Crítica:
La noticia describe el hecho pero omite analizar la incongruencia de usar el himno del régimen para homenajear a sus víctimas. Es una crónica de sucesos disfrazada de acto institucional.
Diputados del PSOE cantan en el Congreso "Cara al Sol con el melón pelado" en un acto esperpéntico sobre el franquismo
Karaoke falangista: el surrealismo del Congreso
Otros artículos
Intxaurrondo: lavandería pública para Óscar Puente
Hay quien confunde el periodismo con el servicio de lavandería industrial, y Silvia Intxaurrondo parece haber encontrado el detergente perfecto. En 'La Hora de La 1', la presentadora ha decidido que la dimisión de Óscar Puente —el hombre que capitaneó un Ministerio de Transportes con el saldo trágico de 116 muertos— no es un acto de responsabilidad, sino una 'injusticia'. Lo dice con una solemnidad que ya quisiera cualquier mártir, repitiendo la palabra 'asimetría' cinco veces, como si fuera el mantra mágico para borrar el rastro de los raíles de Urda. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el portero que deja que se inunde el garaje del edificio y luego renuncia, resultara que es la víctima de la historia porque 'está muy triste'. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, en la televisión pública se gasta el tiempo en dibujar a un exministro como un sacrificado del 'bien común'. La estrategia es tan vieja como el hilo negro: lanzar humo con la dana de Valencia de 2024 para que nadie mire el agujero contable de la gestión ferroviaria. Intxaurrondo, que ya tuvo sus roces con Miguel Tellado intentando torear la gestión de Carlos Mazón, ahora juega a ser la abogada de Puente. El contraste es obsceno. Pasamos de la era de José Luis Ábalos, que gestionaba las empresas del Estado como si fueran el libro de contactos de un club nocturno, a un Puente que parecía más preocupado por el engagement de sus redes sociales que por la seguridad de los trenes. Al final, lo que vemos en RTVE no es una entrevista, es un ejercicio de gimnasia mental donde rendir cuentas es un lujo y dimitir es un drama personal. Una humillación financiada con los impuestos de quien sí tiene que rendir cuentas cada fin de mes.
Pasaportes caducados: el truco electoral del PSOE
En la política, como en el mercadillo, hay quien intenta colar el producto vencido y convencerte de que es una ganga. Lorena Suárez, quien timoneó el PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, decidió que las reglas del juego electoral eran más bien sugerencias. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un papel mal sellado, Suárez lanzó un vídeo invitando a los votantes de las generales del 23 de julio de 2023 a presentarse con el pasaporte caducado. Sí, así de sencillo: que el documento esté vencido no era un problema, sino un detalle irrelevante para inflar la hucha de votos del PSOE. La ingeniería financiera electoral no se quedó ahí. La estrategia consistía en usar el DNI argentino para retocar el censo, una maniobra de 'maquillaje' administrativo para asegurar que el voto llegara a donde interesaba. Y no estaba sola en este baile; el ministro José Manuel Albares también dio el visto bueno a votar en Buenos Aires con documentos sin foto o caducados. Es la magia de la Ley de Nietos: una fábrica de pasaportes que en Argentina alcanzó cifras delirantes. A finales de julio de 2025, el país sumaba 366.579 solicitudes (el 40% mundial), con 174.277 expedientes ya aprobados. Para rematar la jugada, el Gobierno ha enviado a sus mejores 'comerciales' a Buenos Aires. Desde José Ramón Gómez Besteiro y Adrián Barbón hasta María Chivite y la ministra Milagros Tolón, todos han aterrizado en suelo sudamericano para movilizar a este nuevo electorado. Como bien admitió Violeta Alonso, la arquitecta de este despliegue, el objetivo es lograr un 'impacto significativo' en las próximas citas. Básicamente, han convertido la nacionalidad en una herramienta de marketing electoral donde el pasaporte es el ticket de entrada y la fecha de caducidad es solo un número.
