La noticia expone una negligencia administrativa flagrante, aunque el texto original peca de exceso de tecnicismos geográficos que diluyen la gravedad del hecho. El vacío legal sobre las coordenadas de Chafarinas es el verdadero escándalo, no las jaulas.
Hay quienes juegan al Tetris con los muebles del salón y quienes lo hacen con la seguridad de miles de pasajeros. En Renfe, la última partida fue especialmente creativa. El 14 de octubre, mientras el país miraba hacia las elecciones adelantadas del 5 de octubre, la cúpula decidió que la seguridad ferroviaria era un accesorio más que podía colgarse del despacho del presidente. Así nació la Dirección de la Oficina del Presidente, con Elena Aróstegui al mando, convirtiendo la seguridad técnica en un trámite de gabinete. Una maniobra de ingeniería organizativa que, en lenguaje de calle, es como cambiar al electricista certificado por el primo del dueño justo antes de que estalle el cuadro eléctrico. El resultado llegó rápido y con un coste humano devastador: el choque en Urda, Toledo, donde un tren de Renfe embistió por detrás a uno de Iryo, dejando un saldo de 68 muertos. Un desastre que ocurre días después de que Álvaro Fernández Heredia —el hombre de confianza de Óscar Puente desde sus tiempos en Auvasa, Valladolid— decidiera que los 'martes del susto' eran el momento ideal para mover piezas en el organigrama. Heredia, que aterrizó en la presidencia el 14 de enero de 2025 tras pasar por el Ministerio de Transportes, ya arrastra el fantasma de Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero murieron 46 personas por una soldadura que se rompió un día antes. Entre nombramientos como los de Francisco Javier Rubio, Antonio Moraga y Mónica Fernández, la seguridad pasó a ser una cuestión de sintonía política y personal. Mientras el ciudadano medio reza para que el cajero no le cobre comisión, en Renfe se gestionaba la prevención ferroviaria como si fuera una agenda de contactos. Una reestructuración que priorizó la lealtad del círculo de Puente sobre la robustez de las vías.
Hay quien piensa que la Policía Nacional es una extensión del departamento de marketing del Gobierno, pero los mandos han decidido que ya basta de hacer el paripé. El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), con Daniel López Gutiérrez al mando, ha soltado la bomba en Ceuta: el Ministerio del Interior está aplicando un 'hostigamiento sistemático' a quienes se atreven a escribir la verdad en los informes, especialmente en los casos Plus Ultra y Ceuta. Porque claro, en los despachos de Madrid el café sabe mejor cuando la realidad no molesta, pero en la calle la cosa es distinta. El quid de la cuestión es la hipocresía. Mientras el ministro Grande-Marlaska jugaba al gato y al ratón con una carta preguntando si existía o no un informe que señalaba a Marruecos en la avalancha de El Tarajal, la UDEF y el CNIF estaban intentando desentrañar el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las sombras que rodean a José Luis Zapatero. Es como si el jefe te pidiera que ignores que la cocina se está quemando mientras él firma un comunicado diciendo que el edificio es ignífugo. La paradoja es sangrante. En Bruselas venden un discurso de control y normalidad, pero en la frontera de Ceuta los agentes gestionan el caos con los bolsillos vacíos y el respaldo jurídico en números rojos. El pasado lunes, en la Audiencia Nacional, dos mandos policiales tuvieron que explicar durante dos horas y media cómo sobrevivieron a la improvisación de Interior mientras los gendarmes marroquíes miraban la escena como quien ve una serie de Netflix, sin mover un dedo. El CNIF ha sido tajante: hubo hasta 30 agentes marroquíes infiltrados coordinando la entrada de 100.000 inmigrantes. Pero gestionar una frontera estratégica con 'parches' y declaraciones amables es como intentar tapar el sol con un colador. La policía no quiere más cuentos; quiere medios, ley y que el Gobierno deje de tratar la seguridad nacional como un problema de relaciones públicas.
