La noticia es un rompecabezas de nombres que requiere un mapa para no perderse, pero brilla al conectar los puntos entre el dinero público y los favores políticos. Le falta profundizar en cuánto dinero exacto se ha evaporado en esos concursos de acreedores.
Hay gente que tiene un don para el descanso y otros que tienen el don de cobrar por descansar. Alicia de Miguel Sánchez, secretaria de Organización del PSOE en la Ribera Baixa, ha descubierto la alquimia financiera perfecta: cobrar pluses de productividad mientras está de vacaciones. Entre 2023 y julio de 2026, se embolsó 8.925 euros en complementos que, según el Real Decreto 861/1986, deberían premiar el 'especial rendimiento'. Pero claro, en el Ayuntamiento de Almusafes el rendimiento es un concepto elástico. En septiembre de 2024, mientras disfrutaba de su tiempo libre, recibió 250 euros; en agosto de 2025, otros 300 euros por no trabajar casi veinte días; y en septiembre de 2025, la generosidad subió a 400 euros. Es fascinante ver cómo la curva de 'productividad' de De Miguel escala como una acción de NVIDIA: 850 euros en 2023, 2.325 en 2024, 3.800 en 2025 y ya lleva 1.950 euros en lo que va de 2026. Todo esto bajo la mirada cómplice de Toni González, un alcalde que es un auténtico malabarista: investigado por acoso y agresión sexual, expulsado del PSOE en marzo de 2026, pero que sigue cobrando la subvención del Grupo Municipal Socialista y, ojo al dato, alquilando la sede del partido que lo echó. La fiesta del 'sobresueldo' no es un caso aislado, es el modelo de negocio. El consistorio ha repartido más de 744.000 euros en productividad desde mayo de 2023, con un ritmo ascendente que parece una subasta. Desde Francisco José Abarca, con sus 3.150 euros en 2026, hasta el resto de la plantilla militante. Mientras la Agencia Valenciana Antifraude investiga represalias contra informantes protegidos, en Almusafes la productividad se mide, al parecer, por la lealtad al jefe y la capacidad de saber cuándo pedir el bonus sin haber soltado el teclado.
En el mundo digital, la santidad no requiere canonización, sino un par de clics y una categoría mal elegida. Así terminó la casa de Maricarmen, en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, convertida en 'lugar de culto' en Google Maps. Un detalle irónico, considerando que para el sistema de Google un templo es un edificio con incienso y confesionarios, y no el escenario de una tragedia humana donde el derecho a la vivienda se estrelló contra la ingeniería financiera de Urbagestión. La ficha era un catálogo del surrealismo madrileño: cinco estrellas de valoración, el enlace al Sindicato de Inquilinas y, como toque maestro, una foto de agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Es la traducción perfecta de nuestra realidad: la fe hoy no está en los altares, sino en la resistencia contra un desahucio. Maricarmen, 87 años y siete décadas de alquileres antiguos, terminó siendo un peón en una partida de ajedrez político entre colectivos de Sol y asociaciones antidesahucios. El desenlace fue de manual. El 23 de septiembre de 2026, la justicia decidió que el mercado mandaba sobre la vejez. Maricarmen salió de su casa en camilla rumbo al Hospital Gregorio Marañón, donde el sistema le dio el alta definitiva el 7 de octubre de 2026. Quince días después del desalojo, la muerte puso fin a la disputa contractual. Google, que es muy eficiente borrando lo que incomoda pero lento en detectar el fraude, tumbó la ficha tras una 'investigación'. Al parecer, una vivienda privada no encaja en el catálogo de templos. Claro, porque para el algoritmo es un error de categorización; para la calle, es el monumento a una pensión que no pudo competir con la avaricia inmobiliaria.
