La noticia es un festín de declaraciones indirectas que dependen totalmente del testimonio de un condenado por fraude. Falta el contraste con la versión de los acusados, aunque el nombre del grupo de WhatsApp es la prueba irrefutable de su falta de imaginación.
Hay quien estudia el álgebra para aprobar el bachillerato y hay quien, sencillamente, tiene la llave del examen antes de entrar en el aula. La UCO acaba de destapar un manual de 'ingeniería de notas' que haría palidecer a cualquier estudiante suspirando por un aprobado. El escenario es Red.es y los protagonistas, Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Aquí no hubo méritos, hubo una coreografía coordinada para que el grupo Barrabés se llevara el gato al agua mientras los demás competidores veían cómo sus puntuaciones se evaporaban como el sueldo el día uno de mes. El informe de la Guardia Civil, publicado el 27 de junio de 2026, es un despliegue de cinismo digital. Los correos internos no dejan lugar a la imaginación: frases como "estoy intentando cambiar las puntuaciones más altas para bajarlas" o el imperativo de que "Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". No es gestión pública, es un reparto de cromos donde el cromo brillante ya tenía dueño. Los evaluadores técnicos, convertidos en meros escribientes, recibieron la orden de "radicalizar" las notas. Básicamente, les pidieron que dejaran de ser profesionales para convertirse en herramientas de un diseño previo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para una ayuda de 200 euros, en los despachos de Red.es se ajustaban las valoraciones cuando ya se conocían los resultados. La independencia técnica fue sacrificada en el altar del favor personal. La UCO concluye que el proceso fue un simulacro: se cambió la realidad para que encajara con el deseo de los superiores. Un truco de magia contable donde la única sorpresa es que alguien haya creído que esto pasaría desapercibido.
En Almería, el silencio es el nuevo deporte nacional de la clase política. Tras cerrar la ronda de declaraciones del «caso Mascarillas», los protagonistas han montado un muro de contención que haría palidecer a cualquier fortificación militar. Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del PP de Almería, dio una masterclass de eficiencia: ocho minutos en el juzgado y una salida rauda hacia su coche, esquivando micrófonos como quien esquiva un charco en invierno. Su abogado, Joaquín Monterreal, sostiene que no declarar no es ocultar, mientras el sumario sugiere que el lenguaje cifrado era la verdadera lengua oficial de la corporación. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, Aureliano y su grupo coordinaban el reparto de 'mordidas' usando el código del odontólogo. Hablar de «visitar al dentista», «empastar muelas» o «hacerse una limpieza» no era una preocupación por la salud bucal, sino la señal para repartirse contratos públicos. El colmo de la ironía llegó con el emoji de una muela enviado al chat ‘Naranjito’ justo después de firmar un contrato de material sanitario con un sobrecoste del 42,27%. Un sablazo monumental disfrazado de higiene dental. La estrategia del mutismo es contagiosa. José Juan Martínez Pérez, alcalde de Tíjola y diputado de Sostenibilidad, ha copiado el manual del silencio, a pesar de que se le vincula con Óscar Liria para inflar las cuentas de las constructoras Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola, que se llevaron quince adjudicaciones en 2020. Mientras los políticos juegan a las cuatro esquinas con la justicia, los empresarios han empezado a cantar. Ya hay confesiones de testaferros y reuniones de reparto donde se dividían el botín como si fueran taifas medievales. El PSOE, a través de Javier Salvador, lo tiene claro: jefecillos locales controlando el grifo del dinero público mientras el resto espera que el 'dentista' termine la sesión.
