Crítica:
El texto original es una acumulación de datos registrales que intenta sugerir sin llegar a afirmar. Le falta una conclusión jurídica clara para no quedarse en el mero chisme inmobiliario.
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Pisos, saunas y sobres: el debut inmobiliario
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Chalés de lujo: el pelotazo del PSC
Hay una forma de hacer negocios y luego está la 'ingeniería financiera' de Sergi Vélez. El guion es digno de una comedia negra: en diciembre de 2018, mientras el resto del mundo se peleaba por el pavo de Navidad, Vélez decidió que la cala Aigua Xelida en Palafrugell necesitaba un 'lavado de cara'. ¿El método? Liquidar unos 700 pinos sin permiso municipal, jugando al despiste con un silencio administrativo de una semana que él interpretó como una alfombra roja. Un movimiento tan osado que dejó al alcalde Josep Piferrer boquiabierto. Pero aquí entra la magia de los contactos. Mientras las organizaciones SOS Costa Brava y SOS Palafrugell se dejaban la piel presentando tres recursos para salvar el monte, la maquinaria política empezó a girar. El 25 de octubre de 2022, el Pleno Municipal decidió que los pinos eran prescindibles. En un despliegue de generosidad bipartidista y más allá, ERC, Junts, Ciudadanos y el PSC votaron a favor. Sí, el PSC, el partido de Montserrat Mínguez, portavoz del PSOE y miembro de su ejecutiva nacional desde 2021, dio el visto bueno al proyecto de la pareja de su ejecutiva. El resultado fue un 'pelotazo' de manual. Una vez que el Ayuntamiento despejó el camino legal, Vélez vendió la sociedad Brisanatura Costabrava SL. La jugada le dejó una plusvalía de 2,7 millones de euros; básicamente, convirtió un solar ilegal en un cheque millonario sin mover un ladrillo. Ahora, donde antes había bosque, se venden mansiones de 397 m² por unos 2,6 millones de euros cada una, con ascensor y bodega, para que el comprador pueda brindar con un vino caro mientras contempla el Mediterráneo, sabiendo que la naturaleza costó menos que el IVA de su piscina privada.
Lujo, pinos talados y silencio administrativo
Hay una gimnasia mental admirable en el mundo de la política: defender el planeta en el Parlamento mientras tu pareja, en la práctica, lo pasa por la trituradora. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, navega en esa paradoja mientras su pareja, el promotor Sergi Vélez, decidió que la Navidad de 2018 era el momento perfecto para hacer una 'limpieza' exprés en la cala de Aigua Xelida, en Tamariu. ¿La limpieza? Unos 700 pinos que pasaron a mejor vida para dejar sitio al hormigón. El señor Vélez, manejando la promotora Aiguacel Costa Brava, aplicó la técnica del 'yo creo que sí': empezó a talar 30 hectáreas de bosque mediterráneo sin tener la licencia municipal en el bolsillo. Para él, el silencio del Ayuntamiento de Palafrugell no era una señal de stop, sino una alfombra roja administrativa. Es la misma lógica que usaría alguien para reformar la cocina del vecino asumiendo que, como no le han dicho que no, la casa ahora es suya. Mientras la plataforma SOS Costa Brava gritaba al cielo el 30 de diciembre de 2018, las máquinas no distinguían entre ecología y beneficio neto. El alcalde de ERC, Josep Piferrer, tuvo que despertar la maquinaria municipal el 2 de enero de 2019 para frenar el desastre, pero el daño ya estaba hecho. Al final, la justicia poética es un chiste: aunque el proyecto bajó de 33 a 15 chalés en 2022, el bosque no volvió. Ahora, esas viviendas se venden bajo el nombre de Sa Xelida por unos 2,6 millones de euros cada una. Un precio prohibitivo para el ciudadano medio, pero una ganga si lo que buscas es dormir sobre los restos de 700 árboles sacrificados en el altar del lujo inmobiliario.