Cuando el viento deja de soplar a favor, los molinos se convierten en chatarra y las cuentas bancarias en fantasmas. Una quincena de empresas ligadas al entramado de Forestalia han pedido el concurso de acreedores desde septiembre, básicamente admitiendo que el castillo de naipes se ha desplomado. Lo curioso es que firmas con nombres tan optimistas como Energía Inagotable de Aes, Energía Inagotable de Mantus y Energía Inagotable de Meliteo resulten tener una solvencia más agotable que la batería de un móvil viejo. Todo este despliegue de 'ingeniería financiera' tiene un denominador común: la calle Serrano en Madrid y la figura de Roberto Pérez Águeda. Este abogado, que parece el hilo rojo que cose los casos SEPI, Koldo y Forestalia, administraba el caos. Pérez Águeda, vinculado al PSOE desde 2007 (cuando ya cobraba dietas de 11.000 euros en la extinta Caja Segovia sin tener sueldo, un truco maestro de ahorro fiscal), es visto por la justicia como el arquitecto de estructuras para ocultar quién se llevaba realmente la tajada. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, en las altas esferas se movían 'papeles para Santos'. La UCO ha destapado que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, preparaba el camino para que Santos Cerdán intercediera ante Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo era sencillo: saltarse los obstáculos administrativos para que Fernando Samper, el dueño del circo, pudiera plantar sus eólicos sin que nadie le dijera que no. Ahora, con Fernando Samper dimitiendo de la presidencia tras un paseo incómodo por el Senado y el juzgado de Teruel oliendo prevaricación en los clústeres de La Eliana, Begas y Maestrazgo, el 'viento' ha cambiado de dirección. El Santander, que hasta hace nada le daba poderes a Pérez Águeda, ha decidido que es mejor cortar por lo sano antes de que el agujero contable se trague también sus activos.
Hay una magia muy particular en la gestión pública española: la capacidad de resolver en 48 horas lo que durante dos meses fue un 'problema insoluble'. El escenario es Ceuta. El detonante no es la humanidad, sino la agenda real. Los Reyes aterrizan el 13 y 14 de octubre y, convenientemente, la ciudad ha pasado por un proceso de 'estética exprés'. El operativo ha sido quirúrgico. Un ejército de 300 agentes de la UIP, antidisturbios y la UCI han vaciado la playa de El Trampolín con una celeridad que haría palidecer a cualquier servicio de mudanzas. Mientras el ciudadano medio espera meses para que le arreglen un bache en la calle, aquí se han movilizado máquinas pesadas para retirar 221.000 kilos de residuos en dos días. Un récord olímpico de limpieza urbana motivado por el protocolo. Pero ojo, que no nos vendan la moto. El problema no ha muerto, solo ha cambiado de código postal. Unas 1.200 personas han vuelto a Marruecos, pero el resto ha aplicado la técnica del camuflaje. Ahora el 'caos migratorio' se ha mudado al monte, a barriadas o a los llamados 'pisos patera', donde unos cien inmuebles funcionan como hoteles clandestinos con tarifas de supervivencia. La hipocresía es el plato fuerte: el despliegue ocurrió justo después de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones al 29-N. De repente, la inoperancia de las semanas previas se convirtió en eficiencia militar. El resultado es un maquillaje social perfecto: playas vacías para la foto real, mientras miles de personas —incluyendo 3.000 menores y otros 5.000 en centros— juegan al escondite en el bosque para evitar que los filien. Al final, el mando único ha logrado que más de 9.000 personas retornen a Marruecos, pero la crisis sigue ahí, solo que ahora es invisible para el ojo del Rey.