En el manual de instrucciones del poder, hay una frase que es el equivalente a 'no toques el cuadro': ponerse de perfil. No es una sugerencia táctica, es el código para que los agentes de la UCO miren hacia otro lado mientras los peces gordos nadan tranquilos. El juez Santiago Pedraz ha tenido que escuchar este viernes la versión de cuatro mandos de la Guardia Civil, donde el general Rafael Yuste y Alfonso López Malo han confirmado que el Director Adjunto Operativo (DAO) les pidió, básicamente, que dejaran de ser proactivos. Traducido al lenguaje de la calle: que no se pasaran de listos investigando el entorno de Pedro Sánchez. La ingeniería del silencio es fascinante. Mientras el ciudadano común se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las altas esferas se coordinaban para que las investigaciones sobre el hermano y la esposa del presidente no molestaran. El DAO, Manuel Llamas, y el exdirector Leonardo Marcos habrían gestionado este 'blindaje' con la delicadeza de un mazo. Lo más surrealista es el castigo al rigor: un analista de la UCO acabó con una amonestación verbal solo por incluir correos entre David Sánchez y Begoña Gómez en un informe. Es como si te regañaran en el trabajo por hacer tu tarea demasiado bien. Para rematar el cuadro, el informe de la UCO revela una red de influencias donde Leire Díez y la directora general, Mercedes González, habrían impulsado investigaciones internas contra los agentes molestos. Tres 'informaciones reservadas' entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 sirvieron como correa de perro para disciplinar a quienes se atrevieron a rastrear las cloacas del PSOE. Al final, el mensaje es claro: en el Instituto Armado, la ley llega hasta donde empieza el interés político.
Imaginen que contratan a una empresa de seguridad privada para vigilar que nadie robe en el barrio, instalan cámaras en cada esquina y, mientras tanto, el jefe de la seguridad se toma un café con el ladrón mientras este vacía la caja fuerte. Eso es, básicamente, la Confad. El 9 de julio de 2019, Carmen Calvo firmó la creación de esta comisión para combatir el fraude deportivo, una joya burocrática impulsada por María Jesús Montero y sus colegas de Interior y Cultura. Lo cómico es que nació apenas cuatro días después de que Hacienda empezara a rastrear el rastro de José María Enríquez Negreira. Coincidencia poética. En la mesa de juego estaban todos los sospechosos habituales: el CSD, la Policía, la Guardia Civil y la RFEF, entonces capitaneada por Luis Rubiales. Albert Soler, quien timoneó el CSD entre mayo de 2021 y enero de 2023, fue nombrado dos veces por el Gobierno mientras se investigaba que el FC Barcelona soltara 8,4 millones de euros a Negreira. Para que nos entendamos: es como si el Ayuntamiento crea una oficina contra el fraude inmobiliario y pone al frente a alguien que ignora que su vecino ha construido un rascacielos con dinero invisible. La RFEF ya sabía que Hacienda preguntaba por Negreira el 18 de octubre de 2021, y la Fiscalía volvió a insistir en junio de 2022. Pero en la Confad, el silencio era sepulcral. Ni un acta, ni un susurro, ni una nota en el grupo de WhatsApp. Mientras Aleksander Ceferin calificaba el asunto de 'excepcionalmente grave' en abril de 2023, la comisión seguía debatiendo sobre la protección de menores en sus reuniones, como la del 3 de junio de 2026, fingiendo que la integridad deportiva no era un chiste de mal gusto. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la Confad fue el gran teatro de la omisión.
