú y a ti te enteres por una foto en Instagram. La paradoja es deliciosa. España es la única potencia automovilística que sigue insistiendo en que el 1 de enero de 2035 y el 1 de enero de 2050 sean fechas límite para enterrar el petróleo. Teresa Ribera, desde la Comisión Europea, y el propio Sánchez —que hasta le escribió una carta a Ursula von der Leyen para pedir el veto total— han jugado a ser los guardianes del planeta. Pero en Bruselas, las cartas de cortesía tienen el mismo valor que un ticket de parking caducado. La Comisión ha preferido escuchar el rugido de los motores alemanes, permitiendo una producción limitada que respete un margen del 10% de las emisiones de CO2 de 2021. Ahora, Francia y Alemania, con el guiño de Giorgia Meloni, han sacado la artillería pesada. Proponen una 'flexibilidad' que permite que los híbridos enchufables y los motores internos sigan facturando, maquillando el asunto con 'créditos verdes' y acero europeo. Todo esto ocurre mientras los fabricantes chinos aterrizan en Europa como quien llega a un buffet libre, aprovechando que la industria europea está al borde de la quiebra técnica. Al final, la ecología es un lujo que Berlín y París han decidido que no pueden permitirse si quieren evitar el cierre de sus fábricas.
Tasan casas públicas los 'incapaces' del Gobierno
En el mundo real, si el mecánico de confianza te dice que el coche de tu vecino tiene el motor fundido, no se lo compras. Pero en el universo paralelo de la administración pública, el Gobierno ha decidido contratar a alguien que, según el Banco de España, no tiene ni idea de cómo funciona el mercado. Así de surrealista es la jugada de Casa 47: soltar más de 267.000 euros al Grupo ST (concretamente a Sociedad de Tasación, S.A.) para que pongan precio a las viviendas que el Estado quiere comprar. Lo gracioso es que, mientras nosotros miramos la cuenta corriente con pánico, el Ejecutivo ignora que en enero de 2025 el propio José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, le puso un correctivo a esta empresa. Una multa de 540.000 euros por una «infracción grave» debido a deficiencias técnicas y falta de control interno. Básicamente, el regulador dijo que no estaban capacitados para conocer la realidad del mercado inmobiliario. Pero claro, el Gobierno ha aplicado la lógica del 'está más barato', justificando la contratación porque fue la mejor oferta económica entre 12 licitadores. El despliegue de hipocresía es fascinante. Mientras el Banco de España multaba a la cúpula —con Juan Fernández-Aceytuno pagando 16.000 euros, Tomás Nicolau 12.000, Ignacio Morer 6.000 e Ignacio Estevas 4.500—, el Gobierno se deslumbra con que la empresa factura 48 millones en 2025. Es como contratar a un cirujano que ha sido multado por operar borracho, pero justificarlo porque tiene el consultorio más grande de la ciudad y factura millones. Desde el 18 de septiembre, el precio de las casas públicas depende de quien no sabe tasar, pero sabe cobrar.
Abogados gratis del PSOE: el 'kit' electoral
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero en este caso parece más el arte de 'arreglar el papeleo' sobre la marcha. Resulta que tenemos a más de 163.000 personas en un limbo jurídico, los llamados 'nietos del exilio', que el Tribunal Supremo ha dejado en el banquillo del voto para las elecciones del 29 de noviembre. El problema es que el Gobierno, en un alarde de eficiencia, admite que sacar a estos ciudadanos del censo es «complejo». Traducido al lenguaje de la calle: se han liado una parda con la Ley de Memoria Democrática y ahora no saben quién es quién en el censo. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, el PSOE ha decidido montar su propio despacho de abogados gratuito. El partido de Pedro Sánchez, a través de su filial en Uruguay, ha lanzado un formulario de 'registro de interés'. Básicamente, te ofrecen el traje y la corbata jurídica gratis para ir a tocarle la puerta al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Es una jugada maestra: el Estado no puede limpiar el censo a tiempo, pero el partido ofrece la asesoría para que el afectado recurra la decisión del Supremo. La trama tiene un giro delicioso: Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, decidió que cualquiera que emigrara entre 1936 y 1955 era exiliado por defecto. Una presunción tan generosa que abrió la puerta a nacionalizaciones masivas, casi arqueológicas. Ahora, con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insistiendo en que el voto es indisoluble de la nacionalidad, la Oficina del Censo Electoral confirma que los 163.000 afectados siguen ahí, apuntados, aunque sea para hacer bulto. El resultado es un caos administrativo donde la Junta Electoral enviará papeletas a ciegas entre el 24 y 30 de octubre, rezando para que nadie impugne el resultado final.
