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Bruselas ha dejado de mirar hacia otro lado y ha puesto la lupa sobre el presupuesto español. No es que falte dinero, es que sobra sospecha. La Fiscalía Europea ha activado su maquinaria tras la denuncia de un ciudadano, buscando rastros de malversación en un ecosistema donde el dinero público fluye con la naturalidad de un río desbordado. El detonante es una cifra que, comparada con los presupuestos estatales, parece calderilla: 14.980 euros desviados de la campaña del PSOE para las europeas de 2024 hacia 'Crónica Libre', el patio de recreo de Leire Díez. Para el ciudadano que cuenta los céntimos al llenar el carrito del súper, puede parecer un detalle, pero en el derecho penal, el robo de un caramelo sigue siendo robo. El verdadero problema es que este goteo ocurre en el corazón de la SEPI, una entidad que maneja fondos europeos como quien reparte cartas en un casino. Tragsatec ha absorbido 664,1 millones de euros en 25 partidas, mientras que Correos ha engullido otros 324,5 millones. Sumamos casi 1.000 millones de euros que han pasado por manos sospechosas. En Correos, el currículum es brillante: pasó por allí Juan Manuel Serrano, el 'fontanero' de confianza de Pedro Sánchez, ahora bajo la lupa del juez Santiago Pedraz, y la propia Leire Díez. La ingeniería financiera se completa con Sepides y sus 518 millones vinculados a los Next Generation, un programa de 70.000 millones que ha llegado a España como un tsunami de liquidez sin un control riguroso. Con figuras como Vicente Fernández maniobrando en la sombra y presidentes como Belén Gualda y Bartolomé Lora bajo investigación, la trama parece un círculo cerrado. Mientras Javier Zarzalejos advierte desde el Parlamento Europeo que la corrupción normalizada erosiona el Estado de derecho, en Madrid parecen creer que el dinero de la UE es un cajero automático sin código PIN.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, en el Congreso de los Diputados el concepto de 'ajustarse el cinturón' parece ser una leyenda urbana. El PSOE y Sumar, en un despliegue de generosidad presupuestaria, han decidido que para 2027 la partida para asesores suba a 15,9 millones de euros. Un incremento del 24,69% respecto a los 12.751.200 euros de 2023. Básicamente, han decidido que el equipo de apoyo necesita un 'upgrade' deluxe mientras el país sigue esperando unos Presupuestos Generales del Estado que no llegan al BOE desde el 17 de agosto de 2023. La ingeniería es sencilla: han roto el techo de la ratio de asistentes, pasando a un esquema de un asesor por cada diputado (350 en total), aunque si sumamos a los de Presidencia y Mesa, la cifra real supera los 400. Es el sueño de cualquier currículum: trabajar en la Cámara Baja con un fondo de 'Acción Social' de 800.000 euros que cubre desde el podólogo hasta las gafas monofocales y la universidad de los hijos. Mientras tú buscas el descuento en el supermercado, el personal eventual del Congreso tiene el presupuesto blindado para que no le falte ni la limpieza dental. Para rematar la jugada, Francina Armengol, la presidenta que maneja los hilos de la Mesa, ha destinado 115.000 euros a renovar el portal de la Constitución. Un detalle poético, considerando que el bloqueo de 44 leyes del PP sugiere que la Constitución se lee mejor en una web moderna que en la práctica diaria. Todo ello financiado con una soltura envidiable, justificando el gasto en 'incrementos retributivos' y 'modificaciones de sistema'. En definitiva, una fiesta de nóminas donde el único que no está invitado a comer es el contribuyente.
En Ceuta, la justicia ha decidido que la prioridad del momento es llevar un inventario detallado de gatos desmembrados. Mientras la ciudad intenta digerir el caos de una invasión, el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 ha abierto diligencias previas para contar los cadáveres felinos. Es el surrealismo puro: el Estado, que a veces no sabe ni cuántas personas cruzan la valla, ahora pide al Seprona, a la Policía Nacional y a la Policía Local que hagan una lista de asistencia de animales desaparecidos o mutilados. La cronología del horror se sitúa entre el 17 y 19 de agosto de 2026. En barrios como Huerta Téllez, Carmelitas, calle Goya, Príncipe, Sidi Embarek, Punta Blanca y la planta desaladora, las colonias de gatos pasaron de ser refugios comunitarios a convertirse en un menú improvisado. Manuel Toledo Roldán, presidente de DAUBMA, lo ha resumido con una crudeza que hiela la sangre: «todo ser vivo lo cazan y a la cazuela». Básicamente, hemos pasado de la convivencia vecinal a una dinámica de supervivencia donde el gato del barrio es el aperitivo. La Asociación Zolandia, capitaneada por Inmaculada Jaén, ha empujado la denuncia buscando 'la verdad'. El juez, en un auto del 16 de septiembre, quiere que la policía rastree medios de comunicación y redes sociales para encontrar a las cuidadoras que vieron el desastre. Es fascinante observar cómo la maquinaria judicial se pone en marcha para enumerar trozos de animal mientras el contexto social arde. Al final, el dato duro es que hay un agujero en la fauna urbana de Ceuta y que la ley, tarde o temprano, quiere saber cuántos platos se sirvieron en esa cena no invitada.
