Crítica:
La noticia se limita a describir la campaña sin cuestionar la legalidad de que un gobierno extranjero 'ordene' votos en suelo español. Es un relato plano que ignora la implicación diplomática de tal descaro.
Marruecos hace campaña por el PSOE: "Voten por Pedro Sánchez"
Sánchez: el candidato favorito de Marruecos
Otros artículos
SMI: ¿Sueldos reales o campaña electoral?
Hay un calendario invisible en la Moncloa que funciona mejor que el de cualquier oficina de correos. El Gobierno quiere plantar dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un mismo año, y Antonio Garamendi, el capitán de la CEOE, ha decidido quitarle el maquillaje a la jugada. Para el patrón, esto no es economía, es marketing puro con 'tinte electoral'. Después de todo, ya hubo un ajuste en febrero; meter otro ahora es como intentar venderte una segunda suscripción al gimnasio justo antes de Navidad: saben que vas a morder el anzuelo, pero la cartera no da para más. Mientras el Ejecutivo juega al Monopoly con los sueldos, Garamendi lanza el dardo hacia los Presupuestos Generales del Estado, que brillan por su ausencia en toda la legislatura. Es el arte de gestionar un país a base de parches y decretos. El líder patronal no se queda ahí y saca la calculadora para recordar que el IRPF no se ha deflactado, un 'olvido' que le ha restado unos 17.000 millones de euros a los trabajadores. Un sablazo silencioso que hace que cualquier subida del SMI parezca una propina frente a una factura astronómica. La narrativa es clara: mientras los grandes bancos parecen blindados, la panadería de la esquina o el bar del barrio están haciendo malabares para no cerrar. A esto se suma la sombra del absentismo laboral, con un millón y medio de personas fuera de combate diariamente de los 18 millones del sector privado. Garamendi advierte que, sin productividad ni formación, estamos intentando conducir un coche sin gasolina, esperando que el crecimiento económico ocurra por arte de magia o por decreto gubernamental.
Sánchez: el candidato favorito de Marruecos
Hay quien hace campaña en el barrio y quien, con una desfachatez pasmosa, la organiza desde el Reino Alauí. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Marruecos se han puesto el mono de trabajo para asegurar que Pedro Sánchez siga en el despacho. No es una sugerencia amable; es una coreografía coordinada. El portal 'News Morocco Spain', con sus 118.000 seguidores, ha servido de megáfono para un mensaje clarísimo, logrando 10.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 48 horas para que la maquinaria digital se instale en el salón de casa. La cifra es la que marea: cerca de un millón de personas registradas según el INE, pero el verdadero botín electoral son esos 300.000 marroquíes que podrían votar el 29 de noviembre. Un volumen de votos que, en política, es como encontrar un billete de cincuenta euros en un pantalón viejo: no puedes dejarlo pasar. Y para que la jugada sea redonda, contamos con la regularización extraordinaria de abril, el 'empujoncito' administrativo que acelera las nacionalizaciones justo a tiempo para las urnas. El periodista Soulaiman Raissouni, que mueve masas con sus 91.000 seguidores en Facebook y 50.000 en YouTube, no se anda con rodeos. Define a Sánchez como el 'amigo' del gobierno marroquí y llega a soltar que desde el reino se 'ordena' el respaldo al PSOE. El gancho es la vivienda, esos decretos que prometen el cielo mientras el alquiler sigue siendo un deporte de riesgo. Al final, la política exterior se ha convertido en una campaña de marketing vecinal donde el voto se gestiona como si fuera una importación de fruta: con logística precisa y objetivos muy claros.
