Crítica:
La noticia es un despliegue de contradicciones operativas que deja en ridículo la coordinación estatal. El título original es demasiado plano para la magnitud de la sospecha de complicidad extranjera.
Un guardia civil desvela a Tardón la complicidad de Marruecos en la invasión de Ceuta
Ceuta: El grifo abierto y la pelea interna
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Pensiones: El examen que Sánchez se corrige
Pedro Sánchez se ha pasado por El País a vender el sistema de pensiones como si fuera un reloj suizo, asegurando que tenemos cuentas sólidas y 'factores de corrección'. Suena muy bonito, casi como cuando el gestor te dice que el préstamo está bajo control mientras el banco te manda avisos de embargo. El problema es que esa 'corrección' no es un mecanismo de precisión, sino una cláusula de cierre impuesta por Bruselas porque en Europa no se tragaban la ingeniería financiera de José Luis Escrivá. Aquí es donde la película se vuelve surrealista. La AIReF, que debería ser el árbitro neutral, se encontró con que el Gobierno quería escribirle el acta del partido. Imaginen que el alumno le entrega al profesor la rúbrica exacta de cómo debe corregir el examen para sacar un sobresaliente. Así fue el desplante a Cristina Herrero, quien denunció que el Gobierno básicamente les decía qué hacer. Herrero fue clara: el diagnóstico de 2023 ya pedía medidas y la situación actual es, cito textualmente, 'peor'. Pero el espectáculo continúa. Ahora, con Inés Olóndriz —perfil que encaja perfectamente en el puzzle de María Jesús Montero— al mando de la AIReF, el mensaje es el mismo pero con menos ruido: cumplir el trámite no borra el agujero contable. Mientras el PSOE presume en redes sociales de un sistema 'saneado', la realidad es que las cotizaciones no dan para cubrir el gasto y el Estado tiene que ir haciendo transferencias para que la maquinaria no pete. Es el clásico truco de pasar la tarjeta de crédito para pagar la hipoteca y decir que el patrimonio es sólido porque el plástico todavía tiene cupo. Fedea ya lo advirtió: aprobar un examen que tú mismo has diseñado no es mérito, es maquillaje.
Cámaras de Ceuta: el 'regalito' tardío a Tardón
En el tablero de la Audiencia Nacional, la justicia suele moverse con la velocidad de un caracol con reuma. La juez María Tardón ya estaba preparando el segundo recordatorio —ese que en el mundo real equivale a un '¿me has leído el WhatsApp?'— cuando el teniente coronel de la Guardia Civil apareció este lunes con un regalo bajo el brazo: las grabaciones de unas 40 cámaras de seguridad de la frontera de Ceuta. Un detalle oportuno, considerando que la petición original del 16 de septiembre llevaba un mes cogiendo polvo en el despacho. La cinta no solo muestra el caos del 30 de julio, sino que pone el foco en el espigón y la valla. El jefe de Operaciones, en un giro de guion digno de Oscar, justificó que no cerró la valla para evitar que la gente terminara como sardinas aplastadas, mientras el flujo era una marea humana de 2.000 personas por hora. Un volumen de gente que hace que el Metro de Madrid en hora punta parezca un pueblo fantasma. Lo más jugoso es el juego de pasamanos de la responsabilidad. El teniente coronel soltó que avisaron a la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano sobre seis barcos marroquíes (dos interceptoras, dos patrulleras y dos pequeñas) merodeando la zona la noche anterior. Pero, ¡sorpresa!, nadie les dio instrucciones claras. Mientras el CNI y los políticos locales gritaban que venía la ola, los que estaban en la valla se sentían como el último mono de la fiesta. Para rematar el cuadro, el testimonio describe a los militares marroquíes con los brazos caídos, mirando la escena con la pasividad de quien ve una serie de Netflix, mientras empujaban a la gente hacia el agua. Ahora, la juez espera que el Ministerio de Defensa y el CEO de HI Iberia, con su IA 'SEDA', aclaren si alguien vio venir el golpe desde el espacio o si simplemente decidieron mirar hacia otro lado.