Hacer la guardia en carretera se ha convertido en un ejercicio de masoquismo financiero. Mientras el Ministerio del Interior presume de seguridad vial, la realidad en el asfalto es que Fernando Grande-Marlaska ha montado un sistema de 'tarifas low cost' para los agentes de Tráfico que haría palidecer a cualquier plataforma de economía colaborativa. Estamos hablando de horas extra que se pagan a 12 euros brutos. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: un servicio extraordinario de 8 horas se cobra a 96 euros, lo que deja al agente con unos 60 euros netos en el bolsillo. Siete eurillos la hora. Básicamente, el riesgo de morir atropellado en una nacional se cotiza hoy casi al mismo precio que limpiar un piso, ya que el salario mínimo para empleo doméstico es de 9,55 euros por hora. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos al vecino. Mientras el guardia civil se conforma con migajas, los ertzainas cobran sus horas extra a 31,53 euros y los mossos a 25,39 euros. Es el mismo trabajo, el mismo asfalto, pero una cartera muy distinta. El resultado es lógico: la especialidad de Tráfico está en cuidados intensivos. Solo se cubre el 13% de las plazas ofertadas. Nadie quiere entrar en un club donde el premio al sacrificio es que, si el turno se alarga a 10 horas, el valor de tu tiempo cae a 9,60 euros. Pero el ahorro no termina en la nómina. Pere Navarro y Marlaska gestionan la flota con la generosidad de un tacaño en Navidad: coches insuficientes y maleteros en los Jeep Renegade que no sirven ni para una compra del súper, obligando a llevar el material en el asiento trasero. Y para rematar la faena, cuando el termómetro marca más de 35°C y la ley exige coche, la respuesta oficial es que los agentes 'se hidraten' mientras siguen sudando en la moto. Una gestión brillante, si el objetivo era desmantelar la Benemérita desde dentro.
Hay una coreografía muy precisa en el arte de la diplomacia: primero se tiende la alfombra roja y luego se recogen los frutos. En abril de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de José Montilla y el gobernador Amr A. Al-Dabbagh, firmó en Riad un convenio para que las inversiones saudíes en España tuvieran un camino libre de baches, asegurando un 'tratamiento justo' y prohibiendo cualquier 'medida arbitraria'. Básicamente, le dijeron al Reino que aquí eran bienvenidos y que sus millones estarían más protegidos que un tesoro nacional. La magia ocurrió un año después. En junio de 2007, durante una visita oficial a La Moncloa, el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud decidió que la gratitud no se demuestra solo con apretones de manos. Zapatero terminó con un 'detalle' en su caja fuerte de la calle de Ferraz que haría palidecer a cualquier joyero de Cartier: 103 piezas entre rubíes, esmeraldas, zafiros y oro blanco con diamantes. Un botín valorado en 1,3 millones de euros que, curiosamente, no apareció en ninguna declaración a Hacienda. Mientras el ciudadano medio suda para pagar el IBI, el exmandatario guardaba un patrimonio que, según expertos, le habría costado un sablazo de 600.000 euros en IRPF (aplicando el tipo marginal del 45%). Ahora el juez José Luis Calama ha decidido que ese 'regalo' tiene aroma a delito fiscal y contrabando, poniendo sobre la mesa una posible condena de hasta seis años de prisión. Lo más irónico de este guion es que el convenio de 2006, el que preparó el terreno para el afecto saudí, no entró en vigor hasta 2016, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Parece que Zapatero cobró la comisión de gestión con una década de antelación, demostrando que en la alta política, el 'intercambio de cortesías' es un deporte de élites donde las reglas fiscales son, simplemente, sugerencias.
