Crítica:
La noticia es un ejercicio de relaciones públicas disfrazado de informe. Omite la presión real sobre el terreno para centrarse en la falta de hoteles para los funcionarios.
Marlaska cree que los ceutíes han vivido una "inseguridad subjetiva" y dice que sólo se han filiado 1.100 inmigrantes
Marlaska y la 'inseguridad subjetiva' de Ceuta
Otros artículos
El sablazo de Badajoz: ¿paga el hermano?
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de una silla de alta dirección durante ocho años, cobrando una suma que haría temblar a cualquier currante medio: 340.572 euros. Para que nos entendamos, es como si alguien se comprara un piso en efectivo con el dinero de la caja de caudales del pueblo mientras el resto seguimos contando los céntimos para el café. El músico coordinó conservatorios y dirigió la Oficina de Artes Escénicas en una plaza que, según las acusaciones, era un espejismo, un invento creativo para justificar la nómina entre julio de 2017 y mayo de 2025. Lo fascinante no es el sueldo, sino la amnesia colectiva de la institución. La Diputación, que es la que soltó la pasta, decidió convenientemente no presentarse como perjudicada en el juicio. Una jugada maestra de 'no veo, no oigo', dejando que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a David a nueve años de inhabilitación por prevaricación, pero pasando olímpicamente de pedir el dinero de vuelta. Es la versión administrativa de 'te quiero mucho, quédate con el cambio'. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha decidido despertar a la Diputación de su siesta. A presión de Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el letrado del Departamento 2º ha dado un plazo de cinco días para que la entidad socialista decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir fingiendo que ese agujero contable es un error de cálculo. El contraste es brutal: mientras la Fiscalía pidió la absolución y la Diputación guardaba silencio, el Tribunal de Cuentas ahora les obliga a mirar el espejo. Si no responden, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el mando. Al final, la pregunta es simple: ¿estaba el puesto vacío o el bolsillo demasiado lleno?
Sablazo en Badajoz: ¿Devuelve el hermano?
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de un puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios y jefe de la Oficina de Artes Escénicas durante ocho años. El problema es que la justicia ya le ha colgado el cartel de prevaricador con nueve años de inhabilitación. Pero aquí viene lo fascinante: la Diputación, que es quien soltó la pasta, decidió que no era 'perjudicada'. Es como si te vaciaran la cartera en el metro y, cuando llega la policía, tú dijeras que el dinero no te hacía falta y que el ladrón puede quedarse con el cambio. Estamos hablando de 340.572 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda: es el precio de comprarse un piso decente o sobrevivir varias décadas sin que la inflación te coma el desayuno, todo pagado con una plaza que, según las acusaciones, fue creada arbitrariamente y no servía para nada material. Un invento presupuestario de manual. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha despertado y ha dado cinco días de plazo a la institución socialista para que decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir haciendo la vista gorda. Lo más cínico es que la Audiencia Provincial de Badajoz ya había dejado la puerta abierta, pero como la Diputación no pidió ni un céntimo y la Fiscalía pidió la absolución, el dinero se quedó cómodamente en el bolsillo del músico. Ahora, impulsados por Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el Tribunal de Cuentas obliga a la Diputación a mojarse. Si guardan silencio, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el relevo. Al final, la pregunta es simple: ¿por qué una administración pública se resiste a recuperar más de 340 mil euros de un cargo inexistente? La respuesta, probablemente, no esté en los libros de contabilidad, sino en el árbol genealógico.
