Crítica:
El texto original es una sucesión de datos fría que no conecta los puntos. Le falta valentía para señalar que el Gobierno ha confundido 'dar papeles' con 'crear empleo'.
Sólo el 26% de los regularizados por Sánchez cotiza a la Seguridad Social
Regularización de Sánchez: mucho papel, poca cotización
Otros artículos
Jefes de la Guardia Civil juegan al escondite
En la calle Guzmán el Bueno, el aire se puede cortar con un cuchillo. La cúpula de la Guardia Civil ha descubierto el arte del escapismo: la directora y el DAO, Manuel Llamas, han convertido sus despachos en museos vacíos. Desde que el juez Pedraz les puso el sello de imputados el pasado 2 de julio por prevaricación y obstrucción a la justicia en el 'caso Leire', los mandos más altos del Instituto Armado juegan al escondite institucional. Es la clásica maniobra de quien tiene la conciencia inquieta o el abogado susurrándole al oído que no diga nada. Mientras el ciudadano medio no puede faltar a un lunes de oficina sin que el jefe le monte un numerito, estos dos se escudan en una agenda de repente 'hiperactiva'. Han empezado a aparecer en cursos de especialización donde jamás habían puesto un pie, como quien intenta limpiar su historial buscando puntos extra en el colegio. El colmo del surrealismo llegó con la visita a León a la cibercomandancia y el despliegue para recibir al homólogo saudí, Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, junto a Fernando Grande-Marlaska. La paradoja es deliciosa y amarga: la UCO, que es la joya de la corona de la investigación, podría terminar investigando a sus propios jefes. Todo por presuntamente ayudar a Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, a poner palos en las ruedas de quienes investigaban al entorno del presidente del Gobierno. Mientras tanto, el respaldo de Moncloa es un blindaje a prueba de bombas que permite que sigan cobrando el sueldo y ostentando el mando, aunque el mando ahora mismo esté en algún lugar fuera de Madrid, preparando la defensa para su declaración este jueves en la Audiencia Nacional.
Sánchez vende humo y derriba la Verja
Pedro Sánchez ha inaugurado el derribo de la Verja con la pompa de quien ha bajado el último muro de Berlín, pero en el despacho de Alberto Núñez Feijóo no han comprado la entrada al espectáculo. Mientras Moncloa vende la 'prosperidad compartida' como si fuera un catálogo de ofertas de supermercado, el PP sostiene que el tratado es un fraude jurídico diseñado para esquivar el artículo 94.1 de la Constitución. La jugada es maestra en su cinismo: etiquetar el pacto como 'solo UE' para evitar que el Congreso y el Senado tengan que ponerle la firma, ahorrándose así un debate que probablemente sería un campo de minas. En la calle, esto se traduce en que hemos pasado de tener la sartén por el mango tras el Brexit a aceptar un menú degustación donde Londres y Gibraltar se quedan con el plato principal. El Reino Unido consigue un régimen más favorable que cuando era socio de la Unión, manteniendo su modelo económico y su estatus de paraíso fiscal, mientras que la soberanía española queda congelada en el artículo 2, como un yogur que ha pasado la fecha de caducidad pero que nos obligan a comer. El Gobierno presume de movilidad y fin de las colas, pero el PP advierte que no hay ni un euro garantizado ni un programa detallado para el Campo de Gibraltar. Básicamente, nos han vendido una promesa de 'prosperidad' sin presupuesto, una especie de cheque en blanco que no sabemos quién va a cobrar. Mientras Sánchez se hace la foto con el ministro principal de Gibraltar, la oposición denuncia que se ha regalado la ventaja diplomática a cambio de un acto simbólico y una base militar británica que sigue operando en suelo 'ilegalmente ocupado' sin que nadie le pida el pasaporte. El tratado entra en vigor este 15 de julio, deslizándose por la puerta trasera de la democracia.
