Crítica:
El texto original es una sucesión de datos que no llega a gritar la negligencia administrativa. Falta que alguien pregunte quién firmó la adjudicación a una empresa que ya fallaba en Galicia y Cataluña.
La DGT y la Comunidad de Madrid han caído en el mismo error. Ahora tienen cinco helicópteros parados y 75 millones de euros menos
Helicópteros públicos: 75 millones en tierra
Otros artículos
Voto exterior: retoques urgentes antes de campaña
Hay reuniones que son como esas cenas familiares de Navidad: mucho ruido, platos caros y una tensión subterránea que nadie quiere mencionar en voz alta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado este viernes a los consejeros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) justo una semana antes de que arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. El objetivo oficial es «analizar retos» y «reforzar vínculos», que en lenguaje de calle significa intentar que la diáspora no se sienta como el primo lejano al que solo llaman cuando necesitan un favor. La ironía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz presume de querer «garantizar la participación», el Tribunal Supremo ha soltado el hachazo definitivo: sacar del censo a los nacionalizados por la Ley de Nietos que no demostraron el exilio. Resulta curioso que el Ejecutivo, mientras criticaba al Alto Tribunal diciendo que la participación exterior es un chiste (menos del 10%) y que no movería ni un escaño, tuviera a sus organismos redactando informes en 2025 para «subsanar problemas» del voto. Es como decir que el coche no arranca y no sirve para nada, mientras gastas el presupuesto en ponerle llantas de oro. En la mesa estuvieron Elena Bernado e Isabel María González, aunque la gran ausente fue Pilar Cancela. Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el CGCEE de 43 a 51 miembros. Más asesores, más reuniones, más «vínculos», pero el mismo agujero en el censo provocado por la instrucción de Sofía Puente. Al final, el mensaje para el español en el extranjero es claro: «Infórmate cómo puede ayudarte», siempre y cuando el Supremo no haya decidido que tu nacionalidad es un error de cálculo administrativo.
Sánchez quiere 'congelar' el aceite balear
Madrid ha decidido jugar al Tetris con las despensas del país y, en el proceso, ha pasado el rodillo sobre las Islas Baleares. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha soltado una resolución el viernes que obliga a retirar del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027. Para un gigante industrial, un 12% es un ajuste de cuentas; para un productor balear, es como si le pidieran devolver una docena de huevos de cada caja mientras intenta sobrevivir al mes. Joan Simonet, al frente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, no se ha quedado mirando y prepara un recurso de alzada. La lógica es aplastante: mientras España juega en la liga de los 1,6 millones de toneladas, Baleares produce una media de 600 toneladas anuales. Es como intentar regular el caudal del Amazonas cerrando un grifo que gotea en un patio de Mallorca. La Administración insular advierte que, si se aplican los criterios de la Orden APA/1145/2026, ni siquiera alcanzarían el umbral del 120% respecto a las seis campañas anteriores para justificar tal castigo. El sablazo administrativo es lo que más escuece. Solo en Mallorca, tendrían que inmovilizar unos 40.000 litros de aceite. Para el Estado, esa cantidad es ruido blanco; para las 41 o 44 almazaras del archipiélago —incluyendo las 19 de la DOP Oli de Mallorca y las pequeñas instalaciones de Menorca, Ibiza y Formentera— es una pesadilla de papeles, almacenamiento y controles absurdos. Lo más surrealista es que quieren fiscalizar hasta el aceite de autoconsumo, ese que se queda en casa para las tostadas, tratándolo como si fuera un excedente que desestabiliza los precios mundiales. Una genialidad burocrática que confunde la calidad de la diferenciación con la masa industrial.
