Crítica:
La noticia confunde el romanticismo con la estrategia, omitiendo analizar por qué el 'amor' se usa como cortina de humo judicial. Es un relato excesivamente complaciente que ignora la contradicción entre el beso y el banquillo.
Sánchez convierte su mitin en una declaración de amor: «Que lo oigan claro: Begoña, te quiero»
Sánchez: amor público y blindaje electoral
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El 'chapuzón' jurídico de Gabilondo contra el Supremo
Hay quien dice que en la política, como en el fútbol, lo importante es intentar el gol aunque estés fuera de juego. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo y exaspirante a la Comunidad de Madrid en 2021, acaba de intentar un triple salto mortal jurídico que huele a desesperación. El escenario es el siguiente: el Supremo ha puesto el freno de mano a las nacionalizaciones exprés de la 'ley de nietos' impulsadas por Sofía Puente desde el Ministerio de Justicia, dejando en el aire el voto de los Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del 29-N. Ante este sablazo judicial, Pedro Sánchez ha activado el botón de pánico y Gabilondo ha lanzado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) el viernes a última hora. El problema es que el escrito parece redactado con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Primero, el recurso ignora el modelo oficial aprobado en septiembre; es como intentar presentar la declaración de la renta en una servilleta de bar. Segundo, Gabilondo se ha saltado la fila, acudiendo al TC sin agotar la vía ordinaria, un movimiento que la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han tachado de ilegítimo. Pero el chiste final es la competencia. Gabilondo pretende defender a personas que, legalmente, todavía no son españolas porque su nacionalidad está en disputa. Es el colmo de la ingeniería jurídica: defender los derechos constitucionales de alguien que, a efectos prácticos, es un extranjero que vive en Buenos Aires o Pekín y que, según el artículo 13.1, no puede gozar de esos derechos fuera de España. Bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, el TC, con Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo al frente de la Sala Segunda, tiene ahora el placer de decidir si archiva este 'invento' o lo eleva al Pleno. Un movimiento arriesgado que, más que justicia, parece un intento de parchear el censo electoral.
Votar en España: el sablazo electoral
Votar en España es, a veces, como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento que el casero no acepta: te esfuerzas, haces la cola, pero al final el papel no vale nada. El próximo 29-N, mientras los analistas se pelean por la ley de nietos o el voto por correo, hay un elefante en la habitación llamado 'voto basura'. En las generales del 23 de julio de 2023, la broma fue pesada: 4.539.539 papeletas terminaron en el triturador democrático. Hablamos del 18,5% de los 24,5 millones de votos, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico llore. El culpable es el sistema D'Hondt, que funciona como un portero de discoteca elitista. Si no tienes el 'ticket' completo para un escaño, te quedas fuera. En Ceuta, el desastre fue total: el 60,9% de los votos no sirvieron para nada, dejando el camino libre al PP. Siguieron Melilla (50,4%) y Teruel (47,2%), donde votar por alguien que no es el gigante de turno es casi un acto de caridad. La hipocresía es deliciosa cuando miras el precio del diputado. Mientras que al PP le costó 59.568 votos y al PSOE 64.642, Vox tuvo que pagar un 'sobrecoste' de 92.636 y Sumar un sablazo de 98.226. Es como comprar el mismo producto en dos tiendas distintas, pero que a unos les apliquen el descuento de socio y a otros les cobren la tarifa de turista. El caso del PACMA es la crónica de un fracaso matemático: 169.237 votos, más que el BNG o Coalición Canaria, pero cero escaños porque su apoyo estaba tan repartido que no llenaron ni una sola 'caja' de votos en ninguna provincia. En Barcelona, por ejemplo, el precio de entrada eran 73.257 votos; el PACMA llegó con 28.201. Básicamente, fueron a la fiesta pero no pasaron del vestíbulo.
