Crítica:
La noticia expone el vacío legal con claridad, aunque omite explicar técnicamente cómo se produce el registro automático. Es un despliegue de indignación municipal que roza lo anecdótico pero revela un fallo sistémico.
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Maricarmen: de alquiler regalado a bandera política
Hay que tener una imaginación envidiable para convertir un privilegio inmobiliario en una tragedia ideológica. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada del barrio de Retiro, es una «víctima de una legislación machista y retrógrada» del franquismo. Resulta fascinante: la señora vivió siete décadas en un piso pagando una renta de 200 euros, más unos 220-250 euros de gastos. En términos de calle, Maricarmen ha disfrutado de un alquiler mensual inferior a lo que hoy cuesta una cena mediocre para dos en el centro de Madrid, gracias a las rentas antiguas reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Lo irónico es que el BOE ahora usa su desahucio como combustible emocional para aprobar decretos de vivienda, mientras olvida convenientemente que fue el propio PSOE de Felipe González quien, con el decreto Boyer de 1985 y otra norma de 1994, dinamitó esos mismos alquileres vitalicios. El Gobierno actual la pinta como víctima de la dictadura, pero la realidad es que Maricarmen fue la beneficiaria de un sistema que congeló los precios mientras el resto del mundo sufría la inflación. Mientras la Puerta del Sol se llenaba de acampadas, Moncloa lanzaba dos decretos: uno 'estratégico' para que PNV y Junts no se espanten —con protección contra desahucios hasta 2030 y prohibición de fondos buitre hasta 2028— y otro más 'revolucionario' para el Sindicato de Inquilinas que busca la renovación automática de contratos. Al final, Maricarmen es el rostro perfecto para el marketing político: una abuela vulnerable que sirve para justificar leyes nuevas, aunque haya vivido 70 años pagando una miseria que cualquier propietario actual consideraría un acto de caridad cristiana.
Sánchez dejó en 'visto' a Ceuta
Hay una diferencia abismal entre tener el teléfono más caro del mercado y saber contestar una llamada cuando el patio se está incendiando. Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, acaba de contarle a la juez María Tardón que intentar hablar con Pedro Sánchez entre el 27 y el 29 de julio fue como intentar pillar cita con el dentista en vísperas de Navidad: imposible. Diez llamadas. Diez intentos de avisar que la situación estaba al límite y lo único que recibió fue el eco del silencio o, con suerte, tres respuestas tibias de un director de Gabinete que probablemente estaba más pendiente de la agenda de verano que de la frontera. Mientras el CNI soltaba la alerta el 29 de julio a las 13:52 horas —avisando que había 180.000 seguidores en redes sociales organizando un 'asalto por valla y mar'—, en Moncloa parecían estar en modo avión. Para cuando llegaron los 80.000 marroquíes los días 30 y 31 de julio, el aviso de riesgo 'EXTREMO' del CENIF ya era un mueble más de la oficina. Vivas pidió emergencia nacional y mando único, pero el Ejecutivo central decidió que los refuerzos de seguridad eran un lujo prescindible. Ahora, en los pasillos de la Audiencia Nacional, se habla de ataques a la integridad territorial y organización criminal. Vivas se marcha 'satisfecho' de declarar, aunque deja caer que el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano tiene la llave de algunas respuestas. Es la clásica historia de la administración: el de abajo grita que el barco se hunde y el de arriba responde que no puede atender la llamada porque está en una reunión. Solo que aquí, el naufragio no fue una metáfora, sino una entrada masiva que el Estado vio venir en el móvil y decidió ignorar.
