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Hay un giro en el guion de la solidaridad que deja a cualquiera con la boca abierta. Resulta que en Ceuta, donde la realidad es un incendio constante, la sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción ha decidido mirar debajo de la alfombra de ciertas asociaciones humanitarias. La pregunta es sencilla pero devastadora: ¿estaban repartiendo mantas y comida o 'explosivos caseros' para animar a los inmigrantes a darse unos golpes con las fuerzas de seguridad? El escenario es dantesco. Desde aquella invasión del 30 de julio, donde entraron más de 80.000 personas, el Gobierno de Ceuta dice que quedan 13.000 en las calles (aunque el Ejecutivo nacional, en su eterna danza de cifras, dice que son 10.000). Mientras el ciudadano de a pie intenta que no le suba la luz, el grifo del dinero público fluía con una generosidad pasmosa. Hablamos de 6,5 millones de euros iniciales para Cruz Roja Española, que luego se inflaron hasta los 44,51 millones el 28 de agosto de 2026 gracias a la Unión Europea. Y para rematar el festín, 25 millones más para la infancia. Pero aquí viene el sarcasmo: mientras se firman cheques de 432.100 euros para Luna Blanca o 580.000 para la Fundación Cruz Blanca, una querella de HazteOír.org, admitida por la magistrada María de la Luz Lozano, sugiere que algunas ONG, como No Name Kitchen, podrían haber cambiado el arroz por artefactos de deflagración. Es la ingeniería financiera más surrealista de la historia: pagar con impuestos el material para que alguien ataque a los militares que custodian la frontera. Una gestión de fondos públicos que no es solo un agujero contable, sino una bofetada con guante blanco a la seguridad ciudadana.
Nos vendieron el Plan de Recuperación como el nuevo Plan Marshall, una pócima mágica para que España saltara al siglo XXI de un plumazo. Pedro Sánchez prometió una transformación estructural, pero cinco años después, el resultado parece más una reparación de fachada hecha con cemento barato. Entre 2021 y julio de 2026, se han adjudicado 69.035 millones de euros —un 4% del PIB—, una cifra que suena a gloria en los comunicados oficiales, pero que en la calle no huele a progreso. El Gobierno quería que la inversión pública llegara al 4% del PIB; se han quedado en un 2,9% para 2025. Es como prometer un banquete y servir un plato de lentejas frío: un 30% por debajo de la meta y muy lejos del 3,7% medio de la UE. Lo más triste es que ni siquiera hemos recuperado el ritmo de antes de la crisis. ¿El efecto tractor? Un mito. Los fondos no han impulsado inversión nueva, sino que han servido para tapar agujeros del presupuesto nacional. Es la clásica maniobra de usar la tarjeta de crédito para pagar la hipoteca mientras dices que estás ahorrando. La repartición del botín es el colmo de la hipocresía. De los 67.574 millones resueltos a abril de 2026, los 100 mayores perceptores se llevaron 28.359 millones. El 90% de ese pastel se quedó en casa: Administraciones y empresas públicas. ADIF lidera la fiesta con 5.825 millones, seguida por Tragsa (1.448 millones), Defensa (1.168 millones) y Transformación Digital (922 millones). Según EsadeEcPol, el 1% de los beneficiarios se quedó con el 71,4% del total. En resumen: mucho ruido, mucha ingeniería financiera y una productividad que, en el segundo trimestre de 2026, sigue estancada en los niveles de 2019. Seis años para avanzar un magro 0,4% anual. Un fiasco con sello europeo.