Global Revolution: el manual del saqueo 29-N
Hay quien confunde la lucha de clases con el derecho a romper el escaparate del chino de la esquina. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con el presupuesto para que la factura de la luz no le deje en la calle, una red coordinada llamada Global Revolution ha decidido que la mejor forma de 'recuperar la plusvalía' es convertir las plazas españolas en un horno antes del 29-N. No es una improvisación de adolescentes aburridos; es ingeniería del caos con conexiones en Francia y el respaldo de viejos conocidos, desde herederos de Batasuna y la kale borroka hasta extremistas anticapitalistas que ven en una vitrina rota una victoria ideológica. La estrategia es de manual: infiltrarse en movilizaciones legítimas para que, cuando el ambiente se caliente, aparezcan los 'estetas del negro'. Hablamos de los Black Bloc, esos especialistas en el anonimato que transforman una protesta sindical en una zona de guerra urbana, atacando bancos y mobiliario público como quien tacha una lista de la compra. En Francia, el menú lo sirvieron Lycées Indignés y la plataforma Blocus, usando códigos QR y Telegram para coordinar el material incendiario y el vestuario de 'ninja urbano'. Lo más cínico es el discurso. Nos venden que el saqueo es 'autodefensa de clase' y 'justicia material'. Traducción: mientras el dueño de un pequeño comercio intenta sobrevivir al trimestre, ellos consideran que llevarse un televisor es un acto de expropiación legítima. Según la Policía, son los mismos rostros que ya dinamitaron la normalidad el 1-O. Global Revolution, que en 2011 se disfrazó de altavoz del 15-M y de Occupy Wall Street, ha soltado los perros. Ahora, la 'recuperación del presente' consiste en hacer arder la calle mientras el moralismo burgués —según ellos— llora por unos cristales.
Conde-Pumpido: el árbitro final del 29-N
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes simplemente mueven las piezas según sople el viento de Moncloa. Cándido Conde-Pumpido, el actual presidente del Tribunal Constitucional, se ha colocado en el asiento del árbitro que no solo pita los penaltis, sino que decide si el partido se repite o si el resultado es 'estéticamente aceptable'. La jugada es sencilla: tras las generales del 29 de noviembre, cualquier impugnación electoral terminará en su despacho. Es el último sello, la última palabra, el 'no' que cierra la persiana. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo la inflación le hace un agujero en la cartera cada vez que pisa el súper, estas fechas parecen un calendario de citas médicas, pero son el mapa del tesoro. Los recursos de amparo contra candidaturas se presentan del 6 al 9 de noviembre y se resuelven entre el 7 y el 12. Luego, el plato fuerte: los recursos contra la proclamación de electos, del 17 de diciembre al 8 de enero de 2027, con resolución final entre el 1 y el 23 de enero. Todo esto mientras las Cortes se constituyen el 23 de diciembre. Un ritmo frenético para asegurar que nadie se distraiga. La sospecha en los pasillos del TC es que Conde-Pumpido está montando una coartada. La semana pasada tumbó el recurso de Ángel Gabilondo contra la suspensión de la Ley de Nietos, un movimiento que algunos ven como un 'lavado de cara' para fingir independencia antes de hacerle el favor al PSOE de Pedro Sánchez. Es la clásica maniobra de quien te quita el postre para convencerte de que no le gustan los dulces. Al final, la Ley Orgánica 5/1985 es la regla, pero el amparo del TC es el comodín que puede cambiar el tablero justo antes de que se apaguen las luces.
Huelga el 11N: el sablazo al alquiler explota
Cuando el alquiler se convierte en el nuevo impuesto al aire y llegar a fin de mes requiere un doctorado en magia, los sindicatos deciden que ya basta de pedir permiso. Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) han montado un despliegue en Getafe que recordaba más a un congreso de rock que a una asamblea laboral: 2.000 delegados reunidos para cocinar una huelga general el 11 de noviembre que prometen 'atípica e histórica'. Con 2.500 comités de empresa ya apuntados, la jugada es clara: parar el país para que la patronal deje de jugar al escondite. El problema es que mientras el trabajador ve cómo la inflación del 4,9% le muerde el sueldo, la CEOE ha decidido que negociar es un deporte opcional y se ha 'puesto de perfil'. Es el clásico movimiento de quien ve que la cuenta no cuadra y decide cerrar la persiana. El acuerdo marco lleva un año caducado, dejando miles de convenios en el limbo, una situación que en la calle se traduce en un nivel de conflictividad que ya no cabe en los despachos. Sordo ha lanzado un caramelo a la juventud, prometiéndoles que vivirán mejor que sus padres si se desatan los 'nudos de época', especialmente el de la vivienda, que hoy en día es un agujero negro que succiona los ingresos. La receta sindical es ambiciosa: 1,5 millones de viviendas públicas, una inversión del 1% del PIB y que nadie tenga que dedicar más del 30% de su nómina a no dormir en un banco. A esto se suma la exigencia de subir el SMI un 7% y desbloquear subidas salariales de entre el 4% y el 7%. Todo esto ocurre justo antes del 29N, aprovechando que los políticos están en modo 'campaña' y son más permeables a los gritos de la calle que a los informes técnicos.