ICO juega al escondite con Netun Solutions
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de ser transparente hasta que el asunto huele a dinero público. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido jugar a las escondidas con la información sobre Netun Solutions, la empresa detrás de las balizas V16. ¿El truco? El secreto bancario. Es fascinante. El organismo, que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se ha puesto el traje de banco privado para no soltar prenda sobre si los préstamos avalados por el Estado han vuelto a casa o si se han quedado a vivir permanentemente en las arcas de la empresa. Todo empezó con una petición al Portal de Transparencia sobre aquella línea de financiación de 2022, creada para amortiguar el golpe económico de la guerra en Ucrania. Básicamente, se quería saber si el dinero público está a salvo o si el Estado ha tenido que tirar de la tarjeta para cubrir el agujero. Pero el ICO ha respondido con un 'no' rotundo a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la solicitud. Para el ICO, decir si un aval ha sido ejecutado es como revelar el código de una caja fuerte. Lo más surrealista es el malabarismo dialéctico: mientras se niegan a decir si Netun Solutions ha pagado un solo euro, aseguran que 'no han detectado incumplimientos'. Es como si un portero te dijera que no sabe si el cliente ha pagado la cuenta, pero que el cliente parece un señor muy decente. Para rematar la faena, cuando se les pidió el impacto presupuestario de posibles impagos en el sector de señalización vial, el ICO aplicó la técnica del 'no tengo el Excel a mano', alegando que dar esos datos requeriría una reelaboración de la información. En resumen: el dinero es público, el aval es del Estado, pero el silencio es sagrado.
Bocao y yates: el festín de Vélez
Hay quien lucha por llegar a fin de mes y hay quien, simplemente, tiene el código de acceso al éxito. Sergi Vélez Viola, la pareja de la dimisionaria Montse Mínguez, ha convertido la hostelería en una máquina de hacer billetes que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Su sociedad, Bocao Restaurantes, ha pasado de facturar unos modestos 192.985 euros en 2024 a engullir 1,112 millones en 2025. Un salto del 476% que no es precisamente fruto de una receta secreta de tortilla, sino de una suerte que parece venir instalada de fábrica. Mientras el ciudadano medio ve cómo la inflación le muerde el sueldo, el beneficio neto de Vélez se disparó un 933%, pasando de 17.464 a 180.459 euros en solo doce meses. Con semejante viento a favor, el empresario no se ha conformado con el bar de Lérida; ha lanzado Desbocao en diciembre de 2025 y se ha lanzado al alquiler de yates en Ibiza, porque claro, el rentismo inmobiliario —ese que causó el terremoto político que acabó con la carrera de Mínguez en el Congreso— ya se le quedaba corto. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' del pasado. En 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía en Lérida, el Ayuntamiento decidió que una deuda de 281.783 euros de una discoteca de Vélez era más bien una sugerencia que no hacía falta pagar. Se perdonaron cánones de 240.000 euros y se olvidaron de un derribo de edificio. Y aunque la Fiscalía Anticorrupción husmeó, el archivo fue el destino final. Sumemos a esto una urbanización de lujo en Palafrugell con 700 árboles talados y sin licencia, desbloqueada convenientemente por el PSC en 2022. Al final, el éxito no es cuestión de esfuerzo, sino de saber quién firma el decreto.
El Estado casero: desahucios y sablazos públicos
Resulta fascinante observar cómo el Estado, ese gran predicador de la justicia social y el techo digno, se pone el traje de casero implacable cuando le toca cobrar la renta. Mientras en los mítines se habla de proteger al vulnerable, el Ministerio de Defensa aplica la Ley 26/1999 con la precisión de un francotirador: tres meses sin pagar el canon y el contrato vuela por los aires. No hay espacio para la poesía; si no hay pasta, el artículo 23 del Estatuto del Invied activa la maquinaria del desahucio. Eso sí, para los que saben navegar el papeleo, existen los aplazamientos, porque el Estado es implacable pero burocrático. Pero el verdadero espectáculo ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Aquí la jugada es más sofisticada: no es que no pagues, es que el contrato ha vencido y el casero público quiere recuperar sus llaves. En la calle Mallorca de Madrid, la TGSS gestionaba 29 pisos, de los cuales solo tres estaban habitados. Una joya inmobiliaria donde a familias como la de Ariadna de la Rubia le ofrecieron comprar su hogar por 435.956 euros o hacer las maletas antes del 30 de noviembre. Es el clásico 'o pagas el precio de un castillo o te vas a la calle', mientras otros 26 pisos permanecían vacíos, acumulando polvo y cinismo. Entre el inventario de 31.542 registros inmobiliarios ministeriales y las 183 enajenaciones de la Seguridad Social entre 2022 y 2025 (con 57 viviendas en Madrid), queda claro que el patrimonio público se gestiona como un fondo de inversión. El contraste es brutal: el anuncio de mayo de incorporar pisos al alquiler asequible mediante Casa 47 suena muy bonito en el BOE, pero en la práctica, la maquinaria de ventas y desahucios —desde el caso de Maricarmen Abascal hasta los líos de Muface— sigue girando. El Estado no es tu amigo; es el propietario que, si le conviene, te vende el piso o te pide las llaves.
