Crítica:
El texto original es una crónica de hechos correcta, pero le falta courage para llamar 'fraude' a la presunción de exilio sistemática. Se queda en la superficie de la disputa partidista sin analizar el vacío legal creado por el Ministerio.
La 'ley de nietos' llega a la Junta Electoral: los funcionarios piden que no pueda votar quien no pruebe relación con el exilio
Ley de nietos: ¿Reparación o fábrica de votos?
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Gibraltar: Nos quitan el botón nuclear
Hay una forma muy elegante de decir que te han quitado las llaves de casa mientras dormías: se llama 'cambio técnico'. El Gobierno, en un alarde de discreción digno de un agente secreto, ha deslizado una modificación en el párrafo dos del artículo 66 de un documento de 1.178 páginas. Para el ciudadano medio, leer eso es como revisar la letra pequeña de un contrato de telefonía; nadie lo hace hasta que llega el sablazo. El pasado 1 de abril, en una reunión del COREPER en Bruselas, España decidió que ya no quería 'ordenar' la terminación del tratado con el Reino Unido, sino simplemente 'solicitarla'. Traduzcamos esto al idioma de la calle: hemos pasado de tener un botón nuclear para dinamitar el acuerdo si las cosas se ponían feas, a tener que rellenar un formulario y esperar a que la burocracia de la UE decida si le apetece hacernos caso. Es como pasar de ser el dueño del local a ser el cliente que sugiere que cierren la persiana. Lo más fascinante es la coreografía política. Mientras Pedro Sánchez se hacía la foto en La Línea demoliendo la Verja junto a Fabian Picardo —vendiendo la imagen del 'último muro de Europa'—, en los despachos se había firmado la renuncia a que el texto pasara por las Cortes. Así, sin debate ni voto, el compromiso de Mariano Rajoy de mantener 'la última palabra' ha terminado en el triturador de papeles. El resultado es un esquema donde Reino Unido mantiene la soberanía y España se queda gestionando el flujo de personas, aceptando que el tabaco y el alcohol sigan disfrutando de un IVA del 15% frente al 21% europeo. Un negocio redondo para la Roca y una 'operativa diaria' para nosotros.
Ley de nietos: ¿Reparación o fábrica de votos?
Parece que en los consulados se han tomado lo de 'reparación histórica' como un 'todo incluido'. La Ley de Memoria Democrática, cariñosamente llamada la ley de nietos, ha pasado de ser un acto de justicia a una especie de campaña de marketing agresivo. Mientras nosotros peleamos por el precio del aceite, en Paraguay y Caracas el cónsul se ha puesto la capa de animador y ha empezado a invitar a bisnietos y tataranietos a sumarse al club, como si estuvieran repartiendo cupones de descuento en el supermercado. El problema es que el sindicato CSIF, los que realmente pican piedra en las oficinas, han dicho 'basta'. Han aterrizado un escrito en la Junta Electoral Central porque se niegan a ser el escudo humano de una posible ingeniería electoral. El punto crítico es una instrucción del 25 de octubre de 2022 que, básicamente, presume que cualquiera que se largara de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 era un exiliado político. Es un salto de fe administrativo: si te fuiste en esa ventana temporal, el Ministerio de Justicia te pone la alfombra roja sin pedirte que pruebes que te perseguían por tus ideas o tu orientación sexual. Alberto Núñez Feijóo ya habla de una 'fábrica de españoles' y el PP huele que esto puede mover cientos de miles de votos en el exterior. CSIF no pide cerrar la persiana, sino que se deje de presunciones y se exijan pruebas. Quieren que la Oficina del Censo Electoral limpie la lista y que los ayuntamientos no den de alta a cualquiera que tenga un abuelo que emigró por hambre o trabajo, no por política. Al final, los funcionarios temen que, cuando llegue la hora de rendir cuentas, la responsabilidad disciplinaria no se la lleven los que firmaron la instrucción, sino el que puso el sello en el mostrador.