Hay un arte casi místico en el 'balón fuera' y Pedro Sánchez acaba de dar una masterclass en el John F. Kennedy Jr. Forum de Harvard. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la luz, el presidente aterrizó en Cambridge, Massachusetts, con un manual de supervivencia bajo el brazo para evitar que el acto se convirtiera en un juzgado itinerante. La estrategia fue sencilla: filtrar la audiencia para que no hubiera demasiados españoles que pudieran recordarle que, en casa, las cosas no cuadran tanto como en sus discursos. Cuando un estudiante tuvo la osadía de soltarle que muchos españoles lo ven como el motor de la corrupción actual, Sánchez aplicó la técnica del espejo: 'hay corrupción en muchos países'. Un argumento tan útil como un paraguas roto en un huracán. Sobre los procesos judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, el presidente los despachó como 'ataques personales', olvidando convenientemente que David Sánchez ya tiene una condena por prevaricación en el currículum. Es la gimnasia mental de quien cree que la justicia es una cuestión de opinión. El menú de evasivas continuó con el software Pegasus. Admitió el hackeo, pero jugó al despistado sobre quién apretó el botón, negando que el espionaje marroquí hubiera condicionado el giro sobre el Sáhara Occidental. Y cuando apareció el nombre de Zapatero vinculado a Maduro y la crisis venezolana, Sánchez hizo un truco de magia: el nombre desapareció de su léxico. En su lugar, lanzó un dato frío —1,2 millones de permisos de residencia para venezolanos— para tapar el agujero del silencio. Al final, el viaje a Harvard no fue una charla académica, sino un ejercicio de alta ingeniería para esquivar Ceuta, los escándalos familiares y los fantasmas del pasado, todo mientras mantenía la sonrisa de quien sabe que, en el foro, el eco es más amable que la realidad de la calle.
Hay una elegancia muy particular en el arte de cerrar la puerta en la cara de los tuyos para que el discurso suene más limpio. Pedro Sánchez aterrizó en Harvard el pasado viernes con una comitiva que parecía la mudanza de un palacio: 13 vehículos oficiales más un trío de escoltas policiales. Mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, el presidente llegó a Massachusetts desplegando un despliegue logístico que ya quisiera para sí la 'Bestia' de Donald Trump. Pero el verdadero espectáculo no estuvo en el parking, sino en la lista de invitados del John F. Kennedy Jr. Forum. En un giro digno de una comedia de enredos, Harvard decidió que los españoles con entrada confirmada eran, de repente, 'demasiados'. Un correo electrónico frío y genérico les avisó que el recinto estaba lleno, aunque curiosamente los extranjeros sí pasaron el filtro. La jugada era clara: blindar el escenario contra preguntas incómodas y evitar que algún compatriota decidiera romper la armonía del evento. Una ingeniería social para que el presidente pudiera hablar de Louis Brandeis y de la lucha contra las 'nuevas oligarquías' tecnológicas sin que nadie le recordara las oligarquías más cercanas. Sánchez se paseó entre el decano David Deming, la decana Hopi Hoekstra y los catedráticos Shoshana Zuboff y Mathias Risse, predicando que la prosperidad debe compartirse. Irónico que el mensaje de 'compartir' no llegara a los españoles que se quedaron fuera del aula. Al final, la mayoría logró colarse una vez empezado el acto, pero el mensaje quedó grabado: en el templo del saber, la prioridad era el silencio cómodo. La Moncloa emitió el evento en directo, convenientemente editado por la realidad de quien llega en trece coches pero no encuentra sitio para sus propios ciudadanos.