La diplomacia es ese arte exquisito de decir 'estamos de acuerdo' mientras uno le pisa el pie al otro debajo de la mesa. En la ONU, José Manuel Albares y Naser Burita se dieron la mano con la elegancia de quien firma un contrato de alquiler sabiendo que el techo gotea. España salió del encuentro con una sonrisa ensayada, vendiendo la narrativa de que Marruecos había prometido una 'plena colaboración' para devolver a los inmigrantes y menores que siguen hacinados en Ceuta. Una versión optimista, casi idílica, que duró lo que tarda en enfriarse un café. Burita, sin embargo, decidió que no era el día de jugar al juego de las apariencias. En una rueda de prensa que funcionó como un jarro de agua fría, el ministro marroquí aplicó la técnica del espejo: si los menores no han vuelto a casa, el problema no es de Rabat, sino de Madrid. Básicamente, nos ha dicho que nosotros somos los que ponemos las trabas, las 'polémicas' y los obstáculos, mientras ellos, según su versión, tienen una voluntad inmaculada. Es el clásico 'yo te lo he dicho, pero tú no has querido escuchar'. Mientras los ministros juegan al ping-pong geopolítico, la realidad en Ceuta es un caos de cifras que no encajan ni a base de calculadora científica. El Gobierno central habla de entre 3.000 y 3.500 inmigrantes fuera de los campamentos, una cifra que parece sacada de un ejercicio de optimismo ciego. Por su parte, Juan Jesús Vivas sostiene que hay hasta 13.000 personas viviendo en la calle. Esa diferencia de 10.000 personas no es un error de redondeo; es un abismo. Es como si en tu comunidad dijeran que hay tres bolsas de basura en el portal y tú, al abrir la puerta, te encuentres con un vertedero municipal. Mes y medio después, el balón sigue saltando de un lado a otro mientras la calle sigue llena.
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere jugar al anfitrión estrella los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid. El invitado de honor es Delcy Rodríguez, quien llega para la Cumbre Iberoamericana con la sonrisa puesta tras aquel saludo afectuoso en la ONU de Nueva York. El problema es que, en el barrio de Bruselas, no están para juegos. La Comisión Europea ha tenido que enviar un recordatorio —de esos que pican— avisando que España no puede simplemente abrir la puerta de casa a alguien que tiene el sello de 'sancionada' en el pasaporte sin avisar previamente al Consejo. Es la danza de siempre. Mientras el ciudadano medio tiene que pelearse con la administración por un papel mal rellenado, aquí se gestionan 'exenciones' como quien pide un favor para saltarse la cola del concierto. Kaja Kallas, en respuesta a las preguntas de Dolors Montserrat del PPE, ha dejado claro que hay reglas. Sí, existen vías legales para que alguien como Rodríguez pise suelo europeo, como ocurrió en mayo en La Haya para el litigio con Guyana, pero el protocolo no es una sugerencia. Lo más delirante es el contraste. José Manuel Albares intentó, en febrero, que Bruselas borrara las sanciones basándose en una amnistía venezolana que suena a chiste, pero el Parlamento Europeo le cerró el grifo el 30 de abril. Mientras Sánchez prepara la alfombra roja para el régimen, María Corina Machado, Nobel de la Paz, acumula siete intentos fallidos de volver a su país, tres de ellos solo esta semana desde Panamá. Es la geopolítica del espejo: alfombra roja para los sancionados y muros de hormigón para la democracia. Todo esto ocurre mientras el fantasma del 'Delcygate' y el caso Plus Ultra siguen flotando en el aire de Barajas, sin que nadie se moleste en dar una explicación coherente.
Hay una danza macabra en la política española donde el escenario es el salón de una casa y el premio es un titular. Maricarmen, la inquilina desalojada el pasado miércoles de su piso en el centro de Madrid, ha decidido no jugar el papel de víctima sumisa que el guion oficial requería. Mientras Pedro Sánchez, cómodamente instalado en Nueva York, intentaba usar su tragedia como un proyectil contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, la realidad le soltó un bofetón en mitad de una entrevista con RTVE. El contraste es casi poético. Para el Gobierno, Maricarmen es el ejemplo perfecto de la 'crueldad madrileña'. Para Maricarmen, Sánchez es el primer responsable porque, según sus palabras, 'no se entera o no quiere enterarse' de la sangría diaria de desahucios. Es la clásica maniobra de usar a alguien como escudo humano mediático mientras el problema sigue ahí, acumulando polvo en los despachos. La lista de culpables es larga y variada, como una factura de luz en agosto. Primero Sánchez, luego Ayuso —a quien Maricarmen considera que la presidencia de la Comunidad de Madrid 'le viene un poco grande'— y, para cerrar el podio, Almeida, acusado de 'cargarse Madrid'. Y claro, en el fondo del barril están Urbagestión, los propietarios, definidos como 'inhumanos que solo quieren ganar dinero'. Una descripción que, en el mercado inmobiliario actual, es casi un requisito para el currículum. El miércoles, la fiesta del reproche se trasladó del piso desalojado al ático de la Comunidad de Madrid en Chamberí. Así funciona la maquinaria: el ciudadano pierde el techo, pero los políticos ganan un argumento para el próximo debate. Al final, Maricarmen se queda sin llaves, pero nos deja la lección de que, en el juego de las culpas, el de arriba siempre intenta que el de abajo mire hacia el lado contrario.
