La noticia es un ejercicio de lectura entre líneas donde el dato más relevante (la purga del censo) queda sepultado bajo la agenda oficial. El autor acierta al exponer la contradicción entre el discurso de 'participación' y el desprecio por el peso electoral real del voto exterior.
Intentar imponer un idioma por decreto es como querer que el gato se bañe: puedes comprar el champú más caro, pero el animal seguirá haciendo lo que le dé la gana. En el Principado de Andorra, un territorio de 468 kilómetros cuadrados que parece un condominio compartido entre el Obispo de Urgel y el presidente francés, el Gobierno ha decidido jugar a los profesores estrictos. Han lanzado una ley de lengua propia y oficial que obliga a acreditar el catalán para renovar la residencia y hasta han multado a un comercio en 2025 porque sus hojas de reclamaciones no estaban en el idioma oficial. Un sablazo administrativo por un detalle de papelería. Pero la realidad no entiende de sellos ni de BOEs. Mientras la ministra Mònica Bonell insiste en que estas medidas cambiarán las tendencias, los datos le dan un bofetón de realidad. En 2022, el catalán era la lengua habitual para el 63,7% de la gente; ahora ha caído en picado hasta el 55,9%. Mientras tanto, el castellano ha subido del 48,6% al 55%. Es una transferencia de poder lingüístico más rápida que un cambio de moneda en el aeropuerto. La hipocresía alcanza su punto álgido en la sanidad. Exigían un B2 de catalán para curar pacientes, pero para 2025 se dieron cuenta de que los virus no esperan a que el médico termine el curso de gramática. Ante la falta de profesionales, han abierto el grifo permitiendo trabajar hasta dos años sin el título. En casa, el castellano manda con un 38,8% frente al 31,9% del catalán, y entre amigos la brecha es similar: 38,2% contra 34,7%. El Gobierno culpa a la inmigración, pero la calle habla claro: el español no pide permiso, simplemente ocurre.
Hay reuniones que son como esas cenas familiares de Navidad: mucho ruido, platos caros y una tensión subterránea que nadie quiere mencionar en voz alta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado este viernes a los consejeros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) justo una semana antes de que arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. El objetivo oficial es «analizar retos» y «reforzar vínculos», que en lenguaje de calle significa intentar que la diáspora no se sienta como el primo lejano al que solo llaman cuando necesitan un favor. La ironía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz presume de querer «garantizar la participación», el Tribunal Supremo ha soltado el hachazo definitivo: sacar del censo a los nacionalizados por la Ley de Nietos que no demostraron el exilio. Resulta curioso que el Ejecutivo, mientras criticaba al Alto Tribunal diciendo que la participación exterior es un chiste (menos del 10%) y que no movería ni un escaño, tuviera a sus organismos redactando informes en 2025 para «subsanar problemas» del voto. Es como decir que el coche no arranca y no sirve para nada, mientras gastas el presupuesto en ponerle llantas de oro. En la mesa estuvieron Elena Bernado e Isabel María González, aunque la gran ausente fue Pilar Cancela. Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el CGCEE de 43 a 51 miembros. Más asesores, más reuniones, más «vínculos», pero el mismo agujero en el censo provocado por la instrucción de Sofía Puente. Al final, el mensaje para el español en el extranjero es claro: «Infórmate cómo puede ayudarte», siempre y cuando el Supremo no haya decidido que tu nacionalidad es un error de cálculo administrativo.
