Crítica:
La noticia es un catálogo de cifras que marea, pero falla al no cuestionar la laxitud administrativa previa. Se centra en el conflicto judicial olvidando que el problema es el diseño original de la ley.
La noticia es un catálogo de cifras que marea, pero falla al no cuestionar la laxitud administrativa previa. Se centra en el conflicto judicial olvidando que el problema es el diseño original de la ley.
Hay niveles de surrealismo que ya no se encuentran ni en el fondo de un bote de gomitas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que la mejor estrategia para evitar el escrutinio político es refugiarse en el sofá de 'La Séptima'. Mientras el Rey Felipe se queda esperando en la banca y la Selección española navega sin su apoyo, Sánchez se ha dedicado a jugar al 'chulazo' con Alba Carrillo y Marta Márquez. El resultado no ha sido una entrevista, sino una sesión de terapia de pareja televisada donde la gestión del Estado ha pasado a ser un ruido de fondo, como el de una nevera vieja. La dinámica fue tan ligera que parecía que estaban discutiendo el menú de un brunch y no el rumbo de España. Entre elogios y risas, el presidente se dedicó a detallar su romance con Begoña Gómez, rescatando la anécdota de la pedida de matrimonio en un restaurante chino, como si estuviéramos en un programa de tardes de domingo. Pero aquí llega el giro que te deja frío: la capacidad de hacer una pirueta mental digna de un gimnasta olímpico. Sánchez logró conectar la Dana, la pandemia y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda con la fortaleza de su matrimonio. Sí, han leído bien. Mientras el país contaba los daños, el presidente explicaba que esas tragedias lo habían unido más a su mujer gracias a la meditación y al deporte. Es como intentar venderte un seguro de vida mientras tu casa se quema, diciéndote que el fuego es ideal para hacer barbacoas en familia. El clímax llegó cuando Alba Carrillo, en un despliegue de sinceridad que rozaba el delirio, confesó que el mandatario la tenía 'narcotizada'. Un resumen perfecto de la velada: un hipnotismo mutuo donde el poder se disfraza de cercanía y la responsabilidad se diluye en piropos. Una oportunidad de oro para preguntar que terminó siendo un desfile de vanidades.
Gestionar el agua de un país es como operar a corazón abierto: o sabes dónde cortar o terminas en una tragedia. Pero al parecer, en el Ministerio de Transición Ecológica han decidido que para manejar presas y embalses basta con tener el carné del partido y mucha voluntad. La Asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP) ha soltado la bomba: la cúpula de la Dirección General del Agua se ha descafeinado. En 2018, diez de los catorce puestos clave eran para ingenieros de Caminos; hoy, esa cifra se ha desplomado a la mitad, dejando solo seis profesionales del gremio en el mando. Mientras el ciudadano medio ve cómo la factura de la luz sube sin permiso, el Ejecutivo ha aplicado una 'ingeniería financiera' de personal donde el mérito técnico es un accesorio opcional. El caso de Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente desde 2018, es la joya de la corona: manda sobre el agua sin tener siquiera un título universitario. Debajo de él, María Dolores Pascual Vallés, licenciada en Derecho, dirige la Dirección General del Agua. Es como poner a un experto en leyes a diseñar el motor de un Ferrari; muy elegante el contrato, pero el coche no arranca. La hipocresía alcanza su pico en las confederaciones hidrográficas. Tenemos a José Antonio Quiroga Díaz, un historiador, al frente de la CH Miño-Sil, y a Joaquín Páez Landa, biólogo y exsecretario del PSOE en Chiclana, que manejó el Guadalquivir entre 2018 y 2025. El resultado de este 'canje' de perfiles se sintió en la DANA del 29 de octubre de 2024. En la CH del Júcar, Miguel Polo Cebellán prefiere el ataque político a Carlos Mazón antes que admitir que sus presas siguen sin planes de emergencia. Al final, el agua no entiende de ideologías, pero sí de gravedad, y jugar a los músicos con la infraestructura hidráulica es una apuesta donde el premio es el desastre.