Jefes de la Guardia Civil juegan al escondite
En la calle Guzmán el Bueno, el aire se puede cortar con un cuchillo. La cúpula de la Guardia Civil ha descubierto el arte del escapismo: la directora y el DAO, Manuel Llamas, han convertido sus despachos en museos vacíos. Desde que el juez Pedraz les puso el sello de imputados el pasado 2 de julio por prevaricación y obstrucción a la justicia en el 'caso Leire', los mandos más altos del Instituto Armado juegan al escondite institucional. Es la clásica maniobra de quien tiene la conciencia inquieta o el abogado susurrándole al oído que no diga nada. Mientras el ciudadano medio no puede faltar a un lunes de oficina sin que el jefe le monte un numerito, estos dos se escudan en una agenda de repente 'hiperactiva'. Han empezado a aparecer en cursos de especialización donde jamás habían puesto un pie, como quien intenta limpiar su historial buscando puntos extra en el colegio. El colmo del surrealismo llegó con la visita a León a la cibercomandancia y el despliegue para recibir al homólogo saudí, Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, junto a Fernando Grande-Marlaska. La paradoja es deliciosa y amarga: la UCO, que es la joya de la corona de la investigación, podría terminar investigando a sus propios jefes. Todo por presuntamente ayudar a Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, a poner palos en las ruedas de quienes investigaban al entorno del presidente del Gobierno. Mientras tanto, el respaldo de Moncloa es un blindaje a prueba de bombas que permite que sigan cobrando el sueldo y ostentando el mando, aunque el mando ahora mismo esté en algún lugar fuera de Madrid, preparando la defensa para su declaración este jueves en la Audiencia Nacional.
Sánchez vende humo y derriba la Verja
Pedro Sánchez ha inaugurado el derribo de la Verja con la pompa de quien ha bajado el último muro de Berlín, pero en el despacho de Alberto Núñez Feijóo no han comprado la entrada al espectáculo. Mientras Moncloa vende la 'prosperidad compartida' como si fuera un catálogo de ofertas de supermercado, el PP sostiene que el tratado es un fraude jurídico diseñado para esquivar el artículo 94.1 de la Constitución. La jugada es maestra en su cinismo: etiquetar el pacto como 'solo UE' para evitar que el Congreso y el Senado tengan que ponerle la firma, ahorrándose así un debate que probablemente sería un campo de minas. En la calle, esto se traduce en que hemos pasado de tener la sartén por el mango tras el Brexit a aceptar un menú degustación donde Londres y Gibraltar se quedan con el plato principal. El Reino Unido consigue un régimen más favorable que cuando era socio de la Unión, manteniendo su modelo económico y su estatus de paraíso fiscal, mientras que la soberanía española queda congelada en el artículo 2, como un yogur que ha pasado la fecha de caducidad pero que nos obligan a comer. El Gobierno presume de movilidad y fin de las colas, pero el PP advierte que no hay ni un euro garantizado ni un programa detallado para el Campo de Gibraltar. Básicamente, nos han vendido una promesa de 'prosperidad' sin presupuesto, una especie de cheque en blanco que no sabemos quién va a cobrar. Mientras Sánchez se hace la foto con el ministro principal de Gibraltar, la oposición denuncia que se ha regalado la ventaja diplomática a cambio de un acto simbólico y una base militar británica que sigue operando en suelo 'ilegalmente ocupado' sin que nadie le pida el pasaporte. El tratado entra en vigor este 15 de julio, deslizándose por la puerta trasera de la democracia.
Regularización de Sánchez: mucho papel, poca cotización
Vender la moto es un arte, y en Moncloa tienen el máster. Nos habían prometido que la regularización masiva era la llave maestra para rescatar la Seguridad Social, como quien te dice que un truco de magia va a llenar la hucha de los ahorros. Pero al abrir la caja el 30 de junio, la sorpresa ha sido un jarro de agua fría. El Gobierno hablaba de una horquilla de entre 300.000 y 500.000 solicitudes; al final, el contador se disparó hasta los 1.174.978. Un éxito en volumen, sí, pero un desastre en la factura final. Aquí es donde la aritmética se vuelve irónica. De los 609.737 expedientes ya tramitados —es decir, gente con permiso legal para trabajar— solo 159.097 han acabado cotizando. Traducido al lenguaje de la calle: de cada 100 personas a las que el Estado ha dado el 'visto bueno', solo 26 están aportando un euro al sistema. El resto es aire. Es como si organizaras una fiesta para 100 personas asegurando que todos traerán comida, y al final solo 26 traen el aperitivo mientras los demás se sientan a la mesa con el plato vacío. El Ejecutivo intentará maquillar el dato diciendo que no saben la edad exacta de los cotizantes, pero el 70% de los solicitantes tiene entre 25 y 64 años. O sea, gente en plena edad de producir. El mapa es el de siempre: Colombia lidera el ranking con el 25,9%, seguida de Marruecos (13,3%) y Venezuela (11,8%). Geográficamente, Cataluña (257.602 solicitudes) y Madrid (202.424) se llevan la parte del león. Al final, la narrativa de que 'todos trabajan en la sombra' se ha desmoronado. No hay tal mina de oro laboral; solo hay una montaña de papeles y una Seguridad Social que sigue esperando el milagro que Pedro Sánchez prometió en sus presentaciones de PowerPoint.
