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Óscar Puente ha presentado el nuevo mapa concesional del autobús y, sinceramente, parece que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confundido la gestión pública con un juego de acertijos donde el usuario siempre pierde. La joya de la corona es una paradoja que roza lo surrealista: viajar de Madrid a Badajoz seguirá siendo más caro que irse hasta Lisboa. Sí, resulta más barato cruzar la frontera y llegar a la capital portuguesa que moverse por casa, simplemente porque los trayectos internacionales respiran competencia mientras que los nacionales son un club privado donde Alsa y Avanza se reparten el 75% del pastel. El plan divide el territorio en 34 corredores. Para maquillarlo, el Estado ha soltado más de 70 millones de euros en subvenciones para diez de ellos, pero es como ponerle un parche de colores a una tubería que revienta. Mientras el Ministerio presume de que la media nacional bajará a 0,06715 euros por kilómetro (frente a los 0,079885 actuales), la realidad es que hay rutas donde el pasajero se lleva un sablazo monumental. Si te toca ir de Teruel a Barcelona o de Madrid a Toledo, prepárate para pagar un 41,5% más que la media. El corredor Madrid-Toledo-Badajoz se queda con un sobrecoste del 30,2%. Comparar esto con Europa es un ejercicio de masoquismo. En Alemania el viaje es un 19,9% más barato y en Portugal —donde el autobús no es un lujo— las tarifas son un 81,5% inferiores a las nuestras. Al final, tenemos un sistema complejo, con riesgo de acabar en los juzgados como pasó con el corredor Bilbao-Castro Urdiales y el recurso de Lictrain, que prefiere mantener el negocio de los 'incumbentes' que facilitar que la gente se mueva sin dejar el sueldo en la taquilla.
Hay quien hace trampas en el Monopoly, pero lo de la Agencia Tributaria (AEAT) con José Luis Rodríguez Zapatero es una obra maestra de la ingeniería burocrática. Imagínate que te llega una multa, pero el ayuntamiento la cancela al segundo de enviarla solo para que no caduque el plazo de cobrarte. Un truco de magia administrativa. GESTHA, los técnicos que saben dónde escuece el zapato en Hacienda, han destapado que la AEAT abrió inspecciones a Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Laura y Alba, y a la empresa familiar Whathefav, incluyendo a su socio Julio Martínez Martínez y otras once entidades. ¿El objetivo? No investigar, que para eso ya está el juez José Luis Calama con el asunto de las joyas incautadas por la UDEF, sino 'congelar' la prescripción tributaria desde 2021. El calendario es para echarse a reír: mandan las notificaciones los días 15, 19, 22 y 26 de junio. El lunes 29 estaba prevista la primera visita, pero ese mismo día la AEAT le pide al juez que suspenda todo. Es como pedir una pizza y cancelarla mientras el repartidor aún está cerrando la puerta del coche; el hambre sigue ahí, pero el reloj se ha detenido. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración complementaria para evitar la cárcel, aquí se aplica una Ley General Tributaria de 2015 que hasta ahora parecía reservada para los elegidos. Para rematar la jugada, el 29 de junio estalla el caos: dimite la directora general de la Agencia y caen el director de Inspección y la directora de Recaudación. Dos días después, el 2 de julio, adelantan la publicación de resultados del control tributario de 2025 para intentar poner una manta sobre la crisis interna. Todo esto mientras la economía sumergida sigue flotando cómodamente en un 24,6% del PIB, ajena a estos malabarismos de despacho.
Hablemos de magia contable. José Luis Rodríguez Zapatero tiene en su caja fuerte un tesoro que, según la casa Ansorena y la Audiencia Nacional, vale 1,32 millones de euros. Pero cuidado, que aquí viene el truco: ese precio es el 'valor de reposición'. En cristiano, es lo que costaría fabricarlas hoy en un taller, como quien pide presupuesto para reformar el baño sin contar el IVA ni los acabados de lujo. Es la tasación de catálogo, la que usan las aseguradoras para no arruinarse, ignorando que el arte y la exclusividad no se compran en el Ikea de la joyería. La realidad es que el valor real podría dispararse entre los cuatro y diez millones de euros. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de bisutería de marca blanca, sino de piezas con 29 zafiros, 12 rubíes y 24 esmeraldas procedentes de Zambia y Tailandia, materiales que hoy son más difíciles de conseguir que una plaza de parking en agosto. Para colmo, el Instituto Gemológico Español dejó algunas piedras como 'no analizadas', dejando la puerta abierta a que el botín sea aún más jugoso. Aquí es donde la ironía se vuelve peligrosa para el expresidente. Si Zapatero presume de que sus joyas tienen pedigrí regio saudí para subir su valor en casas como Christie’s o Sotheby’s, se estaría disparando en el pie. ¿La razón? El dinero público y el fisco. Hacienda ya ha calculado que, con la tasación actual, la cuota defraudada asciende a 581.000 euros. Está a solo 19.000 euros de alcanzar los 600.000, el muro mágico que separa un susto legal del 'delito fiscal agravado'. Si el valor se triplica, la horquilla de prisión sube de uno-cinco años a dos-seis. Al final, el lujo extremo podría pasar de ser un adorno en la muñeca a ser la llave que abra la puerta de una celda.
