Crítica:
El texto original es un catálogo de cifras que marea, pero oculta la verdadera pregunta: ¿quién firmó exactamente cada cheque? Demasiado respeto institucional para una operación que huele a chamusquina desde el primer euro.
El juez Vilaplana investiga los 85 millones que el Gobierno andaluz del PSOE pagó por comprar inmuebles que ya eran suyos
El PSOE se compra sus propios solares
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El PSOE se compra sus propios solares
Hay que tener una imaginación desbordante para mirar el espejo y convencerse de que el reflejo es un desconocido al que conviene comprarle el piso. Eso es, básicamente, lo que hicieron en la Junta de Andalucía entre 2008 y 2010. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que era la dueña absoluta de Santana Motor, decidió que era una idea brillante pagarle a Santana Motor la cantidad astronómica de 84.998.874 euros por unas parcelas que ya eran suyas. Un trasvase de fondos que, en el lenguaje de la calle, es como sacarse un billete de cien euros del bolsillo izquierdo para metérselo en el derecho y cobrar una comisión por el traslado. El juez José Ignacio Vilaplana no ha comprado el cuento. En su auto del 16 de octubre, deja claro que estas 'compras' eran pura cosmética financiera para inyectar oxígeno a una planta de Linares que ya estaba en la UCI desde los noventa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, aquí se movían millones sin despeinarse, solo para alargar la agonía de una factoría que cerró en febrero de 2011. El resultado fue un desastre redondo: los terrenos se depreciaron 11,49 millones de euros poco después. Un negocio tan brillante que solo podía ser gestionado por expertos. La lista de invitados a la fiesta judicial es larga: 18 ex altos cargos del PSOE, incluyendo a Antonio Ávila Cano. Y no olvidemos el 'préstamo ficticio' de 36.105.544 euros para un todoterreno militar llamado Massif que acabó siendo una ayuda a fondo perdido. En total, el agujero contable entre 2008 y 2011 alcanzó los 121.104.418 euros. Una ingeniería financiera tan sofisticada que incluso siguieron soltando dinero en 2012, cuando la empresa ya estaba sentenciada a muerte desde abril de 2011. Hipocresía en estado puro.
Ley de nietos: un censo fantasma
Hacer un censo electoral es, normalmente, una tarea de oficina aburrida. Pero el Gobierno ha intentado convertirlo en un acto de magia. La 'Ley de Memoria Democrática' de 2022 nació con la nobleza de devolver la patria a los nietos del exilio, pero terminó pareciendo una oferta de 'todo incluido' donde el requisito era, básicamente, haber salido de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Sin papeles, sin pruebas, solo con la palabra del Ejecutivo. Un 'pase VIP' administrativo que el Tribunal Supremo ha decidido cerrar de un portazo. Los números son el verdadero chiste de la función. De los 163.355 nacionalizados que el Gobierno quería meter en el saco electoral para el 29 de noviembre, solo 901 han sido capaces de demostrar que sus abuelos huyeron por persecución política. Sí, han leído bien: 901 frente a más de 163.000. Es como si en una discoteca dejaran entrar a miles diciendo que son invitados VIP, pero al pedirles la invitación, solo 900 tienen el ticket. El resto eran simplemente 'optimistas' del sistema. Félix Bolaños y José Manuel Albares han tenido que jugar al escondite con los datos hasta que el Supremo les puso la pistola del plazo legal en la sien. Tras entregar una lista parcial de 76.600 personas, finalmente soltaron la relación nominal completa ayer antes de las tres de la tarde para evitar sanciones penales. El Ejecutivo ahora intenta minimizar el ruido diciendo que esto solo supondría unos 14.000 votos, un ridículo 0,06% del total de 2023. Pero en la política española, donde un escaño se decide por el susurro de un vecino en una provincia pequeña, intentar inflar el censo con 162.454 personas sin acreditar el exilio no es un error de cálculo; es ingeniería electoral con aroma a desesperación.