Hacer huelga es como ir al supermercado: si sabes que el cajero no tiene cambio y el gerente está de vacaciones, no te molestas en hacer la cola. Así de simple han planteado UGT y CCOO la suspensión de sus paros en la Agencia Tributaria (AEAT). Resulta fascinante el malabarismo mental de los sindicatos: el 11 de noviembre se ponen el mono de trabajo para una huelga general contra los precios de la vivienda y los salarios bajos, pero para reclamar las condiciones laborales propias de Hacienda, prefieren quedarse en casa. ¿El motivo? El adelanto electoral del 29-N. Según ellos, negociar ahora sería como intentar pedir un préstamo con la libreta cerrada; no hay interlocutor real ni capacidad de decisión en un Gobierno en funciones. La jugada ha caído como un jarro de agua fría en la plantilla. Mientras que para la vivienda el calendario es perfecto, para el sectorial el 28 de octubre —fecha de la huelga de 24 horas que ya ha pasado a mejor vida— resultó ser un día inoportuno. Celso González, el flamante director de Recursos Humanos, y el resto de funcionarios han recibido el documento donde UGT, CCOO y el SIAT anuncian que las movilizaciones quedan en el aire hasta que haya un "nuevo Gobierno". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los mismos argumentos que usan los sindicatos independientes (USO, CSIF, Fetico) para no ir al paro general del 11-N —que no hay nadie al volante del Estado— son los que ahora UGT y CCOO usan para no molestar en Hacienda. Algunos trabajadores ya se preguntan si esta "responsabilidad hacia la plantilla" no será más bien una deferencia hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha sido generoso con las subvenciones a los grandes sindicatos. Al final, parece que hay huelgas que sirven para hacer ruido y otras que, convenientemente, esperan a que el viento sople a favor.
Hay un calendario invisible en la Moncloa que funciona mejor que el de cualquier oficina de correos. El Gobierno quiere plantar dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un mismo año, y Antonio Garamendi, el capitán de la CEOE, ha decidido quitarle el maquillaje a la jugada. Para el patrón, esto no es economía, es marketing puro con 'tinte electoral'. Después de todo, ya hubo un ajuste en febrero; meter otro ahora es como intentar venderte una segunda suscripción al gimnasio justo antes de Navidad: saben que vas a morder el anzuelo, pero la cartera no da para más. Mientras el Ejecutivo juega al Monopoly con los sueldos, Garamendi lanza el dardo hacia los Presupuestos Generales del Estado, que brillan por su ausencia en toda la legislatura. Es el arte de gestionar un país a base de parches y decretos. El líder patronal no se queda ahí y saca la calculadora para recordar que el IRPF no se ha deflactado, un 'olvido' que le ha restado unos 17.000 millones de euros a los trabajadores. Un sablazo silencioso que hace que cualquier subida del SMI parezca una propina frente a una factura astronómica. La narrativa es clara: mientras los grandes bancos parecen blindados, la panadería de la esquina o el bar del barrio están haciendo malabares para no cerrar. A esto se suma la sombra del absentismo laboral, con un millón y medio de personas fuera de combate diariamente de los 18 millones del sector privado. Garamendi advierte que, sin productividad ni formación, estamos intentando conducir un coche sin gasolina, esperando que el crecimiento económico ocurra por arte de magia o por decreto gubernamental.
Hay quien hace campaña en el barrio y quien, con una desfachatez pasmosa, la organiza desde el Reino Alauí. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Marruecos se han puesto el mono de trabajo para asegurar que Pedro Sánchez siga en el despacho. No es una sugerencia amable; es una coreografía coordinada. El portal 'News Morocco Spain', con sus 118.000 seguidores, ha servido de megáfono para un mensaje clarísimo, logrando 10.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 48 horas para que la maquinaria digital se instale en el salón de casa. La cifra es la que marea: cerca de un millón de personas registradas según el INE, pero el verdadero botín electoral son esos 300.000 marroquíes que podrían votar el 29 de noviembre. Un volumen de votos que, en política, es como encontrar un billete de cincuenta euros en un pantalón viejo: no puedes dejarlo pasar. Y para que la jugada sea redonda, contamos con la regularización extraordinaria de abril, el 'empujoncito' administrativo que acelera las nacionalizaciones justo a tiempo para las urnas. El periodista Soulaiman Raissouni, que mueve masas con sus 91.000 seguidores en Facebook y 50.000 en YouTube, no se anda con rodeos. Define a Sánchez como el 'amigo' del gobierno marroquí y llega a soltar que desde el reino se 'ordena' el respaldo al PSOE. El gancho es la vivienda, esos decretos que prometen el cielo mientras el alquiler sigue siendo un deporte de riesgo. Al final, la política exterior se ha convertido en una campaña de marketing vecinal donde el voto se gestiona como si fuera una importación de fruta: con logística precisa y objetivos muy claros.
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