Crítica:
La noticia es un festín de ironía procesal, aunque el texto original peca de ser demasiado descriptivo en las fechas. El contraste entre el 'cartel de vacaciones' y el colapso judicial es la joya de la corona.
Cierra el bar que un capo del crudo montó bajo la Audiencia Nacional para espiar a jueces
El bar espía de la Audiencia cierra
Otros artículos
Renfe: Trenes aquí y autobuses en Australia
Hay que tener una imaginación desbordante para gestionar el transporte ferroviario de un país y decidir que la mejor forma de optimizarlo es volar miles de kilómetros para dar clases de autobuses en Australia. Marta Serrano, directiva de Renfe, aterrizó en Oceanía entre el 29 y el 31 de julio de 2026 para lucirse en el curso 'Bus Network Design and Route Planning for Australia and New Zealand'. Mientras el pasajero medio lucha contra los retrasos y los precios que suben más que la espuma, la cúpula de Renfe parece haber confundido la empresa con una agencia de viajes de lujo. Lo irónico es que Serrano, que llegó a la compañía en mayo de 2025 como directora del Área Técnica tras bailar el vals institucional con el presidente Álvaro Fernández Heredia en el Ministerio, acabó en septiembre de 2026 en una posición que huele a degradación: la gerencia de Planificación de Movilidad. Pero claro, el descenso en el organigrama no impide el ascenso en el contador de millas. El surrealismo es el nuevo estándar en la calle Alcalá. No es solo Serrano y sus talleres de microtransporte con el experto Guido Bruggeman; es un ecosistema de 'turismo corporativo'. Tenemos a Lucas Calzado, el director de RRHH, posando con gorrito en los jardines de Harvard en febrero de 2025 para un seminario de Xavier Marcet, el mismo consultor que ya se había embolsado 14.800 euros en 2020 por diseñar la universidad corporativa. Y para cerrar el círculo de la hipocresía, el propio Heredia se escapó a Japón justo cuando se licitaba un contrato de trenes de 4.000 millones de euros, coincidiendo con eventos de Hitachi. Renfe dice que no hubo reuniones, pero el silencio de Siemens es más ensordecedor que un tren de alta velocidad en un túnel. Es una gestión brillante: mientras los raíles chirrían, los jefes coleccionan sellos en el pasaporte con el dinero de todos.
España: casi mitad del censo vive del Estado
España se encamina al 29 de noviembre con un censo de 38,73 millones de electores y una realidad que da vértigo: casi la mitad, el 46,3%, tiene el sustento atado a la ventanilla de la Administración. Hablamos de 17,9 millones de registros que viven de pensiones, nóminas públicas o subsidios. Para que nos entendamos, es como si en una mesa de diez amigos, cinco no pudieran pagar su parte de la cena si el Estado no les pasa la tarjeta. El grueso de este 'ejército' lo forman 9.537.978 pensionistas contributivos, que en septiembre de 2026 se llevaron una tajada mensual de 14.498,2 millones de euros. Con una pensión media de 1.374,6 euros, el sistema se ha vuelto el principal motor del consumo, mientras que las Clases Pasivas —ese rincón reservado para ciertos funcionarios— sumaron 740.431 pensiones y un gasto de 1.774,1 millones. Pero no todo es jubilación. El empleo público, con 3.646.900 asalariados, y el SEPE, con 1.896.142 beneficiarios del desempleo, completan el cuadro de la dependencia. A esto sumamos a los 1.647.502 adultos protegidos por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega a 905.792 hogares. Lo irónico es el contraste histórico. En 2013, en plena tormenta financiera, el combo de pensionistas y empleados públicos era menor. Hoy, trece años después, ese grupo ha crecido en 2,08 millones de personas. Mientras el joven que cumple la mayoría de edad —y que forma parte de los 1,6 millones de nuevos votantes— busca un contrato que no sea un espejismo, casi la mitad del censo electoral ya tiene el 'sueldo' asegurado por el Estado. Una arquitectura electoral donde el voto, más que una opinión, parece un cheque de gratitud.
