Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brillante, aunque se apoya excesivamente en la extrapolación matemática para generar el escándalo. Falta que la TGSS explique por qué la tasación directa fue tan dispar respecto a la subasta.
Redondo debería haber pagado 2,3 millones por su piso aplicando los 15.894 euros/m2 que el Gobierno cobró a su vecino
Redondo: el piso con descuento 'VIP'
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Sánchez usa a Gabilondo como escudo electoral
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien simplemente mueve las piezas ajenas hasta que encajen en su tablero. Pedro Sánchez ha demostrado que, cuando el camino legal es un muro, siempre hay una puerta trasera si tienes la llave de la Abogacía del Estado. La historia es casi un chiste de mal gusto: el 12 de octubre, mientras España celebraba la Fiesta Nacional, Ángel Gabilondo se paseaba por la recepción asegurando a quien quisiera escucharlo que el Defensor del Pueblo no podía intervenir en el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos. ¿La razón? El asunto estaba 'sub iudice'. En cristiano: que mientras el Tribunal Supremo tuviera la palabra, Gabilondo no pensaba meter la mano en el fuego. Pero en Moncloa no gustan los 'no', especialmente cuando hay votos en juego. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno diseñó una ingeniería financiera de argumentos. El 16 de octubre, cuatro días después de que Gabilondo se marcara un 'no puedo' rotundo, la Oficina del Defensor del Pueblo presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. El giro de guion fue quirúrgico: el Ejecutivo, que el mismo 12-O decía que no podía recurrir por 'cuestiones estratégicas' (traducción: no querían quedar como los malos de la película peleándose con el Supremo), decidió que Gabilondo fuera el escudo. Para lograr que el Defensor del Pueblo pasara del 'no' al 'sí, señor', la Abogacía del Estado cocinó un informe a medida, convenciendo a Gabilondo de que el trámite judicial ya había terminado. Así, el Gobierno mantuvo el perfil bajo, evitó el barro directo y utilizó una institución independiente como su brazo ejecutor. Un movimiento maestro de manual: el riesgo para el político es cero, pero la maquinaria electoral sigue girando.
Revolucionarios de WhatsApp: quemar Starbucks contra Ayuso
Hay una romantización del caos que solo se puede cultivar desde la comodidad de un sofá, con el Wi-Fi funcionando y un café en la mano. Resulta fascinante observar cómo el Sindicato de Estudiantes, específicamente en el grupo de WhatsApp 'Corredor del Henares', ha decidido que la pedagogía ya no es suficiente y que lo que Madrid necesita es un toque de 'estilo parisino'. No hablan de urbanismo, sino de incendios. La consigna es clara: imitar los disturbios de París, Lille o Marsella, porque aparentemente, si el Ayuntamiento de Limoges ardió, el de Madrid tiene que ser el siguiente en la lista de deseos. La ingeniería moral de estos jóvenes es digna de un premio: proponen no tocar el comercio local —porque el tendero del barrio es 'pueblo'—, pero sugieren que Apple y Starbucks pueden arder sin remordimientos. Es la lógica del 'vandalismo gourmet'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación y mira la cuenta bancaria como quien mira una película de terror, estos estrategists del teclado planean el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, como el día ideal para 'espabilar y quemar las calles'. La tensión ha escalado hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser evacuada tras pasar 40 minutos 'secuestrada' en un acto, un preludio incómodo de lo que la presidenta llama la 'izquierda antidemocrática'. Lo más irónico es que el único freno a esta 'revolución' no es la ética ni el miedo a la ley, sino el temor a quedar en ridículo. Algunos admiten que no están lo suficientemente unidos y que intentar importar el caos francés podría hacer que 'nos miren peor'. Al final, la gran tragedia de estos revolucionarios de WhatsApp no es la falta de gasolina, sino que se dan cuenta de que, fuera del chat, la calle no baila a su ritmo.