Pentágono: hormonas fuertes o fuera
Pete Hegseth ha decidido que el secreto del imperio no está en los misiles, sino en las gónadas. El extertuliano de Fox News, que ya tuvo la brillante idea de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra para que suene más a película de serie B, ha lanzado una cruzada biológica: pruebas de testosterona obligatorias para todo militar mayor de 30 años. El objetivo es evitar que el ejército se llene de soldados "gordos y barbudos", como si la capacidad de combate dependiera exclusivamente de un análisis de sangre y no de saber dónde está el enemigo. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo el precio del aceite sube más que su presión arterial, el Pentágono se obsesiona con el "estándar masculino". Hegseth argumenta que la ventaja táctica es el combatiente individual, ignorando la ironía de que, según el Departamento de Trabajo, solo entre el 10% y el 15% de ese millón de efectivos realmente pisa el barro en combate. El resto, los que llevan la logística, la administración o la salud, ahora deberán demostrar que sus hormonas están a la altura de las expectativas del jefe. La jugada es sutil: las pruebas son anuales para los mayores de 30 y voluntarias para los pollos. Si los niveles están bajos, ofrecen terapia de reemplazo, aunque dicen que es "opcional". Claro, tan opcional como seguirle el ritmo a un jefe que ve la masculinidad como una métrica de rendimiento. Entre la expulsión de corresponsales y la guerra contra la presencia femenina, Hegseth está montando un club de gimnasio con presupuesto estatal, donde la eficiencia se mide en niveles hormonales y no en estrategia militar.
Sánchez y su séquito real en Lanzarote
Hay quien viaja con una maleta vieja y un mapa impreso, y luego está el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no entiende de soledades ni de minimalismo; para sus escapadas a La Mareta, en Lanzarote, necesita un ejército de apoyo que haría palidecer a cualquier hotel de cinco estrellas. Según el Portal de Transparencia, el jefe del Ejecutivo se llevó consigo a siete asistentes de personal de servicio. Siete. Para que el lector medio lo entienda: es como si para ir a pasar el fin de semana a la playa te llevaras a un equipo entero de limpieza y logística para que no tengas que mover ni un dedo mientras el sol canario hace lo suyo. Pero el despliegue no acaba en las sábanas y las toallas. La comitiva incluía también a un asesor de la Secretaría General de la Presidencia y a cinco técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Porque claro, el Wi-Fi en el paraíso no puede fallar cuando hay que coordinar el Estado. Todo esto mientras la Moncloa juega al escondite con las cifras. El Gobierno admite que se gastaron 11.322 euros en alojamiento y 22.711 euros en manutención el año pasado, pero cuando se les pide el desglose real, la respuesta es un 'acceso parcial'. La joya de la corona es la seguridad. No quieren decir cuántos guardias hay porque sería 'comprometer la seguridad'. Una jugada maestra: el dinero es público, pero el número de escoltas es un secreto de Estado. Al final, nos venden que trasladar su domicilio a inmuebles del Estado es una necesidad institucional. Muy noble, pero resulta curioso que la 'actividad institucional' requiera que siete personas se encarguen del servicio mientras el país intenta cuadrar las cuentas de la compra mensual.
Ricos, rojos y chalés: el manual Iglesias
Hay una danza fascinante entre el discurso de la lucha de clases y el catálogo de inmobiliarias de lujo. Willy Toledo, con la honestidad del que no tiene miedo a soltar el golpe, puso el dedo en la llaga: ¿cómo encaja un chalé en Galapagar y la Taberna Garibaldi en el manual del buen revolucionario? Para Toledo, que el exvicepresidente del Gobierno gestione sus negocios como una empresa privada y no como una cooperativa es, básicamente, un chiste de mal gusto. Según el actor, Iglesias ha logrado que la militancia de Podemos confunda el apoyo político con el patrocinio de sus emprendimientos personales, creando una especie de 'lealtad tóxica' donde pagar la cuenta del bar se confunde con salvar la patria. La respuesta de Pablo Iglesias, publicada en Diario Red bajo el título 'James Chambers y los ricos de izquierdas', es una obra maestra de la esgrima dialéctica. En lugar de dar explicaciones sobre sus activos, lanza una posdata cargada de veneno: 'Ojalá me saliera el dinero por las orejas'. Un deseo optimista, considerando que mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca, él utiliza el caso de James Cox Chambers Jr. —un heredero millonario estadounidense que se enfrenta a 30 años de cárcel por apoyar a Hamás— para justificar que la cartera gorda no anula el carné rojo. Pero el giro irónico llega cuando Iglesias decide limpiar su espejo ensuciando el del vecino. En el mismo texto, lanza un dardo contra Ramón Espinar Gallego, recordándonos que el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid es el verdadero manual de 'ingeniería financiera' de la izquierda. Al final, la crónica es la de siempre: el debate no es si se puede ser rico y comunista, sino quién tiene la excusa más sofisticada para que el dinero no manche la ideología.
