Crítica:
El texto original es una mina de oro de contradicciones que el PSOE ha firmado y sellado. La noticia es precisa, pero la hipocresía de alegar 'falta de tiempo' por campaña electoral mientras se ocultan fondos es el verdadero espectáculo.
Las excusas del PSOE a Pedraz dan la pista a la UCO sobre la cloaca y sus ramificaciones territoriales
PSOE confiesa 'caos' contable ante Pedraz
Otros artículos
Albares y el 'kit pareja' en Brasilia
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el mérito es un concepto flexible, casi un accesorio opcional. José Manuel Albares ha terminado de cerrar el círculo en Brasilia, colocando a Cristina López Heras en una plaza de canciller que parece diseñada con regla y cartabón para ella. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se juega a la ingeniería salarial: se modificaron las condiciones del puesto el pasado 20 de agosto para que un funcionario A1 pudiera optar a él, permitiendo que López Heras pase de ganar 90.000 euros en Madrid a embolsarse unos 130.000 euros brutos. Un 'subidón' de 40.000 euros que, sumado a una residencia oficial pagada con el dinero de todos, hace que el traslado parezca más un premio de lotería que un nombramiento administrativo. La trama tiene el aroma clásico del 'clan'. El sindicato CSIF ya había puesto el grito en el cielo denunciando que López Heras colocó a su hermano, José Enrique López Heras, en Bogotá sin cumplir los requisitos. Pero en la diplomacia de Albares, los vínculos familiares son el mejor currículum. El ministro ha ignorado los recursos de reposición y las advertencias sindicales, siguiendo una hoja de ruta que recuerda al caso de Consuelo Femenía, la esposa de Pedro Duque, quien encadena embajadas (Malta, Países Bajos y ahora Brasil) sin pisar los servicios centrales, como si el Ministerio fuera un hotel de lujo con check-in prioritario. La pieza final del puzzle es el marido de López Heras, recién nombrado consejero en la misma embajada. Todo encaja: sueldo al alza, casa gratis y pareja al lado. Una gestión de recursos humanos que deja al funcionario de a pie mirando desde la barrera, preguntándose si el verdadero requisito para triunfar en Exteriores es, sencillamente, saber a quién saludar en el pasillo.
Espías marroquíes: vacaciones pagadas en el CETI
Hay que tener una confianza ciega en el sistema para que dos agentes del régimen marroquí se instalen en el CETI de Ceuta como quien reserva un Airbnb barato. No fueron inmigrantes desesperados, sino 'ojos' oficiales. W.C., de 31 años, y E.M.L., de 34, entraron el 16 de julio, justo cuando en Tánger ya se empezaba a cocinar el asalto a la valla. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una cita previa, estos dos caballeros disfrutaron de un pase VIP durante más de cinco semanas, con la invasión del 30 de julio ocurriendo prácticamente desde el comedor del centro. El guion es de película serie B: W.C., el policía, se vendió como un desertor. Un cuento que no se creyó nadie con dos dedos de frente, pero que le sirvió para ejercer de 'capataz' sobre los internos gracias a un trato de favor de la anterior dirección del centro. A su lado, E.M.L., el militar, hacía de sombra. Ninguno tenía antecedentes penales, un detalle que en el mundo real es sospechoso cuando llegas a pedir asilo para ganar tiempo y mapear vulnerabilidades. No buscaban refugio, buscaban el plano de la casa. La hipocresía alcanza su pico cuando comparamos esto con el informe de 21 páginas del 28 de octubre enviado a la juez María Tardón. Mientras Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi daban órdenes en la valla, estos dos infiltrados hacían el trabajo sucio desde dentro. El final fue casi cómico: uno expulsado por ir ebrio y el otro en una devolución colectiva. El resultado es un CETI descabezado, una dirección interina que no sabe por dónde le da el aire y fugas masivas, como la del 26 de octubre donde de 200 marroquíes solo devolvieron cinco. Un sistema que deja entrar al enemigo con alfombra roja no es un error; es un coladero.