Hay una ironía casi poética en que la Agencia Tributaria publique su lista de morosos la misma semana en que su propia casa se cae a trozos. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le llegue una notificación de Hacienda, en las altas esferas del Ministerio que lidera Arcadi España desde marzo, el aire huele a rancio. No es solo que la presidenta de la SEPI esté imputada o que la directora general de la Agencia Tributaria haya tirado la toalla por el 'caso Zapatero'; es que el sistema tiene un fallo multiorgánico. Imagina que contratas a un perro guardián para que cuide tu casa y descubres que el animal no solo dormía la siesta, sino que le abría la puerta al ladrón para no complicarse la vida. Eso es exactamente lo que pasa con los 27.000 empleados de la Agencia Tributaria. La verdadera podredumbre no está solo en el 5% que se lleva la tajada, sino en los funcionarios que miran para otro lado para no arriesgar el sueldo. Es la cultura del 'no me metas en líos' elevada a rango de estado. En la SEPI, el holding donde la 'integridad' y la 'honestidad' son conceptos que quedan muy bien en un PDF actualizado el año pasado pero que en la práctica valen lo que un billete de Monopoly, confluyeron las tramas de Leire Díaz y Koldo García. Ni una alarma. Ni un pitido. Es el colmo del cinismo: mientras Sepides y Mercasa se llenan la boca con códigos éticos contra los sobornos, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, se escribía mensajes diciendo que 'Conchita' (Concepción Ordiz, presidenta del TACRC) había cumplido con la entrega de un contrato sospechoso. Tres presidentes de la SEPI bajo el mandato de Pedro Sánchez y los tres imputados. Un récord que ni el mejor delantero de la liga. Y mientras tanto, María Jesús Montero, que se autodefinió como la mujer con más poder de la democracia, parece haber desarrollado una ceguera selectiva muy conveniente.
Hay un incendio en Moncloa y los que saben dónde están las salidas de emergencia ya han empezado a correr. No es una mudanza planificada, es una desbandada táctica. La élite de los funcionarios, esos que gestionan el Estado mientras nosotros peleamos con la App de la Seguridad Social, han detectado que el sello del Gobierno ha pasado de ser un pase VIP a una mochila llena de piedras. El ritmo de fugas es frenético. La Oficina de Conflictos de Intereses, dirigida por Flor María López Laguna, se ha convertido en una oficina de sellos rápidos: rechazan menos del 3% de las solicitudes. Es básicamente un trámite para que los peces gordos salten al sector privado antes de que la justicia les pida explicaciones. Hemos visto a Concepción Cascajosa aterrizar en el grupo Hearst y a Fabrice Karim El Kouche saltar a la canadiense Intelcom. Otros, como Julio Pastor o Carmen Pérez, han preferido el refugio de Telefónica e Indra, o los despachos de Acento y Llorente y Cuenca, donde la agenda caliente de un exministro se vende al mejor postor. Pero lo inquietante no es quien se va, sino quién huye. En Hacienda, la salida coordinada de Soledad Fernández Doctor, Manuel Trillo y Virginia Muñoz justo tras la campaña de la renta huele a quemado. No es un relevo; es un salto del barco mientras la UCO registra la SEPI y el juez Santiago Pedraz investiga a veinticinco personas por amaño de contratos. Con 10.000 millones de euros en rescates públicos moviéndose en una red corrupta, firmar un papel hoy es como aceptar una hipoteca personal con intereses judiciales. Mientras Belén Gualda se mantiene en su puesto con el 'claro que sí' de Pedro Sánchez, otros como Teresa Castillo prefieren irse 'por respeto' a las 48 horas de ser imputados. Hasta la Abogacía del Estado, bajo el mando de Félix Bolaños, ha tenido que personarse contra el expresidente Zapatero por unas joyas de 1,3 millones de euros. Cuando tus propios abogados dejan de protegerte, es que el alquiler del poder ha caducado.
