Crítica:
El texto original es una denuncia disfrazada de noticia que brilla por su capacidad de rastrear contratos, aunque peca de no cuestionar la calidad del contenido, solo su coste.
La productora de 'Polònia' se lleva más de dos millones por resucitar la Guerra Civil en TVE
Millones públicos para remover cenizas históricas
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Bocao y yates: el festín de Vélez
Hay quien lucha por llegar a fin de mes y hay quien, simplemente, tiene el código de acceso al éxito. Sergi Vélez Viola, la pareja de la dimisionaria Montse Mínguez, ha convertido la hostelería en una máquina de hacer billetes que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Su sociedad, Bocao Restaurantes, ha pasado de facturar unos modestos 192.985 euros en 2024 a engullir 1,112 millones en 2025. Un salto del 476% que no es precisamente fruto de una receta secreta de tortilla, sino de una suerte que parece venir instalada de fábrica. Mientras el ciudadano medio ve cómo la inflación le muerde el sueldo, el beneficio neto de Vélez se disparó un 933%, pasando de 17.464 a 180.459 euros en solo doce meses. Con semejante viento a favor, el empresario no se ha conformado con el bar de Lérida; ha lanzado Desbocao en diciembre de 2025 y se ha lanzado al alquiler de yates en Ibiza, porque claro, el rentismo inmobiliario —ese que causó el terremoto político que acabó con la carrera de Mínguez en el Congreso— ya se le quedaba corto. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' del pasado. En 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía en Lérida, el Ayuntamiento decidió que una deuda de 281.783 euros de una discoteca de Vélez era más bien una sugerencia que no hacía falta pagar. Se perdonaron cánones de 240.000 euros y se olvidaron de un derribo de edificio. Y aunque la Fiscalía Anticorrupción husmeó, el archivo fue el destino final. Sumemos a esto una urbanización de lujo en Palafrugell con 700 árboles talados y sin licencia, desbloqueada convenientemente por el PSC en 2022. Al final, el éxito no es cuestión de esfuerzo, sino de saber quién firma el decreto.
El Estado casero: desahucios y sablazos públicos
Resulta fascinante observar cómo el Estado, ese gran predicador de la justicia social y el techo digno, se pone el traje de casero implacable cuando le toca cobrar la renta. Mientras en los mítines se habla de proteger al vulnerable, el Ministerio de Defensa aplica la Ley 26/1999 con la precisión de un francotirador: tres meses sin pagar el canon y el contrato vuela por los aires. No hay espacio para la poesía; si no hay pasta, el artículo 23 del Estatuto del Invied activa la maquinaria del desahucio. Eso sí, para los que saben navegar el papeleo, existen los aplazamientos, porque el Estado es implacable pero burocrático. Pero el verdadero espectáculo ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Aquí la jugada es más sofisticada: no es que no pagues, es que el contrato ha vencido y el casero público quiere recuperar sus llaves. En la calle Mallorca de Madrid, la TGSS gestionaba 29 pisos, de los cuales solo tres estaban habitados. Una joya inmobiliaria donde a familias como la de Ariadna de la Rubia le ofrecieron comprar su hogar por 435.956 euros o hacer las maletas antes del 30 de noviembre. Es el clásico 'o pagas el precio de un castillo o te vas a la calle', mientras otros 26 pisos permanecían vacíos, acumulando polvo y cinismo. Entre el inventario de 31.542 registros inmobiliarios ministeriales y las 183 enajenaciones de la Seguridad Social entre 2022 y 2025 (con 57 viviendas en Madrid), queda claro que el patrimonio público se gestiona como un fondo de inversión. El contraste es brutal: el anuncio de mayo de incorporar pisos al alquiler asequible mediante Casa 47 suena muy bonito en el BOE, pero en la práctica, la maquinaria de ventas y desahucios —desde el caso de Maricarmen Abascal hasta los líos de Muface— sigue girando. El Estado no es tu amigo; es el propietario que, si le conviene, te vende el piso o te pide las llaves.
