Crítica:
El texto original es preciso, pero la noticia deja un vacío indignante: no explica quién dio la orden final de saltarse la ley. Es un despliegue de nepotismo institucional disfrazado de trámite administrativo.
El Gobierno ha nacionalizado a una senadora del PRI con padres y abuelos nacidos en México
Pasaporte VIP: Senadora PRI 'estafa' Ley Nietos
Otros artículos
Igualdad dice que Juanjo no es mujer
La burocracia tiene un don especial para el surrealismo, pero lo del Ministerio de Igualdad es arte abstracto. Resulta que la asociación Trans No Normativos (TNN), un grupo donde abundan militares y policías que juegan al ajedrez con la identidad y la estética, ha pedido una subvención. El Instituto de las Mujeres les ha cerrado el grifo con una frialdad quirúrgica: dicen que no cumplen el requisito del 65% de mujeres en su Junta Directiva. El problema es que, en el papel, el 75% son mujeres. Tres de cuatro integrantes tienen el sexo registral femenino, pero el Ministerio parece haber hecho la lectura del DNI como quien lee un menú de restaurante: si el nombre suena a 'Juanjo' o 'Roberto', pues hombre será. Es la paradoja del siglo. Estamos ante una administración que, mientras presume de vanguardia, se ha quedado colgada en el siglo XIX al juzgar el género por el nombre. Juanjo Sanz, Daniel Gutiérrez, Javier Sanz y Roberto Coronel son los nombres que han detonado el conflicto. Para el Ministerio, estos nombres son un muro infranqueable que anula la ley trans de Irene Montero. Es como si te denegaran la entrada a un club de lectura porque tu nombre no suena a 'intelectual', ignorando que llevas la biblioteca entera bajo el brazo. La asociación, indignada, recuerda el caso de Emma Colao en abril de 2024 para subrayar que la apariencia sigue siendo la ley no escrita en los pasillos del poder. TNN no pide un cheque regalo ni un trato VIP; pide que alguien en el Ministerio deje de mirar la superficie y empiece a mirar los documentos. Al final, la igualdad parece funcionar como una aplicación de citas: si la foto (o el nombre) no encaja con el algoritmo del funcionario de turno, no hay 'match' ni hay subvención.
Embajadores del pufo: el 'favor' de Ros
En el manual de supervivencia política, hay una regla de oro: si tienes un amigo en el despacho de al lado, las facturas se vuelven sugerencias. El caso de Ángel Ros es una clase magistral de ingeniería de favores. Mientras el ciudadano medio suda tinta para pagar el IBI, Ros firmó en junio de 2014 un 'borrón y cuenta nueva' de 281.783 euros para Adaix de Negocios, la empresa del novio de Montse Mínguez. Básicamente, le quitó de encima un pufo que para cualquier mortal sería una condena a vivir bajo un puente, permitiendo que Sergi Vélez esquivara el pago del canon y la garantía de derribo de una discoteca. Un gesto generoso, casi filial. La recompensa por este tipo de 'gestiones' no llega en sobres, sino en Real Decreto. En agosto de 2018, Pedro Sánchez, con la firma de Josep Borrell —viejo conocido de Ros por sus días en el PSC—, lo catapultó a Embajador en Andorra. Lo fascinante es que Ros no era diplomático; era un político con contactos. Pasó cuatro años y medio disfrutando del aire pirenaico, organizando la Cumbre Iberoamericana de 2021 y gestionando la diplomacia entre siestas, hasta que pidió la jubilación en febrero de 2023. Pero el lujo tiene grietas. Marta Camps, la teniente de alcalde que terminó en la calle, soltó la bomba: dietas sospechosas en China y Hannover (unos 18.400 euros en total) y un gusto exquisito por fulares y corbatas de diseño que costaron 36.000 euros al erario. Todo archivado, claro. Mientras tanto, Mínguez, la arquitecta del ahorro ajeno, dimite ahora que se sabe que su pareja es un 'gran tenedor' con 30 pisos y un holding de 6,2 millones de euros. La lucha contra la especulación inmobiliaria es muy noble, siempre que el cheque no sea el tuyo.