Marruecos: el 'espía' que fingió sorpresa
Hablemos claro: decir que el asalto a Ceuta fue una sorpresa es como decir que te pilló desprevenido el aguacero después de ver el cielo negro y escuchar el trueno. En el barrio decimos que 'no somos tontos', y los documentos de seguridad de Rabat confirman que ellos tampoco lo son. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, el Gobierno marroquí presumía de una maquinaria de vigilancia digital que haría palidecer a cualquier agencia de marketing. En 2024, la DGSN y la DGST no solo miraban, sino que presumían de haber desmantelado 123 redes criminales y haber interceptado a 32.449 candidatos a saltar la valla. Es una cifra astronómica; es como si pudieran contar cada grano de arena de Castillejos y supieran exactamente cuál se mueve. La hipocresía es el plato fuerte. Desde septiembre de 2021, Rabat ya monitorizaba redes sociales y apps de mensajería. Para diciembre de 2024, ya habían catalogado TikTok y el fenómeno de los 'harragas' como un 'modo operativo criminal'. O sea, que tenían el mapa, la brújula y el GPS encendido. El informe de José María Gil Garre, 'Ceuta 2026', deja claro que el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW-32) interceptó comunicaciones donde los propios agentes marroquíes avisaban de la entrada masiva durante la Fiesta del Trono. No fue un fallo del sistema; fue el sistema funcionando a la perfección. Desde el 13 de julio, con la Marina Real frenando a 50 nadadores, hasta el caos del 30 y 31 de julio, las señales eran más claras que el agua. Marruecos aprendió en mayo de 2021 que usar la presión humana es la moneda de cambio más efectiva para chantajear diplomáticamente a España. No es migración, es ingeniería política con carne y hueso.
Plus Ultra: el rescate del 1% 'mágico'
Hay quien dice que el silencio es oro, pero en la Audiencia Nacional el silencio es una sentencia. Los exdirectivos de Plus Ultra han intentado jugar al 'teléfono escacharrado' con la Justicia, lanzando la piedra hacia José Luis Rodríguez Zapatero para salvar sus propios pellejos, pero la Fiscalía Anticorrupción no compra el cuento. El guion es tan viejo como el mundo: el Gobierno inyecta 53 millones de euros en la aerolínea durante la pandemia y, mágicamente, aparece un 'mediador' de lujo. Para que la maquinaria del Estado se moviera, el 'Grupo Zapatero' cobró un 1% del rescate, un sablazo de 530.000 euros que no llegó con un cheque nominativo, sino mediante una ingeniería financiera de manual. Julio Martínez Sola, el conocido 'Julito', montó un despliegue de facturas falsas por informes inexistentes para repartir el botín entre 2020 y 2025. El dinero se fragmentó como quien divide una cuenta en una cena incómoda: 249.000 euros fueron a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europe. Lo más delirante es la confesión de Martínez Sola: pagar esta comisión fue una 'buena forma de invertir el dinero'. Una lógica aplastante, especialmente cuando el expresidente sabía que el préstamo sería concedido el 26 de febrero de 2021, once días antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara oficialmente el 9 de marzo. Mientras tanto, Roberto Roselli intenta desviar la atención hacia Rodolfo Reyes y sus préstamos puente que terminaron bailando en paraísos fiscales. La Fiscalía es clara: señalar hacia arriba es muy fácil, pero para obtener beneficios judiciales hace falta cantar la canción completa, no solo el estribillo.
Marlaska: más etiquetas que policías en Ceuta
Hay prioridades que son un poema. Mientras en Ceuta los refuerzos policiales llegaban con la agilidad de una tortuga con reuma y los alojamientos eran, cito textualmente, 'indignos', en el despacho climatizado del Ministerio del Interior se montó un centro de inteligencia digno de una novela de espionaje de tercera. El objetivo no era detener el crimen ni blindar la frontera, sino algo mucho más vital para el ego político: hacer una lista de 'amigos y enemigos'. La Confederación Española de Policía (CEP) ha soltado la bomba. Resulta que la Oficina de Comunicación ha dedicado tiempo y recursos públicos a elaborar un dosier para encasillar a los periodistas según su ideología y su afinidad con el Gobierno. Es fascinante. Mientras el agente de a pie en el terreno se las veía y las payaba con medios insuficientes, el Ministerio operaba con una diligencia quirúrgica para poner etiquetas a los profesionales de la información. Es el clásico contraste de la gestión moderna: incapacidad absoluta para atender alertas policiales reales, pero una eficiencia envidiable para el control de daños mediáticos. Para la CEP, esta práctica es 'repugnante'. Y claro, es que duele más que un sablazo en la hipoteca ver que el dinero y el personal que debería estar asegurando la frontera se gasta en jugar al 'quién es quién' ideológico. Marlaska tiene ahora el reto de explicar por qué es más urgente saber quién le critica que garantizar que sus policías no duerman en condiciones deplorables. Al final, parece que en Interior prefieren gestionar el titular que gestionar la realidad.