Redondo: piso más grande y más barato
En el barrio de Salamanca, el aire huele a perfume caro y a una aritmética que no cuadra ni con calculadora científica. Resulta que la Seguridad Social ha jugado a dos juegos distintos en el mismo edificio de la calle Diego de León. Por un lado, tenemos el 'menú degustación' para el ciudadano común: un ático de 95 metros que el 5 de marzo de 2026 salió a subasta pública. El resultado fue un sablazo de 1.510.000 euros, lo que traduce el metro cuadrado a unos 15.894 euros. Básicamente, pagar el precio de un riñón por cada baldosa. Pero luego está el 'menú VIP' de Iván Redondo. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez se ha hecho con un piso de 147 metros —un 48% más grande que el ático— por la módica cifra de 1.120.921 euros. Mientras el comprador del ático pagó el precio completo, Redondo abonó unos 7.625 euros por metro. Es una diferencia de casi 400.000 euros que, en el mundo real, es como si fueras al supermercado y a ti te cobraran el kilo de jamón a precio de oro mientras que al vecino le dejan pasar con un cupón de descuento del 50% solo por ser 'el amigo del dueño'. La ingeniería financiera es sencilla: adjudicación directa el 16 de septiembre de 2025, saltándose la subasta gracias a su derecho de adquisición preferente como inquilino. Para darle color al asunto, la operación fue firmada por Rodrigo Francisco Mares Ramírez, director de la Tesorería en Madrid y actual figura en el caso Plus Ultra. Redondo no tuvo que pujar ni sudar; simplemente firmó una hipoteca de 769.000 euros a 30 años, con vencimiento en 2055. En un edificio donde la última venta directa sin subasta desierta fue en 2016, Redondo ha logrado que la ley de arrendamientos urbanos le sirva de alfombra roja hacia una finca privilegiada con sol y vistas, ahorrándose un dinero que, si hubiera pujado, habría superado los 2 millones de euros.
Francia: Toques de queda para evitar líos
Francia ha decidido que la mejor forma de arreglar el barrio es apagando la luz y echando a todo el mundo a casa. El primer ministro, Sebastién Lecornu, ha jugado la carta del 'encierro preventivo' este lunes 19 de octubre de 2026, lanzando toques de queda que parecen sacados de una película de época pero con presupuesto moderno. La lista de invitados a este silencio forzado empieza por Lille y se extiende a Douai, Wattignies y Denain. El horario es tajante: de las 20:00 de hoy hasta las 06:00 del martes. Básicamente, si no estás en tu sofá, eres sospechoso. Lecornu, moviéndose con la cautela de quien no quiere romper el jarrón pero ya ha sentido el viento del caos, ha evitado la palabra 'emergencia'. No quiere el ruido mediático de un estado de sitio, prefiere el bisturí: toques de queda 'puntuales y muy localizados'. Es la clásica ingeniería política de intentar tapar una inundación con una servilleta de papel. Mientras la tensión social se disparó el pasado fin de semana, el Gobierno nos vende que hay 'consenso con los alcaldes'. Claro, el consenso es más fácil de alcanzar cuando la alternativa es ver cómo vuela el mobiliario urbano por los aires. Al final, la receta es la de siempre: en lugar de bajar al sótano a ver por qué saltan los plomos, prefieren prohibir que alguien toque el interruptor. Lecornu ha dejado la puerta abierta para que cualquier alcalde que tenga miedo pida el cierre perimetral de su pueblo. Es el modelo 'autoservicio' de la seguridad ciudadana: tú eliges cuánto quieres restringir la libertad de tus vecinos para que el Gobierno pueda decir que tiene la situación bajo control mientras el país sigue hirviendo a fuego lento.
Nacionalidad exprés: bisabuelos y 'pósits' olvidados
Hay quien dice que la ley es el marco del juego, pero en el Consulado de España en México parece que juegan al Monopoly con el dinero y el prestigio público. El 14 de mayo de 2025, el Gobierno le regaló el pasaporte español a Felipe Salvador Ruiz de Velasco, un caballero de 93 años que tiene la ascendencia española tan lejana como un recuerdo de primaria. El señor no tiene padres ni abuelos españoles; su único vínculo es un bisabuelo, Tomás Ruiz de Velasco Saínz de Baranda, que pasó a mejor vida en 1889. Sí, han leído bien: el bisabuelo murió casi medio siglo antes de que empezara la Guerra Civil. Intentar colar a un bisabuelo del siglo XIX en la Ley de Memoria Democrática es como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento caducados desde los años 80. La ley es para hijos y nietos de exiliados, no para quien tenga un ancestro que haya visto nacer a la Restauración borbónica. Lo más surrealista es que un funcionario del consulado dejó un 'pósit' —el grito de auxilio analógico de la burocracia— advirtiendo: «¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente». Pero en este tablero, el 'pósit' no pesa más que la palabra del jefe. La orden llegó directa del embajador Juan Duarte, un personaje que, además de este 'estirón' administrativo, colecciona denuncias por acoso laboral. Este caso no es un desliz, es un sistema. Tenemos a Juan G., nacionalizado el 9 de junio de 2023, un 'alto cargo' amigo del cónsul que entró en el censo justo antes del 23-J sin papeles que acreditar su origen. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado, aquí se reparten nacionalidades como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Con 2,4 millones de solicitudes sobre la mesa y una interpretación elástica firmada por Sofía Puente, la ley de nietos se ha convertido en un coladero donde la memoria democrática se confunde con la conveniencia electoral.