Vivienda: el Gobierno esconde los datos
Hay una magia muy particular en los pasillos del poder: la capacidad de convertir la 'honestidad' en un concepto opcional según sople el viento. El pasado 21 de abril, Isabel Rodríguez se paseó por el Consejo de Ministros vendiendo la transparencia del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como si fuera el Santo Grial de la democracia. Prometió datos abiertos, luz clara y un ejercicio de sinceridad frente a los portales privados. Pero, como ocurre cuando llega la hora de pasar la factura, el Gobierno ha aplicado un giro de guion digno de telenovela barata. La Orden VAU/1167/2026 es una obra maestra de la ingeniería administrativa. Por un lado, el Ministerio de Vivienda se pone en modo 'fiscal implacable' con las comunidades autónomas. Les exige que remitan mensualmente cada detalle, cada céntimo y cada circunstancia personal de los desahuciados. Quieren saberlo todo: ingresos, edad, sexo y hasta el color de las cortinas del beneficiario. Es como si en tu casa te obligaran a llevar un libro de cuentas detallado de cada café que te tomas, pero el administrador del edificio decidiera que el balance final es 'información confidencial'. Aquí reside la trampa. Mientras las autonomías sudan la gota gorda alimentando el sistema a través de la Red SARA —con un margen hasta el 1 de junio de 2027 para arreglar los cables—, el artículo 9 de la norma le da a la Dirección General de Planificación y Evaluación el superpoder de decidir qué se publica y qué se guarda en el cajón. No hay periodicidad, no hay obligación, solo 'criterios de relevancia'. En cristiano: publicaremos lo que nos haga quedar bien y esconderemos el agujero contable o la lista de espera de quienes siguen en la calle. Pedro Sánchez ha hecho de la vivienda su bandera, pero parece que la bandera ahora tiene un parche que tapa las cifras incómodas.
PSOE: un edificio por un céntimo
Hay que tener una creatividad desbordante para mirar un edificio de 230.202 euros y decidir que, en los papeles, vale lo mismo que un chicle masticado. El PSOE ha registrado un inmueble de su Comisión Ejecutiva Regional de Madrid por un céntimo. Un céntimo. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la tasa de basuras, en el partido de Pedro Sánchez aplican una aritmética cuántica donde el ladrillo se evapora. El Tribunal de Cuentas, que no es precisamente un entusiasta de la fantasía, ha soltado el bombazo en un informe sobre el ejercicio de 2020, año que, casualmente, orbita en la misma galaxia que el «caso Koldo» y las investigaciones del juez Ismael Moreno sobre financiación ilegal. La excusa técnica es la amortización, pero aquí viene el truco: el suelo no se amortiza. Es decir, que decir que un edificio vale 0,01 euros es como decir que tu coche es gratis porque los neumáticos están gastados, ignorando que el chasis sigue ahí. Pero el céntimo es solo el aperitivo. El banquete incluye 27 inmuebles más, con un valor catastral superior al millón de euros, que el partido simplemente olvidó anotar en la contabilidad. Una amnesia selectiva envidiable. Para rematar la faena, el PSOE registró un deterioro de 1,05 millones de euros en un edificio de la Fundación Ideas para el Progreso con una tasación caducada. Básicamente, han maquillado el balance infravalorando su patrimonio en 5,1 millones de euros, usando provisiones «ficticias» —como 3,6 millones por costes laborales— para que las cuentas no parezcan tan infladas. Al final, el Tribunal de Cuentas es claro: el balance del PSOE no es una imagen fiel, es un cuadro abstracto donde el dinero público y el patrimonio juegan al escondite.
Carpas y parcelas: el 'triaje' exprés en Ceuta
Hay una elegancia casi quirúrgica en cómo el Estado gestiona la miseria. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado en Ceuta, decidió que la mejor forma de aplicar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) —ese manual de instrucciones que desde junio obliga a la UE a hacer 'triajes' para detectar vulnerabilidades— no era mejorar la acogida, sino comprar un trozo de tierra. Porque claro, cuando la Jefatura de Policía le dijo que meter a la gente en naves industriales era un lío logístico, la solución no fue buscar dignidad, sino buscar una parcela privada con buenos enchufes. El plan, detallado en un correo electrónico el pasado 16 de julio, era montar un campamento de carpas y módulos al estilo Ibiza, pero sin el glamour de las fiestas. El escenario: una parcela de 2.200 metros cuadrados junto a la prisión. Un lugar idílico para que los recién llegados esperen a que la burocracia decida su suerte, ya que, mientras dura el triaje, no tienen autorización de entrada y quedan a disposición de las autoridades. Básicamente, un limbo con suministro eléctrico y saneamiento. Los números son el combustible de esta maquinaria. Pérez Triano advirtió que Ceuta es el epicentro de la presión migratoria. Solo en los primeros seis meses del año, 2.582 personas entraron de forma irregular, un incremento del 164% interanual que haría temblar a cualquier gestor de inventarios. A esto se suma el 'efecto nadadores' y el golpe del Tribunal Supremo, que puso freno a las devoluciones en caliente. Ante el caos, la respuesta institucional fue pragmática: si no hay sitio en la nave, compramos un terreno y ponemos carpas. Eficiencia pura, siempre que no te toque dormir en una de ellas.