Hacienda busca empleados que nadie quiere
Hay algo profundamente poético en que el organismo encargado de vigilar que el dinero público no se evapore, la Oirescon, tenga puestos de trabajo que son, literalmente, humo. No es que haya una crisis de talento o que los funcionarios hayan descubierto la iluminación y se hayan ido al Tíbet; es que hay cinco plazas que jamás han sido ocupadas. Nunca. Ni una sola vez. Son sillas vacías que miran al vacío mientras el Ministerio de Hacienda firma resoluciones el 6 de octubre reconociendo que, aunque lo intentaron, nadie quiso sentarse ahí. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si montaras un restaurante, pusieras el cartel de 'se busca cocinero' durante años y, al final, admitieras que nadie quiere entrar en tu cocina. Y ojo a los números, que aquí está la gracia. Tenemos un consejero técnico (nivel 28) con un complemento de 19.667,48 euros anuales que es un mito urbano. Luego están dos jefes de negociado (nivel 18) con 4.489,10 euros y tres secretarios de puesto de trabajo (nivel 16) con 7.591,50 euros. Dinero que está ahí, dibujado en un papel, pero que no encuentra dueño. Pero la fiesta no acaba con los 'vírgenes' de la administración. Hay otros 10 puestos que sí tuvieron dueño, pero que quedaron huérfanos. Algunos desde octubre de 2023, otros en 2024, 2025 e incluso 2026. Con una plantilla de solo 33 funcionarios, donde nueve van por libre designación y siete están en comisión de servicios, la capacidad operativa de la Oirescon parece más un juego de sillas musicales que una oficina de supervisión. María Luisa Araújo Chamorro firma el documento, pero no explica por qué nadie quiere estos puestos. ¿Sueldos ridículos para la responsabilidad? ¿Requisitos imposibles? Hacienda calla, y mientras tanto, la supervisión de la contratación pública tiene cinco agujeros negros que no sabe cómo llenar.
Policías trans: ¿Mujeres o agresores de género?
Estamos ante un cortocircuito administrativo de manual, de esos que te dejan el cerebro haciendo chispa. Resulta que en Ceuta, cinco agentes de la Policía Nacional, afiliadas al Sindicato Policial Trans No Normativos (TNN), han decidido que es momento de reclamar sus derechos. ¿El motivo? Han sido detenidas bajo el protocolo de violencia de género. Sí, han leído el acta. El problema es que, según el DNI y la ley trans impulsada por Irene Montero, estas personas son legalmente mujeres. Y aquí viene la joya de la corona: la ley de violencia de género (LO 1/2004) está diseñada para castigar la violencia de hombres sobre mujeres. Detener a una 'mujer' por violencia de género es, técnicamente, un error de sistema, como intentar pagar el café con un ticket de parking. El caso estrella es el de David Osasuna. Tras una denuncia de su pareja por un asunto con su hijo menor, Osasuna se entregó voluntariamente. Pero el inspector de radiopatrullas, el jefe regional de operaciones y el juez de guardia decidieron ignorar el papel oficial y tratarla como varón. La llevaron a la UFAM, firmaron papeles de VioGén y la mandaron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Un despliegue de burocracia que, para el TNN y su vicepresidenta Daniel Gallardo, es una vulneración de derechos fundamentales. Lo fascinante es el ruido de fondo. Mientras el sindicato pide que se les reconozca como mujeres hasta para usar el vestuario, la FELGTBI+ y la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres miran el espectáculo con escepticismo. Unos hablan de 'fraude de ley' y otros de 'transfobia'. Al final, el caso de Osasuna terminó en el Juzgado de Instrucción n.º 4 con la retirada de la denuncia, pero la manzana de la discordia sigue ahí: ¿es la ley trans una herramienta de identidad o un escudo legal para esquivar la LO 1/2004? El Estado, que suele ser experto en complicarse la vida, ha encontrado aquí su laberinto favorito.
Voto por correo: entre ofertas y caos
Imaginen el escenario: usted quiere decidir el futuro del país el 29-N, pero su voto tiene que hacer cola detrás de tres freidoras de aire, un set de sartenes antiadherentes y diez fundas de móvil compradas en oferta. Bienvenidos a la tormenta perfecta de Correos. El calendario ha decidido jugar una broma pesada al ente presidido por Pedro Saura, haciendo coincidir el voto por correo con el Black Friday y el Cyber Monday. Es el choque frontal entre la democracia y el consumismo desenfrenado. Mientras el sector logístico se prepara para mover entre 100 y 130 millones de envíos —un promedio de 3,5 millones de paquetes diarios que harían temblar a cualquiera—, Correos decide que la mejor estrategia es el minimalismo laboral. La compañía, que arrastra un agujero contable de más de 1.000 millones de euros heredado de la era de Juan Manuel Serrano (2018-2023), ha decidido que contratar refuerzos es un lujo que no se pueden permitir. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de plástico mientras llueve a cántaros. Los números no mienten, aunque la dirección intente maquillarlos con frases vacías sobre 'poner todos los recursos necesarios'. CCOO ya ha soltado la bomba: hay 7.400 carteros menos que en las generales del 23-J, cuando se gestionaron 2,6 millones de votos a distancia. Ahora, con la previsión de rozar el millón de votos por correo más la avalancha de objetos electorales, el sindicato pide 20.000 contratos de refuerzo. Pero claro, en la cúpula prefieren los tijeretazos a la eficiencia. Mientras Francisco Aranda, presidente de UNO, dice que el sector privado lo tiene todo bajo control gracias a la digitalización, en la empresa pública la realidad huele a oficina saturada y cartero al borde del colapso. Básicamente, nuestro derecho al voto ha quedado atrapado en la misma logística que el pedido de Amazon que llega tarde.
