Sablazo de 700k en sede de Mercasa
Hay quien dice que el dinero no cae del cielo, pero en la trama de Leire Díez parece que cae en cascada sobre presupuestos inflados. La UCO ha destapado un ejercicio de 'creatividad contable' que haría sonrojar a cualquier administrador de consorcios. La jugada es tan cínica que roza el surrealismo: para justificar el traslado de la sede de Mercasa a Concha Espina, decidieron que reformar el edificio actual era un suicidio financiero. ¿El truco? Un informe de Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso vinculada a Santos Cerdán, que cobró 18.119 euros por un análisis técnico donde el arquitecto, Mikel Arrarás Abejón, probablemente ni siquiera pisó el inmueble.
La magia ocurrió entre el 2 y el 9 de julio de 2021. Primero, el presupuesto de rehabilitación era de 2,1 millones de euros. Pero entonces, el arquitecto admitió por correo al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que le había 'bailado algún número'. En tres días, el coste saltó a 2,8 millones. Un sablazo de 700.000 euros que apareció por arte de magia, repartido equitativamente entre los capítulos del presupuesto, como quien añade un cargo extra en la factura de la luz sin explicar el motivo.
En este banquete de influencias, la Fiscalía ha pedido la imputación de 25 personas, incluyendo a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a los directivos de Mercasa, José Ramón Sempere Vera y María Teresa Castillo Pasalodos. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca, estos ingenieros de la malversación diseñaron una operativa para vender el edificio actual basándose en una mentira tasada en 3,6 millones de euros. Todo quedó registrado en los papeles que la Guardia Civil encontró en el domicilio de Leire Díez en diciembre, confirmando que el 'estilo' de gestión de algunas empresas dependientes de la SEPI, como Enusa, Tubos Reunidos, Erri Berri o Forestalia, tienelejos la austeridad.
Rocío Delgado