Albares paga el 'orden' egipcio con millones
Hay una mística casi religiosa en la burocracia de José Manuel Albares: la capacidad de hacer desaparecer millones de euros en conceptos que parecen redactados por un generador de frases aleatorias. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido que la prioridad es la 'gobernanza migratoria' en Egipto. Suena sofisticado, ¿verdad? En lenguaje de calle, significa soltar pasta para que otros gestionen sus problemas mientras nosotros miramos desde la barrera. El sablazo más reciente llegó el 14 de septiembre, con una transferencia de 4.075.492 euros destinada al 'Fondo Fiduciario para Combatir la Migración Ilegal y la Protección de los Migrantes'. Un nombre tan largo y solemne que probablemente sirve para que nadie se atreva a preguntar qué hacen exactamente con el dinero. Si sumamos esto a la fase anterior, el programa CONMIGO I —que en 2021 ya se había llevado tres millones de euros—, llegamos a un total de siete millones de euros que aterrizan en suelo egipcio. Todo coordinado por la AECID y con el visto bueno de la Unión Europea. Lo verdaderamente cómico, si no fuera trágico, es el contraste. Tenemos un presupuesto anual de cooperación de 4.500 millones de euros que el Tribunal de Cuentas y la AIReF miran con el mismo escepticismo con el que un perro mira un limón. Mientras Albares juega a ser el benefactor de El Cairo, Ceuta y las Islas Canarias siguen siendo el patio de juegos del caos migratorio. Es la paradoja perfecta: tenemos una eficacia quirúrgica para enviar millones al extranjero, pero una gestión amateur para nuestras propias fronteras. Básicamente, estamos pagando el catering de una fiesta en Egipto mientras en casa no tenemos ni para el pan.
Adif: primas blindadas mientras el tren descarrila
Hay que tener una capacidad de timing envidiable para aprobarse un festín de primas justo cuando el barco se hunde y el capitán está haciendo las maletas. El pasado 3 de noviembre, en una reunión extraordinaria que debió ser un ejercicio de contrición, la cúpula de Adif decidió que lo más urgente no era revisar los frenos ni las vías, sino blindar su plan de incentivos hasta 2030. Todo ocurrió apenas unas horas antes de que Pedro Marco de la Peña, el presidente, fuera cesado. Una jugada maestra de 'salva quien pueda' antes de que Carlos Cuerpo, el nuevo ministro, cerrara el grifo. Mientras los usuarios lidian con una puntualidad que es más un deseo que una realidad, y tras una racha negra con accidentes mortales en Adamuz y Urda que dejan un saldo dantesco de 116 fallecidos en nueve meses, los jefes de Adif se aseguran el chiringuito. Para que nos entendamos: mientras el mantenimiento de las vías se queda cojo (previendo incumplir sistemáticamente los objetivos hasta 2030, con un techo del 90% en red convencional), el comité de dirección se paseaba en 2025 con una remuneración conjunta de 1,2 millones de euros. Es como si en tu casa se cayera el techo y, en lugar de llamar al albañil, decidieras comprarte un reloj de oro con el dinero del seguro. Lo más fascinante es la ingeniería ética del convenio con el Ministerio de Hacienda. Se hablan de objetivos 'ambientales y sociales' (ASG), que en 2024 oscilaban entre el 6% y el 30%, pero hay un vacío legal sospechosamente cómodo: no hay ni una sola línea que vincule el dinero extra a la seguridad ferroviaria o a que el tren llegue a tiempo. En Adif, parece que salvar el planeta es prioridad, pero que el tren no descarrile es un detalle secundario que no merece una prima.
Comentarios