Vivienda digna y pufo de 300.000€
Hay una ironía deliciosa en que el PSOE quiera hacer de la crisis de la vivienda su bandera para el 29-N mientras su portavoz, Montse Mínguez, convive con un ecosistema inmobiliario que haría palidecer a cualquier fondo buitre. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y la lista de la compra, la pareja de Mínguez, Sergi Vélez, gestiona un holding de 30 pisos y una cartera de inversiones de 6,2 millones de euros. Pero el verdadero arte no está en acumular ladrillos, sino en cómo 'limpiar' las facturas cuando se tiene la llave del despacho. Retrocedamos a Lérida. En junio de 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía y segunda teniente de alcalde, el Ayuntamiento decidió que Adaix de Negocios —la empresa de su pareja que gestionaba la discoteca Larida— no tenía por qué pagar una deuda de 281.783 euros. Sí, han leído bien: un 'borrón y cuenta nueva' de casi 300.000 euros que desaparecieron de la cuenta del contribuyente para salvar el balance del marido. Una ingeniería financiera que incluyó el perdón de cánones y garantías por un edificio de verano que, mágicamente, ya no hacía falta derribar. El despliegue de audacia no termina ahí. Vélez fundó Adaix el 14 de enero de 2009, justo dos semanas antes de que saliera el concurso para explotar el parque de Gardeny. Un timing digno de un reloj suizo. Para evitar que el juez le pusiera una multa por incompatibilidades, Vélez jugó al escondite: salió de la administración el 1 de abril y volvió el 10 de agosto como apoderado. Desde los chalés de lujo en Palafrugell —donde talaron cientos de árboles sin permiso— hasta sociedades en Panamá para invertir en Brasil o Polonia, el relato de la 'vivienda digna' suena a chiste de mal gusto. Mínguez dice que no tiene nada que ocultar, pero su currículum parece más un manual de optimización fiscal que un programa político.
Fragatas marroquíes: el modo avión naval
Hacerse el invisible es un arte que dominamos todos cuando llega el cobrador del alquiler, pero llevarlo al nivel de la geopolítica naval ya es otro nivel de cinismo. Mientras Ceuta se convertía en un hervidero humano con la entrada masiva de al menos 80.000 personas, la Marina Real marroquí decidió que jugar al escondite era la mejor estrategia. Las fragatas Mohamed VI y Hassan II, junto a la corbeta Tarik Ben Ziyad, apagaron sus sistemas AIS de geolocalización. Básicamente, decidieron poner el móvil en modo avión mientras navegaban por aguas españolas, eliminando el rastro de posición, rumbo y velocidad que cualquier barco decente mantiene para no chocar con el vecino. Esta 'ingeniería de la invisibilidad' no fue un fallo técnico, sino una coreografía coordinada. Mientras los satélites espía Mohamed VI-A y Mohamed VI-B hacían hasta 11 pasadas vigilando el caos desde el cielo, los buques se movían en las sombras, saliendo de la base naval de Ksar Sghir. El juego llegó a tal punto que la Armada española tuvo que descolgar el teléfono y llamar a Rabat para evitar que el asunto terminara en un choque de metal, ya que los alauíes paseaban por Ceuta sin pedir permiso, como quien entra en un garaje ajeno pensando que no hay nadie. La respuesta de Madrid llegó con el buque Rayo el 4 de agosto, seguido por el Tornado y las fragatas Santa María y Navarra. Se nos vendió como una medida preventiva, una especie de 'por si acaso', cuando en realidad era un intento desesperado de poner orden frente a provocaciones que incluían cazas F-16 rozando Melilla y drones molestando a vuelos civiles. Todo este despliegue de tensión quedó guardado en el cajón del olvido institucional durante dos meses y medio, porque admitir que te han hecho un 'sablazo' de soberanía en tu propia costa no queda bien en el PowerPoint del Gobierno.