Hay quien dice que para arreglar una gotera basta con cambiar la junta, pero el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ampliar la plantilla de fontaneros justo antes de que empiece la tormenta electoral. A escasos días de arrancar la campaña, el Ejecutivo ha decidido que 43 personas eran insuficientes para gestionar la nostalgia y el voto de los españoles en el extranjero, así que han subido la cifra a 51 miembros en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Es como intentar mejorar la señal de Wi-Fi en una casa vieja comprando más routers en lugar de arreglar el cableado. Esta maniobra, gestionada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, llega envuelta en un Real Decreto que 'actualiza' el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. El objetivo oficial es 'garantizar la efectividad del derecho al voto', aunque el calendario sugiere que hay más prisa que estrategia. Mientras tanto, el recuerdo de la Ley de Nietos sigue flotando en el ambiente como un mal olor. El Gobierno insistía en que el voto exterior, con una participación ridícula inferior al 10%, apenas movía un escaño, pero sus organismos no dejaban de redactar informes en 2025 para 'subsanar problemas' y fomentar la participación. Una contradicción del tamaño de un agujero presupuestario. Para rematar la faena, el Real Decreto lanza la promesa de una nueva 'ayuda económica' para retornados en situación de vulnerabilidad, que deberá aprobarse en un año. Es la clásica técnica de dar una palmadita en la espalda mientras se crean certificados y burocracia nueva. Al final, entre el Supremo limpiando el censo de nacionalidades dudosas y la instrucción de Sofía Puente, el Gobierno prefiere sumar sillas al Consejo que dar respuestas claras sobre quién vota y por qué.
Hay una técnica milenaria en la política que consiste en saltar del barco justo antes de que el iceberg termine de hacer su trabajo: llamarlo 'sacrificio por la unidad'. Yolanda Díaz ha aplicado este manual de supervivencia el lunes 16 de noviembre de 2026, retirando su candidatura a la dirección de la OIT apenas unas horas antes de que las urnas confirmaran que su proyecto tenía menos apoyos que un lunes por la mañana en el gimnasio. La narrativa oficial, lanzada vía Bluesky, habla de 'no dividir al movimiento sindical'. Traducción para los que vivimos en la calle: no quiero que me vean perder por goleada. El sablazo llegó el 30 de octubre, cuando la Confederación Sindical Internacional (CSI) dejó claro que el favorito era Gilbert F. Houngbo, el togolés que ya lleva las llaves del despacho y que no pensaba soltarlas. Díaz llegó con el respaldo de Lula da Silva y todo el despliegue del Ministerio de Exteriores, una maquinaria que costó tiempo y recursos públicos, pero que resultó ser un motor muy ruidoso para un coche que no arrancaba entre los 28 gobiernos, 14 patronales y 14 sindicatos que forman el cuerpo electoral. Como es costumbre cuando el plan A fracasa, la ministra ha optado por el ataque. Ha acusado a Houngbo de llevar a la OIT a la 'peor crisis de su historia' y de dejar pasar infiltrados de la Casa Blanca, mientras se envuelve en una bandera de nostalgia infantil sobre el sindicalismo que aprendió en casa. Es la clásica maniobra de quien, al verse sin votos, decide que el premio ya no le interesaba porque el trofeo estaba oxidado. Se retira con la 'alegría' de quien sabe que el camino era el correcto, aunque ese camino terminara en un callejón sin salida.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un menú de lujo en Suiza, el PSOE decide que la solución a la fricción social es un cheque en blanco. Pedro Sánchez ha lanzado un programa electoral donde el plato fuerte es el 'Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030', una joya presupuestaria con una dotación inicial de 500 millones de euros. Sí, han leído bien: medio millardo de euros para que UGT y CCOO, los eternos guardianes del salario, se conviertan ahora en profesores de urbanidad y convivencia. La idea es brillante en el papel: pagar para que nos enseñen a 'convivir en igualdad'. Es como si el administrador de la comunidad, viendo que los vecinos se pelean por el ruido, decidiera gastarse el fondo de reserva en contratar a la empresa de ascensores para que dé charlas sobre el respeto mutuo. El Gobierno quiere que España siga siendo un 'puerto seguro', simplificando trámites y agilizando la homologación de títulos, todo bajo la bandera de una migración 'ordenada, legal y segura'. El despliegue es ambicioso. Prometen reforzar el sistema de asilo, visados humanitarios y hasta atención especializada en salud mental. Todo muy noble, pero el detalle hilarante es delegar la armonía social en los 'agentes sociales'. Básicamente, el PSOE propone que los sindicatos gestionen la paz social con dinero público, transformando el conflicto migratorio en una partida presupuestaria. Al final, la receta es la de siempre: si el problema es complejo, métele 500 millones y espera que la magia de la burocracia solucione lo que la realidad de la calle ya ha dinamitado.