PSOE: el banco que paga con tus impuestos
Hay que reconocerle al PSOE un talento envidiable para el marketing financiero. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con el pánico de quien ve un coche accidentado, el partido ha lanzado una campaña de microcréditos para el 29-N que haría palidecer a cualquier gestor de fondos buitre. La oferta es tentadora: un interés del 3,75 % anual. Sí, han leído bien. En un mundo donde dejar los ahorros en el banco es básicamente hacer una donación involuntaria, los socialistas te proponen convertirte en su banquero personal. La jugada es maestra. Te piden el DNI, el número de cuenta y que jures por lo más sagrado que el dinero no viene de ninguna empresa que tenga contratos con el Estado. Una formalidad necesaria para evitar que el asunto huela demasiado a 'favor por favor'. Pero lo verdaderamente brillante es la ingeniería financiera detrás del tinglado. ¿De dónde sale el dinero para pagar ese 3,75 %, que ya supera a la mayoría de las cuentas remuneradas del mercado? Aquí entra en juego la 'economía circular' versión zapatero. En noviembre de 2019, cuando José Luis Ábalos y Santos Cerdán ponían cara a la campaña, el partido ya dejó claro que los intereses se pagarían cuando el Estado ingresara la subvención electoral. Traducido al lenguaje de la calle: el PSOE pide dinero prestado a sus simpatizantes, promete un interés generoso y luego usa el dinero de todos los contribuyentes para pagar los intereses de sus propios prestamistas. En 2019, la maquinaria funcionó a pleno rendimiento. Para las generales del 28 de abril, con un interés del 2 % frente a un IPC del 1,5 %, recaudaron 2.454.420 euros. Fue un éxito rotundo que superó cualquier crédito bancario. Siete meses después, subieron la apuesta al 2,5 % mientras el IPC se hundía al 0,4 %. Ahora, para el 29-N, vuelven a la carga. Es el ciclo perfecto: el Estado financia el partido, y el partido usa ese dinero para pagarle intereses a quien le prestó para hacer campaña contra el Estado.
Ley de Nietos: nacionalidad sin papeles
Hay quien dice que las reglas del juego son para todos, pero en los despachos del Ministerio de Justicia parece que el reglamento es más bien una sugerencia editable. Sofía Puente, que en aquel entonces movía los hilos como alto cargo, se ha visto envuelta en un jardín jurídico considerable. La historia es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 decía que, para recuperar la nacionalidad, había que demostrar que el abuelo o el padre huyó de España entre 1936 y 1955. Un requisito básico, como presentar el DNI para sacar el pasaporte. Pero entonces llega el 13 de junio de 2023 y Puente, en un oficio dirigido al Consulado General de España en Montreal, decide que acreditar la fecha de salida es un trámite prescindible. Básicamente, convirtió un muro de hormigón en una puerta giratoria. La Asociación Hazte Oír no ha pasado por alto este 'olvido' administrativo y ha ampliado por quinta vez la querella por prevaricación administrativa. La jueza María Inmaculada Lova, del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, ya ha admitido el trámite. Lo irónico es que Puente se contradijo en apenas siete meses y medio, firmando una instrucción y luego dinamitándola con un oficio. Este 'estilo libre' administrativo ha creado un precedente que otros consulados copiaron como quien copia un truco de cocina, facilitando la nacionalidad sin los papeles exigidos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo mantiene en el congelador la contabilidad de más de 160.000 posibles votos para el 29 de noviembre, porque la propia Administración ha confesado que no tiene ni idea de quién entró por la puerta grande y quién por la ventana que dejó abierta Sofía Puente.
Zapatero y las joyas: ¡Vete a Arabia!