Renfe: Entre 'el chalecazo' y viajes VIP
Hay una receta clásica para el desastre corporativo: un jefe que llega con aires de salvador, llama 'puta' a su propia casa y luego se sorprende de que los empleados no le inviten a las cañas. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, decidió que la mejor forma de 'profesionalizar' la compañía era soltar un diagnóstico demoledor a principios de 2025 ante el órgano mixto con la Generalitat de Cataluña. Según Heredia, en Renfe reina la 'dejadez' y una 'cultura de incumplimiento'. Básicamente, dice que la empresa funciona con la misma eficiencia que un mando a distancia sin pilas. Mientras el usuario medio lucha contra retrasos que parecen eternos, la cúpula se dedica a la gimnasia organizativa. El 2 de junio, Heredia ejecutó una reorganización de su Gabinete de Presidencia que los internos califican de 'barbaridad'. Es como intentar arreglar una gotera moviendo los muebles de sitio. Pero el surrealismo alcanzó su pico en enero de 2026 con 'el chalecazo': los maquinistas de Rodalies, hartos de que la gestión fuera tan deficiente como el material móvil, lanzaron sus chalecos a los pies del presidente tras el trágico accidente en Gelida que dejó dos muertos. Un gesto lapidario que dice más que cualquier PowerPoint. La hipocresía se sirve fría. Mientras el Sindicato de Maquinistas Semaf convoca una huelga para el 29 de octubre denunciando un bloqueo administrativo en seguridad ferroviaria, Heredia se escapaba a Japón con su número dos. El destino no es casual: asistieron a un evento de la IHRA, donde Hitachi —que compite por una licitación de 4.000 millones de euros para nuevos trenes— es protagonista. Mientras en Valencia los maquinistas piden parar los trenes por lluvias y Renfe los tacha de 'arbitrarios', el presidente prefiere mirar el modelo nipón. Quizás es que en Japón los chalecos no vuelan.
Puertas giratorias y contratos 'a dedo' valencianos
Hay quienes necesitan años de estudio y noches en vela para montar un negocio, y luego está Carles Arques. El exdirigente del PSPV ha descubierto el secreto del éxito emprendedor: que tus antiguos colegas sigan mandando. Su empresa, EU Local Affairs SL (que se vende con el nombre más aséptico posible, Euromunicipal), nació el 28 de octubre del año pasado y, en lugar de pasar por el valle de lágrimas del emprendimiento, aterrizó directamente en el colchón de los fondos públicos. En menos de un año, se ha embolsado 229.240 euros. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una hipoteca, Arques ha facturado el equivalente a varias casas sin despeinarse. La técnica es la vieja y confiable 'ingeniería del contrato menor'. Quince adjudicaciones directas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 repartidas en 14 municipios. El patrón es casi poético: once de esos contratos rozan los 14.000 euros, bailando justo debajo del límite legal de los 15.000 euros para evitar que alguien tenga que publicar un anuncio en el BOE y pedir presupuestos a otros. Es el arte de pasar desapercibido mientras se llena la cuenta. Desde los 9.680 euros de Aldaya (bajo el mando de Guillermo Luján) hasta los 17.850 euros de Puebla de Vallbona, firmados justo antes de que el PP tomara el mando con Jaime Ruix, el mapa de clientes parece el directorio telefónico del socialismo valenciano. Incluso Alcácer, gobernado por el PP, entró al trapo con dos contratos que suman 35.332 euros por la misma 'Agenda Urbana', un movimiento que huele a fraccionamiento de contrato desde aquí. Arques, que ya fue asesor en la Delegación del Gobierno y en la Diputación de Valencia bajo Bartolomé Nofuentes, ha pasado de gestionar los fondos europeos a cobrar por decir cómo gestionarlos. Una transición profesional tan fluida que asusta.
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