Tienda Quechua para el piso de Yolanda
Hay una ironía deliciosa en ver que el 15M, aquel movimiento que nació gritando que 'no nos representan', haya terminado fabricando vicepresidentes que ahora piden movilizarse contra su propio espejo. El escenario es la Puerta del Sol, donde centenares de personas acampan esperando que Pedro Sánchez, en un arranque de generosidad temporal, apruebe este martes un real decreto sobre vivienda. Todo esto detonado el 23 de septiembre por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha logrado que el Ejecutivo diga que trabaja 'contra reloj'. Claro, porque después de ocho años en el sillón, parece que el reloj acaba de llegar a la oficina. Ana Rosa Quintana, con el bisturí afilado, ha recordado que mientras el ciudadano medio lucha por no terminar viviendo en un cajón, el Gobierno presume de una 'ausencia de competencias' casi mística. Para la presentadora, el balance es un agujero negro: 300.000 desahucios (con Cataluña llevando la delantera) y una promesa de construcción de viviendas que se quedó en el aire, muy lejos del millón de casas prometidas. Es la danza de la incompetencia: si hay un apagón, es culpa de las eléctricas; si hay una DANA, de la Generalitat; si hay caos en Ceuta, de Vivas. Un gobierno que no es responsable de nada, excepto de existir. Pero el plato fuerte llega con Yolanda Díaz. La vicepresidenta, en la 49ª Fiesta del PCE junto a CCOO y UGT, sugirió movilizarse contra el Gobierno de España. Ana Rosa ha traducido esto al lenguaje de la calle con una propuesta disruptiva: que Yolanda monte su tienda Quechua frente a su propia casa de 443 metros cuadrados en la Castellana. Porque no hay nada más vanguardista que protestar contra la precariedad desde un piso que tiene más espacio que algunos colegios públicos. Como dice la rubia: 'no hay pan para tanta chistorra'.
Pujol: Alzheimer para el juez, agenda llena
Hay una magia casi mística en la salud de ciertos personajes públicos: una capacidad camaleónica para estar 'demasiado enfermo para el juez' pero 'perfectamente lúcido para el brindis'. Jordi Pujol, el patriarca que durante 30 años jugó al escondite con una fortuna en Andorra, ha descubierto que el Alzheimer es un traje a medida que se puede quitar y poner según la agenda. Tras eludir un proceso judicial que le reclamaba nueve años de cárcel por una ingeniería financiera familiar que haría palidecer a cualquier banquero suizo, el 'expresident' ha vuelto a la carga con una agenda más apretada que la de un candidato en campaña. La coreografía es perfecta. Primero, el blindaje médico: marcadores de Alzheimer y una memoria verbal en ruinas que lo exoneraron por incapacidad. Pero, ¡milagro! Apenas seis meses después, el nonagenario recupera la oratoria para dar lecciones de realismo político. Desde el Palau de la Generalitat en 2024 hasta el Palau de Pedralbes en 2025, Salvador Illa ha oficiado como el anfitrión de esta rehabilitación, recibiéndolo con la naturalidad de quien saluda a un vecino, ignorando que la causa contra sus siete hijos por blanqueo y asociación ilícita sigue esperando sentencia. El calendario de octubre es el colmo del surrealismo. El lunes 5, Pujol rendirá tributo a Lluís Prenafeta, su mano derecha de los 80 y condenado en el caso Pretoria. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, el entorno convergente organiza mesas redondas con figuras como José Antich y Vicent Sanchis para pulir el legado del patriarca. Entre visitas a los Gegants de Convergència en Mataró y guiños en la Pedrera con Víctoria Asina, Pujol se pasea por una Cataluña que, aunque él admita que ya no lo incluye, sigue siendo su tablero de juego. Una rehabilitación sin rebozo donde la ética es un accesorio opcional.
Mundial 2030: España regala la final
En el fútbol, como en la vida, el que calla otorga y el que no presiona, termina pagando la cuenta. Mientras en Moncloa parecen creer que la final del Mundial 2030 llegará al Santiago Bernabéu por pura cortesía, en Rabat ya están celebrando el banquete. La realidad es que España ha entrado en esta negociación con la ingenuidad de quien va al mercado sin lista y termina comprando lo que el vendedor quiere encasquetarle. Santi Cañizares lo ha soltado sin anestesia: ahora mismo, Marruecos está más preparado que Madrid. Y no es solo cuestión de cemento, aunque el Gran Estadio de Hassan II en Casablanca, para 115.000 espectadores, sea un monumento a la ambición que deja nuestro despliegue como un proyecto de fin de curso. La jugada maestra ha sido política. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, ha escalado hasta convertirse en primer ministro, transformando el deporte en un asunto de Estado. Mientras tanto, Pedro Sánchez parece haber mordido la zanahoria que le puso Gianni Infantino, según las palabras del ahora ex-presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Es la diplomacia del silencio frente a la agresividad de Rabat. Marruecos no solo tiene el apoyo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y el mundo árabe para blindar la reelección de Infantino, sino que juega la carta de Washington. Con Donald Trump en el tablero, la alianza geopolítica de Marruecos pesa más que cualquier promesa ibérica. Javier Tebas ya ha encendido la alarma: si Infantino sigue al mando, el Bernabéu puede quedarse en un sueño húmedo. Rafael Louzán, el optimista oficial de la RFEF, sigue vendiendo esperanzas, pero en la calle sabemos que cuando el pescado ya está vendido, solo quedan las espinas. España ha regalado cuotas de poder sin pedir garantías, y ahora nos sorprende que el dueño de la fiesta quiera cambiar la ubicación del baile.