Hacienda: ¿Ciega con unos y cazadora con otros?
Hacienda es como ese vecino cotilla que sabe exactamente a qué hora llegas y cuánto gastas en el súper, pero que, de repente, decide hacerse el sueco con ciertos apellidos. Esaú Alarcón, socio de Gibernau, ha soltado una verdad que escuece: el sistema de la Agencia Tributaria es una máquina automatizada de detectar errores. Si tú te olvidas de declarar un alquiler, el sistema te caza antes de que termines el café porque el cruce de datos es implacable. Sin embargo, en el caso de Julio Martínez, la maquinaria se quedó dormida durante cuatro años enteros. Cuatro años sin presentar la declaración de la renta, un pecado capital que para cualquier ciudadano de a pie terminaría con una inspección que empieza mal y acaba peor, ya que el sistema tiene tatuado que el no declarante es, por definición, un defraudador. La exdirectora de la Agencia Tributaria lo llamó un "lamentable error" el pasado lunes, pero Alarcón no compra el cuento. Es muy curioso que la tecnología, capaz de rastrear hasta el último céntimo de un autónomo asustado, sufriera una amnesia selectiva con Martínez. Y mientras el sistema falla en lo obvio, se vuelve creativo en lo dudoso. El caso de David Sánchez, hermano del presidente, es la otra cara de la moneda: un informe sin membrete ni firma, donde unas cuantas noches de hotel en Portugal fueron el pase mágico para obtener una residencia fiscal que, según el experto, no se sostiene ni en Madrid ni en Lisboa. Estamos ante una ingeniería financiera donde el rigor se aplica según el código postal o la cercanía al poder, convirtiendo la praxis común en una sugerencia opcional.
El 'hermanísimo' y el sueldo regalado
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder: mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo de una dieta en la oficina, en ciertos círculos el currículum es un accesorio opcional. El caso de David Sánchez es la cumbre de la 'ingeniería de favores'. No hablamos de un error administrativo, sino de un traje hecho a medida, cosido con hilos de fondos públicos y rematado con un sueldo de 60.000 euros anuales. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado escrito en 377 folios que el puesto no era necesario ni urgente; era, sencillamente, un regalo envuelto en papel de Diputación. Lo más delirante es la narrativa del 'hermanísimo'. Mientras el Gobierno, con voces como las de Elma Saiz, Patxi López u Óscar Puente, intenta vender que la sentencia es un invento sin fundamentos, los correos electrónicos internos ya usaban ese término cariñoso para coordinar el enchufe. David Sánchez ni residía en Badajoz, ni sabía cómo funcionaban los conservatorios, ni se molestó en aparecer por su despacho. Dirigió la orquesta cinco veces —cinco, que no son muchas ni para un aficionado— y cuando el juzgado le pidió informes, entregó unos papeles manuscritos que no figuraban en ningún archivo oficial. Es el sueño de cualquier vago profesional: cobrar el sueldo completo mientras te dedicas a proyectos de ópera ajenos al cargo. El entramado es fascinante. Miguel Ángel Gallardo parece haber jugado al ajedrez político, intentando congraciarse con el futuro secretario general del PSOE justo un mes antes de su elección. Al final, la plaza terminó siendo un agujero contable donde la meritocracia fue sustituida por el apellido. Como bien dice la sentencia, esta práctica no es solo un chiste de mal gusto, sino un veneno que dinamita la salud democrática.
Comentarios