Elon Musk ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: jugar al tenis con la responsabilidad pública mientras el mundo arde. Resulta que el servicio Starshield —la versión 'premium' y militar de su red, diseñada específicamente para el Pentágono— decidió tomarse unas vacaciones justo cuando Ucrania más lo necesitaba. El presidente Volodymyr Zelensky no tardó en soltar el primer dardo, acusando a SpaceX de restringir el acceso. Pero Musk, con la agilidad de quien esquiva una multa de tráfico, ha lanzado un tuit el miércoles donde básicamente dice que él solo pone los cables y que el mando a distancia lo tiene el Gobierno de EE. UU. y el POTUS. Según el magnate, Starlink es para civiles y defensa, mientras que Starshield es propiedad del Gobierno. Una distinción tan sutil como un golpe de martillo. Mientras tanto, la realidad es que el senador Richard Blumenthal ya ha empezado a pedir cuentas, advirtiendo que dejar a Ucrania a ciegas frente a misiles y drones es, cuanto menos, alarmante. Lo más surrealista es el calendario: Zelensky se queja días después de que Donald Trump pactara la compra de millones de toneladas de diésel ruso para bajar los precios en EE. UU. antes de las elecciones. Es como si el soporte técnico te cortara el internet justo cuando el dueño de la compañía está cenando con tu enemigo. Al final, el jueves el servicio volvió a funcionar y los ataques ucranianos a refinerías rusas se reanudaron, según Axios. Todo vuelve a la normalidad en este tablero de ajedrez donde los soldados son peones y los satélites son el capricho de un billonario que decide quién tiene conexión y quién se queda en la oscuridad según sople el viento en Washington.
Hay que tener una imaginación desbordante para mirar el espejo y convencerse de que el reflejo es un desconocido al que conviene comprarle el piso. Eso es, básicamente, lo que hicieron en la Junta de Andalucía entre 2008 y 2010. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que era la dueña absoluta de Santana Motor, decidió que era una idea brillante pagarle a Santana Motor la cantidad astronómica de 84.998.874 euros por unas parcelas que ya eran suyas. Un trasvase de fondos que, en el lenguaje de la calle, es como sacarse un billete de cien euros del bolsillo izquierdo para metérselo en el derecho y cobrar una comisión por el traslado. El juez José Ignacio Vilaplana no ha comprado el cuento. En su auto del 16 de octubre, deja claro que estas 'compras' eran pura cosmética financiera para inyectar oxígeno a una planta de Linares que ya estaba en la UCI desde los noventa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, aquí se movían millones sin despeinarse, solo para alargar la agonía de una factoría que cerró en febrero de 2011. El resultado fue un desastre redondo: los terrenos se depreciaron 11,49 millones de euros poco después. Un negocio tan brillante que solo podía ser gestionado por expertos. La lista de invitados a la fiesta judicial es larga: 18 ex altos cargos del PSOE, incluyendo a Antonio Ávila Cano. Y no olvidemos el 'préstamo ficticio' de 36.105.544 euros para un todoterreno militar llamado Massif que acabó siendo una ayuda a fondo perdido. En total, el agujero contable entre 2008 y 2011 alcanzó los 121.104.418 euros. Una ingeniería financiera tan sofisticada que incluso siguieron soltando dinero en 2012, cuando la empresa ya estaba sentenciada a muerte desde abril de 2011. Hipocresía en estado puro.
Hacer un censo electoral es, normalmente, una tarea de oficina aburrida. Pero el Gobierno ha intentado convertirlo en un acto de magia. La 'Ley de Memoria Democrática' de 2022 nació con la nobleza de devolver la patria a los nietos del exilio, pero terminó pareciendo una oferta de 'todo incluido' donde el requisito era, básicamente, haber salido de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Sin papeles, sin pruebas, solo con la palabra del Ejecutivo. Un 'pase VIP' administrativo que el Tribunal Supremo ha decidido cerrar de un portazo. Los números son el verdadero chiste de la función. De los 163.355 nacionalizados que el Gobierno quería meter en el saco electoral para el 29 de noviembre, solo 901 han sido capaces de demostrar que sus abuelos huyeron por persecución política. Sí, han leído bien: 901 frente a más de 163.000. Es como si en una discoteca dejaran entrar a miles diciendo que son invitados VIP, pero al pedirles la invitación, solo 900 tienen el ticket. El resto eran simplemente 'optimistas' del sistema. Félix Bolaños y José Manuel Albares han tenido que jugar al escondite con los datos hasta que el Supremo les puso la pistola del plazo legal en la sien. Tras entregar una lista parcial de 76.600 personas, finalmente soltaron la relación nominal completa ayer antes de las tres de la tarde para evitar sanciones penales. El Ejecutivo ahora intenta minimizar el ruido diciendo que esto solo supondría unos 14.000 votos, un ridículo 0,06% del total de 2023. Pero en la política española, donde un escaño se decide por el susurro de un vecino en una provincia pequeña, intentar inflar el censo con 162.454 personas sin acreditar el exilio no es un error de cálculo; es ingeniería electoral con aroma a desesperación.
