Crítica:
La noticia es un despliegue de tecnicismos administrativos que intentan camuflar una posible irregularidad. Le falta profundizar en la conexión real entre los nombres políticos citados y el movimiento de los fondos.
El juez pide a la UDEF que analice tres certificados de deudas aplazadas por la Seguridad Social a Plus Ultra para el rescate
Plus Ultra: El truco contable del rescate
Otros artículos
Enchufes y hoteles públicos: el escándalo ceutí
En el tablero político, hay quienes juegan al ajedrez y quienes simplemente mueven las fichas para que el primo quede colocado. El caso de la Casa del Mar de Ceuta es una clase magistral de ingeniería del favor. José Antonio Ríos Pavón, un malagueño que pasó por el concejalismo de Coín antes de que los 'motivos personales' lo alejaran del cargo en 2016, aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM). ¿El método? La 'libre designación'. Traducción para el ciudadano de a pie: entrar sin hacer cola, sin concurso de méritos y con la alfombra roja extendida por Salvadora Mateos. Mientras el vecino de Ceuta mira el presupuesto doméstico con lupa para que no le den el sablazo en la factura de la luz, el Gobierno de Elma Saiz ha decidido que la Casa del Mar —un espacio diseñado exclusivamente para marineros, pensionistas del sector y sus familias— sea el hotel boutique de los activistas de la ONG Accem. Un edificio con 27 habitaciones con baño propio que ahora sirve de base para quienes gestionan carpas para 900 inmigrantes ilegales. El Ministerio lo llama 'situación excepcional', pero en la calle se lee como un intercambio de favores donde el reglamento es una sugerencia opcional. La ironía alcanza su pico cuando Ríos Pavón, además de gestionar el edificio, ostenta desde marzo de 2025 el cargo de secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta, bajo el mando de Miguel Ángel Pérez Triano. Es el círculo perfecto: el partido pone el cargo, el Estado pone el edificio y la ONG Accem, engordada con subvenciones millonarias de Pedro Sánchez, pone el activismo. Todo esto mientras los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'fuera' frente a una guardería, descubriendo que la 'transformación digital' consiste, aparentemente, en digitalizar el derecho a saltarse las normas.
Financiación autonómica: banquete para pocos, cuenta para todos
Imaginen que organizan una cena entre amigos y, a la hora de pagar, el anfitrión propone un sistema donde casi todos ponen más para que dos coman langostinos mientras el resto se conforma con una ensalada. Exactamente eso ha pasado este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al timón, ha sacado adelante un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene el apoyo de Cataluña y Canarias, y el desprecio absoluto del resto de comunidades. Arcadi España juega la carta de la nostalgia y la urgencia: dice que el modelo actual caducó hace 12 años y que llevábamos 17 sin debatir el tema. Básicamente, nos dice que el coche no anda y que su propuesta es la única pieza de recambio disponible, lanzando un dardo al Partido Popular por no presentar una alternativa. Mientras tanto, desde la Junta de Andalucía, Carolina España no se anda con rodeos y califica el plan de un privilegio exclusivo para Cataluña. Es la eterna pelea del patio del colegio, pero con miles de millones en juego. El Gobierno presume de un 'estirón' presupuestario: una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Suena a cifra astronómica, pero en la práctica es como añadirle un poco de nata a un pastel que sigue estando mal repartido. Prometen que nadie perderá recursos y que el sistema será 'más equitativo y solidario', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'no te preocupes, que el sablazo no será tan fuerte'. Ahora la pelota queda en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá si este reparto a la carta se convierte en ley o si acaba en la papelera de reciclaje política.
