Crítica:
La noticia se limita a reproducir la narrativa de la ministra sin cuestionar la inversión pública en una candidatura destinada al fracaso. Falta un análisis real sobre el peso geopolítico actual de España en estos organismos.
La noticia se limita a reproducir la narrativa de la ministra sin cuestionar la inversión pública en una candidatura destinada al fracaso. Falta un análisis real sobre el peso geopolítico actual de España en estos organismos.
La aritmética del poder tiene una lógica propia, una especie de gimnasia mental donde uno más uno a veces suma cero, dependiendo de quién sostenga la calculadora. El Tribunal Supremo acaba de ejecutar un malabarismo jurídico digno de un circo: ha decidido que los hijos de los nacionalizados pueden votar el próximo 29 de noviembre, aunque sus padres tengan el voto suspendido por no haber probado que sus ancestros fueron realmente exiliados. Es como si te prohibieran entrar en un club por no tener invitación, pero dejaran pasar a tus hijos con alfombra roja y champagne. El agujero contable de la memoria es profundo. Empezamos con los 373.616 nacionalizados bajo la ley de Zapatero en 2007, donde bastaba con haber salido de España entre 1936 y 1955 para obtener el pasaporte, sin más papeleo que un suspiro. Luego llegó la Ley de Nietos de 2022, que abrió la puerta a otros 189.678 hijos mayores de edad. El contraste es obsceno: el Gobierno solo pudo demostrar que 901 de los 163.355 nacionalizados habían justificado documentalmente su exilio. El resto es humo, una presunción de condición que se ha convertido en un CERA inflado desde La Habana (186.830), Buenos Aires (56.489), México (35.570) y Miami (20.459). ¿Por qué el Supremo permite este baile? Por la 'estabilidad electoral'. Básicamente, que Vox e Iustitia Europa llegaron tarde al reparto de cartas y no hay tiempo de limpiar el censo. Así que, mientras los padres esperan que alguien valide sus papeles, los hijos acudirán a las urnas. El Gobierno, en un despliegue de cinismo institutional, celebra la decisión calificándola de freno a la ultraderecha. Al final, la seguridad jurídica es el nombre elegante que le ponemos a no querer recoger el desastre que nosotros mismos hemos montado.
Hay quien dice que para arreglar una gotera basta con cambiar la junta, pero el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ampliar la plantilla de fontaneros justo antes de que empiece la tormenta electoral. A escasos días de arrancar la campaña, el Ejecutivo ha decidido que 43 personas eran insuficientes para gestionar la nostalgia y el voto de los españoles en el extranjero, así que han subido la cifra a 51 miembros en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Es como intentar mejorar la señal de Wi-Fi en una casa vieja comprando más routers en lugar de arreglar el cableado. Esta maniobra, gestionada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, llega envuelta en un Real Decreto que 'actualiza' el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. El objetivo oficial es 'garantizar la efectividad del derecho al voto', aunque el calendario sugiere que hay más prisa que estrategia. Mientras tanto, el recuerdo de la Ley de Nietos sigue flotando en el ambiente como un mal olor. El Gobierno insistía en que el voto exterior, con una participación ridícula inferior al 10%, apenas movía un escaño, pero sus organismos no dejaban de redactar informes en 2025 para 'subsanar problemas' y fomentar la participación. Una contradicción del tamaño de un agujero presupuestario. Para rematar la faena, el Real Decreto lanza la promesa de una nueva 'ayuda económica' para retornados en situación de vulnerabilidad, que deberá aprobarse en un año. Es la clásica técnica de dar una palmadita en la espalda mientras se crean certificados y burocracia nueva. Al final, entre el Supremo limpiando el censo de nacionalidades dudosas y la instrucción de Sofía Puente, el Gobierno prefiere sumar sillas al Consejo que dar respuestas claras sobre quién vota y por qué.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un menú de lujo en Suiza, el PSOE decide que la solución a la fricción social es un cheque en blanco. Pedro Sánchez ha lanzado un programa electoral donde el plato fuerte es el 'Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030', una joya presupuestaria con una dotación inicial de 500 millones de euros. Sí, han leído bien: medio millardo de euros para que UGT y CCOO, los eternos guardianes del salario, se conviertan ahora en profesores de urbanidad y convivencia. La idea es brillante en el papel: pagar para que nos enseñen a 'convivir en igualdad'. Es como si el administrador de la comunidad, viendo que los vecinos se pelean por el ruido, decidiera gastarse el fondo de reserva en contratar a la empresa de ascensores para que dé charlas sobre el respeto mutuo. El Gobierno quiere que España siga siendo un 'puerto seguro', simplificando trámites y agilizando la homologación de títulos, todo bajo la bandera de una migración 'ordenada, legal y segura'. El despliegue es ambicioso. Prometen reforzar el sistema de asilo, visados humanitarios y hasta atención especializada en salud mental. Todo muy noble, pero el detalle hilarante es delegar la armonía social en los 'agentes sociales'. Básicamente, el PSOE propone que los sindicatos gestionen la paz social con dinero público, transformando el conflicto migratorio en una partida presupuestaria. Al final, la receta es la de siempre: si el problema es complejo, métele 500 millones y espera que la magia de la burocracia solucione lo que la realidad de la calle ya ha dinamitado.