Sánchez y el 'borrador' para García Ortiz
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en Moncloa el tiempo es una herramienta de ingeniería política. Pedro Sánchez está jugando al Tetris con el calendario electoral y, antes de que lleguen las urnas el 29 de noviembre, quiere dejar el tablero bien colocado. El movimiento estrella: el posible indulto a Álvaro García Ortiz. Para el ciudadano de a pie, un indulto es como cuando un padre perdona que el hijo rompa el jarrón; para el Estado, es borrar con goma un fallo del Tribunal Supremo. García Ortiz, el exfiscal general, se ganó el premio a la creatividad filtrando correos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo no se dejó impresionar por el espectáculo y le clavó dos años de inhabilitación y una multa. Ahora, Moncloa quiere hacerle un 'descuento' a esa pena. No buscan borrar el pecado, sino recortar la inhabilitación a menos de seis meses. ¿Por qué? Para evitar que la Inspección Fiscal lo eche definitivamente de la carrera profesional. Es como intentar que un alumno suspendido no repita curso cambiando la nota en el acta el último día de clase. Félix Bolaños ya ha confirmado en RAC 1 que el papeleo está sobre la mesa y la Fiscalía ha dado el visto bueno. Mientras tanto, Sánchez, en una entrevista con elDiario.es, se ha limitado a un "no lo descarto" repetido como un mantra, una respuesta que en lenguaje político significa "estoy a ello". Lo más irónico es que, mientras el núcleo duro del Gobierno dice que la sentencia judicial tiene más ficción que una película de Hollywood, en los pasillos de COPE se oye que el exfiscal, por querer hacer méritos, terminó metiendo al Gobierno en un jardín del que ahora intentan salir con una medida de gracia.
España sola contra el coche eléctrico
Hay quien confunde el idealismo con el suicidio industrial, y en Moncloa parecen tener el manual de instrucciones bien estudiado. Mientras el resto de Europa se da cuenta de que obligar a todo el mundo a enchufar el coche el 1 de enero de 2035 es como intentar que todo el barrio coma quinoa sin haber puesto un solo supermercado, España sigue aferrada a un calendario que ya huele a cerrado. El plan era sencillo: prohibir la venta de combustión en 2035 y borrar del mapa cualquier motor que no sea eléctrico para 2050. Un sueño precioso para los ecologistas que sostienen el Gobierno, pero una pesadilla para quien tiene que pagar la nómina en una fábrica. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa. Francia, que hasta ayer era el compañero de baile de Pedro Sánchez, ha hecho un giro de 180 grados para salvar a Renault y Stellantis, uniéndose al bloque de Alemania, Mercedes, BMW y el Grupo VW. Básicamente, han decidido que es mejor salvar el negocio que quedar bien en una foto con Ursula von der Leyen. Sánchez, que llegó a escribir dos cartas a la presidenta de la UE insistiendo en el calendario, se ha quedado solo en la fiesta, acompañado únicamente por los Países Bajos, que en el tablero automovilístico tienen el peso de un clip. Es el colmo de la ironía: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero su Gobierno defiende una política que pone en jaque a marcas como Seat. Mientras China nos come la tostada con las baterías, nosotros renunciamos a nuestra única ventaja competitiva —los motores de combustión— por una cuestión de principios ideológicos. Al final, Alemania ha cedido para que Bruselas suelte la pasta y subvencione la industria, incluyendo los combustibles fósiles. En resumen, Europa ha elegido sobrevivir; España, parece, prefiere seguir leyendo el folleto del futuro mientras el presente se le escapa por el tubo de escape.
Mohamed VI pide cuentas y devuelve el golpe
El rey Mohamed VI ha decidido salir de su letargo discursivo —en uno de esos tres raros paseos anuales por el micrófono— para soltarle un 'tirón de orejas' diplomático a España. El escenario es el Parlamento, pero el mensaje es puro lenguaje de calle: 'Devolvednos a los chavales y dejad de jugar con el calendario electoral'. El monarca alauí no se ha andado con chiquitas al denunciar la 'instrumentalización' de los sucesos del 30 y 31 de julio, lanzando una piedra muy clara hacia el Partido Popular y Vox, que parecen haber encontrado en la crisis de Ceuta el combustible perfecto para su precampaña. Para el Rey, el sistema de cooperación actual es como un teléfono antiguo en la era del 5G: obsoleto. Se queja de que existen leyes 'anticuadas' y jueces que viven en una realidad paralela, dificultando la repatriación de menores y de aquellos que, según él, 'usurpan' el estatus de refugiados. Mientras nosotros discutimos en el Congreso, Mohamed VI sugiere que este agujero legal es el buffet libre para las redes criminales. La jugada es maestra. Por un lado, reconoce que hay avances, pero por otro, deja claro que la amistad entre Rabat y Madrid es un 'compromiso voluntario', no un contrato firmado bajo presión. Es la forma elegante de decir que, si el chantaje político sigue, el grifo de la cooperación podría cerrarse. Para rematar la faena, el soberano ha anunciado un nuevo 'documento estratégico'. En cristiano: Marruecos va a dictar las nuevas reglas del juego mientras España intenta decidir quién llevará el timón del Gobierno. Como bien apunta Nabil Driouch, el Reino ya no quiere parches, quiere que Madrid limpie su legislación si no quiere que la frontera se convierta en un deporte de riesgo recurrente.