Pedro Sánchez aterrizó en Nueva York buscando el aura de prestigio de la Universidad de Harvard, pero se encontró con que los estudiantes americanos leen más que sus propios asesores. El presidente llegó al fórum John F. Kennedy Jr. con un discurso sobre la 'amenaza de los tecnooligarcas', un título muy sofisticado para quien, al bajar del atril, se vio acorralado por preguntas que no estaban en el guion. El momento más tenso llegó cuando un estudiante le recordó que la corrupción no es un concepto abstracto, sino algo que afecta a su entorno más íntimo. Le soltó en la cara los nombres de Begoña Gómez, su hermano David y el fiscal general Álvaro García Ortiz. Para Sánchez, que el fiscal general sea el primero en la historia condenado en el ejercicio de sus funciones es, probablemente, un detalle irrelevante, un 'asunto' distinto a la corrupción. El presidente intentó jugar la carta del victimismo, diciendo que los ataques personales son difíciles de asumir, transformando un interrogatorio sobre justicia en una terapia de grupo sobre lo duro que es ser el jefe. Pero la tortura intelectual no terminó ahí. Le recordaron el software Pegasus y aquel giro de 180 grados sobre el Sáhara Occidental el 22 de marzo de 2022, que dejó a España con una postura tan ambigua que parece redactada por un comité de indecisos. Para rematar, surgió el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con Venezuela, un tema que Sánchez esquivó con la agilidad de quien evita un charco en el centro. Al final, el presidente terminó tildando de 'bulos' las preguntas, usando el manual básico de quien no tiene respuestas: si el dato molesta, el dato es mentira. Una gira de cuatro días que empezó con alfombra roja y terminó con un baño de realidad en el campus más inteligente del mundo.
La memoria en política es como el saldo de una cuenta corriente en números rojos: alguien tiene que pagar la factura. En 2015, Pedro Sánchez se lanzó un piropo al espejo y prometió, con la seguridad de quien no tiene que pagar el alquiler, que acabaría con los desahucios. Fast-forward a 2026 y la realidad es un bofetón de datos fríos. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la cuenta ya suma 272.417 familias lanzadas a la calle desde que el presidente tomó el mando en 2018. Traducido al lenguaje de la calle: mientras tú te tomas el café, 90 familias diarias pierden el techo. Es una maquinaria que no descansa. Lo más cínico es el cambio de guion. Ya no es la hipoteca la que asfixia, sino el alquiler. Unos 191.000 procedimientos bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) representan el 70% del total. Básicamente, 63 personas al día son expulsadas porque el precio del alquiler ha superado la capacidad de supervivencia del ciudadano medio. El pico llegó en 2019 con 54.006 desalojos, pero no se confundan: el descenso posterior no fue un milagro social, sino un 'truco de magia' llamado escudo social. El Gobierno congeló los expedientes durante la pandemia, embalsando los problemas en el juzgado como quien esconde la ropa sucia debajo de la alfombra para que no se vea en la visita. Ahora que el Real Decreto-ley 2/2026 ha muerto en el Congreso, la presa se ha roto. El resultado es desolador: el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años sacada en camilla de su piso en el Retiro, es el resumen perfecto de esta gestión. Mientras en el Reino Unido protegen a los vulnerables, aquí el balance de 2025 ya superó los 31.400 nuevos expedientes hipotecarios, la cifra más alta en una década. Promesas de 2015, realidades de 2026 y una vulnerabilidad que no entiende de retórica.