En el mundo de las licitaciones públicas, existen reglas y luego existe la 'magia'. La UCO acaba de destapar que en los contratos de formación digital de Red.es, la magia consistía en adjuntar cartas de apoyo que, aunque no valían más que un ticket de parking en un pliego técnico, sirvieron para inflar la puntuación de la UTE formada por Innova Next y The Valley Business School. Entre esas misivas, destaca una firmadita en julio de 2020 por Begoña Gómez, la esposa del presidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se gestionaban 8,4 millones de euros de fondos europeos (Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con una laxitud pasmosa. La Intervención General de la Administración del Estado no se ha andado con rodeos: llamar 'valoración técnica' al hecho de contar cartas de recomendación es, básicamente, adulterar el examen para que el alumno favorito apruebe. El sistema era un buffet libre de influencias. Barrabés presentó 35 documentos de apoyo, usando una plantilla que parecía un formulario de Ikea, donde Begoña Gómez reconoció explícitamente que la jugada estaba financiada con dinero público. Los expedientes 014 y 016, adjudicados en julio de 2021, fueron el escenario de este baile. Lo más cínico es el contraste: mientras una evaluadora decía que le 'costaba horrores' creer que los rivales eran malos, la jefa de área blindaba el sistema alegando que esas cartas 'daban valor'. Al final, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa un atestado donde la firma de la mujer del presidente no es un detalle anecdótico, sino un activo que sumó puntos reales en un tablero que ya estaba inclinado a favor de Barrabés.
En el tablero del poder, 'ponerse de perfil' no es una cuestión de postura corporal, sino una técnica de supervivencia administrativa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las esferas altas de la Guardia Civil parece que el manual de instrucciones es más flexible. Este viernes, ante el juez Santiago Pedraz, los altos mandos se han ratificado en un baile de confesiones que huele a oficina de despacho y miedo al jefe. Resulta fascinante que Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, recuerden con tanta nitidez que Manuel Llamas Fernández, el DAO, les pidió básicamente que miraran hacia otro lado. El timing es quirúrgico: julio de 2024. En ese momento, la mesa de investigaciones estaba servida con un menú degustación de escándalos: la trama Koldo, las actividades de Begoña Gómez y los asuntos de David Sánchez. Pedir que la juez tome la iniciativa es la versión institucional de 'yo no he sido', un juego de pasavueltas donde la policía judicial se convierte en un mueble más del pasillo. Pero el surrealismo no termina ahí. El general Antonio Cortés añade sal al guiso asegurando que le ordenaron abrir expedientes internos contra los agentes que, ingenuamente, se empeñaban en investigar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es la ley del espejo: si buscas la verdad, te encontramos la falta administrativa. Todo esto mientras Mercedes González, la directora general, mantenía citas con Leire Díez, la presunta arquitecta de una campaña contra el teniente coronel Antonio Balas. Al final, el dinero público paga la luz de la Audiencia Nacional para descubrir que, en el juego de las cloacas, el perfil más seguro es el que no molesta al que firma la nómina.
En el mundo real, si te olvidas de adjuntar un documento clave en una solicitud de alquiler o en una beca, te mandan a paseo sin pestañear. Pero en el universo paralelo de Red.es, que te falte el 'libro blanco' —esa especie de currículum glorificado que pesaba un 60% de la nota— es un detalle menor que se soluciona con un truco de magia administrativa. Mientras que a empresas como IDC Research España les dieron un rapapla de 2 puntos por ser 'insuficientes', la UTE formada por Innova Next SL (del grupo Barrabés) y KPMG se llevó un 8,5 points sin haber entregado el papel. Un auténtico milagro burocrático. Lo mejor es la naturalidad del engaño. Un evaluador, con la soltura de quien oculta una multa de tráfico, sugirió por correo el 30 de diciembre de 2020: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco». Es la versión institucional de 'no digas nada y nos lo llevamos'. Así, sin despeinarse, el expediente 044 se convirtió en un cheque de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. Luis Prieto, el director de Economía Digital, firmó este y otros dos contratos (el 014 y 016) que suman más de ocho millones de euros. La UCO de la Guardia Civil ha dejado claro que esto no fue un despiste, sino un patrón de 'predilección'. Mientras Red.es intenta ahora lavar su imagen diciendo que el contrato 044 no acabó usando fondos europeos y que Begoña Gómez no firmó cartas para este en concreto, la realidad es que el sistema estaba aceitado. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el atestado sobre la mesa para juzgar corrupción y tráfico de influencias. Al final, parece que en Red.es el mérito no estaba en el libro blanco, sino en el libro de contactos.
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