Hay una mística casi sagrada en el Chupinazo de Pamplona, pero para Aitor Zunzarren Crespo, el 6 de julio de 2016 no fue precisamente una experiencia mística, sino un despliegue de codazos. Mientras el resto del mundo veía pasar toros, el marido de la ministra portavoz, Elma Saiz, decidió que la mejor forma de celebrar era intentarremodelar la cara de tres agentes de la Policía Municipal. El escenario: la zona de la calle Estafeta, donde el ambiente estaba más caliente que una sartén en agosto. Zunzarren, que es policía foral pero aquel día estaba 'de vacaciones' del deber, pasó de tener una actitud agresiva con los porteros de un bar a repartir golpes a los uniformados que intentaban evitar que la fiesta terminara en tragedia. La Fiscalía no se anduvo con chiquitas y pidió dos años de cárcel y la inhabilitación para el sufragio pasivo. Pero claro, en el tablero de la justicia, los números se negocian como si fueran puestos de fruta. Zunzarren aplicó la técnica de la conformidad y cambió la celda por un sablazo económico: una multa de 1.680 euros (más 90 euros de indemnización), una cifra que para cualquiera es un agujero en la cuenta bancaria, pero que para evitar el calabozo resulta un chollo administrativo. El resultado físico fue una conjuntivitis en el ojo izquierdo de un agente, cortesía de un codazo preciso junto al furgón policial en la calle Cortes de Navarra. Lo más fascinante es la gimnasia mental del entorno de la ministra. Mientras el acta judicial dice que el supuesto agresor externo nunca apareció, la versión oficial del círculo íntimo es que Zunzarren fue la verdadera víctima. Una narrativa creativa que choca frontalmente con la sentencia firme de mayo de 2017. Ahora, mientras Elma Saiz gestiona la Seguridad Social y la portavozía del Gobierno desde noviembre de 2023, su marido sigue 'exprimiendo el viaje de la vida', preferiblemente lejos de los ojos de la Policía Municipal.
Giorgia Meloni ha decidido que la integración en las aulas italianas funcione como un cupo de entradas para un concierto agotado. El nuevo decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros pone un techo del 30% a los alumnos que no dominen el italiano. Básicamente, si el aula ya tiene su cuota de 'no hablantes', el estudiante se queda fuera, obligando a los padres a jugar a la lotería con cuatro opciones de centros escolares al matricularse. Una ingeniería social que Meloni vende como 'sentido común' para evitar los guetos, aunque en la calle suena más a repartir el problema para que no moleste en un solo sitio. Pero el menú de restricciones no acaba ahí. El Gobierno ha declarado la guerra al 'enmascaramiento'. Adiós al burka y al niqab, pero también a las mascarillas si no hay fiebre y a los cascos. Es el regreso a la escuela de la era analógica, donde el rostro debe estar tan expuesto como el presupuesto público. La coherencia es el plato fuerte: el ministro Giuseppe Valditara recuerda que ya existe una ley de 2023 que manda a los padres a la cárcel hasta dos años si no escolarizan a sus hijos. Así que el mensaje es claro: o entras sin velo, o el niqab te servirá para decorar la celda. Para rematar el paquete, si un alumno tiene un 'grave déficit lingüístico', los Servicios Sociales entrarán en escena. Ofrecen cursos gratuitos, pero si la familia pasa de ellos, el Estado les pasará factura con multas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Un sablazo educativo que busca integrar a base de sanciones. Mientras Sergio Mattarella, el presidente de la República, recuerda que la Constitución dice que la escuela es para todos, Meloni saca el baúl de sus recuerdos de 1989 para justificar que limitar el acceso es una tradición personal. La Asociación Nacional de Directores (ANP) ya avisa que aplicarlo será un caos, pero claro, la propaganda electoral contra Roberto Vannacci y su 'Futuro Nacional' no puede esperar a que la logística funcione.
El arte de lavarse las manos tiene un maestro graduado con honores en Rabat. Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, ha ejecutado un movimiento de cintura digno de un bailarín profesional tras su reunión con José Manuel Albares. La jugada es sencilla: si los inmigrantes irregulares y los menores que aterrizaron en Ceuta el pasado 30 de julio siguen ahí plantados, no busquen el problema en el mapa del sur, sino en el despacho de Madrid. Burita ha sido tajante. Según él, la pelota está en el tejado español. Mientras nosotros gestionamos el presupuesto público como quien intenta estirar un chicle para que llegue a fin de mes, la diplomacia marroquí nos lanza un dardo envenenado: que no son ellos quienes ejecutan las devoluciones. Para Burita, el atasco no es falta de voluntad marroquí, sino el resultado de unas 'polémicas, consideraciones, obstáculos y dificultades españolas'. Es fascinante. Es como si el vecino te dejara el pasillo lleno de cajas y, cuando le pides que se las lleve, te respondiera que el problema es que tú no tienes el carrito de la compra adecuado para moverlas. Mientras el Ministerio de Exteriores español intenta salvar los muebles hablando de quienes 'no tengan derecho a protección internacional', Marruecos ha decidido que la responsabilidad es un traje que no le queda bien. Al final, el ciudadano ve cómo se juega el ping-pong diplomático con personas reales, mientras los ministros se saludan con una sonrisa gélida y el reloj sigue corriendo desde aquel julio, dejando la gestión en un limbo donde la burocracia es la única que gana la partida.
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Joan Ramos