En la política española, el calendario es un arte: lunes de Pamplona para soltar la bomba y martes de Guipúzcoa para recoger los cristales. Alberto Núñez Feijóo ha decidido sacar de la chistera la medida 132 de su programa: una 'Ley de Nietos' vasca. La idea es sencilla, casi romántica si no fuera por el contexto: permitir que quienes fueron expulsados del País Vasco y Navarra durante los años de plomo puedan volver a votar. Es como intentar recuperar una suscripción a un club del que te echaron a patadas hace décadas, solo que aquí el club es la democracia autonómica. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación y el precio del aceite, el PP se enfoca en un agujero demográfico y político. Según un estudio de CEU-CEFAS de 2023, unos 180.000 españoles abandonaron el territorio entre 1977 y 2022 por razones políticas. Una cifra que asusta, pero que no tiene registro oficial, porque en el País Vasco contar los exiliados es como contar los granos de arena en una playa durante una tormenta: nadie quiere dar el número exacto para no molestar al vecino. El timing es quirúrgico. Feijóo aterriza en Guipúzcoa para abrazar a Jon Echevarría y su equipo, quienes aseguran que seguirán recorriendo pueblos bajo el ala de la Ertzaintza, mientras denuncian que hacer campaña en una carpa se ha vuelto un deporte de riesgo. Todo esto ocurre mientras Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, lanza el concepto de 'paliza democrática', una metáfora que suena a ironía cruel cuando el Gobierno de Pedro Sánchez depende de los votos de quienes ayer hablaban el lenguaje de las bombas y hoy el de los pactos parlamentarios.
España se prepara para el 29 de noviembre como quien se prepara para una cirugía sin anestesia. Mientras Alberto Núñez Feijóo se siente ya en el podio, asegurando que el PP 'lo va ganando claramente' y que no necesita recurrir al VAR, Salvador Illa le recuerda que en la política, como en el fútbol, el partido no acaba hasta que el árbitro pita el final. El ambiente en Moncloa es una mezcla de protocolo y gargantas irritadas: Pedro Sánchez recibe a Lula da Silva, aunque el acto de campaña se fue al traste porque al brasileño se le acabó la voz, un detalle casi poético en un escenario donde muchos prefieren el silencio cómodo. En el tablero de las renuncias, Yolanda Díaz ha decidido retirar su candidatura a la OIT justo antes de las votaciones del 16 de noviembre. Dice que es para 'no dividir al movimiento sindical', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'me han dicho que no cuento con los apoyos y prefiero salir por la puerta grande antes de que me den el sablazo en las urnas'. Mientras tanto, el pasado vuelve con el aroma rancio de Brooklyn: una carta de Nicolás Maduro a Sánchez del 7 de enero de 2020, el mismo día de su investidura, donde el ahora preso le ofrecía 'cordialidad'. Es el tipo de correspondencia que uno guarda en el cajón de los trastos viejos pero que, al salir a la luz, dinamita cualquier relato de superioridad moral. Para cerrar el menú, tenemos a Miriam Nogueras de Junts jugando al ping-pong con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), exigiendo que se vote la condonación este miércoles. Es la eterna danza del dinero público: prometer el borrón y cuenta nueva mientras se cuentan los votos. Todo esto ocurre mientras Ceuta consigue un asiento en el Comité Europeo de las Regiones, un pequeño triunfo administrativo en medio de un ruido ensordecedor donde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide instrucciones claras sobre el gas lacrimógeno porque, al parecer, el manual de instrucciones de Marlaska ha llegado con páginas en blanco.