Pentágono: hormonas fuertes o fuera
Pete Hegseth ha decidido que el secreto del imperio no está en los misiles, sino en las gónadas. El extertuliano de Fox News, que ya tuvo la brillante idea de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra para que suene más a película de serie B, ha lanzado una cruzada biológica: pruebas de testosterona obligatorias para todo militar mayor de 30 años. El objetivo es evitar que el ejército se llene de soldados "gordos y barbudos", como si la capacidad de combate dependiera exclusivamente de un análisis de sangre y no de saber dónde está el enemigo. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo el precio del aceite sube más que su presión arterial, el Pentágono se obsesiona con el "estándar masculino". Hegseth argumenta que la ventaja táctica es el combatiente individual, ignorando la ironía de que, según el Departamento de Trabajo, solo entre el 10% y el 15% de ese millón de efectivos realmente pisa el barro en combate. El resto, los que llevan la logística, la administración o la salud, ahora deberán demostrar que sus hormonas están a la altura de las expectativas del jefe. La jugada es sutil: las pruebas son anuales para los mayores de 30 y voluntarias para los pollos. Si los niveles están bajos, ofrecen terapia de reemplazo, aunque dicen que es "opcional". Claro, tan opcional como seguirle el ritmo a un jefe que ve la masculinidad como una métrica de rendimiento. Entre la expulsión de corresponsales y la guerra contra la presencia femenina, Hegseth está montando un club de gimnasio con presupuesto estatal, donde la eficiencia se mide en niveles hormonales y no en estrategia militar.
Casas caras: burocracia, impuestos y cero ladrillos
España tiene un agujero de 900.000 viviendas que no se llena, y mientras el ciudadano medio ve cómo su salario se rinde ante el alquiler, los peces gordos se reunieron en los Cursos de Verano CEU-María Cristina para explicar que el problema es que 'todo es muy difícil'. Según Javier Fernández-Lasquetty y Luis Fernando Quintero, el diagnóstico es claro, pero la receta es un caos. Francisco Pérez Medina, de Culmia, soltó la bomba: la rentabilidad de las promotoras aquí es un triste 2,5% frente al 12,5% europeo. Básicamente, construir en España hoy es como intentar montar un negocio de limonada donde el ayuntamiento te cobra el vaso, la pajita y el aire que respiras. El sector está desangrado. Pasamos de 2,6 millones de trabajadores en 2007 a unos 1,4 millones ahora. El resultado es una plantilla con una edad media de 48 años; los jóvenes huyen de la obra como quien huye de una deuda del banco. Juan Van-Halen, de ARDAVANIA, lo resume con una ironía sangrienta: seguimos usando un modelo de suelo de 1956. Desarrollar una parcela es una carrera de fondo que tarda entre 15 y 30 años. Para colmo, Beatriz del Peso de Garrigues recuerda que un promotor necesita entre 36 y 45 permisos distintos. Es el triunfo de la burocracia sobre el ladrillo: cada licencia puede costar entre 15.000 y 40.000 euros y tardar 15 meses en llegar, mientras el 25% del precio de la casa se va directo al bolsillo de Hacienda en impuestos. Al final, entre el ecologista que llega a los veinte años para tumbar el plan y la ineficiencia administrativa, comprar una casa se ha convertido en un deporte de riesgo para los que no tienen un heredero con fortuna.
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