Crítica:
El texto original es un ejercicio de contraste brutal, aunque se apoya excesivamente en la fuente de OKDIARIO. La ironía es evidente, pero el valor real reside en la permanencia del marido en el cuerpo policial pese a la condena.
El texto original es un ejercicio de contraste brutal, aunque se apoya excesivamente en la fuente de OKDIARIO. La ironía es evidente, pero el valor real reside en la permanencia del marido en el cuerpo policial pese a la condena.
Hay gente que hace networking y hay quienes montan autopistas directas al núcleo del poder. Begoña Gómez, desde su puesto como directora del Africa Center del IE, no se limitó a organizar seminarios; se instaló en el VIP del Majzén marroquí. Desde agosto de 2018, mientras el ciudadano medio intentaba cuadrar la cuenta bancaria, ella navegaba en la órbita de APD Maroc, el club donde se decide quién es quién en el Reino. El premio gordo de esta agenda fue Meriem Bensalah Chaqroun. No hablamos de una empresaria cualquiera, sino de la mujer más poderosa de Marruecos, alguien que encabeza listas de Forbes y que maneja el Holding Holmarcom como quien mueve las fichas de un Monopoly. Chaqroun, que ya había soltado 35 millones de euros en una planta de cereales en Gran Canaria en 2017, es la definición viva de influencia: primera mujer al frente de la patronal marroquí y exdirectiva de Bank Al Magreb. La ingeniería de contactos alcanzó su cenit en el Foro Económico Empresarial España-Marruecos. Un evento donde el despliegue de cargos era casi obsceno: desde Aziz Rabbah (Energía) y Zohair Chorfi (Economía), hasta Adil Bahi y Ali Seddiki. En el lado español, María Paz Ramos, directora de Comercio Internacional, ponía el sello oficial. Todo coordinado por Saad Kettani, presidente de APD Marruecos y socio estratégico del Africa Center. Es fascinante observar cómo el currículum de Gómez se nutría de estas 'alianzas' justo cuando su marido tomaba las riendas del Gobierno. Al final, el Africa Center no era solo un centro de formación, sino una llave maestra que abría puertas blindadas en Rabat, hasta que el ruido judicial sobre sus métodos de contratación terminó por cerrar el despacho.
Hay una magia aritmética en Moncloa que cualquier mago de Las Vegas envidiaría. Resulta que Barcelona es el 'ejemplo a seguir' en vivienda, según Pedro Sánchez, pero el truco no está en la gestión, sino en el talonario. Mientras que para la Comunidad de Madrid el Gobierno ha soltado 8.375.000 euros —una cantidad que, a efectos prácticos, se queda en el realojo de la Cañada Real y algunos papeles de notaría—, para la capital catalana el grifo se ha abierto hasta el delirio. Barcelona ha concentrado 21.476.480 euros. Es un sablazo monumental que hace que la ayuda a Madrid parezca una propina dejada en un café. El desglose es casi poético: el Ayuntamiento se lleva 15.777.360 euros para alquileres sociales y otros 250.000 euros solo para organizar el 'HOUSING SUMMIT 2026'. Sí, porque para solucionar que la gente no tenga dónde vivir, lo primero es montar un congreso con catering y ponentes. A esto sumamos los 5.399.120 euros para el Área Metropolitana y un 'bonus' de 50.000 euros repartidos entre cuatro universidades para que escriban artículos y hagan seminarios sobre por qué no hay casas. La ironía alcanza su pico cuando Sánchez presume de una bajada del 4,7% en los precios de los contratos. Pero aquí llega la traducción de la calle: el precio del metro cuadrado subió a 23 euros en junio, tres euros más que el año anterior. ¿Cómo cuadran los números? Muy sencillo. Como explica Carlos Balado de OBS Business School, la superficie media ha caído al 71,4 metros cuadrados. No es que el alquiler sea más barato, es que los inquilinos están viviendo hacinados en cajas de zapatos. Menos espacio, mismo precio, pero en el Excel del Gobierno figura como un éxito rotundo gracias a una inversión que deja a Madrid mirando desde la barrera.