Barcelona: 500.000€ para remendar cristales rotos
Medio millón de euros. Para quien lo mire desde el despacho, 500.000 euros suenan a cifra rotunda, casi heroica. Pero bajémoslo al suelo, a la acera donde los cristales siguen crujiendo. Repartir ese botín entre una treintena de establecimientos es como intentar tapar una inundación en el salón con un par de bayetas viejas: un gesto noble, sí, pero que deja el suelo empapado. El sábado pasado, Barcelona decidió jugar a la ruleta rusa con el orden público. El resultado: 130 detenidos, con la inquietante precisión de que más de la mitad son menores de edad. Adolescentes que, probablemente, creen que romper un escaparate es un acto revolucionario y no un problema de gestión de ira. Mientras tanto, el alcalde Jaume Collboni y la teniente de alcalde Raquel Gil se reunieron este lunes con los damnificados para venderles el 'plan de rescate'. La jugada es clásica. El Ayuntamiento activa un fondo municipal para cubrir lo que los seguros —esos que te cobran la póliza como si fuera oro líquido pero luego te ponen pegas por cada tornillo— decidan no pagar. Raquel Gil ofrece el apoyo de Barcelona Activa para las denuncias, como quien te ofrece un vaso de agua mientras tu casa se quema. En la mesa de negociaciones no faltaron los peces gordos ni los pequeños: desde El Corte Inglés hasta los floristas de la Rambla, pasando por Barcelona Oberta y BarnaCentre. También se colaron Albert Dalmau y Miquel Sàmper, los consellers de Presidencia y de Empresa y Trabajo, para dar el sello institucional al evento. Prometen reforzar alertas y seguimiento judicial, palabras elegantes para decir que ahora toca esperar a que los juzgados decidan si esos 130 detenidos podrán pagar algún cristal en los próximos diez años.
Pasaporte español: el buffet libre de México
Hay quien dice que la burocracia es un muro infranqueable, pero para Felipe Salvador Ruiz de Velasco, de 93 años, resultó ser una alfombra roja. El señor Felipe, nacido en México en 1933, ha logrado colarse en el club de la nacionalidad española usando una técnica de 'ingeniería genealógica' digna de premio. El truco consistió en invocar a su bisabuelo, Tomás Ruiz de Velasco Sáinz de Baranda, un señor que nació en Burgos en 1821 y pasó a mejor vida en México en 1889. Sí, leen bien: 1889. El problema es que la Ley de Memoria Democrática está diseñada para quienes huyeron del horror entre 1936 y 1955, no para quienes emigraron cuando Fernando VII aún era noticia. Es como intentar entrar en un descuento para jubilados presentando el carnet de identidad de un tatarabuelo. Lo verdaderamente fascinante no es el descuido, sino el 'efecto dominó'. Una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le dio el visto bueno, el pasaporte español se convirtió en un paquete familiar. Tres hijos y dos nietos han solicitado la ciudadanía automáticamente. En el Consulado de España en México, el proceso es tan fluido que parece un autoservicio: si el abuelo tiene el papel, los descendientes entran sin que nadie revise si el expediente matriz era un delirio jurídico. Incluso hubo un funcionario con sentido común que pegó una nota manuscrita gritando: «¡Ojo! No le corresponde. Cancelar próximamente». Pero la orden del embajador, Juan Duarte, fue clara: adelante. Todo esto se apoya en la instrucción del 25 de octubre de 2022 de Sofía Puente Santiago, que convirtió la ley en un buffet libre de nacionalidades. Con más de 2,4 millones de solicitudes acumuladas, el sistema ha decidido que verificar los datos es demasiado esfuerzo. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda, el 90% de los nacionalizados en México parecen estar surfeando una ola de laxitud administrativa donde el exilio es una sugerencia y no un requisito.
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