Huelga contra Ayuso: fondos con sello Illa
Hay una ironía deliciosa en el aire madrileño. Mientras los docentes de la Asamblea Menos Lectivas se lanzan a una huelga indefinida contra Isabel Díaz Ayuso desde el 14 de octubre, han decidido que el dinero de su 'Caja de resistencia' no puede estar en cualquier sitio. No, para gestionar esos 50.000 euros que buscan recaudar, han preferido cruzar el mapa hasta Barcelona y confiar en la Fundación Coop57. ¿La razón? Una mezcla de 'apuesta ideológica' y el hambre de deducir el 80% de los primeros 250 euros en la renta. Básicamente, luchar contra el sistema usando los beneficios fiscales del sistema. Pero aquí es donde la trama se pone jugosa. La Fundación Coop57 no es una ONG que sobreviva a base de kermeses. Es una entidad que tiene el grifo abierto en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Salvador Illa, desde el Departament d’Empresa i Treball, le soltó 49.968,22 euros el 19 de diciembre de 2024 para 'reflexionar estratégicamente'. Traducción: pagar el café mientras piensan cómo cambiar el mundo. Por si fuera poco, Jaume Collboni ha sido aún más generoso, sumando 64.000 euros, de los cuales 50.000 llegaron mediante un convenio sin convocatoria pública. Es el equivalente político a saltarse la cola del supermercado porque conoces al gerente. En total, los gobiernos socialistas han inyectado 113.968,22 euros en esta maquinaria desde 2023. Mientras la fundación se define como 'anticapitalista', sus cuentas muestran que gastó 95.949,93 euros en personal en 2024. Una gestión impecable: combatir el capital con subvenciones públicas y beneficios fiscales. Desde giras zapatistas hasta huelgas de alquiler que recaudaron 102.784 euros, la Coop57 es la ventanilla única de la resistencia subvencionada. Un negocio redondo donde la ideología y la burocracia se dan la mano.
Gobierno congela pagos a víctimas de Adamuz
Hay una técnica legislativa que es como colar un ingrediente que no te gusta en un guiso ya servido: se llama 'disposición final'. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, ha usado el decreto de ayudas para las 69 víctimas del accidente de Urda (Toledo) como caballo de Troya. Mientras el titular es la solidaridad con Urda, en la letra pequeña del Real Decreto-ley 32/2026 han deslizado una trampa burocrática para las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La jugada es maestra en su cinismo. El pasado 18 de enero, la narrativa oficial era la 'respuesta económica inmediata'. Nueve meses después, el Estado ha decidido que el reloj administrativo es demasiado estresante y ha decidido detenerlo. Si la Administración pide un papel a un juzgado y este no responde en un mes, o si el funcionario de turno considera que la información es 'insuficiente', el plazo para pagar las indemnizaciones por responsabilidad civil se congela. Sin fecha de vuelta. Es como si te prometieran el pago de una deuda en seis meses, pero luego te dicen que, mientras busquen la factura en el cajón, el tiempo no cuenta. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ya avisaba de que hay familias que, tras nueve meses, siguen esperando el dinero mientras lidian con la precariedad. La hipocresía es deliciosa: el Gobierno vende la norma como una vía para evitar esperas judiciales, pero introduce una cláusula que permite que la espera sea eterna si el juzgado guarda silencio o el expediente es secreto. Han pasado de la 'urgencia' a la 'pausa indefinida' con la elegancia de quien te quita la cartera mientras te da una palmada en la espalda. El 4 de noviembre fue la fecha límite; a partir de ahí, el Estado ha decidido que el calendario es opcional.
Fondos europeos: firmas fantasma y trenes fatales
En el mundo real, si firmas un contrato de alquiler sin tener los poderes legales, el casero te echa a la calle. Pero en el Olimpo de ADIF, parece que el concepto de 'potestad legal' es una sugerencia opcional cuando hay millones de euros sobre la mesa. La Fiscalía Europea ha decidido que ya basta de juegos y ha enviado a la UCO al Tribunal de Cuentas para rastrear un agujero administrativo que huele a chamusquina. Estamos hablando de un contrato de 77,5 millones de euros (93 millones si sumamos el IVA, que es el sablazo final) adjudicado a Thales España en octubre de 2021 para instalar el sistema ERTMS en la línea Madrid-Sevilla. La trama es deliciosa en su hipocresía: mientras el ciudadano medio necesita tres avales y una prueba de ADN para abrir una cuenta bancaria, aquí tenemos seis expedientes donde los directivos firmaron documentos del Plan de Recuperación sin que nadie pudiera acreditar que realmente tenían permiso para hacerlo. Un informe del Tribunal de Cuentas del 18 de diciembre de 2025 ya había puesto el dedo en la llaga, analizando 194 expedientes y detectando que en el caso de Thales —cuya oferta era tan baja que la propia ADIF sospechó que era 'anormal'— faltaba la papelería básica de representación. Lo verdaderamente gélido es el contraste. Mientras se peleaban por ver quién tenía el sello correcto para justificar los fondos Next Generation, el sistema LZB, el parche que seguía operando, sufría 170 caídas según admitió el exministro Óscar Puente. La última de esas caídas ocurrió veinte minutos antes del accidente de Urda el 28 de octubre, dejando un saldo de 69 víctimas mortales. Al final, la burocracia europea busca firmas, pero la calle busca responsables de que el tren no se detuviera.