Voto CERA: de certificado a carta ordinaria
Para el Estado, gestionar el reembolso de unos pocos euros de un sello postal es una pesadilla administrativa que no cabe en la agenda. Así que, con la naturalidad con la que uno decide no leer las instrucciones de un mueble de IKEA, 16 embajadas españolas han decidido que el voto CERA puede viajar en 'clase turista'. Han sustituido la carta certificada por el franqueo en destino, convirtiendo el sufragio de 1.895.085 electores —el 70% del censo residente ausente— en simples cartas ordinarias. Sin rastro, sin firma, sin fecha. Básicamente, han pasado de un envío con seguimiento de Amazon a dejar la papeleta en un buzón de la calle y rezar para que llegue. El ahorro en papeleo es música para los oídos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero para la democracia es un agujero del tamaño de un estadio. Al eliminar la trazabilidad, se dinamita la LOREG, que exige que el voto se deposite hasta cinco días antes de las elecciones. Sin el sello de la oficina postal, el voto es un fantasma: puede echarse al buzón tres días tarde y entrar en la valija diplomática como si fuera legal, porque nadie puede probar que llegó fuera de plazo. El riesgo no es solo el descuido, sino la ingeniería electoral. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, este sistema abre la puerta a que cualquier red organizada 'siembre' buzones con votos de fallecidos o personas dependientes, usando copias de DNI y pasaportes. Una sola persona puede repartir cientos de sobres sin identificarse, y el consulado los recibirá en sacas cerradas, sin saber si el votante existía o si fue un acto de generosidad involuntaria. Desde Alemania hasta Venezuela, pasando por Argentina (donde reside el 20% del censo), la seguridad del voto ha pasado de ser un blindaje a ser un sobre de papel común.
Sánchez y su ejército de 1.255 asesores
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, en Moncloa han montado un casting de confianza que haría palidecer a cualquier agencia de empleo. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un ejército de 1.255 asesores y empleados de confianza. No es un equipo, es una ciudadela. Para que nos entendamos: Presidencia del Gobierno se ha quedado con 576 puestos, casi la mitad del total, sumando otros 28 en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es el clásico 'todos mis amigos en el barco'. La ingeniería financiera es la parte más jugosa. El crédito para este personal eventual ha pasado de 40,4 millones de euros en 2018 a unos generosos 71,2 millones en 2025. Un sablazo del 76,5% que crece tres veces más rápido que el gasto general de personal de la Administración. Mientras el resto de funcionarios espera que el presupuesto no se evapore, el personal de confianza ha visto cómo su partida presupuestaria se inflaba sin despeinarse. Lo más fascinante es la jerarquía. No se han conformado con puestos modestos; el 53,4% (670 personas) están en los niveles 27 al 30, la crema de la administración. De hecho, el nivel 30, el techo salarial, concentra 460 puestos. Es una pirámide invertida donde el lujo se acumula arriba. Y para los que crean que esto es una cuestión de ideología, hay 145 'supervivientes' que ya estaban ahí con Rajoy en 2018, algunos incluso desde Aznar o Zapatero. Hay gente que es más eterna que los presupuestos que Sánchez no ha podido sacar adelante. Al final, el 29 de noviembre vamos a las urnas, pero el ejército de confianza ya tiene su búnker blindado con 71 millones de euros.
Sol: de plaza histórica a parque acuático
Madrid tiene ahora su propio parque acuático, aunque sin socorristas y con un toque de vandalismo barroco. En la Puerta del Sol, la fuente de Carlos III ha dejado de ser un monumento histórico para convertirse en el jacuzzi particular de una acampada que se cree en Benidorm. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria antes de comprar un kilo de tomates, algunos han decidido que el patrimonio público es el sitio ideal para desplegar colchonetas hinchables y sillas de camping, transformando el estanque en una piscina improvisada donde el baño es gratis y el respeto, inexistente. La ironía es deliciosa: pancartas que claman «gente sin casa, casas sin gente» conviven con el grafiti «Tourist go home» pintado en negro sobre la piedra del pedestal. Un despliegue de coherencia digno de un premio. Desde el 26 de septiembre, más de 2.000 tiendas han colonizado la plaza y la calle del Arenal, incluyendo una carpa dedicada, con una generosidad admirable, a enseñar el arte de okupar viviendas. Entre tanto, el juego de sillas musicales políticas sigue su curso. Isabel Díaz Ayuso y su equipo han dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para limpiar el desastre, pero Francisco Martín ha preferido el modo 'zen', calificando la protesta de pacífica mientras la basura se acumula y los robos nocturnos son el pan de cada día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que no al desalojo el 5 de octubre, pero la Comunidad, vía Miguel Ángel García Martín y Jorge Rodrigo, ya prepara el recurso de reposición. Incluso Metro ha avisado que la plaza es ahora un cuello de botella peligroso para las emergencias. En resumen: el patrimonio se baña, el comercio sufre y la justicia mira desde la barrera mientras Carlos III, desde su caballo, se pregunta en qué momento su fuente se volvió un club de verano.
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