Hay regalos que pesan más que el oro, y el 'detalle' que José Luis Rodríguez Zapatero guarda en su despacho es, ahora mismo, un lastre judicial de los gordos. El exmandatario ha intentado venderle al Juzgado Central de Instrucción número 4 una historia digna de una novela de espías: dice que las joyas son un obsequio personal de la monarquía saudí, aceptado por pura 'deferencia'. El problema es que, cuando el juez José Luis Calama le pide el ticket de compra o una certificación, la respuesta es el silencio absoluto desde Riad. Zapatero, en un giro de guion sorprendente, pidió al juez que abriera una comisión rogatoria. Básicamente, quería que el Estado español hiciera el papeleo diplomático para preguntar en Arabia si es verdad que le regalaron las piedras. El juez Calama, que no nació ayer y tiene el olfato afrutado para detectar hipocresías, le ha cerrado el grifo. ¿Su argumento? Es una genialidad de la ironía judicial: si Zapatero tiene una relación tan estrecha y 'especial' con los jeques que estos le regalan joyas sin estuche ni factura, ¿por qué no coge un avión y va él mismo a recoger los papeles? El auto es lapidario. Calama le recuerda que no tiene la libertad de movimientos restringida; no hay brazalete ni prohibición de salida. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces para pagar el IVA de una cafetera, el expresidente pretende que la justicia construya 'ex novo' el soporte probatorio de una historia que no tiene ni una sola prueba objetiva. Es el clásico caso de querer que el juzgado haga el trabajo sucio de una coartada que, a día de hoy, tiene la solidez de un castillo de naipes en medio de un vendaval.
Vivienda: el Gobierno juega al marketing electoral
Hay una coreografía en Moncloa que ya quisiera cualquier director de escena de Broadway. El Gobierno ha decidido jugar al escondite con dos reales decretos-ley de vivienda que, tras ser tumbados en el Congreso, volvieron al Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Pero no se equivoquen: aquí no hay olvidos, hay calendario. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su nómina, el Ejecutivo prefiere guardar los papeles en el cajón para soltarlos el 12 de noviembre. La jugada es tan transparente que asusta. El plan es esperar a que pase la huelga general del 11 de noviembre para, justo al día siguiente, lanzar el anuncio como quien suelta un confeti en el clímax de una fiesta. Es una estrategia de escaparate puro y duro. El 13 de noviembre arranca la campaña electoral y Pedro Sánchez quiere entrar en ella con la bandera de la vivienda bien desplegada, evitando que el ruido de los sindicatos le robe el protagonismo. Lo más curioso es el cuento chino de los plazos legales. Moncloa dice que quiere prolongar la vigencia de las medidas, pero esa excusa tiene menos sentido que comprar un paraguas cuando ya estás empapado. El PNV ya había dado el visto bueno al decreto vigente a principios de octubre, así que el camino estaba despejado. No es una cuestión de leyes, es una cuestión de marketing. Han convertido el BOE en un folleto publicitario y el Consejo de Ministros en un estudio de grabación para spots electorales. Al final, la vivienda no es una urgencia social, sino un activo financiero para comprar votos en la recta final.
Puertas abiertas y brazos caídos en Ceuta
Hay un arte casi místico en el silencio administrativo, esa capacidad de mirar un incendio y decidir que no es el momento de usar el extintor. En la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón ha tenido que escuchar el relato de un teniente coronel de la Guardia Civil que, básicamente, describe una escena de surrealismo puro. El oficial advirtió sobre seis barcos marroquíes —dos interceptoras, dos patrulleras y dos lanchitas— merodeando la costa la noche antes del asalto del 30 y 31 de julio. Fue el aviso perfecto, el tipo de alerta que en cualquier casa normal te haría cerrar la puerta con doble cerrojo, pero el delegado del Gobierno en Ceuta decidió que las instrucciones eran un lujo innecesario. Cero órdenes. Vacío absoluto. Mientras tanto, en la frontera, la escena parecía coreografiada. Un jefe policial describió a agentes marroquíes, algunos uniformados y otros de paisano, haciendo de 'guías turísticos' para la avalancha humana, señalando el camino con la amabilidad de quien indica la salida de un cine. Al otro lado, los militares marroquíes practicaban el zen absoluto: brazos caídos. La joya de la corona es la puerta del vallado. Un inspector jefe de la Policía confirmó que había una entrada que «siempre está abierta», la cual fue utilizada como alfombra roja para los invasores. La respuesta oficial es digna de un manual de autoayuda: no la cerraron para evitar 'aplastamientos'. Es decir, prefirieron dejar la puerta abierta al caos antes que arriesgarse a un tapón. Mientras el responsable de Seguridad Ciudadana de Ceuta gritaba que no tenía medios y que el protocolo de la Policía Nacional era un fantasma, el Gobierno de Juan Jesús Vivas veía cómo la frontera se convertía en un colador por pura inacción coordinada.
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