Sánchez usa notas 'fantasma' para salvarse
Hay una diferencia abismal entre que te avisen de que va a llover y que te digan que viene un tsunami. Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso este jueves intentando vender que el Gobierno caminaba a ciegas durante la crisis fronteriza de Ceuta, usando como escudo dos notas del CENIF de los días 28 y 29 de julio. El problema es que el Ministerio del Interior ha filtrado la nota del 28 de julio y resulta ser un papel mojado; una advertencia tan irrelevante que el propio CENIF, en el informe entregado a la Audiencia Nacional, ni siquiera se molestó en incluirla en la lista de alertas. Es como si el capitán del barco ignorara que el casco tiene una fisura del tamaño de un dedo mientras el agua ya le llega a las rodillas. La hipocresía es un deporte de élite en Moncloa. Mientras el Ejecutivo lanza una campaña de desprestigio contra el CENIF, los datos duros son implacables: hubo nueve avisos concretos entre el 8 de julio y el 4 de agosto que señalaban a Marruecos como el arquitecto de la avalancha humana. Nueve veces que el Gobierno tuvo el mapa del tesoro y decidió que era mejor jugar a las escondidas. Sánchez se agarra ahora a la nota del 29 de julio, hablando de 'riesgo potencial' e 'impacto bajo', pero el Interior se ha guardado ese documento bajo llave, probablemente porque no encaja en la narrativa de la sorpresa. Al final, intentar justificar la gestión de la frontera con una nota que el propio organismo emisor considera insignificante es como querer pagar una hipoteca con monedas de céntimo: el gesto es tierno, pero la deuda sigue ahí y la realidad es demoledora.
Sánchez: Récord de parados viviendo del Estado
El Gobierno se ha despertado hoy con una sonrisa, probablemente porque han descubierto que el camino más corto hacia la 'protección social' es convertir el Estado en el principal empleador de los que no tienen empleo. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presume de una 'tasa de cobertura' que crece con una fuerza envidiable. Traducido al lenguaje de la calle: el 86,75% de los parados ya depende de una ayuda para no hundirse. Un récord histórico que, en lugar de alarmar, se vende en Moncloa como un trofeo de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. En julio, 1,86 millones de personas cobraban una prestación, un 2% más que hace un año. El Estado ha soltado 2.115 millones de euros en un solo mes, con una media de 1.159 euros por persona. Para el Ejecutivo, esto es 'inversión'; para cualquier persona con sentido común, es un subsidio a la inactividad que se vuelve estructural. La hipocresía alcanza su pico cuando celebran que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a casi 2,7 millones de personas, sumando un total de 3,36 millones de ciudadanos que viven de prestaciones no contributivas. El desglose es un catálogo de la dependencia. Tenemos a 980.659 personas en la prestación contributiva (un 5,7% más que en 2025) y a 812.116 en subsidios. Incluso el colectivo extranjero ha subido al 12,78% del total, con 237.382 beneficiarios y un gasto de 253,16 millones de euros. El Gobierno dice que 'protege a más colectivos'. Claro, protegen la dependencia para que nadie se atreva a soltar la mano del Estado. Es la política del 'colchón eterno': mientras más gente esté cómodamente instalada en el subsidio, más fácil es presumir de cobertura social mientras el mercado laboral real sigue siendo un campo de minas.
Sánchez 'restaura' el campo: ¿quién paga el pato?
El Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, un documento que tiene la precisión de una receta de cocina escrita en un idioma que nadie habla. Mientras el agricultor promedio intenta que la cuenta bancaria no termine en números rojos, Sánchez propone 'actuaciones' sobre 1.982 kilómetros cuadrados de ecosistemas agrarios para 2030, cifra que subirá a 2.363 kilómetros cuadrados hacia 2050. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado te dice que quiere 'mejorar el paisaje', pero no te dice si tu parcela pasará a ser un pantano o un refugio de polinizadores. La ingeniería del plan es fascinante por su vaguedad. Hablan de recuperar 65 kilómetros de ríos de flujo libre y 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales eliminando presas y azudes. Para quien vive del riego, esto no es 'restauración', es un sablazo directo a la infraestructura que mantiene vivo el cultivo. El Ministerio para la Transición Ecológica presume de haber escuchado a 500 entidades y de procesar 26.543 aportaciones en la consulta de enero a marzo de 2026, pero el resultado es un mapa de incertidumbres donde los datos duros solo sirven para decorar el informe. El contraste es brutal. Por un lado, la ambición de plantar 3,5 millones de árboles y recuperar 3.241 kilómetros cuadrados de bosques para 2030; por otro, el pánico rural. Las asociaciones advierten que el Reglamento europeo de 2024 podría dinamitar el 40% del territorio cultivable de la Red Natura. Básicamente, Bruselas quiere el jardín perfecto, pero el coste lo paga el que ara la tierra. Mientras tanto, el Gobierno se toma su tiempo: la versión definitiva no llegará hasta el 1 de septiembre de 2027. Para entonces, puede que el campo ya sea un recuerdo romántico.