Hay que reconocerle al PSOE un talento envidiable para el marketing financiero. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con el pánico de quien ve un coche accidentado, el partido ha lanzado una campaña de microcréditos para el 29-N que haría palidecer a cualquier gestor de fondos buitre. La oferta es tentadora: un interés del 3,75 % anual. Sí, han leído bien. En un mundo donde dejar los ahorros en el banco es básicamente hacer una donación involuntaria, los socialistas te proponen convertirte en su banquero personal. La jugada es maestra. Te piden el DNI, el número de cuenta y que jures por lo más sagrado que el dinero no viene de ninguna empresa que tenga contratos con el Estado. Una formalidad necesaria para evitar que el asunto huela demasiado a 'favor por favor'. Pero lo verdaderamente brillante es la ingeniería financiera detrás del tinglado. ¿De dónde sale el dinero para pagar ese 3,75 %, que ya supera a la mayoría de las cuentas remuneradas del mercado? Aquí entra en juego la 'economía circular' versión zapatero. En noviembre de 2019, cuando José Luis Ábalos y Santos Cerdán ponían cara a la campaña, el partido ya dejó claro que los intereses se pagarían cuando el Estado ingresara la subvención electoral. Traducido al lenguaje de la calle: el PSOE pide dinero prestado a sus simpatizantes, promete un interés generoso y luego usa el dinero de todos los contribuyentes para pagar los intereses de sus propios prestamistas. En 2019, la maquinaria funcionó a pleno rendimiento. Para las generales del 28 de abril, con un interés del 2 % frente a un IPC del 1,5 %, recaudaron 2.454.420 euros. Fue un éxito rotundo que superó cualquier crédito bancario. Siete meses después, subieron la apuesta al 2,5 % mientras el IPC se hundía al 0,4 %. Ahora, para el 29-N, vuelven a la carga. Es el ciclo perfecto: el Estado financia el partido, y el partido usa ese dinero para pagarle intereses a quien le prestó para hacer campaña contra el Estado.
Hay quien dice que las reglas del juego son para todos, pero en los despachos del Ministerio de Justicia parece que el reglamento es más bien una sugerencia editable. Sofía Puente, que en aquel entonces movía los hilos como alto cargo, se ha visto envuelta en un jardín jurídico considerable. La historia es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 decía que, para recuperar la nacionalidad, había que demostrar que el abuelo o el padre huyó de España entre 1936 y 1955. Un requisito básico, como presentar el DNI para sacar el pasaporte. Pero entonces llega el 13 de junio de 2023 y Puente, en un oficio dirigido al Consulado General de España en Montreal, decide que acreditar la fecha de salida es un trámite prescindible. Básicamente, convirtió un muro de hormigón en una puerta giratoria. La Asociación Hazte Oír no ha pasado por alto este 'olvido' administrativo y ha ampliado por quinta vez la querella por prevaricación administrativa. La jueza María Inmaculada Lova, del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, ya ha admitido el trámite. Lo irónico es que Puente se contradijo en apenas siete meses y medio, firmando una instrucción y luego dinamitándola con un oficio. Este 'estilo libre' administrativo ha creado un precedente que otros consulados copiaron como quien copia un truco de cocina, facilitando la nacionalidad sin los papeles exigidos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo mantiene en el congelador la contabilidad de más de 160.000 posibles votos para el 29 de noviembre, porque la propia Administración ha confesado que no tiene ni idea de quién entró por la puerta grande y quién por la ventana que dejó abierta Sofía Puente.
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