En el mundo real, cuando alguien te ofrece pintar la casa por la mitad de precio que el vecino, lo primero que haces es revisar si el pintor tiene escalera o si planea usar el presupuesto para irse de vacaciones. El Gobierno, operando con la misma lógica de 'ganga' de mercadillo, decidió que la seguridad de la línea Madrid-Sevilla podía optimizarse como quien recorta cupones en el supermercado. A través de Adif, le apretaron las tuercas a la empresa Thales en 2022 para la detección de caída de objetos, logrando que la oferta bajara de 23,1 millones a 21,2 millones. Un 'ahorro' de 1,8 millones sobre la propuesta inicial que, vista desde la oficina, parece una victoria administrativa, pero que en la práctica es como comprar frenos de segunda mano para un Ferrari porque estaban en oferta. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un bisturí. Thales ya había ganado en 2021 el contrato de señalización con una rebaja del 28,45% respecto a la licitación, un precio tan ridículamente bajo que el propio Adif pidió explicaciones, asustados por el olor a quemado. En ese paquete venía la sustitución del sistema LZB, una reliquia de los años 80 que debería haber sido jubilada hace tiempo. El resultado de jugar al regateo con la seguridad ferroviaria llegó el 28 de octubre en Urda (Toledo): una tragedia con 69 muertos y un sistema LZB que falló mientras el nuevo ERTMS seguía en el limbo del 'está en curso'. Ahora, con fondos europeos financiando este juego de ahorro extremo, la Fiscalía Europea ha entrado en escena. Porque resulta que ahorrar unos cuantos millones en la factura de seguridad puede salir muy caro cuando el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tienen que explicar por qué se priorizó el balance contable sobre la vida de los pasajeros.
Hay cartas que no son invitaciones a una boda, sino manuales de instrucciones para el cinismo. El 7 de enero de 2020, mientras Pedro Sánchez se ponía el traje de gala para su investidura con Podemos, Nicolás Maduro le enviaba un 'estoy disponible' diplomático. Con una prosa que haría sonrojar a un poeta romántico, Maduro hablaba de 'reabrir caminos de relacionamiento venturoso'. Traducción para el ciudadano de a pie: 'Olvídate de Guaidó y volvamos a hacernos favores'. La jugada fue un despliegue de ingeniería política digno de un casino. Sánchez, que había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela menos de un año antes, decidió que la coherencia es un lujo que no podía permitirse. En lugar de mantener la línea, aplicó la técnica del 'puente invisible'. Mientras Pablo Iglesias se encargaba de ningunear a Guaidó en público, reduciéndolo a un simple 'dirigente de la oposición' —como quien dice que un Ferrari es solo un coche con ruedas—, por detrás se cocinaba el verdadero menú. El 16 de enero de 2020, la trama pasó del papel al WhatsApp. José Luis Ábalos le soltó a Sánchez que Delcy Rodríguez quería una cita discreta. La respuesta del presidente fue un 'Bien' tan seco que cabría en un tuit. Ábalos, emocionado, le envió una captura de pantalla a Koldo García, quien respondió con un '¡cuánto te quiero!'. Es conmovedor ver cómo se gestiona el Estado: como un grupo de amigos compartiendo memes en el descanso del trabajo. El desenlace llegó el 20 de enero. Delcy aterrizó en Barajas, saltándose la prohibición de entrada de la UE vigente desde 2018, escoltada por Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. Fue el 'Delcygate', una visita clandestina que Ábalos intentó maquillar con cinco versiones distintas, como quien intenta explicar por qué llegó tarde a casa un domingo. Al final, la realidad es simple: la alta política es, a veces, solo una cuestión de saber a quién abrirle la puerta del aeropuerto.
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