FBI: El agente que usó ChatGPT para fugarse
Hay que tener el valor —o la cara dura— de trabajar para el FBI y decidir que las carteras digitales de los criminales son, en realidad, un fondo de pensiones anticipado. Patrick Steven Yaroch, de 37 años, no se limitó a mirar; se convirtió en el administrador no oficial de 35 investigaciones federales. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, Yaroch vació carteras vinculadas a Estados adversarios y a diez víctimas de fraudes financieros, llevándose un botín de 2.474.380,66 dólares. Básicamente, convirtió el archivo de pruebas del Bureau en su propio cajero automático. El despliegue de 'ingeniería financiera' fue sencillamente casero: memorizó frases semilla y realizó unas 100 transferencias fraudulentas. Para Yaroch, esto no era un robo, sino una cuestión de principios; decía estar frustrado porque el FBI no actuaba contra esos fondos. Una narrativa conmovedora que los fiscales dinamitaron rápidamente: no era un Robin Hood digital, sino un tipo que usaba el dinero sustraído para pagar tarjetas de crédito, préstamos y el coche. El lujo de la moralidad termina donde empieza el extracto bancario. Lo más surrealista es su plan de escape. Yaroch delegó su estrategia de vida a ChatGPT, preguntándole dónde esconderse en la Unión Europea con un 'cubo de dinero' de un millón de dólares. La IA, con la eficiencia de un agente de viajes, le recomendó Portugal. El agente ya había hecho turismo secreto en mayo y ya tenía abogados portugueses gestionando su número de identificación fiscal. Pero el sueño luso se evaporó el 31 de julio, día de su despido, y terminó en un arresto tras una confesión motivada por la culpa (o el pánico). Ahora, el hombre que quería vivir en el Algarve espera sentencia en marzo, enfrentando hasta 20 años de prisión por haber confundido la seguridad nacional con una cuenta de ahorros personal.
Trenes: cambian seguridad por billetes baratos
Hay una forma muy elegante de decir que has vaciado la hucha de los frenos para pagar las cañas del verano: se llama 'transferencia de crédito'. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para llegar al día 30, el Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, aplicó una ingeniería financiera creativa. El Gobierno decidió que era más prioritario que los menores de 30 años viajaran casi gratis con el Verano Joven que mantener el software que evita que los trenes se conviertan en proyectiles. El balance es un ejercicio de cinismo contable: 857.488,26 euros fueron succionados de la partida de 'reposición operativa' entre 2024 y 2025. Concretamente, se llevaron 110.998,31 euros y 522.526,30 euros en 2024, y otros 223.963,65 euros en 2025. Dinero destinado a monitores, CPUs y software que, según Ineco, estaban ya en la UCI por obsolescencia. El resultado de este ahorro 'estratégico' no fue un balance positivo, sino el horror en Urda (Toledo), donde un fallo de sincronización del sistema LZB dejó un saldo de 69 muertos. Sumando la tragedia de Adamuz (Córdoba), la factura asciende a 115 fallecidos. Es fascinante observar la coreografía política. Puente dimitió apelando a la 'dignidad política' y la 'empatía', justo después de admitir en el Congreso que había llevado el presupuesto 'al límite'. Claro que estaba al límite; resulta que para financiar un programa de 130 millones de euros sin tener Presupuestos Generales desde 2023, alguien tenía que pagar el pato. Y el pato, en este caso, fueron los sistemas de seguridad ferroviaria que ya no encontraban ni repuestos en el mercado. Priorizar el marketing electoral sobre la vida de los pasajeros no es gestión, es una ruleta rusa presupuestaria.
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