Sánchez y el 'kit' para legalizar okupas
Tener una segunda vivienda en España ha pasado de ser un ahorro para la jubilación a convertirse en una ruleta rusa donde el premio es que no te quiten la llave. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a jugar la carta de la prohibición de desahucios, rescatando ese manual de instrucciones que ya conocíamos desde 2020, cuando la pandemia sirvió de excusa para instaurar una 'vulnerabilidad' tan elástica que cabe cualquier cosa. Es como si el Estado decidiera que tu escritura de propiedad es, en realidad, una sugerencia opcional. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación lleva desde octubre de 2021 enviando cartas al Ministerio de Vivienda que probablemente se usan para calzar mesas. Hablamos de cinco años de un silencio institucional que hace que el juego del escondite parezca una conversación fluida. Mientras tanto, Isabel Rodríguez, la ministra que presume de redactar decretos a la velocidad de un tuit, ha ignorado sistemáticamente solicitudes concretas, como la del 23 de noviembre de 2023 o la más reciente del 2 de octubre. Es la gestión del 'visto' en WhatsApp aplicada a la administración pública. El nuevo despliegue legislativo, que pasó por el Congreso y los reales decretos, vuelve a blindar la situación de quienes no pagan, dejando al pequeño propietario en un limbo jurídico. Lo más surrealista es el reparto de facturas: el decreto pretende que las CCAA se conviertan en deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional a inquilinos morosos con más de dos viviendas. Básicamente, el Gobierno te dice que no puedes echar al que no paga, pero que no te preocupes, que quizá algún día una administración autonómica te devuelva el dinero con la misma agilidad con la que gestionan las citas de la Seguridad Social. Una ingeniería financiera donde el único que pierde es el que paga los impuestos y las hipotecas.
AITAT: Prisas políticas para blindar a Adif
Hay una regla no escrita en los despachos del poder: si el Gobierno llega tarde a una cita, es negligencia; pero si llega corriendo, es que quiere cerrar la puerta por dentro. El caso de la AITAT es el ejemplo perfecto de este malabarismo. Durante un año y medio, el Ministerio de Transportes trató el estatuto de la nueva autoridad de investigación como quien deja la ropa en la lavadora y olvida darle al botón de inicio. La ley del 2 de agosto de 2024 decía claramente que tenían doce meses. Venció el plazo en agosto de 2025 y, mientras el reloj corría, el Gobierno miraba hacia otro lado. Pero claro, el 18 de enero de 2026, la realidad golpeó en Adamuz con 46 muertos y un caos ferroviario que no cabía en un communiqué. De repente, el letargo se convirtió en sprint. En cinco semanas, el 24 de febrero, el Consejo de Ministros parió la AITAT. ¿Por qué tanta prisa ahora? No fue por las víctimas de Spanair ni por un súbito ataque de empatía, sino porque Bruselas empezó a soplar en la nuca. El problema es que han montado un sistema donde el jefe es también el que firma la nómina y el que decide qué se dice y qué se calla. Poner a Gonzalo Guillén, un ingeniero naval vinculado a Benito Núñez, al frente de una investigación ferroviaria es como contratar a un experto en submarinos para arreglar un avión. El resultado es una estructura donde los técnicos ya no pueden decir la verdad sin miedo a que les corten el grifo profesional. El colmo llegó el 30 de septiembre, cuando Guillén canceló una reunión para evitar una recomendación de seguridad que 'crucificaría' a Adif. Mientras las víctimas, representadas por Mario Samper, esperan respuestas, la investigación del mayor desastre de alta velocidad de nuestra historia avanza a paso de tortuga con solo tres investigadores. Una complejidad que, curiosamente, solo existe en los despachos.