Hay quien dice que la seguridad es un derecho, pero cuando se trata de la familia del presidente, parece más bien un paquete 'todo incluido' pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta bancaria para que el coche no se quede sin gasolina, los padres y las hijas de Pedro Sánchez se pasean por Lanzarote con un servicio de chófer y escoltas del Ministerio del Interior que haría palidecer a cualquier estrella de Hollywood. El Gobierno, en una respuesta al Senado que es una obra maestra de la gimnasia mental, sostiene que poner coches oficiales a disposición de los familiares es fundamental para «garantizar su seguridad». Claro, porque ir a comprar el pan o pasear por la isla con la familia es, aparentemente, una actividad de alto riesgo. Cuando el PP, a través de Alicia García, Paco Bernabé y Javier Arenas, preguntó cuánto costaba este despliegue de lujo en La Mareta el pasado agosto, el Ejecutivo aplicó el clásico truco del mago: los datos no existen o son secretos. Según el Gobierno, desglosar el coste del alquiler de vehículos sería un «potencial peligro», como si revelar el precio de un renting fuera a dar la clave para un golpe de Estado. La escena es surrealista: 40 agentes del GRS de la Guardia Civil, patrulleras vigilando la costa y hasta buzos del Grupo de Actividades Subacuáticas para que el presidente pueda sumergirse tranquilo. Todo esto mientras el Ejecutivo se escuda en que los gastos de Patrimonio Nacional se imputan a su programa presupuestario, una frase tan vacía que sirve para ocultar el sablazo. En resumen, el dinero público ha dejado de ser un recurso común para convertirse en la tarjeta de crédito personal de la familia Sánchez, todo bajo el manto sagrado de la 'seguridad integral'.
Emmanuel Macron llega a España con la sonrisa ensayada y la maleta llena de protocolos, pero el aire huele a fragancia barata y traición diplomática. Mientras se prepara una cena de gala en el Palacio Real y una cita en Moncloa el 30 de septiembre, París juega al ajedrez con piezas que a Madrid no le hacen ninguna gracia. Resulta casi cómico que, mientras Pedro Sánchez intenta gestionar la crisis de Ceuta, Francia invite a Marruecos a jugar a los avioncitos en su casa. No es un juego de niños. Hablamos de las maniobras ORYX 2 y CHEBEC 26. En la base Orange-Caritat 115, cuatro cazas F-16 marroquíes y dos C-130 Hércules se han instalado como quien se planta en el salón del vecino, habiendo sobrevolado España con un permiso que sabe a condescendencia. Mientras tanto, en el Mediterráneo, una fragata francesa y una marroquí hacen 'simulaciones' que nadie sabe explicar, pero que se entienden perfectamente: Francia quiere ser el jefe de la zona y Rabat sabe cómo pulsar el botón del pánico español. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos el calendario. España intenta hacer sus ejercicios Eagle Eye en Málaga con seis F-18, pero Marruecos les responde con un 'aquí estoy yo' desde el aeropuerto de Alhucemas, haciendo touch-and-go con sus F-16 justo delante de las narices españolas. Y para rematar el pastel, los drones marroquíes en Melilla juegan al escondite con los aviones de Iberia, obligándolos a dar vueltas en el aire como si estuvieran esperando turno en la carnicería. Todo esto ocurre mientras el Tratado de Amistad y Cooperación de enero de 2023 está cogiendo polvo en el Congreso, paralizado, mientras que en París ya lo han firmado con la rapidez de quien firma un cheque que sabe que no va a cobrar.