Voto por correo: el carné 'fake' digital
Imaginen que para entrar en el club más exclusivo de la ciudad, el portero acepta una fotocopia borrosa del carné en lugar del original, solo porque el que la presenta dice que es 'colega del dueño'. Pues bien, eso es básicamente lo que pasó con el voto por correo en las generales de 2023. Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central (JEC) aceptara el permiso de conducir digital de la app miDGT sin el código QR. Para los que no hablen 'tecnológico', el QR es el sello de autenticidad; sin él, la pantalla del móvil es un dibujo que cualquiera con dos dedos de frente puede falsear. Un coladero monumental que estuvo activo durante ocho procesos electorales hasta que el 26 de marzo de 2026 la JEC decidió cerrar el grifo tras el escándalo. Mientras nosotros peleamos con la app del banco para que no nos cobren una comisión por respirar, en Correos se montaba un 'equipazo' con Leire Díez. Aunque la empresa luego intentó hacer malabarismos diciendo que ella no mandaba en el voto por correo, los papeles cuentan otra historia: estaba en el comité de seguimiento y era el puente para reportar delitos electorales. Una relación tan estrecha que el juez Santiago Pedraz ha encontrado 10.842 mensajes entre Serrano y Díez (WhatsApp y Signal), un volumen de chat que haría palidecer a cualquier adolescente. Todo esto ocurre mientras la Audiencia Nacional rastrea una trama de 'ingeniería financiera' con contratos amañados por unos 132 millones de euros y una operativa de 'limpieza' para asustar a jueces y fiscales. Entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, la sensación es que la gestión pública se manejó como un grupo de WhatsApp de amigos, donde la seguridad del voto era un detalle secundario frente a la lealtad al jefe.
Carné digital: la puerta trasera del voto
Hay quien llega a la Moncloa con el maletín lleno de promesas y quien llega con un plano detallado para digitalizar la identidad. Pedro Sánchez no perdió el tiempo: veintiocho días después de instalarse en el palacio, Fernando Grande-Marlaska ejecutó la limpieza necesaria mediante el Real Decreto 726/2018, fulminando a Gregorio Serrano López para resucitar la carrera de Pere Navarro. No era un simple cambio de muebles; era la puesta en marcha de miDGT, una aplicación que nació en 2018 y que, según el informe de 2021 del INAP, se financió con 'recursos propios', una frase que en lenguaje administrativo significa 'no preguntes cuánto costó porque no queremos decirte dónde está el agujero'. Lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental del Ministerio del Interior. Para Tráfico, el código QR es la ley; sin él, el documento es un dibujo. Pero cuando llegó la hora de votar, el Gobierno decidió que el QR era un trámite molesto, casi un capricho. Solicitaron a la Junta Electoral Central que bastara con mostrar la pantalla del móvil, convirtiendo la identificación del votante en algo tan fiable como enseñar una foto de un perro en el móvil para entrar en un club privado. Esta 'ingeniería de la confianza' permitió que en nueve procesos electorales —desde las municipales del 28 de mayo de 2023 hasta las castellanoleonesas del 15 de marzo de 2026— el sistema fuera un colador. Mientras el ciudadano medio suda para que el banco no le bloquee la tarjeta por un gasto sospechoso, el Ejecutivo diseñó un acceso VIP a las urnas sin verificación. Solo cuando El Debate demostró que suplantar a un votante era más fácil que pedir una pizza, la JEC suspendió el uso de miDGT y miDNI el 26 de marzo de 2026. Una coincidencia temporal sospechosamente perfecta para alguien cuyo historial incluye urnas detrás de mamparas y 'rumanos' estratégicos en primarias.
Vivienda: un teléfono de 85€ la duda
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su nómina, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de ayudar es montando un call center de lujo. El resultado es el 047, un teléfono 'gratuito' para el usuario, pero que sale carísimo para el contribuyente. Hagamos cuentas de barrio: el Ministerio de Vivienda, bajo el mando de Isabel Rodríguez, ha soltado 1,7 millones de euros en total. Si dividimos ese sablazo entre las 20.260 consultas registradas hasta agosto, cada duda sobre un contrato o una ayuda le ha costado al Estado más de 85 euros. Una tarifa que haría palidecer a cualquier consultoría de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. A los 1.019.415 euros del servicio base, le sumamos dos subvenciones directas, sin concurso público y con el sello de 'urgencia' del Real Decreto 538/2026: 600.000 euros para el Consejo General de la Abogacía Española y otros 120.000 euros para FACUA-Consumidores en Acción. Lo curioso es que ninguno de los dos aparecía en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. Magia administrativa. El servicio, operado por MasOrange, presume de una eficiencia técnica envidiable: esperas de cinco segundos y llamadas de 7,5 minutos. Pero mientras el 52% de los usuarios llama desesperados por el alquiler, la realidad golpea en la puerta con un dato demoledor de Gesvalt: el precio de la vivienda ha subido un 10,6% en un año, alcanzando los 2.085 euros por metro cuadrado. Al final, tenemos un teléfono que funciona de maravilla para decirnos que no tenemos dónde vivir, cobrándonos 103 euros por llamada. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, coincide con el ascenso de Pablo Torres Paniagua, exsecretario del CIS y actual pieza clave en el tablero de Óscar López en Madrid.