Oliva bajo el agua: rentabilidad antes que vidas
Oliva ha vuelto a convertirse en una piscina municipal involuntaria. La DANA Adam ha llegado este lunes para recordarnos que, mientras los vecinos se juegan la vida en plantas bajas y los servicios de emergencia hacen malabares para rescatarlos, en los despachos de Madrid el lenguaje es otro: el de la 'rentabilidad'. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ha marcado un ejercicio de contabilidad creativa en su 'Memoria resumen de los análisis coste-beneficio', concluyendo que proteger el municipio no salía a cuenta. Traduzcamos el lenguaje burocrático al castellano de calle: el Gobierno miró la factura de las obras y decidió que el 'sablazo' era demasiado grande para el beneficio obtenido. Para que nos entendamos, la alternativa 4 —la joya de la corona con un valor actual neto de 35,6 millones de euros y una ratio de 2,28— era básicamente un placebo. En un escenario de inundación cada 500 años, la cifra de afectados pasaría de 9.391 a 9.360 personas. Sí, han hecho las cuentas: salvar a 31 personas no compensaba el desembolso. Es como pagar una reforma integral de la cocina para que deje de gotear un solo grifo. Hubo otras opciones: la alternativa 1 (28,3 millones de euros, ratio 1,84) y la alternativa 3 (20,1 millones, ratio 1,73). Incluso la alternativa 2, que fue la única tachada de 'no rentable' con un 0,90, parecía más honesta que el resto. Mientras Sara Aagesen y la cúpula gubernamental gestionan el riesgo sobre el papel, en Oliva siguen esperando que alguien termine la presa de la Rambla Gallinera, congelada desde 2014 por problemas de cimentación. Al final, la administración prefiere 'estudiar nuevas combinaciones de medidas' que mojarse, literalmente, en el barro. La rentabilidad es baja, pero el coste humano, ese no aparece en los excels del MITECO.
EEUU castiga el aceite por armas israelíes
La diplomacia moderna ha dejado de ser un juego de cenas elegantes para convertirse en una pelea de patio de colegio, pero con presupuestos de Estado. Resulta que España decidió jugar al portero estrictamente en el Puerto de Algeciras durante 2024, denegando el atraque a tres buques de Maersk —el Maersk Denver, el Maersk Seletar y el Maersk Hartford— bajo la sospecha de que transportaban juguetes bélicos para Israel. Un gesto ético, quizá, pero que a la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos le ha sentado como un café frío. La respuesta del Tío Sam no es una nota de protesta educada, sino un sablazo financiero con aroma a cocina mediterránea. La FMC propone una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de barcos españoles, como quien te cobra un recargo absurdo por el equipaje en una aerolínea low-cost. Pero el verdadero golpe bajo viene en la despensa: plantean limitar la importación de azulejos, confitería, perfumería y, el plato fuerte, el aceite de oliva. Hablar de aceites no es un detalle menor. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 1.100 millones de dólares. Para el sector olivarero, que ve en EEUU su cajero automático prioritario, esto no es una simple 'restricción comercial', es un cierre de grifo en seco. Mientras la FMC se llena la boca hablando de la 'eficiencia de la cadena de suministro' y la 'seguridad nacional', lo que realmente están haciendo es usar el aceite de oliva como moneda de cambio en una partida de ajedrez geopolítica. España ahora tiene que presentar alegaciones y rezar para que la FMC decida que el aceite es demasiado rico como para dejarlo fuera de sus mesas.
DANA: La grabación 'invisible' de Sánchez
Hay una magia muy particular en los juzgados: la capacidad de convertir una prueba evidente en humo con solo dos palabras. 'No pertinente'. Así, con la elegancia de quien cierra la persiana un viernes a las dos, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha blindado el silencio sobre una grabación que, curiosamente, ya había sido ofrecida en el mercado público. Resulta que Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja, se dejó llevar por el entusiasmo el 19 de diciembre de 2024. En pleno pleno municipal, frente a un vecino que probablemente esperaba una respuesta sobre el alumbrado o los baches, la edil soltó la bomba: 'Yo te puedo enseñar la grabación'. Sí, la grabación de su charla con Pedro Sánchez. Una conversación donde, según la propia Silvent, le soltó al presidente que 'estamos solos y necesitamos más medios'. Básicamente, el equivalente político a decir que el barco se hundía mientras en Moncloa seguían puliendo el mármol. El letrado Rubén Gisbert, haciendo un trabajo de detective de barrio, intentó que ese audio pasara de ser una anécdota de ayuntamiento a una prueba judicial. Pero la instructora del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha decidido que ese archivo es, básicamente, ruido blanco. No importa que la alcaldesa lo ofreciera a un ciudadano cualquiera; para la justicia, ese audio tiene la misma relevancia que el ticket del súper en un juicio por malversación. Lo más cínico del calendario es que este 'borrado' judicial ocurre mientras el litoral de Valencia y Alicante, concretamente La Safor y la Marina Alta, vuelven a luchar contra el barro de otra DANA. Mientras la gente intenta rescatar sus vidas, en los despachos se decide que saber qué se dijo exactamente entre la alcaldesa y el presidente es un detalle irrelevante. Un detalle que, sospechosamente, conviene que se quede en el cajón.
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