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que ciertos políticos gestionan sus crisis: cuando el agua llega al cuello, el billete de avión es el mejor salvavidas. Mounir Laymouri, el alcalde de Tánger y pieza clave del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ha descubierto que España es el refugio ideal cuando en casa las cosas se ponen feas. El detonante no fue una crisis geopolítica, sino algo tan cutre como una bolsa de documentos sospechosos encontrada en la mesa electoral número 84, en la escuela Al Qods del barrio de Casabarata. Básicamente, alguien olvidó cerrar bien la maleta de los trucos electorales y el vídeo de la detención se volvió viral, convirtiendo la red social en el fiscal más eficiente de Marruecos. Mientras cinco personas ya están pasando el rato en el calabozo, la Policía Judicial fue a buscar a Laymouri para un careo que prometía ser digno de una telenovela. Pero el alcalde, que además coordinaba la campaña electoral, aplicó la técnica del 'desvanecimiento estratégico'. El jueves por la noche, justo cuando la Fiscalía de Tánger empezaba a calentar los motores judiciales, el dirigente decidió que el clima español era mucho más propicio para reflexionar sobre la democracia. Es la clásica ingeniería de supervivencia: mientras el Ministerio Público habla de 'medidas legales correspondientes' y 'pesquisas abiertas', el responsable de la campaña disfruta de la distancia. Pasar de gestionar una ciudad a ser el objetivo de una orden de búsqueda nacional es un salto profesional vertiginoso, pero Laymouri lo ha hecho con la naturalidad de quien sale a comprar el pan, solo que en este caso, el pan se compra en otro país para evitar que te pongan las esposas.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la batuta de José Manuel Albares, juega a la filantropía con el dinero ajeno. Estamos hablando de una arquitectura financiera donde la transparencia es un concepto abstracto, casi mitológico. El caso estrella es Community Family Services International, INC., una ONG filipina que ha sabido navegar los vientos del poder con una soltura envidiable, embolsándose más de cuatro millones de euros de los contribuyentes españoles. El desglose es una oda al optimismo presupuestario. Empezamos en 2019 con un millón de euros para servicios básicos en Mindanao; resultados: silencio administrativo. Saltamos a 2022 con el 'Camps of learning project' y otros 600.000 euros que se evaporaron en el éter de la gestión. Pero la generosidad no tiene techo: para 2025 ya hay reservados dos millones para el 'Communities for learning and employment project' y, como si fuera un regalo de Navidad anticipado, otros 500.000 euros para septiembre de 2026 destinados al 'Youth moving up project'. Lo verdaderamente fascinante no es solo que el Tribunal de Cuentas y la Airef se pierdan en el laberinto de la trazabilidad de los 4.500 millones anuales de cooperación, sino la ingratitud del beneficiario. En la web de la ONG, el Banco Mundial y Australia son los protagonistas del cuadro de honor. España, que ha soltado el dinero sin pestañear, ni siquiera merece una mención en los agradecimientos. Es la definición perfecta de la diplomacia actual: pagar la fiesta completa y que ni siquiera te inviten a sentarte en la mesa. Un sablazo con guante blanco que deja al contribuyente como el tonto útil de la geopolítica.
Hay gestos que son como comprarse un coche eléctrico para ir a una manifestación contra el precio de la luz: quedan muy bien en la foto, pero el motor sigue siendo el mismo. El pasado sábado 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas, José Manuel Albares decidió que la diplomacia de despacho se quedaba corta y se lanzó a las redes sociales con un despliegue políglota que haría palidecer a cualquier traductor de aeropuerto. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se marcó un triple lingüístico, saltando del vasco al gallego y al catalán con la soltura de quien sabe que el algoritmo premia el postureo institucional. En vascuence, Albares empezó soltando que «celebramos nuestra diversidad», mientras que en gallego aseguró que estas lenguas son «cultura y futuro europeo» y que deben ser oficiales en la Unión Europea. Para cerrar el círculo, el catalán sirvió para prometer que el Ministerio trabajará «sin descanso» hasta lograr la oficialidad plena. Es una estrategia curiosa: pedirle a Bruselas que acepte tres idiomas más en el menú oficial mientras el ciudadano de a pie lucha por entender la letra pequeña de su contrato de alquiler o el sablazo de la última factura del gas. La paradoja es deliciosa. Mientras en castellano sentenciaba que «no pararemos hasta que la voz de toda nuestra ciudadanía resuene con plenos derechos», el vídeo se sentía más como un ejercicio de marketing electoral que como una hoja de ruta diplomática. Porque pedir la oficialidad en la UE es como intentar meter un sofá tres plazas en un ascensor pequeño; es posible, pero requiere más que un vídeo viral y ganas de quedar bien. Al final, Albares ha vuelto a repetir en los tres idiomas que «serán oficiales», convirtiendo la geopolítica en un clip de TikTok con tintes románticos.
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