Crítica:
El texto original es una mina de oro de negligencias, pero falla al no profundizar en por qué una baja médica paraliza un ministerio entero. Es el retrato perfecto de una administración que ha sustituido la meritocracia por el amiguismo.
Caos en Transportes: una secretaria general de baja y técnicos sin tomar decisiones
Trenes al caos: el Ministerio sin capitán
Otros artículos
Defensa paga millones por habitaciones vacías
El Ministerio de Defensa ha decidido jugar al Monopoly con el dinero público en el barrio de Fuencarral. Bajo el sofisticado rótulo de 'coliving' —ese término moderno para decir que compartes cocina y no tienes privacidad—, Margarita Robles ha alquilado un antiguo edificio universitario en la calle Manuel Tovar por la módica suma de 10.909.090,83 euros. Para que nos entendamos: el Estado está soltando 330.578,51 euros al mes a la empresa Micampus, un sablazo mensual que haría temblar a cualquier administrador de finca sensato. El resultado del experimento es, cuanto menos, curioso. Mientras que las habitaciones individuales vuelan (229 ocupadas de 283), las dobles son el desierto de Gobi: solo 7 personas han aceptado compartir cuarto, dejando 72 plazas vacías. El 92% de las habitaciones dobles son básicamente aire acondicionado y sábanas limpias pagadas con nuestros impuestos. El Ministerio lo llama 'carácter dinámico', que en lenguaje de calle significa: 'no sabíamos que nadie querría dormir con un compañero de armas'. La paradoja es deliciosa. El Invied nos vende una ubicación 'estratégica' y 'moderna', aunque el edificio esté rodeado de naves industriales y tenga como vecino preferente el Tanatorio Norte. Un entorno ideal para reflexionar sobre la carrera militar. Mientras tanto, la realidad económica es un puñetazo: un soldado que cobra 1.325 euros netos tiene que jugarse casi 500 euros al mes por un hueco, una cifra que convierte la lista de la compra en un ejercicio de supervivencia. Al final, el proyecto piloto parece más un subsidio encubierto para la inmobiliaria que una solución real a la movilidad geográfica, demostrando que en Defensa saben mucho de estrategia militar, pero muy poco de mercado inmobiliario real.
Puente paga privada: sanidad pública colapsada
Hay una regla no escrita en la gestión pública: cuanto más se ensalza la sanidad universal en los mítines, más rápido corre el funcionario hacia la puerta de la privada cuando le toca pasar la revisión. El Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, acaba de dejarlo por escrito. Resulta que para los 150 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ceuta y sus familias, el Sistema Nacional de Salud es un laberinto de listas de espera infinitas y especialistas invisibles. Para ellos, la sanidad pública no es un derecho, es un riesgo laboral. Con una urgencia que ya quisiera cualquier paciente con una hernia, el Ministerio ha lanzado una licitación para un seguro privado. ¿El motivo? Que la póliza actual con Sanitas expira el 31 de diciembre de 2026 y no quieren que sus elegidos se queden 'desprotegidos'. Mientras el ciudadano de a pie en Ceuta sobrevive con una ratio ridícula de 4,26 médicos por cada 1.000 habitantes —compartiendo el sótano de la miseria con Melilla—, la Administración saca la cartera para evitar que sus empleados sufran la realidad que ellos mismos gestionan. El sablazo estimado es de 75.000 euros públicos, aunque si sumamos los aportes de los trabajadores y sus 200 familiares para las coberturas amplias, el pastel sube hasta los 315.000 euros anuales. Es una ingeniería financiera curiosa: el Estado paga la entrada y el empleado pone el resto para saltarse la cola. Mirando el historial, el gasto no ha dejado de subir: de los 280.315 euros de 2023 a los 234.531 euros ya gastados solo hasta octubre de 2026. En Ceuta, la salud pública es para el pueblo; para el Puerto, hay póliza de urgencia.