Millones públicos para remover cenizas históricas
Hay quien dice que el pasado es un país extranjero, pero en RTVE es una mina de oro. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, la corporación pública ha decidido que no hay nada más rentable que remover cenizas. La nueva apuesta se llama '¡Cuánta guerra!', un formato que promete lágrimas, trincheras y road movies emocionales conducidas por Conchi Cejudo. El guion es sencillo: traer a figuras como Carlos Bardem, Rozalén, Juan Carlos Rivero o Rodrigo Cuevas para que descubran qué hicieron sus abuelos hace 90 años, mientras el espectador descubre cuánto cuesta el minuto de televisión pública. La ingeniería financiera detrás del proyecto es fascinante. RTVE ha vuelto a tirar de la tarjeta con Minoría Absoluta, la productora de 'Polònia'. Para este nuevo viaje al pasado, se han reservado 796.606 euros en las cuentas de 2025. Pero no nos dejemos engañar por la cifra aislada; esto es un ecosistema. Si sumamos los 1,3 millones de euros que la productora ya se embolsó entre 2024 y 2025 por 'Los archivos secretos del NO-DO', el sablazo por resucitar el conflicto bélico ya supera los dos millones de euros. Es un negocio redondo: importar un formato de 3Cat, ponerle caras conocidas y venderlo como 'memoria colectiva'. De hecho, en los últimos tres ejercicios —hasta septiembre de 2026—, Minoría Absoluta ha visto cómo su cuenta corriente se inflaba con más de cuatro millones de euros provenientes de la televisión pública. Al final, la verdadera tragedia no son los 500.000 muertos de la guerra, sino que, décadas después, la memoria histórica siga siendo el producto estrella para llenar los bolsillos de unas cuantas productoras externas.
Hacienda busca empleados que nadie quiere
Hay algo profundamente poético en que el organismo encargado de vigilar que el dinero público no se evapore, la Oirescon, tenga puestos de trabajo que son, literalmente, humo. No es que haya una crisis de talento o que los funcionarios hayan descubierto la iluminación y se hayan ido al Tíbet; es que hay cinco plazas que jamás han sido ocupadas. Nunca. Ni una sola vez. Son sillas vacías que miran al vacío mientras el Ministerio de Hacienda firma resoluciones el 6 de octubre reconociendo que, aunque lo intentaron, nadie quiso sentarse ahí. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si montaras un restaurante, pusieras el cartel de 'se busca cocinero' durante años y, al final, admitieras que nadie quiere entrar en tu cocina. Y ojo a los números, que aquí está la gracia. Tenemos un consejero técnico (nivel 28) con un complemento de 19.667,48 euros anuales que es un mito urbano. Luego están dos jefes de negociado (nivel 18) con 4.489,10 euros y tres secretarios de puesto de trabajo (nivel 16) con 7.591,50 euros. Dinero que está ahí, dibujado en un papel, pero que no encuentra dueño. Pero la fiesta no acaba con los 'vírgenes' de la administración. Hay otros 10 puestos que sí tuvieron dueño, pero que quedaron huérfanos. Algunos desde octubre de 2023, otros en 2024, 2025 e incluso 2026. Con una plantilla de solo 33 funcionarios, donde nueve van por libre designación y siete están en comisión de servicios, la capacidad operativa de la Oirescon parece más un juego de sillas musicales que una oficina de supervisión. María Luisa Araújo Chamorro firma el documento, pero no explica por qué nadie quiere estos puestos. ¿Sueldos ridículos para la responsabilidad? ¿Requisitos imposibles? Hacienda calla, y mientras tanto, la supervisión de la contratación pública tiene cinco agujeros negros que no sabe cómo llenar.
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