Sánchez recorta carreteras mientras sube impuestos
Hay una magia contable en Moncloa que ya quisiera cualquier ilusionista de Las Vegas. Mientras Pedro Sánchez ha logrado que el bolsillo del ciudadano se vacíe con 141 subidas de impuestos —una recaudación récord de 213.000 millones de euros—, el Gobierno ha decidido que invertir en el país es un lujo prescindible. No es solo que Óscar Puente esté en modo 'avión' en el Ministerio de Transportes; es que el Estado ha aplicado una ingeniería financiera digna de un libro de terror. Traduzcamos los números del IPEF y José Ramón Riera al idioma de la calle: mientras el gasto general del Estado crece un 7,7%, el de Transportes cae un 9,5%. Es como si en tu casa decidieras comprarse un coche nuevo y reformar el salón, pero dejaras que el tejado se caiga a pedazos porque 'no hay presupuesto'. El Ministerio ha recortado sus inversiones reales un 5,5%, mientras el resto del Estado se daba un festín con un aumento del 17,7%. Lo más cínico es el truco de las partidas. No es que el presupuesto fuera corto, es que Puente ha movido el dinero de sitio. Ha detraído 1.331,6 millones en 2024 y 2.349,8 millones en 2025 de las inversiones para pasarlos al gasto ordinario. En cristiano: han quitado dinero para hacer carreteras y trenes para gastarlo en el día a día del despacho. El resultado es un desastre: la infraestructura de carreteras ha perdido el 35,2% de su volumen, pasando de 2.119,9 a 1.373,9 millones de euros. Y el tren, ese gran emblema, es la cenicienta del presupuesto: con 1.801,6 millones disponibles a agosto de 2026, solo han reconocido 130,6 millones. Un 7,2% de ejecución. Básicamente, han dejado 2.917,4 millones en inversiones en el cajón, cogiendo polvo mientras el país sigue circulando por carreteras que piden clemencia.
Jueces en pausa: el sablazo sanchista al Supremo
En el tablero del poder, hay jugadas que no son estrategia, sino puro sabotaje con sello institucional. Mientras el ciudadano medio espera meses para que le den una cita en el médico o ve cómo la factura de la luz hace malabares con su presupuesto, en el CGPJ han decidido que el Tribunal Supremo puede funcionar con 'huecos' hasta que pasen las elecciones del 29 de noviembre. Así de sencillo: los nueve vocales sanchistas, siguiendo la partitura de Félix Bolaños, han puesto el freno de mano a los nombramientos. No es un descuido administrativo, es una gestión de inventario político. Tenemos un agujero contable de justicia: cuatro plazas en la Sala Penal (tras las jubilaciones de Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo, más un jurista) y dos en la Sala Tercera, incluida la presidencia que dejó Pablo Lucas. Pero esperen, que la lista de la compra sigue: otras nueve plazas convocadas en septiembre repartidas entre las salas Civil, Penal, Contencioso y Social, además de la presidencia del TSJM. Para llenar estos asientos hace falta el voto de 13 de los 21 miembros. Como los sanchistas no ceden, el sistema se queda en pausa. En medio de este tiroteo, Carlos Hugo Preciado, el vocal de Sumar que se atrevió a no leer el guion y apoyó el reparto paritario, ha pasado de ser un colega a ser el 'traidor' oficial del bloque izquierdista. Todo esto mientras Isabel Perelló preside un Consejo donde la independencia de criterio parece ser un concepto exótico, casi mitológico. Al final, la justicia espera, pero el calendario electoral manda. El mensaje es claro: el derecho a un juez es secundario frente a la conveniencia de un voto.
Placas solares: el Gobierno promete y luego recorta
Hacer negocios con la Administración es como jugar al póker con alguien que puede cambiar las reglas cuando ya has puesto todas tus fichas sobre la mesa. En Noáin-Esquíroz, una comunidad de propietarios decidió jugar al juego de la sostenibilidad. Instalaron placas solares para sus zonas comunes confiando en una promesa escrita: la Resolución 273E/2024, que les adjudicaba una ayuda de 4.034,80 euros. Para el ciudadano de a pie, que cuenta los céntimos en la compra del súper, cuatro mil euros son la diferencia entre un proyecto viable y un agujero en la cuenta corriente. Pero el Gobierno de María Chivite tiene un sentido del humor muy particular. Después de que los propietarios hicieran la inversión basándose en ese 'sí' oficial del 23 de agosto de 2024, el Servicio de Transición Energética decidió que, en realidad, no tenían derecho a un duro. El 30 de marzo de 2026, con los paneles ya brillando bajo el sol, llegó el sablazo administrativo: el expediente se archivaba porque la parcela no era residencial. Lo cómico es que los afectados avisaron desde el 9 de marzo de 2022 que estaban en un polígono industrial, pero la propia Administración les dijo que lo hicieran por la vía residencial. La hipocresía alcanza su cenit cuando el Departamento de Industria, el 23 de junio de 2026, se lavó las manos diciendo que todo estaba perfecto. Tuvieron que intervenir el Defensor del Pueblo con la resolución Q26/467 el 3 de agosto de 2026 para recordarles que existen cosas llamadas 'garantías jurídicas' y 'procedimientos legales'. Básicamente, le han dicho al Ejecutivo que no pueden borrar una concesión con un borrador mágico sin dejar que el afectado abra la boca. Una gestión brillante: primero te invitan a la fiesta, te hacen pagar la entrada y, cuando llegas, te cierran la puerta en la cara.