Senado: un millón en juguetes Apple
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no se le escape de las manos, en el Senado se maneja el dinero público como si fuera un monópolo infinito. La Mesa del Senado acaba de lanzar una licitación que nos deja helados: 1.150.999,44 euros para comprar 325 móviles y 325 tablets. Sí, han leído bien. Un millón cien mil euros para que los nuevos senadores de la XVI legislatura no se sientan desprotegidos tecnológicamente tras las elecciones del 29 de noviembre. La excusa es la de siempre: la 'urgencia'. Dicen que no hay tiempo material para cambiar de sistema operativo antes de la constitución de las Cortes el 23 de diciembre. Así que, para evitar el estrés de aprender a usar un Android, se quedan con iOS y iPadOS. El despliegue es faraónico. Los móviles, de 'última generación' y color oscuro, se llevan 609.021,97 euros. Exigen pantallas de 6,3 pulgadas, 512 GB de memoria y cargadores rápidos que recuperen el 50% de la batería en 15 minutos. Probablemente para que no se queden sin batería mientras ignoran las peticiones ciudadanas. Por si fuera poco, las tablets suman otros 541.977,47 euros. Pantallas de hasta 11 pulgadas y teclado incluido, porque escribir con los dedos en el aire es demasiado esfuerzo para la aristocracia parlamentaria. Y claro, el seguro contra accidentes está incluido, porque romper un juguete de lujo es un riesgo laboral. Si miramos el retrovisor, la XV legislatura costó 863.442,21 euros. La inflación no solo golpea al supermercado, también golpea la generosidad del erario público. Y mientras tanto, el Congreso no se queda atrás, licitando 550 móviles y 425 tablets por casi 1,6 millones. Una fiesta digital pagada con nuestros impuestos.
Senado: iPhones y tablets por un millón
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en el Senado se respira un aire de urgencia... pero de la urgencia tecnológica. La Mesa del Senado ha decidido que para la XVI legislatura no basta con la voluntad política; hace falta hardware de lujo. El plan: soltar 1.150.999,44 euros (IVA incluido) para que 325 senadores estrenen móvil y tablet a juego. Un despliegue de generosidad pública que deja el presupuesto doméstico de cualquiera como un chiste de mal gusto. La excusa es la 'tramitación urgente'. Dicen que no hay tiempo para cambiar de sistema operativo porque el 23 de diciembre se constituyen las Cortes y, claro, adaptar el antivirus a Android sería un drama griego. Así que, blindados por el ecosistema iOS y iPadOS, se han pedido 325 móviles de 'última generación' por 609.021,97 euros. Pantallas de 6,3 pulgadas, 512 GB de memoria (probablemente para guardar los PDFs que nadie lee) y carga rápida para recuperar el 50% de batería en 15 minutos. Porque claro, el ritmo de trabajo en el Senado es tan frenético que no pueden permitirse esperar media hora a que el móvil cargue. Para completar el kit de bienvenida, suman 325 tablets por otros 541.977,47 euros, todas en 'color oscuro', para mantener la sobriedad mientras se gasta el dinero de todos. No olvidemos que el Congreso ya ha hecho su propia fiesta con 1,6 millones para 550 móviles y 425 tablets. Si comparamos con la legislatura anterior, donde el Senado gastó 863.442,21 euros, vemos que la inflación en la Cámara Alta no es un problema, es una política de estado. Todo con garantía de cuatro años y seguro contra accidentes, porque romper un juguete de mil euros es un riesgo profesional que el contribuyente debe cubrir.
Urda: entre chivos expiatorios y conspiranoias
Cuando la realidad es un desastre, la fantasía es el refugio de los cobardes. En Urda, el balance es una cifra que hiela la sangre: 74 muertos. Mientras el Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, intenta reducir la tragedia a la negligencia de 'una persona' —como quien intenta tapar un agujero en el casco de un barco con un chicle—, la narrativa oficial choca contra el muro de ingenieros y sindicatos que hablan de un fallo sistémico. Pero claro, admitir que el sistema es un colador sería demasiado honesto para el estándar actual. Entonces entra en juego el 'kit de supervivencia' del conspiranoico. En lugar de mirar los cables viejos, algunos prefieren mirar a Jerusalén. Ha nacido la teoría del sabotaje geopolítico: Thales, la tecnológica francesa, sería el caballo de Troya de la Unidad 8200 de Israel. Dicen que manipularon el software del sistema ERTMS, ignorando que en la línea del accidente seguían usando el LZB, un sistema alemán que ya huele a naftalina. Es como culpar a un hacker de la NASA de que se te haya quemado una tostadora de 1984. Lo verdaderamente surrealista es que este delirio ha saltado la valla de X para aterrizar en RTVE. En 'Mañaneros 360', José Miguel Villarroya ha soltado que no es conspiranoia, sino 'datos' que le llegan de un 'mundo oscuro'. Un mundo oscuro que, casualmente, se parece mucho a un grupo de WhatsApp de madrugada. Y para rematar el cuadro, el ministro Pablo Bustinduy ya había calentado el terreno sugiriendo que Israel orquestaba las protestas en Barcelona. Al final, entre el Gobierno que busca un chivo expiatorio y los analistas de salón que ven agentes del Mossad en cada avería, los 74 muertos de Urda se convierten en simples notas al pie de una guerra de egos y tuits.