CNI contra Sánchez: la fragata del desquite
En el mundo del espionaje, el orgullo es un activo más caro que cualquier satélite. Pedro Sánchez cometió el error de novato de tratar a los agentes del CNI como si fueran becarios mal pagados, desautorizando sus alertas sobre el asalto a Ceuta y tachando de 'imprevisto' lo que los operativos ya tenían mapeado. Cuando el Gobierno decidió jugar a la selectiva con los documentos desclasificados —limpiando el rastro de la 'guerra híbrida' de Rabat para que la Moncloa saliera indemne—, los servicios secretos decidieron que era hora de pasar factura. Y no lo hicieron con un informe aburrido, sino con un hachazo mediático coordinado. La jugada fue maestra: filtrar la presencia de una fragata marroquí en aguas españolas justo el 12 de octubre. Mientras el presidente se ajustaba la corbata para el desfile en el Paseo del Prado, la noticia aterrizaba en El País a través de Miguel González. Imaginen la escena: ministros como Margarita Robles saludando al jefe con una cara de estupefacción que no se veía desde que subieron los precios de la luz. El mensaje era claro: 'Nos habéis vilipendiado y ahora os dejamos vendidos en portada'. Sánchez intentó vender el incidente como un 'hecho puntual', una maniobra de maquillaje rápido para que no le estropeara el relato electoral. Pero el agujero contable de la verdad es más profundo. Mientras la jueza María Tardón intenta arañar datos a un Ejecutivo que se cierra en banda, el CNI ha soltado una bomba de 25 palabras en la Audiencia Nacional confirmando que avisaron con la máxima urgencia. En la calle decimos que la venganza se sirve fría; en La Casa de Aravaca, parece que se sirve con sello de secreto y una filtración quirúrgica que convierte la gestión de Ceuta en una tumba política.
El PSOE 'maquilla' la quiebra de su fundación
Hay una magia contable que solo se domina en los pasillos del poder: hacer que un agujero negro se convierta en un saldo positivo justo antes de que lleguen las urnas. El 14 de junio de 2023, mientras el país se preparaba para el 23-J, el PSOE aplicó un 'truco de magia' financiero para rescatar a la Fundación Pablo Iglesias. No fue una donación generosa, sino una reestructuración de 2,554 millones de euros que convirtió viejos créditos en aire fresco. Así, la entidad pasó de tener un patrimonio negativo de 2,259 millones al inicio de año a lucir unos modestos pero orgullosos 257.277 euros al cierre. Es como si alguien que debe el alquiler de tres años, de repente, borrara la deuda con un apretón de manos y terminara el mes con dinero para el aperitivo. Pero el rescate no terminó en la ingeniería financiera. La fundación, presidida por María Luisa Carcedo, se convirtió en una aspiradora de fondos públicos. Entre el Ministerio de Cultura (114.771 euros) y el de Exteriores (237.024 euros), sumaron 368.562 euros en subvenciones. Incluso la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en un giro irónico, soltó casi 9.500 euros. Si a esto le sumamos los 259.940 euros que el PSOE transfirió directamente, la cuenta llega a unos ingresos de 847.420 euros, incluyendo una donación anónima de una persona jurídica que prefiere seguir en las sombras. Al final, tras gastar 789.101 euros, la fundación cerró con beneficios de 49.318 euros. Mientras tanto, el PSOE presume de ser el coleccionista de fundaciones más prolífico, con diez entidades para 'divulgar su pensamiento', dejando al PP con dos y a Vox con una sola. Eso sí, no todo es brillo: el Tribunal de Cuentas ya pide liquidar la Fundación Carlos Chivite en Navarra, que es básicamente un cascarón vacío que ni siquiera presenta auditorías. La coherencia, al parecer, es el único activo que no figura en sus balances.
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