Camisetas de fútbol o invasión: el delirio
Hay que tener una elasticity mental asombrosa para mirar un tsunami humano y convencerse de que es una excursión escolar. Pere Joan Pons, el delegado del Gobierno en Baleares, ha decidido que el Derecho Internacional es como el menú del día: se elige lo que conviene. Para Pons, la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio no fue una invasión, sino un desfile de 'adolescentes con camisetas de la Selección Española'. Una lectura tan optimista que roza el surrealismo, mientras el resto del mundo llamaba a aquello asedio. El contraste es, sencillamente, un sablazo a la lógica. Mientras Pons le sugiere a Manuel Pavón, director general de Inmigración del Govern balear, que 'se lo haga mirar', los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil describen una escena mucho menos inocente. No eran chavales buscando un autógrafo; eran seis navíos marroquíes —dos interceptoras, dos patrulleras y dos barcos pequeños— haciendo de 'guías turísticos' en el límite del mar territorial. Una coreografía perfecta donde los militares marroquíes se quedaron de brazos caídos, mirando cómo la avalancha superaba la frontera. Es fascinante que quien ahora coordina la seguridad en Baleares, donde las pateras llegan con la puntualidad de un reloj suizo, prefiera el debate semántico sobre la definición de 'operación militar' antes que admitir que la soberanía española fue pisoteada. Para el delegado, si no hay tanques, no hay invasión. Es como decir que no hay incendio porque no han usado gasolina, aunque la casa esté reducida a cenizas. Al final, la realidad es que mientras en los despachos de Palma se juega con el diccionario, en Ceuta se gestionó el caos y en las costas baleares se sigue tirando de una tarjeta de seguridad que parece estar siempre sin fondos.
Sánchez: millones prometidos, céntimos en la cuenta
El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del 'cheque sin fondos' emocional. La mecánica es siempre la misma: estalla una tragedia, el Presidente sale a escena con una cifra astronómica que llena titulares y, acto seguido, espera a que la memoria colectiva —esa que dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio— borre el rastro del dinero. Así llegamos a Urda, donde el 3 de noviembre se han aprobado otros 30 millones de euros (15 para ayudas directas y 15 para anticipos de responsabilidad civil), con la misma receta de 72.121,46 euros por fallecimiento. Suena generoso, pero en la calle sabemos que anunciar el presupuesto no es lo mismo que depositar el dinero en la cuenta. Echemos un vistazo al retrovisor. En enero, tras los dramas de Adamuz y Gelida, se prometieron 20 millones. ¿El resultado? Un agujero contable donde solo aparecen 3,8 millones abonados por la Subdelegación de Huelva. El 81% de ese dinero es, básicamente, humo administrativo. Mientras tanto, en Gelida el olvido es total, y el maquinista en prácticas que perdió la vida sigue siendo una nota al pie de página sobre precariedad laboral. La lista de 'promesas pendientes' es un catálogo de hipocresía. En Ceuta, de los 36,6 millones para autónomos, solo han llegado 9,1 millones; un 24,9% que es poco más que una propina comparado con el despliegue mediático. Y ni hablemos de los incendios forestales y sus 275.000 hectáreas calcinadas. Allí el Gobierno ha aplicado la jugada maestra: pasarle la pelota a Bruselas solicitando 190,68 millones al Fondo de Solidaridad. Es decir, pedir dinero que no tienen para pagar daños que ya ocurrieron. En resumen, la estrategia de 2026 es clara: tapar el agujero de ayer con el anuncio de hoy.
Comentarios