Hay quien dice que el amor al arte es gratis, pero en el mundo de las cotizadas del Ibex 35, los gestos suelen tener un precio y una dirección muy clara. Ángel Simón, el timonel de Indra desde abril, ha decidido que Madrid ya no le sienta bien y ha puesto en marcha una maquinaria de informes jurídicos para estudiar el traslado de la sede social a Cataluña. No es un capricho geográfico; es una coreografía política. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, Simón diseña una 'bicefalia societaria' para que la empresa, donde el Estado tiene un 30% vía SEPI, empiece a respirar aire mediterráneo. La jugada es sutil: primero se planta la bandera en Barcelona con la promesa de crear 1.500 empleos hasta 2027 y subir las ventas a 550 millones de euros. Luego, se coloca a gente de confianza, como Josep Maria Recasens o Ciril Rozman, rescatados de sus etapas en Aguas de Barcelona y Criteria Caixa. Es como hacer una mudanza empezando por llevarse los muebles más caros antes de avisar al casero. Lo irónico es que el negocio actual de Indra en Cataluña es, cito, 'residual'. Pero para Simón, que mantiene una cercanía histórica al PSC y tiene en Salvador Illa y Jordi Hereu a sus mejores valedores, la viabilidad no es una cuestión de balances, sino de favores y arquitectura de poder. Mientras tanto, la limpieza en la cúpula avanza con la frialdad de un algoritmo. Nombres como Manuel Ausaverri y Manuel Escalante parecen estar en la lista de salida, sin que se les haya notificado oficialmente. Todo esto culminará en el plan estratégico de finales de noviembre, donde la 'territorialización' será el eufemismo elegante para decir que el centro de gravedad de la defensa española se desplaza hacia el Govern catalán.
Hay quien dice que la agenda de un presidente es una hoja de ruta; en el caso de Pedro Sánchez, parece más bien un tablero de ajedrez para hacerle la zancadilla al vecino. Mientras aterrizaba de la ONU el 25 de septiembre de 2026, el jefe del Ejecutivo decidió que Noblejas Industrial era, súbitamente, el centro del universo. ¿La razón? No es el despliegue industrial, sino que Emiliano García-Page tenía una cita concertada hace un mes en Talavera de la Reina con la Reina Letizia para inaugurar el curso de FP 2026-2027 en el IES Ribera del Tajo. Es el clásico movimiento de 'yo también juego'. Mientras Page anunció el acto el 7 de septiembre, Moncloa guardó el secreto hasta el jueves a última hora, lanzando la convocatoria para el viernes a las 12:30 horas. Una jugada tan improvisada que el Gobierno de Castilla-La Mancha se enteró por un aviso de la Delegación del Gobierno, básicamente un 'no cuentes con nosotros para lo de la Reina, que estamos con el jefe'. Esta guerra de agendas es el síntoma de una relación que ya no es solo fría, sino que está en el congelador. Entre acusaciones de vivir 'arrodillado' ante independentistas y herederos de ETA por parte de Page, y la retórica del 'perro sin amo' de Sánchez, la tensión es más espesa que un gazpacho mal batido. Page ya había dinamitado la gestión de la crisis de Ceuta, sugiriendo que el mando único habría sido útil si no hubiera coincidido con las vacaciones del presidente. Ahora, el despliegue en Noblejas junto a José Pablo Sabrido no es una visita técnica; es un 'estoy aquí para que no te lleves todo el protagonismo', una pelea de patio de colegio con presupuestos de Estado y escoltas.
Hay cambios en el tablero del escrutinio electoral que huelen a esa típica reorganización de oficina donde te quitan el mando del mando a distancia pero te dicen que 'sigues siendo parte del equipo'. El Gobierno ha decidido que el Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), los auténticos guardianes de las llaves digitales, ya no sean los jefes de las auditorías de seguridad, sino meros 'colaboradores'. Ahora el Ministerio del Interior lleva la batuta. Para el ciudadano medio, esto suena a semántica; para quien sabe leer entre líneas, es como cambiar al cerrajero profesional por el portero del edificio para vigilar la caja fuerte. El timing es, sencillamente, exquisito. Mientras se juega el protagonismo técnico, el censo electoral es un campo de batalla judicial por la 'Ley de Nietos'. El Tribunal Supremo, en septiembre de 2026, puso el freno de mano a las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que los consulados demuestren que los nuevos nacionalizados no son un invento creativo. El Supremo habla de un 'peligro real y serio' para la transparencia, mientras las cifras bailan un tango confuso: el tribunal calculó un incremento de 408.262 electores desde 2023 hasta julio de 2026, cifra que la Abogacía del Estado intentó maquillar bajándola a 369.017, admitiendo que 168.896 personas entraron por la presunción de exilio (1936-1955). El Gobierno dice que esto no altera el resultado 'por pura matemática', una frase que suena a intentar convencerte de que el agujero en tu cuenta bancaria es solo un error de redondeo. Con el cierre del censo al 1 de enero de 2027, la prisa es máxima. En mitad de este caos de expedientes y nacionalidades, degradar el papel del CNI en la seguridad del proceso no es un detalle administrativo; es mover los muebles justo antes de que lleguen los inspectores.
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Joan Ramos