Sánchez dice 'perfecto' y Rabat pide Ceuta
Hay quien confunde la diplomacia con un juego de sillas donde el premio es el mapa del vecino. Nizar Baraka, el ministro de Obras Públicas y Agua y secretario general del partido Istiqlal, ha decidido que es el momento perfecto para recordar que, para Rabat, Ceuta es un pendiente por cobrar. Con una retórica que parece sacada de un manual de 'cómo irritar a tu socio', Baraka ha soltado que no retrocederán 'ni un solo palmo' de lo que consideran suyo. Es el tercer aviso en semanas; una insistencia que ya no es un desliz, sino una estrategia de Estado coordinada, especialmente cuando Ahmed Tufiq, el ministro de Asuntos Religiosos, ya pedía la 'liberación' de las plazas españolas delante del propio Mohamed VI. Mientras tanto, en Madrid, Pedro Sánchez juega al equilibrismo en el Congreso. El presidente describe la relación como 'casi perfecta', una definición tan optimista que roza la fantasía, mientras intenta explicar cómo es posible que la Gendarmería marroquí dejara la puerta abierta durante 10 horas el pasado 30 de julio, permitiendo que entre 80.000 y 100.000 personas saltaran la valla en un asalto masivo. Es como decir que tu vecino es un santo mientras te vacía la nevera por la ventana. Para rematar la jugada, el Gobierno ha sacado a la luz un dato que guardaba bajo llave: la convocatoria a la embajadora Karima Benyaich el 21 de agosto. El detalle cómico es que la embajadora no estaba en casa. Una gestión 'prudente', dicen, que en la calle se traduce como intentar dar untoque en un teléfono que no tiene cobertura. La opacidad ha sido tal que hasta sus propios socios parlamentarios han sentido el frío de la contradicción. En resumen: Rabat marca el ritmo y Madrid intenta convencer al país de que todo es una coreografía acordada.
Madrid planta a Hacienda por el 'modelo catalán'
En el tablero político, hay gestos que son un bofetón y otros que son un plantón. Lo de Isabel Díaz Ayuso este viernes con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es, básicamente, cerrar la puerta en las narices del Ministerio de Hacienda. El motivo es el de siempre, pero con un sabor más amargo: un nuevo Modelo de Financiación Autonómica que huele a pacto de despacho entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Para Madrid, esto no es una reforma, es una ingeniería financiera para blanquear la deuda de los independentistas mientras el resto paga la fiesta. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con pavor, el Gobierno pretende regar las autonomías con más de 20.000 millones de euros. Pero claro, el reparto no es para todos por igual. Según los datos de Fedea y la Universidad de las Hespérides, el modelo es un traje a medida para Cataluña, que se llevaría una mejora de 507 euros por habitante. Madrid, en cambio, es el primo pobre de la capacidad tributaria: aunque nominalmente reciba 409 euros, en la práctica pierde 97 euros netos por persona una vez que se descuenta su aportación al sistema. Es como si te subieran el sueldo 400 euros pero te subieran el alquiler 497; al final del mes, sales perdiendo. Desde el despacho de Arcadi España han gritado que esto es "gamberrismo institucional", una expresión casi tierna para describir la tensión. Ayuso intentó montar un muro coordinando a Andalucía y Castilla y León para tumbar el quorum, pero los otros barones prefieren ir a votar el 'no' en persona. Al final, con el voto garantizado de Cataluña y Canarias, el plan seguirá adelante. Como bien señaló Ángel de la Fuente, estamos ante un riesgo moral donde el Estado se vacía para alimentar una estética fiscal cuestionable que deja a Madrid aportando diez veces más que los catalanes.
Comentarios