Hay quien dice que la Ley de Memoria Democrática nació para sanar heridas históricas, pero a juzgar por la letra pequeña, parece más un 'todo incluido' para inflar el censo electoral. La jugada es maestra: la ley decía que debías haber huido por razones políticas o ideológicas, pero cuatro días después de entrar en vigor, el 21 de octubre de 2022, el Ministerio de Justicia lanzó una instrucción que básicamente borró la palabra 'exilio'. Ahora, basta con que tu abuelo se fuera de España a buscarse la vida para que tú y toda tu descendencia tengan pasaporte español. Es como si en un club privado, donde antes pedían currículum, ahora bastara con decir que tu bisabuelo alguna vez pisó la alfombra. Los datos son mareantes. El CERA, el registro de residentes ausentes, ya sumaba 2.708.083 inscritos a 1 de mayo de 2026, un salto de 375.027 personas respecto a julio de 2023. Pero eso es solo el aperitivo. Hay 2,4 millones de solicitudes esperando en los consulados, y con un tasso de rechazo ridículo del 2%. En Buenos Aires, la fiesta es total: tienen 323.963 inscritos, pero esperan 645.052 solicitudes. Si sumas a los hijos y nietos que arrastra cada expediente, Argentina podría tener más votantes que cualquier provincia española salvo Madrid o Barcelona. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la burocracia para renovar un DNI, el Estado ha abierto el grifo sin poner un contador. No es solo el voto; es el acceso a pensiones no contributivas y una presión administrativa que ha dejado a los consulados tiritando. La prisa fue tal que no dieron ni los veinte días de cortesía habituales para organizar el despliegue. Al final, el mapa electoral se redibuja no por la voluntad popular, sino por una ingeniería jurídica que convierte la nostalgia en papeletas.
Hay que tener un don especial para la gestión pública para convertir la calidad de vida de los mayores en una partida de Tetris inmobiliario. María Chivite y el Gobierno de Navarra han decidido que el convento del siglo XIII de la residencia Santo Domingo de Estella es demasiado 'vintage' para los abuelos y demasiado útil para albergar menores extranjeros no acompañados. El plan es sencillo: sacar a los ancianos de su enclave histórico y lanzarlos a una 'selva de cemento' a las afueras. Mientras que para el Ejecutivo esto es una optimización de recursos, para el vecino que ve la cuesta de la nueva ubicación es, básicamente, diseñar un circuito de obstáculos para personas con andador. Para que la operación sea redonda, el Gobierno foral ha soltado más de 10 millones de euros en la nueva residencia. Una cifra que suena a inversión, pero que en la calle huele a 'limpieza de terreno' para liberar el edificio medieval. El objetivo real es el salto cuantitativo: pasar de los 12 menas actuales a 40, con la puerta abierta a alcanzar las 160 plazas. Es el clásico truco de magia política: te venden un centro moderno y te quitan la vida de barrio. Mientras tanto, en Estella el ambiente está más tenso que una cuerda de piano. Los comerciantes ya no hablan de turismo, sino de cámaras de seguridad y verjas bajadas. La 'técnica del abrazo' y los robos a plena luz del día han hecho que llevar un anillo sea un deporte de riesgo. La paradoja es exquisita: en nombre de la acogida, se desplaza a quienes ya no tienen tiempo para empezar de nuevo, enviándolos al exilio suburbano para que el centro del pueblo se convierta en un centro de alta capacidad.