Begoña Gómez y el muro ético PSOE
En el tablero del poder, hay jugadas que parecen sacadas de una comedia de enredo donde el guion lo escribe la conveniencia. La idea de colar a Begoña Gómez en las listas del PSOE para las generales del 29 de noviembre no es solo un rumor de pasillo; es un intento de ingeniería jurídica para conseguir el 'pack premium' de la política: el aforo y la inmunidad parlamentaria. Básicamente, pasar de la cuerda del juzgado al colchón del Congreso para que sus causas penales terminen en la Sala Penal del Tribunal Supremo, lejos del ruido de la calle. Pero aquí es donde la realidad choca con el manual de instrucciones. El PSOE tiene un Código Ético que, en tiempos normales, se aplica con el rigor de un examen de conducir. El artículo 5.9 es tajante: un auto firme de apertura de juicio oral es la línea roja, el 'no pasarás' definitivo para cualquier aspirante a candidato. Mientras estar investigado es como tener una multa pendiente que puedes ignorar un tiempo, el auto de apertura de juicio oral es el sablazo final. Y ahí es donde el calendario no miente: el juez Peinado abrió juicio oral a Begoña Gómez el pasado 21 de septiembre. La hipocresía es deliciosa. El artículo 1.1 del Código Ético no hace distinciones entre militantes y 'invitados' independientes; todos deben pasar el filtro de idoneidad. Para que la lista sea homologada, hay que firmar el Documento de Aceptación de Candidatura y Compromiso Socialista, un papel donde el candidato jura que no tiene incompatibilidades. Firmar eso sabiendo que el juez Peinado ya dio el paso adelante sería, técnicamente, un ejercicio de gimnasia mental digno de un premio. Ferraz dice que es un bulo, pero los estatutos son tinta seca sobre papel, y la tinta no suele cambiar de color por amor al arte.
Bruselas frena el 'marketing' del silencio
Hay una coreografía muy estudiada en el marketing político: encontrar una tragedia, ponerle música triste y esperar a que el electorado, conmovido, deposite el voto en la urna. El PSOE, Sumar y Podemos intentaron aplicar este manual con Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció este miércoles tras un desahucio. Querían convertir el Parlamento Europeo en Estrasburgo en un altar de silencio, pero la realidad les dio un bofetón institucional. Christel Schaldemose, vicepresidenta socialista del Parlamento europeo, no entró al trapo y rechazó la petición de Iratxe García. Básicamente, le dijeron que no usaran la maquinaria comunitaria como un folleto electoral para el 29-N. Es fascinante ver cómo el Gobierno intenta exportar el drama nacional. Mientras que en Madrid el Ayuntamiento y la Asamblea también frenaron el minuto de silencio, los diputados de Más Madrid y el PSOE optaron por el 'plan B': levantarse con carteles, una especie de protesta silenciosa que grita desesperadamente 'mirad cuánto nos importa'. El contraste es brutal. Por un lado, el linchamiento digital hacia PP y Vox, a quienes se tildó de 'asesinos' en redes sociales; por otro, la frialdad de una institución europea que ve el caso como un intento de politizar un fallecimiento natural de una persona avanzada, aunque el estrés del desahucio haya sido el empujón final. Todo este despliegue, desde la acampada en la Puerta del Sol hasta la huelga general del 11 de noviembre, huele a campaña desesperada. Intentan movilizar a ese votante de izquierdas que tiene el sofá más atractivo que la urna. Al final, Maricarmen ha pasado de ser una ciudadana en vulnerabilidad a convertirse en una cifra más en la ingeniería electoral, un peón en un tablero donde el silencio es el activo más caro y el oportunismo la moneda corriente.
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