En la política española, el calendario es un arte: lunes de Pamplona para soltar la bomba y martes de Guipúzcoa para recoger los cristales. Alberto Núñez Feijóo ha decidido sacar de la chistera la medida 132 de su programa: una 'Ley de Nietos' vasca. La idea es sencilla, casi romántica si no fuera por el contexto: permitir que quienes fueron expulsados del País Vasco y Navarra durante los años de plomo puedan volver a votar. Es como intentar recuperar una suscripción a un club del que te echaron a patadas hace décadas, solo que aquí el club es la democracia autonómica. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación y el precio del aceite, el PP se enfoca en un agujero demográfico y político. Según un estudio de CEU-CEFAS de 2023, unos 180.000 españoles abandonaron el territorio entre 1977 y 2022 por razones políticas. Una cifra que asusta, pero que no tiene registro oficial, porque en el País Vasco contar los exiliados es como contar los granos de arena en una playa durante una tormenta: nadie quiere dar el número exacto para no molestar al vecino. El timing es quirúrgico. Feijóo aterriza en Guipúzcoa para abrazar a Jon Echevarría y su equipo, quienes aseguran que seguirán recorriendo pueblos bajo el ala de la Ertzaintza, mientras denuncian que hacer campaña en una carpa se ha vuelto un deporte de riesgo. Todo esto ocurre mientras Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, lanza el concepto de 'paliza democrática', una metáfora que suena a ironía cruel cuando el Gobierno de Pedro Sánchez depende de los votos de quienes ayer hablaban el lenguaje de las bombas y hoy el de los pactos parlamentarios.
España se prepara para el 29 de noviembre como quien se prepara para una cirugía sin anestesia. Mientras Alberto Núñez Feijóo se siente ya en el podio, asegurando que el PP 'lo va ganando claramente' y que no necesita recurrir al VAR, Salvador Illa le recuerda que en la política, como en el fútbol, el partido no acaba hasta que el árbitro pita el final. El ambiente en Moncloa es una mezcla de protocolo y gargantas irritadas: Pedro Sánchez recibe a Lula da Silva, aunque el acto de campaña se fue al traste porque al brasileño se le acabó la voz, un detalle casi poético en un escenario donde muchos prefieren el silencio cómodo. En el tablero de las renuncias, Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura a la OIT justo antes de las votaciones del 16 de noviembre. Dice que es para 'no dividir al movimiento sindical', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'me han dicho que no cuento con los apoyos y prefiero salir por la puerta grande antes de que me den el sablazo en las urnas'. Mientras tanto, el pasado vuelve con el aroma rancio de Brooklyn: una carta de Nicolás Maduro a Sánchez del 7 de enero de 2020, el mismo día de su investidura, donde el ahora preso le ofrecía 'cordialidad'. Es el tipo de correspondencia que uno guarda en el cajón de los trastos viejos pero que, al salir a la luz, dinamita cualquier relato de superioridad moral. Para cerrar el menú, tenemos a Miriam Nogueras de Junts jugando al ping-pong con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), exigiendo que se vote la condonación este miércoles. Es la eterna danza del dinero público: prometer el borrón y cuenta nueva mientras se cuentan los votos. Todo esto ocurre mientras Ceuta consigue un asiento en el Comité Europeo de las Regiones, un pequeño triunfo administrativo en medio de un ruido ensordecedor donde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide instrucciones claras sobre el gas lacrimógeno porque, al parecer, el manual de instrucciones de Marlaska ha llegado con páginas en blanco.
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