En Alcorcón han decidido que la igualdad se cocina a fuego lento, pero solo para una mitad del equipo. La alcaldesa Candelaria Testa y su equipo han inaugurado la era de las becas individuales con un despliegue de 30.000 euros destinados exclusivamente a deportistas mujeres para la temporada 2026-2027. Hasta ahora, el Ayuntamiento jugaba a lo seguro: se repartía la pasta entre clubes y asociaciones, donde daba igual si sudabas en falda o en pantalón. Pero este año han decidido inventar la rueda de las ayudas personales y, convenientemente, han dejado a los hombres fuera del reparto. Es como si en una cena familiar decidieran que el postre es solo para las primas y los sobrinos tienen que conformarse con mirar la nata. Para darle brillo al asunto, la concejala de Deportes, Carmen Martín, presume de un presupuesto global de 670.000 euros, la cifra más alta de la historia municipal. De ese pastel, 600.000 euros van al deporte base y 70.000 euros a la élite, partidas que sí son para todo el mundo. Pero el 'estreno' de las becas directas, esas que se dan sin pelearse en un concurso público, nace con un muro infranqueable para el sexo masculino. Lo más curioso es que antes de soltar el dinero, lanzaron un formulario ciudadano para analizar por qué las adolescentes abandonan el deporte. Muy noble el análisis, pero la solución ha sido crear una categoría donde el género es la única llave de acceso. Mientras el presupuesto ha subido desde los 200.000 euros de 2021, la transparencia sobre por qué excluir a los hombres de las ayudas individuales brilla por su ausencia. Al final, el deporte base beneficia a 17.000 personas y a 40 clubes, pero en la carrera de las becas personales, algunos han salido con los cordones atados.
Hablemos de coincidencias astronómicas. El sábado, exactamente a las 22:30 horas, unos 'artistas' decidieron visitar el despacho de Ospina Abogados en Madrid. Pero no fueron los típicos ladrones que entran a buscar la caja fuerte o el ordenador más caro para revenderlo en el rastro. No, no. Estos sujetos operaban con la precisión de un equipo de cirugía estética: neutralizaron la alarma sin sudar y pasaron olímpicamente de los objetos de valor. ¿Su objetivo? Un papel específico. Un solo nombre: Vito Quiles. Es fascinante. Mientras cualquier ciudadano normal sufre un sablazo en la factura de la luz y reza para que el banco no le coma la cuenta, en el mundo de los penalistas de alto vuelo ocurre este 'milagro' logístico. Los intrusos revolvieron cajas y papeles con la determinación de quien busca la última página de un examen, solo para llevarse la carpeta del procedimiento judicial de Vito Zopera Quiles. Ni un ordenador, ni un reloj, ni un solo bolígrafo de marca. Solo el expediente físico. El timing es, sencillamente, digno de un guion de serie B. Apenas un día después de que el viernes Quiles compareciera ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid —tras una tensa danza de órdenes de busca y captura y audios filtrados donde se advertía que terminaría esposado—, su documentación decide 'mudarse' sin avisar. Juan Gonzalo Ospina ya ha entregado las grabaciones de seguridad a la Policía Nacional, lamentando la falta de 'inviolabilidad profesional'. Claro que sí. Porque entrar en un bufete, saltarse la seguridad y llevarse solo el archivo de un cliente conflictivo es, probablemente, la forma más sofisticada de decir que alguien tiene mucha prisa por borrar huellas o fabricar nuevas.
Hay que tener una cara dura cuadriculada para vender la 'eficiencia digital' mientras se cocina una receta electoral a fuego lento. El Gobierno ha decidido que la mejor forma de gastar los 115 millones de euros de los fondos Next Generation EU es modernizar los consulados. Suena muy bonito, casi como comprarse un iPhone nuevo para organizar mejor la agenda, pero la letra pequeña es fascinante: están digitalizando la autopista para que los 'tataranietos' del exilio lleguen más rápido al censo electoral. La jugada es maestra. Bajo el paraguas de la Ley 20/2022, que teóricamente era para los exiliados del franquismo, una instrucción de Sofía Puente abrió la persiana a todo el mundo. Ahora, gente cuyos ancestros se largaron de España 54 años antes de que empezara la Guerra Civil está obteniendo el pasaporte como quien pide una pizza a domicilio. A fecha de 30 de abril, ya hay 2.622.450 solicitudes sobre la mesa y 557.709 aprobadas. Lo más cínico es el juego de sombras con el dinero. Cuando el Senado pregunta cuánto cuesta exactamente este despliegue de generosidad patriótica, el Ejecutivo se encoge de hombros y dice que no hay un 'dato consolidado'. Es la técnica del 'no sé dónde dejé la cartera', pero con fondos europeos. Mientras tanto, el PSOE celebra que el voto exterior sea su salvavidas en provincias pequeñas donde el PP los barre. No es una gestión consular, es ingeniería electoral financiada por Bruselas para fabricar votantes en serie, transformando la memoria histórica en una herramienta de marketing político.
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Margarita Caballero