Guardia Civil: voto por correo 'sugerido'
Hay una diferencia abismal entre 'facilitar' y 'instruir'. En el mundo real, si tu jefe te sugiere que hagas algo para 'no molestar' en la oficina, ya sabes que no es una sugerencia, sino una orden con perfume. El Estado Mayor de la Guardia Civil ha decidido que, para las generales del 29N, lo más cómodo es que sus agentes usen el voto por correo. El General de Brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, jefe adjunto de Operaciones, ha firmado una instrucción interna que básicamente pide que el sufragio no interfiera con los servicios esenciales. Traducido al lenguaje de la calle: que no haya huecos en el cuadrante porque alguien quiere ir a su colegio electoral. Lo curioso es que han llegado a crear un manual de instrucciones, el procedimiento 33121 del sistema SIGO, para que nadie se pierda en el camino hacia el buzón. Es una ingeniería organizativa fascinante: mientras la LOREG deja claro que el voto por correo es una opción individual y no una obligación, la cúpula lo convierte en la recomendación general para toda la plantilla, incluso para quienes están fuera de España. No es como en 2019, cuando la AUGC gestionaba compensaciones solo para quienes tenían servicio planificado. Aquello era logística; esto es una directriz general sin precedentes. El contraste es delicioso. Mientras Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González desfilan en Cádiz con la pompa habitual, en los cuarteles se debate si un superior puede 'recomendar' la modalidad de voto. Es como si en tu trabajo te sugirieran que no fueres al médico el lunes para no interrumpir el flujo de caja. Muy eficiente, muy ordenado y terriblemente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Al final, parece que la prioridad no es el derecho al voto, sino que la maquinaria no se detenga ni un segundo.
Begoña a las listas: blindaje con papeleta
Hay quien usa el paraguas para la lluvia y quien lo usa para tapar un incendio judicial. Pedro Sánchez parece haber decidido que la mejor forma de blindar a Begoña Gómez no es con abogados, sino con una papeleta. La idea, que se cocina a fuego lento entre Moncloa y Ferraz, es meter a la esposa del presidente en las listas del 29 de noviembre. No es vocación política; es ingeniería jurídica para conseguir el aforamiento. Básicamente, intentar que el juzgado ya no sea el de barrio, sino el del 'club VIP' del Tribunal Supremo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, en el Gobierno diseñan un plebiscito personal donde Begoña pasa de ser procesada por tráfico de influencias y malversación a convertirse en la 'víctima del lawfare'. Es el truco más viejo del manual: transformar el banquillo de los acusados en un pedestal electoral. María Jesús Montero, Rebeca Torró y Cristina Narbona figuran en el organigrama, pero el mando a distancia lo tienen Óscar López y Félix Bolaños, este último experto en pelearse con el juez Peinado como quien discute el precio del pescado en el mercado. La jugada huele a déjà vu. Ya lo intentó Miguel Ángel Gallardo con David Sánchez en Extremadura, buscando un aforamiento exprés que terminó en una inhabilitación de 18 años. Un recordatorio incómodo de que intentar saltarse la fila judicial suele acabar en un sablazo legal. Ahora, con Zapatero fuera de combate como revulsivo, Begoña sería el señuelo. El riesgo es que el Tribunal Supremo no sea el refugio acogedor que imaginan, sino un espejo donde la hipocresía se refleja en alta definición. Al final, quieren vender progreso mientras usan las listas electorales como un escudo antifrustración judicial.
Comentarios