Casa 47: El mapa que borró España
Hay errores que son un descuido y otros que son una declaración de intenciones disfrazada de 'fallo técnico'. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de estrenar el portal de Casa 47, una empresa estatal que promete rescatar el mercado inmobiliario con 800 anuncios actuales y la promesa de sumar otras 1.500 viviendas pronto. Un despliegue digital que, en teoría, debería centrarse en que la gente tenga un techo donde dormir, pero que terminó convirtiéndose en un campo de batalla geopolítico. El problema no fue la falta de pisos, sino la geografía. Alguien, en un alarde de optimismo cartográfico, decidió que el Sáhara Occidental era parte de Marruecos. Un detalle que, para quienes manejan el derecho internacional, es como intentar pagar el alquiler con cupones vencidos: sencillamente, no cola. Sumar y Compromís no tardaron en saltar, denunciando que el mapa vulneraba los compromisos de España con los saharauis. Pero el 'sablazo' conceptual no terminó ahí. El mapa, en un giro surrealista, situaba a Ceuta y Melilla como territorios en disputa. Básicamente, el Ministerio borró la frontera de casa mientras Pedro Sánchez presidía el acto de presentación este lunes. La reacción fue quirúrgica. Tras el ruido mediático, el Ministerio de Vivienda retiró el visor a última hora del domingo, según confirmó Europa Press. Es la clásica maniobra de 'borrón y cuenta nueva' cuando te das cuenta de que has dejado la puerta abierta en el barrio equivocado. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y busca un alquiler que no le cueste un riñón, el Ejecutivo prefiere dedicar sus energías a corregir los límites de un mapa digital que, por un momento, decidió redibujar el mundo según el criterio de algún becario con prisa o un asesor con demasiada imaginación.
Ayuso contra el Gobierno: el limbo MENA
En el tablero político de Madrid, la gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en un partido de tenis donde la pelota se queda clavada en la red. Ana Dávila, consejera de Familia, ha lanzado un dardo directo al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, denunciando un bloqueo administrativo que roza lo surrealista. Resulta que hay 134 expedientes de reagrupación familiar que llevan en el limbo desde marzo de 2025. Para que nos entendamos: es como pedir una cita médica en la Seguridad Social y que te respondan tres años después cuando ya te has curado o te has muerto. En este caso, el tiempo ha pasado factura y 53 de esos jóvenes ya son adultos. Se han convertido en mayores de edad esperando un sello oficial que nunca llegó, frustrando cualquier posibilidad de retorno familiar mientras el reloj no se detuvo. La Comunidad de Madrid no se anda con rodeos y ha sacado la artillería de los datos para subrayar la urgencia. No hablamos de niños ejemplares que solo leen libros; el informe detalla un historial que haría temblar a cualquier vecino: 382 incidencias y 268 denuncias. El menú es variado y peligroso: 25 denuncias por robo, más de 40 por hurto, amenazas, lesiones y hasta una tenencia ilícita de armas. Es la paradoja del sistema: mientras el Gobierno central juega al silencio administrativo, la calle acumula el coste de esa inacción. Dávila recuerda que en Ceuta el Gobierno de Pedro Sánchez predica que la prioridad es volver con la familia, pero en Madrid parece que el manual de instrucciones es distinto. La carta cierra con un guante de seda que esconde un puño de hierro: si siguen pasando cosas graves, el delegado no podrá decir que no sabía que el incendio estaba encendido.
Comentarios