Madrid ha decidido jugar al Tetris con las despensas del país y, en el proceso, ha pasado el rodillo sobre las Islas Baleares. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha soltado una resolución el viernes que obliga a retirar del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027. Para un gigante industrial, un 12% es un ajuste de cuentas; para un productor balear, es como si le pidieran devolver una docena de huevos de cada caja mientras intenta sobrevivir al mes. Joan Simonet, al frente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, no se ha quedado mirando y prepara un recurso de alzada. La lógica es aplastante: mientras España juega en la liga de los 1,6 millones de toneladas, Baleares produce una media de 600 toneladas anuales. Es como intentar regular el caudal del Amazonas cerrando un grifo que gotea en un patio de Mallorca. La Administración insular advierte que, si se aplican los criterios de la Orden APA/1145/2026, ni siquiera alcanzarían el umbral del 120% respecto a las seis campañas anteriores para justificar tal castigo. El sablazo administrativo es lo que más escuece. Solo en Mallorca, tendrían que inmovilizar unos 40.000 litros de aceite. Para el Estado, esa cantidad es ruido blanco; para las 41 o 44 almazaras del archipiélago —incluyendo las 19 de la DOP Oli de Mallorca y las pequeñas instalaciones de Menorca, Ibiza y Formentera— es una pesadilla de papeles, almacenamiento y controles absurdos. Lo más surrealista es que quieren fiscalizar hasta el aceite de autoconsumo, ese que se queda en casa para las tostadas, tratándolo como si fuera un excedente que desestabiliza los precios mundiales. Una genialidad burocrática que confunde la calidad de la diferenciación con la masa industrial.
Hay algo profundamente poético en que el Estado, ese ente que te multa hasta por respirar fuera de tiempo, haya logrado que cinco helicópteros se conviertan en pisapapeles gigantes. Mientras tú peleas con el banco para que no te claven una comisión por mantener la cuenta, la DGT y la Comunidad de Madrid han gestionado 75 millones de euros con la misma precisión que un niño jugando con plastilina. El resultado: tres Pegasus en Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela cogiendo polvo, y dos del Summa 112 en Madrid que son básicamente adornos de jardín. El culpable tiene nombre: Eliance. La empresa decidió jugar a los Monopoly en la vida real, expandiéndose a base de deuda y fondos de inversión hasta que la burbuja estalló. Cerraron el ejercicio de 2025 con unas pérdidas de 24 millones de euros, una cifra que haría llorar a cualquier autónomo, pero que para ellos fue el preámbulo de un preconcurso de acreedores en octubre. Lo más surrealista es que en la base de Lozoyuela el aparato no vuela porque los pilotos no han podido usar el simulador para renovar su licencia. Es decir, tenemos la máquina, tenemos al piloto, pero no hay 'monedas' para la máquina de entrenamiento. La hipocresía es el combustible de esta historia. La Comunidad de Madrid firmó en 2023 un contrato de más de cuatro millones de euros anuales durante cinco años, exigiendo que nada estuviera parado más de doce horas. Mientras tanto, la DGT soltó 51 millones de euros por 38 meses de servicio. CCOO y UGT avisaron al Ministerio del Interior, pero parece que en los despachos el ruido de las alarmas se confunde con el del aire acondicionado. Al final, el día del desfile de las fuerzas armadas, ningún Pegasus voló. Una imagen perfecta: desfile abajo y cielo vacío arriba, cortesía de una ingeniería financiera que terminó en aterrizaje forzoso.
Hay una ironía deliciosa en el aire madrileño. Mientras los docentes de la Asamblea Menos Lectivas se lanzan a una huelga indefinida contra Isabel Díaz Ayuso desde el 14 de octubre, han decidido que el dinero de su 'Caja de resistencia' no puede estar en cualquier sitio. No, para gestionar esos 50.000 euros que buscan recaudar, han preferido cruzar el mapa hasta Barcelona y confiar en la Fundación Coop57. ¿La razón? Una mezcla de 'apuesta ideológica' y el hambre de deducir el 80% de los primeros 250 euros en la renta. Básicamente, luchar contra el sistema usando los beneficios fiscales del sistema. Pero aquí es donde la trama se pone jugosa. La Fundación Coop57 no es una ONG que sobreviva a base de kermeses. Es una entidad que tiene el grifo abierto en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Salvador Illa, desde el Departament d’Empresa i Treball, le soltó 49.968,22 euros el 19 de diciembre de 2024 para 'reflexionar estratégicamente'. Traducción: pagar el café mientras piensan cómo cambiar el mundo. Por si fuera poco, Jaume Collboni ha sido aún más generoso, sumando 64.000 euros, de los cuales 50.000 llegaron mediante un convenio sin convocatoria pública. Es el equivalente político a saltarse la cola del supermercado porque conoces al gerente. En total, los gobiernos socialistas han inyectado 113.968,22 euros en esta maquinaria desde 2023. Mientras la fundación se define como 'anticapitalista', sus cuentas muestran que gastó 95.949,93 euros en personal en 2024. Una gestión impecable: combatir el capital con subvenciones públicas y beneficios fiscales. Desde giras zapatistas hasta huelgas de alquiler que recaudaron 102.784 euros, la Coop57 es la ventanilla única de la resistencia subvencionada. Un negocio redondo donde la ideología y la burocracia se dan la mano.