Pasaporte 'exprés' y silencio en el juzgado
Hay una magia muy especial en la burocracia española: para el ciudadano medio, conseguir una cita de extranjería es como intentar ganar la lotería sin comprar el boleto, pero para un exviceministro de Energía venezolano, el camino es una alfombra roja. Nervis Villalobos, un personaje que orbitó en las altas esferas del chavismo, ha descubierto que la 'Ley de Nietos' es el comodín perfecto para aterrizar en suelo europeo. Lo curioso no es el trámite, sino el trueque. Al parecer, Villalobos fue la pieza clave para que Leire Díez localizara a Miriam Serrano, la denunciante del fiscal Grinda. Un intercambio de favores tan clásico que haría palidecer a cualquier experto en diplomacia de pasillo. Ahora, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional le ha pedido que explique cómo es que, de repente, apareció ese abuelo español en el árbol genealógico. La respuesta de Villalobos es un manual de supervivencia jurídica: primero, pidió anular la comparecencia de este viernes alegando que no tiene los papeles a mano (como quien dice que el perro se comió los deberes). Como Pedraz no ha comprado la excusa y ha negado la suspensión, el exdirigente ha activado el plan B: el silencio administrativo. Se acoge al derecho de no declarar, esperando que la niebla borre el rastro de la supuesta falsedad documental. Pero el aroma a hipocresía se intensifica al mirar quiénes movieron los hilos. La UCO ha destapado que Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y entonces directora general de Seguridad Jurídica, se interesó por el expediente en julio de 2020. Un simple 'pregunta la directora' en un correo electrónico basta para entender que, cuando el poder quiere, los expedientes vuelan. Entre Santos Cerdán y Félix Bolaños, la nacionalidad de Villalobos parece haber sido gestionada con la misma agilidad con la que algunos gestionan el presupuesto público: sin hacer demasiadas preguntas.
Trenes que matan, presupuestos para espiar
Hay prioridades en este país que son, sencillamente, poesia surrealista. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, Adif y Renfe han decidido que lo más urgente no es, quizá, que los trenes no se conviertan en ataúdes sobre raíles, sino saber exactamente qué se dice de ellos en la radio. El sablazo es glorioso: más de 360.000 euros destinados a vigilar a la prensa. Para que nos entendamos, es como pagar a un detective privado para que escuche todas las conversaciones del barrio y te diga quién te mira mal. Renfe ya ha soltado 114.708 euros a la empresa Hallon Intelligence el pasado 20 de octubre. ¿El objetivo? Un sistema de alertas en tiempo real vía WhatsApp y Telegram para que no se escape ni un suspiro de esRadio o Libertad Digital. Una joya tecnológica adjudicada, curiosamente, apenas una semana antes del accidente de Urda (Toledo), donde perdieron la vida 69 personas. Pero la ambición no termina ahí. Adif, que ya tenía el hábito de gastar 50.000 euros en 'vigilancia' tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y sus 46 víctimas, ha lanzado una licitación por 246.840 euros. Quieren medir el 'impacto de su actividad', que en lenguaje castizo significa saber cuánto les duele la verdad. Todo esto bajo el paraguas del ministro Óscar Puente. Es fascinante el contraste: presupuestos blindados para monitorizar 'conversaciones' en redes sociales y dosieres cualitativos, mientras la seguridad ferroviaria parece operar con la improvisación de un domingo por la tarde. Al final, parece que para el Estado es más vital controlar el relato que evitar que el tren se salga de la vía.
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