Sánchez usa a Gabilondo como escudo electoral
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien simplemente mueve las piezas ajenas hasta que encajen en su tablero. Pedro Sánchez ha demostrado que, cuando el camino legal es un muro, siempre hay una puerta trasera si tienes la llave de la Abogacía del Estado. La historia es casi un chiste de mal gusto: el 12 de octubre, mientras España celebraba la Fiesta Nacional, Ángel Gabilondo se paseaba por la recepción asegurando a quien quisiera escucharlo que el Defensor del Pueblo no podía intervenir en el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos. ¿La razón? El asunto estaba 'sub iudice'. En cristiano: que mientras el Tribunal Supremo tuviera la palabra, Gabilondo no pensaba meter la mano en el fuego. Pero en Moncloa no gustan los 'no', especialmente cuando hay votos en juego. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno diseñó una ingeniería financiera de argumentos. El 16 de octubre, cuatro días después de que Gabilondo se marcara un 'no puedo' rotundo, la Oficina del Defensor del Pueblo presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. El giro de guion fue quirúrgico: el Ejecutivo, que el mismo 12-O decía que no podía recurrir por 'cuestiones estratégicas' (traducción: no querían quedar como los malos de la película peleándose con el Supremo), decidió que Gabilondo fuera el escudo. Para lograr que el Defensor del Pueblo pasara del 'no' al 'sí, señor', la Abogacía del Estado cocinó un informe a medida, convenciendo a Gabilondo de que el trámite judicial ya había terminado. Así, el Gobierno mantuvo el perfil bajo, evitó el barro directo y utilizó una institución independiente como su brazo ejecutor. Un movimiento maestro de manual: el riesgo para el político es cero, pero la maquinaria electoral sigue girando.
Revolucionarios de WhatsApp: quemar Starbucks contra Ayuso
Hay una romantización del caos que solo se puede cultivar desde la comodidad de un sofá, con el Wi-Fi funcionando y un café en la mano. Resulta fascinante observar cómo el Sindicato de Estudiantes, específicamente en el grupo de WhatsApp 'Corredor del Henares', ha decidido que la pedagogía ya no es suficiente y que lo que Madrid necesita es un toque de 'estilo parisino'. No hablan de urbanismo, sino de incendios. La consigna es clara: imitar los disturbios de París, Lille o Marsella, porque aparentemente, si el Ayuntamiento de Limoges ardió, el de Madrid tiene que ser el siguiente en la lista de deseos. La ingeniería moral de estos jóvenes es digna de un premio: proponen no tocar el comercio local —porque el tendero del barrio es 'pueblo'—, pero sugieren que Apple y Starbucks pueden arder sin remordimientos. Es la lógica del 'vandalismo gourmet'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación y mira la cuenta bancaria como quien mira una película de terror, estos estrategists del teclado planean el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, como el día ideal para 'espabilar y quemar las calles'. La tensión ha escalado hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser evacuada tras pasar 40 minutos 'secuestrada' en un acto, un preludio incómodo de lo que la presidenta llama la 'izquierda antidemocrática'. Lo más irónico es que el único freno a esta 'revolución' no es la ética ni el miedo a la ley, sino el temor a quedar en ridículo. Algunos admiten que no están lo suficientemente unidos y que intentar importar el caos francés podría hacer que 'nos miren peor'. Al final, la gran tragedia de estos revolucionarios de WhatsApp no es la falta de gasolina, sino que se dan cuenta de que, fuera del chat, la calle no baila a su ritmo.
Redondo: el piso con descuento 'VIP'
En el barrio de Salamanca, el aire es puro, pero los precios son pura fantasía. O eso es lo que ocurre cuando no eres Iván Redondo. El ex gurú de Moncloa ha logrado una proeza financiera que cualquier ciudadano, mientras lucha contra la inflación y ve cómo el alquiler se come su sueldo, calificaría de 'milagro'. Redondo y su mujer se hicieron con un piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León por 1.120.921 euros. Un precio que, visto así, parece un sablazo, pero que en la realidad del mercado es casi una oferta de liquidación. La hipocresía se sirve fría y con datos del propio vendedor. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que actúa como inmobiliaria del Estado, vendió el piso de Redondo el 16 de septiembre de 2025 mediante adjudicación directa. Sin puja, sin sudar la gota gorda, simplemente aprovechando su condición de inquilino. Sin embargo, el 5 de marzo de 2026, la misma TGSS sacó a subasta un ático en el mismo bloque. El resultado fue un despliegue de avaricia competitiva: se adjudicó por 1.510.000 euros, un 64% más de su valor estimado. Aquí llega la traducción para los mortales: el metro cuadrado del ático se pagó a 15.894 euros. Si aplicamos esa misma tarifa al piso de Redondo, la cuenta subiría a 2.336.418 euros. El ex asesor se ha ahorrado, básicamente, 1.215.497 euros. Es como si tú fueras al supermercado y, por ser 'conocido del dueño', te cobraran el kilo de jamón a precio de salchichón, mientras que el vecino, que llega cinco minutos después, paga el triple. Redondo pagó solo 7.625 euros por metro cuadrado, mientras el mercado gritaba que valía el doble. Un ahorro millonario que se firma con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años y un silencio sepulcral ante las preguntas.
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