Hay una técnica legislativa que es como colar un ingrediente que no te gusta en un guiso ya servido: se llama 'disposición final'. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, ha usado el decreto de ayudas para las 69 víctimas del accidente de Urda (Toledo) como caballo de Troya. Mientras el titular es la solidaridad con Urda, en la letra pequeña del Real Decreto-ley 32/2026 han deslizado una trampa burocrática para las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La jugada es maestra en su cinismo. El pasado 18 de enero, la narrativa oficial era la 'respuesta económica inmediata'. Nueve meses después, el Estado ha decidido que el reloj administrativo es demasiado estresante y ha decidido detenerlo. Si la Administración pide un papel a un juzgado y este no responde en un mes, o si el funcionario de turno considera que la información es 'insuficiente', el plazo para pagar las indemnizaciones por responsabilidad civil se congela. Sin fecha de vuelta. Es como si te prometieran el pago de una deuda en seis meses, pero luego te dicen que, mientras busquen la factura en el cajón, el tiempo no cuenta. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ya avisaba de que hay familias que, tras nueve meses, siguen esperando el dinero mientras lidian con la precariedad. La hipocresía es deliciosa: el Gobierno vende la norma como una vía para evitar esperas judiciales, pero introduce una cláusula que permite que la espera sea eterna si el juzgado guarda silencio o el expediente es secreto. Han pasado de la 'urgencia' a la 'pausa indefinida' con la elegancia de quien te quita la cartera mientras te da una palmada en la espalda. El 4 de noviembre fue la fecha límite; a partir de ahí, el Estado ha decidido que el calendario es opcional.
En el mundo real, si firmas un contrato de alquiler sin tener los poderes legales, el casero te echa a la calle. Pero en el Olimpo de ADIF, parece que el concepto de 'potestad legal' es una sugerencia opcional cuando hay millones de euros sobre la mesa. La Fiscalía Europea ha decidido que ya basta de juegos y ha enviado a la UCO al Tribunal de Cuentas para rastrear un agujero administrativo que huele a chamusquina. Estamos hablando de un contrato de 77,5 millones de euros (93 millones si sumamos el IVA, que es el sablazo final) adjudicado a Thales España en octubre de 2021 para instalar el sistema ERTMS en la línea Madrid-Sevilla. La trama es deliciosa en su hipocresía: mientras el ciudadano medio necesita tres avales y una prueba de ADN para abrir una cuenta bancaria, aquí tenemos seis expedientes donde los directivos firmaron documentos del Plan de Recuperación sin que nadie pudiera acreditar que realmente tenían permiso para hacerlo. Un informe del Tribunal de Cuentas del 18 de diciembre de 2025 ya había puesto el dedo en la llaga, analizando 194 expedientes y detectando que en el caso de Thales —cuya oferta era tan baja que la propia ADIF sospechó que era 'anormal'— faltaba la papelería básica de representación. Lo verdaderamente gélido es el contraste. Mientras se peleaban por ver quién tenía el sello correcto para justificar los fondos Next Generation, el sistema LZB, el parche que seguía operando, sufría 170 caídas según admitió el exministro Óscar Puente. La última de esas caídas ocurrió veinte minutos antes del accidente de Urda el 28 de octubre, dejando un saldo de 69 víctimas mortales. Al final, la burocracia europea busca firmas, pero la calle busca responsables de que el tren no se detuviera.
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