Mundial 2030: ultras y banderas peligrosas
Organizar un Mundial es como montar una boda triple: todo el mundo sonríe para la foto, pero detrás hay una guerra de egos y trastos sin limpiar. España, Portugal y Marruecos se han dado la mano para 2030, pero el ambiente en las gradas marroquíes huele a combustible. No hablamos de cuatro aficionados gritando tonterías, sino de grupos como los Winners 2005 del Wydad de Casablanca o los Fatal Tigers del MAS de Fez, que han convertido las pancartas en manifiestos políticos escritos en castellano para que en Madrid no haya dudas: Ceuta y Melilla están en su lista de la compra territorial. El problema es que estas estructuras ultras no son solo tipos con bengalas; son maquinas de logística. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ya le soltó a la Audiencia Nacional que las entradas masivas del 30 y 31 de julio no fueron un 'arrebato espontáneo', sino una operación planificada con aroma a fuerzas de seguridad marroquíes. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, el CNI detectaba convocatorias en WhatsApp y Facebook el 29 de julio para aprovechar la Fiesta del Trono y saltar la valla. Expertos como David Docal y Joan Caballero del CEIDIV advierten que ver simbología de los Green Boys del Raja de Casablanca en Ceuta es una señal roja que no se puede ignorar. Si los cánticos de 'Ceuta y Melilla son marroquíes' ya saltan en partidos de la selección nacional contra Gabón en Rabat, el riesgo ha dejado de ser un asunto de grada para ser un problema de Estado. Ahora la pelota está en el tejado de Gianni Infantino y la FIFA. Con elecciones en Rabat el 18 de marzo de 2027 y un Congreso extraordinario el 23 de noviembre, sería muy cómodo mirar hacia otro lado para no molestar a los votos africanos. Pero en seguridad, esperar al desastre para estudiar el manual es como comprar el extintor cuando la casa ya es ceniza.
Almeida saca los trapos sucios al 15-M
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a transformarse en el patio de colegio de siempre, pero esta vez con un toque de nostalgia tóxica. José Luis Martínez-Almeida y Rita Maestre se han dedicado a lanzarse dardos en un duelo que empezó hablando de alquileres y terminó con una lección de aritmética financiera sobre la coherencia política. Maestre, en modo gladiadora, acusó al alcalde de firmar cada desahucio de la capital, poniendo el foco en el caso de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro que estuvo a punto de quedar en la calle antes de que el Ayuntamiento mediara con Urbagestión para que volviera a su casa por un precio similar al anterior. Pero Almeida, que no se deja pisar el jardín, decidió que era el momento de sacar el baúl de los recuerdos. No sacó un dato, sacó una pancarta del 15-M. Sí, esa donde una joven Maestre gritaba que la juventud no tenía casa ni curro. El alcalde, con una ironía que cortaba el aire, le recordó que 15 años después la portavoz de Más Madrid no solo tiene casa en uno de los barrios más 'cool' de la ciudad, sino que ha olvidado un pequeño detalle contable. Según Almeida, Maestre prometió no cobrar más de tres veces el SMI al entrar en política, una promesa que, traducida al lenguaje de la calle, se ha convertido en un agujero de 700.000 euros que le debe a los madrileños. Entre llamadas al orden de Borja Fanjul y gritos desde la bancada, el Pleno rozó el espectáculo de variedades. Mientras Maestre hablaba de justicia social, Almeida le recordó que el miedo a perder los privilegios es el nuevo motor de quienes antaño gritaban 'sin miedo'. Un choque de trenes donde la ideología se quedó fuera y solo quedó el recuento de los euros y el postureo.
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